MIAMI HERALD PUBLISHING CO., DIVISION OF KNIGHT NEWSPAPERS, INC.
v.
TORNILLO.
TORNILLO.
APELACIÓN DE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FLORIDA.
Nº 73-797.
Corte Suprema de los EE. UU.
[25 de Junio de 1974]
Alegatos: 17 de abril de 1974 - Sentencia: 25 de junio de 1974.
Luego de que el periódico apelante se negara a publicar la réplica de la parte apelada con respecto a los editoriales que criticaban su candidatura a un cargo público, la parte apelada inició un juicio ante el Tribunal de Circuito de Florida [Florida Circuit Court] con el objeto de obtener una medida judicial compulsiva y declaratoria, así como daños y perjuicios, fundada en las leyes sobre el “derecho de réplica” de Florida, que reconocen a un candidato político el derecho a que se le otorgue un espacio de similares proporciones para responder a las críticas y ataques de un periódico contra sus antecedentes, y de que se declarara que el incumplimiento del periódico constituía una contravención. El Tribunal de Circuito sostuvo que la ley en cuestión era inconstitucional en tanto violaba la libertad de prensa y desestimó la acción.
El Tribunal Supremo de Florida [Florida Supreme Court] revocó la sentencia, sostuvo que la ley no violaba las garantías constitucionales y que podía recurrirse a vías de acción civiles, incluidos daños y perjuicios, por lo que reenvió la causa al tribunal de primera instancia para que dictara una nueva sentencia. Resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos:
1. La sentencia del Tribunal Supremo de Florida es “definitiva” de conformidad con el Título 28 del Código de los Estados Unidos [United States Code, USC], 1257 y, por lo tanto, se han cumplido las etapas procesales para llegar a la revisión por parte de esta Corte. North Dakota Pharmacy Bd. v. Snyder’s Stores, 414 US 156 . Pp. 246-247.2. La ley viola la garantía de libertad de prensa consagrada en la Primera Enmienda. Pp. 247-258.(a) Es inconstitucional que el gobierno exija a un periódico que publique aquello que la “razón” indica que no debería publicarse. P. 256.(b) La ley de Florida tiene efectos de orden de la misma manera que lo tendría una ley o reglamentación que prohibiera a la parte apelante publicar una determinada cuestión. P. 256.(c) La ley establece una sanción basada en el contenido de un periódico al imponer costos adicionales de impresión, diagramación y materiales, y al ocupar un espacio que el periódico podría haber asignado a otros materiales que hubiera preferido publicar. Pp. 256-257.(d) Aun si un periódico no tuviera que afrontar nuevos costos para cumplir con la ley y no estuviera obligado a dejar de publicar noticias u opiniones para incluir una réplica, la ley no franquea los obstáculos de la Primera Enmienda debido a que implica una intromisión en la función de los directores de la publicación al elegir qué material se incluirá en el periódico y al decidir el tamaño y el contenido de este, y qué trato impartir a determinadas cuestiones y funcionarios públicos. P. 258.
287 So.2d 78, revocada.
El juez BURGER, en carácter de Presidente, redactó la decisión unánime de la Corte. El juez BRENNAN presentó una declaración concurrente, a la que se sumó el juez REHNQUIST, post, p. 258. El juez WHITE presentó luego una opinión concurrente, post, p. 259. Daniel P. S. Paul fue el letrado patrocinante de la parte apelante. Contó con la colaboración de James W. Beasley, Jr., y Richard M. Schmidt, Jr.
Jerome A. Barron fue el letrado patrocinante de la parte apelada. Contó con la colaboración de Tobías Simon y Elizabeth duFresne. *
El juez BURGER, en carácter de presidente, redactó la decisión unánime de la Corte.
La cuestión en este caso es si una ley de un estado que otorga a un candidato político el derecho a recibir un espacio similar para responder a las críticas y ataques de un periódico contra sus antecedentes viola la garantía de la libertad de prensa.
I
En el otoño de 1972, la parte apelada, el Director Ejecutivo de la Asociación de Maestros Escolares [Classroom Teachers Association, CAT], entidad que al parecer representa a los docentes en las negociaciones colectivas, presentó su candidatura a la Cámara Baja de Florida. El 20 de septiembre de 1972, y de nuevo el 29 de septiembre de 1972, la parte apelante publicó editoriales que criticaban la candidatura del apelado [1]. En respuesta a estos editoriales, la parte apelada exigió que el apelante publicara una transcripción exacta de su réplica, en la que defendía el papel de la Asociación de Maestros Escolares y los logros de la organización en favor de los ciudadanos del Condado de Dade. El apelante se negó a publicarla, por lo que el apelado radicó una acción ante el Tribunal de Circuito, Condado de Dade, con el objeto de obtener una medida judicial compulsiva y declaratoria, así como daños y perjuicios efectivos y punitorios por más de U$S 5.000. La acción se fundó en la sección 104.38 de la Ley de Florida [Florida Statute] (1973), una ley sobre “derecho de réplica” que establece que si un periódico ataca la reputación personal o los antecedentes oficiales de un candidato a un nombramiento o elección, el candidato tiene derecho a exigir al periódico que publique, sin cargo para el candidato, la réplica que este último considere pertinente frente a las acusaciones del medio. La réplica debe publicarse en un lugar visible y en la misma tipografía que las acusaciones que dieron lugar a la reacción, pero no podrá ocupar más lugar que aquellas. El incumplimiento de esta ley constituye una contravención en primer grado [2].
La parte apelante solicitó que la sección 104.38 fuera declarada inconstitucional. Después de una audiencia de urgencia solicitada por la parte apelada, el Tribunal de Circuito rechazó el pedido de medida judicial compulsiva dado que, ante la ausencia de circunstancias especiales, ese tipo de medida no podía aplicarse ante la comisión de un delito, y sostuvo que la sección 104.38 era inconstitucional por ser violatoria de la libertad de prensa consagrada en la Primera y en la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución. 38 Fla. Supp. 80 (1972). El Tribunal de Circuito concluyó que determinar qué es lo que un periódico debe publicar no era diferente de determinar qué era lo que no debía publicar. El juez del Tribunal de Circuito consideró que el lenguaje vago de la ley servía para “restringir y sofocar la expresión amparada”. Íd., en 83. La causa de la parte apelada fue desestimada con efectos de cosa juzgada.
En la apelación directa, el Tribunal Supremo de Florida revocó esa decisión y sostuvo que la sección 104.38 no violaba las garantías constitucionales. 287 So. 2d 78 (1973) [3]. Sostuvo que la ley sobre derecho de réplica del estado de Florida promovía, y no restringía, la libertad de expresión, la cual, en opinión de ese tribunal, aumentaba el “amplio interés social en la libre circulación de información al público”. Íd., en 82. También sostuvo que la ley no es de una vaguedad inadmisible; la ley informa a “quienes estén sujetos a ella qué conductas de su parte los harán responsables al punto de poder aplicárseles las sanciones allí previstas”. Íd., en 85 [4]. Se sostuvo que, en virtud de esta ley, podía recurrirse a vías de acción civiles, incluso el reclamo de daños y perjuicios: la causa fue reenviada al tribunal de primera instancia para que dictara una nueva sentencia compatible con la opinión del Tribunal Supremo de Florida.
Postergamos analizar la cuestión de la jurisdicción hasta la vista sobre los fundamentos de la causa. 414 US 1142 (1974).
II
Si bien ambas partes alegan que esta Corte es competente para revisar la decisión del Tribunal Supremo de Florida, inicialmente se sugirió que quizás esta no fuera “definitiva”, según los términos del Título 28 del U.S.C., 1257 [5]. En North Dakota State Pharmacy Bd. v. Snyder’s Stores, 414 US 156 (1973), revisamos una decisión del Tribunal Supremo de Dakota del Norte, en virtud de la cual, la causa había sido reenviada al tribunal inferior para que continuara el proceso con respecto a la solicitud de Snyder para que se otorgara un permiso de explotación de una farmacia. Sostuvimos que, a los fines de nuestra competencia, esa era una sentencia definitiva. De acuerdo con los principios sobre decisiones definitivas enunciados en el caso Snyder’s Stores, en este caso se han cumplido las etapas procesales para que la presente Corte revise la sentencia del Tribunal Supremo de Florida [6].
III
A
La ley objetada crea un derecho de réplica ante las críticas de la prensa a un candidato a un nombramiento o elección. La ley fue promulgada en 1913, y este es solo el segundo caso registrado cuya determinación se ha basado en sus disposiciones [7].
La parte apelante sostiene que la ley es nula de plano, ya que apunta a regular el contenido de un periódico, lo cual resulta violatorio de la Primera Enmienda. Como alternativa, se alega que la ley es nula debido a su vaguedad, dado que ningún editor podría saber exactamente qué términos activarían la aplicación de la ley en cuestión. También sostuvo que la ley no distingue entre comentario crítico difamatorio y comentario crítico que no tiene ese carácter.
B
La parte apelada y quienes defienden la existencia de un derecho exigible a acceder a la prensa sostienen enérgicamente que el gobierno tiene la obligación de velar por que lleguen al público una gran diversidad de opiniones [8]. Se explicará con más detalle lo que alegan quienes proponen el acceso [9]. Se arguye que, cuando la Primera Enmienda de la Constitución [10] fue ratificada en 1791 como parte de nuestra Declaración de Derechos y Garantías, la prensa era, en gran medida, representativa del pueblo a cuyo servicio se encontraba. Si bien muchos periódicos eran sumamente tendenciosos y de miras estrechas, la prensa, en su conjunto, presentaba a los lectores una amplia gama de opiniones. Ingresar al mundo de las publicaciones no era costoso; los panfletos y libros eran importantes alternativas a la prensa organizada, que permitían expresar ideas no populares y, con frecuencia, se referían a acontecimientos y expresaban posturas que los periódicos convencionales no cubrían [11]. Existía un verdadero mercado de ideas, en el que era relativamente fácil acceder a los canales de comunicación.
Los defensores del acceso sostienen que, si bien los actuales periódicos son, en apariencia, similares a los de 1791, la prensa de hoy en día es, en verdad, muy distinta de la conocida en los primeros años de nuestra existencia como país. Durante el último medio siglo, se ha producido una revolución en las comunicaciones: la radio y la televisión han ingresado a nuestras vidas, existe una promesa de comunidad global mediante el uso de satélites de comunicaciones y la posibilidad de una nación “conectada” por una red de televisión por cable en expansión con capacidades de dos vías. La prensa escrita, se dice, no ha escapado a los efectos de esta revolución. Los periódicos se han convertido en un gran negocio y existe ahora una cantidad mucho menor para atender a un público lector mucho mayor [12]. Las cadenas de periódicos, periódicos nacionales, servicios de cables y noticias nacionales, y las localidades en que solo hay un periódico [13], son las características predominantes de una prensa que ya no es competitiva y que tiene un poder y una influencia enormes para manipular la opinión popular y cambiar el curso de los acontecimientos. Los principales periódicos metropolitanos han colaborado para establecer servicios de noticias de alcance nacional [14]. Tales organizaciones de noticias nacionales proporcionan “información interpretativa” de agencias de prensa, así como características y comentarios de este tipo de agencias, todos los cuales pueden considerarse parte de la nueva escuela del “periodismo de defensa”.
La eliminación de periódicos competidores en la mayoría de nuestras grandes ciudades y la concentración del control de los medios como resultado de que los únicos periódicos pertenecen a los mismos dueños de estaciones de televisión y de radio, son aspectos distintivos de esta tendencia hacia la concentración del control de los canales de difusión para informar al público.
Como resultado de estos grandes cambios, el poder de informar a los estadounidenses y formar la opinión pública ha quedado en manos de unos pocos [15]. Gran parte de las opiniones editoriales y de los comentarios que se publican corresponde a columnistas de agencias de prensa distribuidos en todo el país y, en consecuencia, según se afirma, existe una tendencia a la homogeneidad en las opiniones editoriales, los comentarios y los análisis interpretativos en cuestiones nacionales y mundiales. De igual forma, se dice que los abusos de los reportajes sesgados y manipuladores son consecuencia de las grandes acumulaciones de poder no sujeto a revisión de los imperios de medios de nuestra época. En efecto, se alega que el público ha perdido su capacidad para responder o contribuir de manera valiosa al debate de las cuestiones. El monopolio de los medios de comunicación deja poco o ningún margen para el análisis crítico de los medios, salvo en revistas profesionales que tienen una audiencia muy limitada.
“Esta concentración de organizaciones de noticias de rango nacional —como otras grandes instituciones— se ha distanciado y enajenado cada vez más de los grupos populares de los que dependen y que, a su vez, dependen de ellos”. Informe del Grupo de Trabajo en Twentieth Century Fund Task Force Report for a National News Council, A Free and Responsive Press 4 (1973).La parte apelada cita el informe de la Comisión sobre Libertad de Prensa, presidida por Robert M. Hutchins, en el que se manifestó, ya en 1947, que “[e]l derecho a la libre expresión pública ya no responde... a su realidad anterior”. Commission on Freedom of the Press, A Free and Responsible Press 15 (1947).
La solución obvia, que los disidentes tenían en el pasado, cuando ingresar al mundo de las publicaciones era relativamente económico, hoy sería contar con nuevos periódicos. Sin embargo, los mismos factores económicos que ocasionaron la desaparición de una gran cantidad de periódicos metropolitanos [16] ha hecho casi imposible ingresar al mercado de ideas de los medios impresos. Se alega que lo que dicen los periódicos de actuar como “sustitutos del público” conlleva una obligación fiduciaria concomitante de cumplir con esa responsabilidad [17]. A partir de estas consideraciones, se razona que la única manera efectiva de asegurar la imparcialidad y exactitud, y de asumir cierta responsabilidad, es que el gobierno adopte medidas de discriminación positiva. Se dice que el interés del público en ser informado, protegido por la Primera Enmienda, está en peligro porque el “mercado de ideas” es, hoy día, un monopolio controlado por los dueños del mercado.
Quienes proponen un acceso forzado a la prensa aprovechan lo establecido en varias decisiones de esta Corte, que sugiere que la Primera Enmienda actúa como espada y como escudo, que impone obligaciones a los propietarios de la prensa, además de proteger a la prensa contra las reglamentaciones gubernamentales. En Associated Press v. United States, 326 US 1, 20 (1945), la Corte, al rechazar el argumento de que, según los términos de la Primera Enmienda, la prensa estaría exenta de la aplicación de las leyes antimonopólicas, señaló:
“Lejos de proporcionar un argumento contra la aplicación de la Ley Sherman, la Primera Enmienda, en este caso, brinda razones poderosas en sentido contrario. Esa Enmienda se funda en la presunción de que es esencial para el bienestar del público que se difunda información de fuentes diversas y antagónicas tanto como sea posible, y de que la libertad de prensa es condición para una sociedad libre. Seguramente, la obligación del gobierno de no impedir el libre flujo de ideas no implica proteger a combinaciones no gubernamentales si estas establecen restricciones sobre esa libertad que garantiza la Constitución. La libertad de publicación se aplica a todos, no a algunos. La libertad de publicación está protegida por la Constitución, pero la libertad de unirse para evitar que otros publiquen no lo está. La libertad de la prensa que la Primera Enmienda garantiza con respecto a la interferencia del gobierno no autoriza la represión de esa libertad por intereses privados”. (Se omitió la nota al pie).
En New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254, 270 (1964), la Corte habló de “un profundo compromiso nacional para con el principio de que la discusión de cuestiones públicas debe ser irrestricta, sólida y abierta a todos”. Se sostiene que la discusión “irrestricta, sólida” no es “abierta a todos”, sino solo al monopolio que controla la prensa. La parte apelada cita la opinión de la mayoría relativa (plurality opinion) en Rosenbloom v. Metromedia, Inc., 403 US 29, 47, y n. 15 (1971), que, según sugiere, parecía invitar a que los Estados experimentaran con la reglamentación del derecho al acceso a la prensa [18].
Los defensores del acceso señalan que el. JUEZ DOUGLAS manifestó hace una década su profunda inquietud con respecto a los efectos de los monopolios de periódicos:
“Cuando un periódico tiene el monopolio en un área, rara vez presenta las dos caras de una cuestión. A menudo se concentra en una línea ideológica o política valiéndose de su postura monopólica no para instruir al pueblo ni para promover el debate, sino para inculcar a sus lectores una filosofía, una actitud... y para ganar dinero”.“Son pocos, en verdad, los periódicos que ofrecen diversos puntos de vista y noticias no sesgadas o inventadas. Y el problema promete empeorar... “. The Great Rights 124- 125, 127 (E. Cahn ed. 1963).
También alegan el calificado apoyo del Profesor Thomas I. Emerson, que ha escrito que “[se] puede hacer valer con seguridad el derecho de acceso limitado a la prensa”, aunque considera que “[l]as medidas gubernamentales para alentar que haya diversos canales de difusión, en lugar de exigir que unos pocos canales de difusión representen a todo el mundo, parecieran ser el curso de acción más conveniente”. T. Emerson, The System of Freedom of Expression 671 (1970).
IV
Sin embargo, independientemente de la validez de estos argumentos, cada aspecto de la implementación de una vía de acción, como un derecho exigible de acceso, necesariamente requiere algún tipo de mecanismo, ya sea gubernamental o consensual [19]. Si este mecanismo es la coerción gubernamental, esto hace surgir de inmediato una confrontación con las disposiciones expresas de la Primera Enmienda y la interpretación judicial que sobre esa Enmienda se desarrolló durante años [20].
Ya en su decisión en la causa Associated Press v. United States, supra, la Corte previó los problemas relacionados con el acceso impuesto por el gobierno. En ese caso comparó cuidadosamente la “obligación de publicar” privada que exigían los estatutos de la Asociación y las disposiciones de la sentencia del Tribunal de Distrito contra las partes apelantes, que “no obliga a AP ni a sus miembros a autorizar la publicación de nada que su ‘razón’ les indique que no debe publicarse”. 326 US, en 20 n. 18. En Branzburg v. Hayes, 408 US 665, 681 (1972), resaltamos que las causas sometidas en ese entonces a nuestra consideración “no implican entrometerse en el derecho a expresarse o reunirse, ni una restricción o limitación previa sobre lo que puede publicarse, ni una orden expresa ni implícita para que un medio de prensa publique aquello que prefiere no publicar”. En Columbia Broadcasting System, Inc. v. Democratic National Committee, 412 US 94, 117 (1973), la opinión de la mayoría relativa sobre la Parte III señaló:
En ese caso, otros integrantes de esta Corte se hicieron eco en sus votos particulares de una firme postura contraria a cualquier intento de ampliar el derecho de acceso a los periódicos. Íd., en 145 (juez STEWART, voto concurrente); íd., en 182 n. 12 (juez BRENNAN, al que se sumó el juez MARSHAL, voto disidente). Hace poco, mientras se aprobaba una prohibición con respecto a los anuncios de empleo en los que se especificaba la preferencia por “hombres” o “mujeres”, la opinión de la Corte en Pittsburgh Press Co. v. Human Relations Comm’n, 413 US 376, 391 (1973) se esmeró en inscribir su fallo entre estrechos límites:
“Los periódicos de propiedad privada pueden promover sus propias opiniones políticas, sociales y económicas, con dos únicas limitaciones: en primer lugar, la aceptación de una cantidad suficiente de lectores —y, por lo tanto, de anunciantes— que asegure al medio resultados financieros positivos: y en segundo lugar, la integridad periodística de sus directores y editores”.
“Con mayor razón, nuestra decisión tampoco autoriza la aplicación de restricciones de ningún tipo, ni de contenido ni de diagramación, sobre historias o comentarios que hayan surgido de Pittsburgh Press, sus columnistas o sus colaboradores. Por el contrario, reafirmamos categóricamente la protección proporcionada al criterio editorial y a la libre expresión de opiniones sobre este y otros asuntos, independientemente de que sean controvertidos”.El voto disidente en Pittsburgh Press del juez STEWART, al que se sumó el juez DOUGLAS, expresó que ningún “ente de gobierno —local, estatal o federal— puede decir a un periódico por anticipado qué puede imprimir y qué no”. Íd., en 400. Ver Associates & Aldrich Co. v. Times Mirror Co., 440 F.2d 133, 135 (CA9 1971).
Vemos que a partir del caso Associated Press, supra, la Corte ha expresado su capacidad de respuesta para determinar si una restricción o requisito implican una obligación impuesta por el gobierno a un periódico de publicar aquello que el periódico, de otra forma, no publicaría. La consecuencia clara ha sido que esa obligación impuesta al periódico de que publique lo que la “‘razón’ le indica que no debería publicarse” es inconstitucional. Contar con una prensa responsable es, sin ninguna duda, una meta deseable, pero la Constitución no exige la responsabilidad de la prensa y, como tantas otras virtudes, este aspecto no puede legislarse.
El argumento de la parte apelada de que la ley de Florida no constituye una restricción al derecho de la parte apelante de expresarse libremente, por cuanto “la ley en cuestión en este caso no ha impedido a Miami Herald expresar lo que deseaba“ [21] plantea el asunto central debatido. En este caso, se está analizando la posibilidad de que se obligue a los directores de una publicación o a sus editores a publicar aquello que la “‘razón’ les indica que no debería publicarse”. La ley de Florida tiene efectos de orden de la misma manera que lo tendría una ley o reglamentación que prohibiera a la parte apelante publicar una determinada cuestión. No es necesario que las limitaciones gubernamentales sobre las publicaciones recaigan en patrones familiares o tradicionales para que estén sujetas a limitaciones constitucionales sobre las facultades del gobierno. Grosjean v. American Press Co., 297 US 233, 244 -245 (1936). La ley de Florida establece una sanción basada en el contenido del periódico. La primera etapa de la sanción resultante de la publicación forzada de una réplica se refiere al costo de impresión y del tiempo de diagramación y de los materiales, y a la ocupación de un espacio que el periódico podría haber asignado a otros materiales que hubiera preferido publicar. Como alega la parte apelada, es cierto que un periódico no está sujeto a las limitaciones temporales tecnológicas finitas que enfrenta una emisora, pero no es correcto decir que, como realidad económica, un periódico puede extender de manera infinita el espacio de sus columnas para ubicar las réplicas que un organismo gubernamental determine o que una ley ordene que los lectores deben tener a su disposición [22].
Frente a las sanciones que se aplicarían a cualquier periódico que publicara noticias o comentarios discutiblemente dentro del alcance de la ley de derecho de acceso a los medios, los directores de publicaciones bien podrían concluir que lo más prudente es evitar las controversias. Por lo tanto, en virtud de la ley de Florida, la cobertura política y electoral se vería desdibujada o reducida [23]. El derecho de acceso a los medios exigido por el gobierno inevitablemente “debilita y limita la diversidad del debate público”, New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S., en 279. La Corte en Mills v. Alabama, 384 US 214, 218 (1966) expresó:
“[H]ay consenso prácticamente universal en que uno de los objetivos primordiales de [la Primera] Enmienda era proteger el libre debate de los asuntos gubernamentales.
Obviamente, esto incluye el debate de los candidatos...” Incluso si un periódico no debiera afrontar nuevos costos para cumplir con la obligación legal de permitir el acceso al medio y no estuviera obligado a dejar de publicar noticias u opiniones para incluir una réplica, la ley de Florida no franquea los obstáculos que plantea la Primera Enmienda, ya que implica una intromisión en la función de los directores de publicaciones. Un periódico es algo más que un receptáculo o conducto pasivo de noticias, comentarios y publicidad [24]. La elección del material que se incluirá en el periódico, y las decisiones con respecto a las limitaciones de tamaño y al contenido del diario, así como el tratamiento de cuestiones públicas y de funcionarios públicos —sea este justo o injusto— constituyen el ejercicio del control y criterio editorial. Aún debe demostrarse de qué manera la reglamentación gubernamental de este proceso crucial podría ejercerse en consonancia con las garantías de libertad de prensa consagrada en la Primera Enmienda, según han evolucionado hasta nuestros días. En consecuencia, se revoca la sentencia del Tribunal Supremo de Florida.
CÚMPLASE.
Voto concurrente del JUEZ BRENNAN, al que se suma el JUEZ REHNQUIST.
Coincido con la opinión de la Corte que, según entiendo, solo aborda las leyes sobre el “derecho de réplica” sin implicar ninguna opinión sobre la constitucionalidad de las leyes sobre “retractación”, que permiten a los demandantes que pueden demostrar que se vertieron mentiras difamatorias iniciar una acción legal para exigir la publicación de una retractación. Ver, en general, nota, Vindication of the Reputation of a Public Official, 80 Harv. L. Rev. 1730, 1739-1747 (1967).
Voto concurrente del juez WHITE.
La Corte hoy sostiene que la Primera Enmienda prohíbe al Estado exigir a un periódico que publique la réplica de un candidato a un cargo público cuya reputación personal haya sido criticada por editoriales del periódico. De acuerdo con nuestra jurisprudencia aceptada, la Primera Enmienda construye una barrera prácticamente infranqueable entre el Gobierno y los medios de prensa en lo que se refiere a la interferencia gubernamental en las noticias y el contenido editorial antes de la publicación. New York Times Co. v. United States, 403 US 713 (1971). Un periódico o revista no es un servicio público sujeto a reglamentación gubernamental “razonable” en cuestiones que afecten el ejercicio del criterio periodístico sobre qué debe publicarse. Cf. Mills v. Alabama, 384 US 214, 220 (1966). Hemos aprendido, y continuamos aprendiendo, de lo que consideramos desafortunadas experiencias de otros países en las que se ha permitido al gobierno entrometerse en cuestiones editoriales internas de los periódicos. Independientemente de cuán benéficos parezcan ser los objetivos de controlar a la prensa, preferimos “el poder de la razón aplicado a través del debate público” [25] y nos mantenemos escépticos con respecto a aquellas medidas que permitirían al gobierno insinuarse en las salas de redacción de la prensa de este país.
“Cualesquiera sean las diferencias que puedan existir acerca de las interpretaciones de la Primera Enmienda, existe consenso prácticamente universal acerca de que uno de los objetivos primordiales de esa Enmienda era proteger el libre debate de los asuntos gubernamentales. Esto, obviamente, incluye debates sobre candidatos, estructuras y formas de [418 U.S. 241, 260] gobierno, la manera en que se dirige o debería dirigirse el gobierno y todas aquellas cuestiones relacionadas con procesos políticos. La Constitución eligió específicamente a la prensa... para que desempeñara un papel importante en el debate de cuestiones públicas. Por lo tanto, la prensa actúa y fue diseñada para actuar como un poderoso antídoto contra los abusos de funcionarios gubernamentales y como un medio elegido constitucionalmente para obligar a los funcionarios elegidos por el pueblo a actuar de manera responsable frente a todos aquellos que los eligieron para que los representaran. La supresión del derecho de la prensa de elogiar o criticar a agentes de gobierno y de exigir cambios o luchar por ellos o contra ellos... amordaza a uno de los tantos medios que los autores de nuestra Constitución eligieron con cuidado y en forma deliberada para mejorar nuestra sociedad y mantenerla libre”. Mills v. Alabama, supra, en 218-219.Obviamente, la prensa no siempre es exacta, ni siquiera responsable, y es posible que no presente un debate integral y justo de cuestiones públicas importantes. Sin embargo, el equilibrio al que apunta la Primera Enmienda con respecto a la prensa es que la sociedad debe correr el riesgo de que, algunas veces, el debate de cuestiones fundamentales no sea exhaustivo y de que no se expresen todos los puntos de vista. La prensa no requeriría licencias porque, como dijo Jefferson, “[c]uando la prensa es libre y todos pueden leer, hay seguridad” [26]. Cualquier otra solución— cualquier otro sistema que suplante el control privado de la prensa con la pesada mano de la intromisión del Gobierno— convertiría al Gobierno en censor de lo que el pueblo puede leer y saber.
Florida justifica esta ley sobre la base de un importante y reconocido interés en asegurar elecciones libres y justas mediante un electorado informado sobre los asuntos que en ellas se deciden. Sin embargo, la obligación previa impuesta por el gobierno con respecto a asuntos que constituyen el punto neurálgico de un periódico —la decisión sobre qué copia se incluirá o no en una determinada edición— entra en colisión con la Primera Enmienda. Ínsito en la trama de la Primera Enmienda se encuentra el sentimiento inobjetable, y al mismo tiempo eterno, de que “la libertad de prensa se encuentra en peligro en cuanto el Gobierno intenta compeler a un periódico a publicar un determinado contenido”. 2 Z. Chafee, Government and Mass Communications 633 (1947).
La característica de la sección 104.38 repugnante a la Constitución no es que la Legislatura de Florida pueda haber otorgado demasiada prioridad a la protección de los intereses de los individuos por su reputación, ya que el gobierno, ciertamente, tiene “un interés intenso y fuerte en prevenir y reparar los ataques contra la reputación”. Rosenblatt v. Baer, 383 US 75, 86 (1966). Por el contrario, esta ley atenta contra la premisa elemental de la Primera Enmienda que postula que el gobierno no puede obligar a un periódico a imprimir algo que, a su discreción periodística, decida no publicar. Cualquiera sea la potestad que el gobierno tenga para influir en la publicación de determinadas categorías limitadas de materiales, ver, p. ej., g., Pittsburgh Press Co. v. Human Relations Comm’n, 413 US 376 (1973); New York Times Co. v. United States, 403 US, en 730 (juez WHITE, voto concurrente), nunca hemos considerado que la Primera Enmienda permitiera a los funcionarios públicos ordenar a la prensa qué contenidos publicar en sus columnas de noticias o el sesgo que deben reflejar sus editoriales.
Sin embargo, si bien un periódico puede publicar sin la censura del gobierno, nunca se encuentra completamente libre de responsabilidad por lo que elige publicar. Ver ibíd. Entre otras cosas, la prensa no ha tenido completa libertad para publicar mentiras que perjudiquen la reputación de una persona. Por lo menos hasta hoy, hemos protegido el interés de los ciudadanos comunes de cuidar su reputación lo suficiente como para permitirle tener una oportunidad justa de defenderse a través de una acción por difamación que normalmente contempla la legislación estatal. No ha podido obligar al medio de prensa a contar su punto de vista ni a publicar una retractación, pero por lo menos habrá tenido la oportunidad de obtener una sentencia a su favor si ha podido demostrar la falsedad de la publicación agraviante, así como una posibilidad justa de conseguir un resarcimiento razonable por los perjuicios sufridos.
Sin embargo, la confirmación de la regla que establece que no puede obligarse a un medio de prensa a publicar una respuesta a un ataque personal realizado por este no hace más que mostrar claramente las consecuencias del nuevo equilibrio establecido por la Corte en el caso que acompaña y que también fuera anunciado hoy. Gertz v. Robert Welch, Inc., post, p. 323, va más allá para estudiar en detalle la efectividad de la acción ordinaria por difamación, que desde hace tiempo es la única respuesta enérgica a la que pueden recurrir los ciudadanos privados difamados por la prensa. De acuerdo con Gertz, la carga de probar la responsabilidad aumenta de manera inconmensurable, se hace mucho más difícil probar los daños ocasionados, y la posibilidad de proteger la reputación con tan solo probar la falsedad y de obtener una sentencia favorable queda totalmente excluida. Desde mi punto de vista, la Corte trivializa y denigra, de manera innecesaria, el interés por la reputación al eliminar prácticamente toda la protección que la ley siempre ha otorgado.
Por supuesto, estas dos decisiones no significan que por cuanto el Gobierno no puede ordenar lo que la prensa debe publicar, tampoco pueda otorgar una reparación por difamaciones de cualquier tipo. Gertz mismo deja intacta una reparación putativa, aunque de manera muy débil; y la prensa, ciertamente, continúa siendo responsable de las mentiras vertidas a sabiendas o de manera temeraria, de acuerdo con New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254 (1964), y sus resultantes, por improcedente que pueda ser la medida judicial que prohíba su publicación.
No es necesario tener en menos a la Primera Enmienda para defender métodos razonables que le permitir al ciudadano ordinario recuperar su reputación cuando se la ha empañado falsamente. Tampoco debe dudarse de la decencia, integridad y sentido común genuinos de la gran mayoría de periodistas profesionales para defender el derecho de cualquier persona a acceder a los tribunales cuando se le haya difamado en la prensa pública. La prensa está al servicio de la ciudadanía, no por encima de ella, y su libertad no conlleva una licencia irrestricta para atacar al ciudadano común.
“En términos sencillos, la libertad conlleva responsabilidad, incluso en el caso de la prensa; la libertad de la prensa no exime de responsabilidad en su ejercicio”. “Sin…un sentido vivo de responsabilidad, la libertad de prensa puede convertirse fácilmente en un poderoso instrumento de injusticia”. Pennekamp v. Florida, 328 US 331, 356, 365 (1946) (juez Frankfurter, voto concurrente) (se omitió la nota al pie).Para mí, es casi un absurdo rebajar de esa manera la dignidad personal, como lo hace la Corte en Gertz, y dejar a las personas completamente a merced de la prensa, por lo menos, a esta altura de nuestra historia, cuando la prensa, como la mayoría en este caso tan bien lo documenta, es cada vez más poderosa y menos susceptible de ser disuadida por amenazas de juicios por difamación.
Notas
* Las siguientes personas presentaron escritos de amicus curiae en los que solicitan la revocación de la sentencia: Joseph A. Califano, Jr., y Richard M. Cooper, por Washington Post Co.; Robert C. Lobdell y Robert S. Warren, por Times Mirror Co.; James W. Rodgers, por New York News Inc.; Don H. Reuben y Lawrence Gunnels, por Chicago Tribune Co. y otros; Harold B. Wahl, por Florida Publishing Co.; William C. Ballard, por Times Publishing Co.; Spessard Lindsey Holland, Jr., por Gannett Florida Corp. y otros; Arthur B. Hanson, W. Frank Stickle, Jr., y Ralph N. Albright, Jr., por American Newspaper Publishers Assn.; William G. Mullen, por National Newspaper Assn.; Leonard H. Marks, por American Society of Newspaper Editors y otros; Lawrence E. Walsh y Guy Miller Struve, por el Fondo de Defensa Legal e Investigación del Comité de Periodistas por la Libertad de Prensa [Reporters Committee for Freedom of the Press Legal Defense and Research Fund] y otros; John B. Summers por la National Association of Broadcasters; J. Laurent Scharff, por la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión [Radio Television News Directors Assn.]; Floyd Abrams, Corydon B. Dunham y Howard Monderer, por National Broadcasting Co., Inc.; Harry A. Inman y D. Robert Owen, por Dow Jones & Co., Inc. y otros; y Jonathan L. Alpert, Irma Robbins Feder y Richard Yale Feder, por el Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles de Florida [American Civil Liberties Union of Florida].
* Las siguientes personas presentaron escritos de amicus curiae en los que solicitan la revocación de la sentencia: Joseph A. Califano, Jr., y Richard M. Cooper, por Washington Post Co.; Robert C. Lobdell y Robert S. Warren, por Times Mirror Co.; James W. Rodgers, por New York News Inc.; Don H. Reuben y Lawrence Gunnels, por Chicago Tribune Co. y otros; Harold B. Wahl, por Florida Publishing Co.; William C. Ballard, por Times Publishing Co.; Spessard Lindsey Holland, Jr., por Gannett Florida Corp. y otros; Arthur B. Hanson, W. Frank Stickle, Jr., y Ralph N. Albright, Jr., por American Newspaper Publishers Assn.; William G. Mullen, por National Newspaper Assn.; Leonard H. Marks, por American Society of Newspaper Editors y otros; Lawrence E. Walsh y Guy Miller Struve, por el Fondo de Defensa Legal e Investigación del Comité de Periodistas por la Libertad de Prensa [Reporters Committee for Freedom of the Press Legal Defense and Research Fund] y otros; John B. Summers por la National Association of Broadcasters; J. Laurent Scharff, por la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión [Radio Television News Directors Assn.]; Floyd Abrams, Corydon B. Dunham y Howard Monderer, por National Broadcasting Co., Inc.; Harry A. Inman y D. Robert Owen, por Dow Jones & Co., Inc. y otros; y Jonathan L. Alpert, Irma Robbins Feder y Richard Yale Feder, por el Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles de Florida [American Civil Liberties Union of Florida].
Las siguientes personas presentaron escritos de amici curiae en los que solicitaban la confirmación de la sentencia: Albert H. Kramer y Thomas R. Asher, por el Comité Nacional de Ciudadanos por la Transmisión [National Citizens Committee for Broadcasting], y Donald U. Sessions en forma personal.
[1] Texto del 20 de septiembre de 1972; el editorial dice lo siguiente:
“Las leyes estatales y Pat Tornillo. ¡MIREN quien cumple la ley!
Pat Tornillo, director de la Asociación de Maestros Escolares y candidato para la Legislatura Estatal en la elección en segunda vuelta del 3 de octubre, ha denunciado que su adversario carece ‘de los conocimientos necesarios para ser legislador, como se evidencia por el hecho de que no ha presentado un listado de contribuciones y gastos de su campaña, según lo exige la ley’. El zar Tornillo expresa que ‘la violación de esta ley es inexcusable’. Estamos ante el mismo Pat Tornillo que llevó a la CTA a la huelga desde el 19 de febrero hasta el 11 de marzo de 1968, afectando a los niños en edad escolar y a los contribuyentes del Condado de Dade. Llámenlo como quieran, [la huelga] fue un acto ilegal contra el interés público, que estaba claramente prohibido por las leyes. No podemos decir que sería ilegal, pero sí sería inexcusable por parte de los votantes si enviaran a Pat Tornillo a Tallahassee a ocupar el escaño correspondiente al Distrito 103 en la Cámara Baja”.
Texto del 29 de septiembre de 1972: el editorial dice lo siguiente:
“De las mismas personas que crearon esta situación —la huelga de maestros de 1968—, llegan ahora instrucciones sobre cómo votar por un gobierno responsable, es decir, en contra de Crutcher Harrison y Ethel Beckham y a favor de Pat Tornillo. Los folletos, propagandas y adhesivos para los automóviles se acumulan día tras día en los buzones de docentes de escuelas, acompañados de quejas de que la Junta Escolar debería entregar todo esto a expensas del contribuyente. En extensos discursos [418 U.S. 241, 244] se señala que la huelga no es un problema. Nosotros decimos que quizás no lo sería, si no fuera por el hecho de que es una manifestación más del desprecio de la CTA frente a todas las leyes que esta pueda considerar agraviantes. Ya sea como resistencia a las leyes de zonificación en las Torres de la CTA, a los contratos y leyes durante la huelga o, más recientemente, a las prohibiciones estatales que prohíben recaudar fondos entre los maestros para la campaña, la CTA dice: ¡al cuerno con esto, háganos juicio!: lo que es bueno para la CTA es bueno para la CTA, y así es como debe ser. Esto tal vez pueda ser así para la ley de Tornillo. Lleva años dándole puntapiés en las canillas al público para llamar la atención sobre sus habilidades políticas de extorsión. Él y quien sea el testaferro que ocupe el supuesto cargo siempre han creído que sus emprendimientos privados se ocupan tanto del bien común que deberíamos saltar de alegría ante la posibilidad de sufragarlas, ya sea que se trate de la mitad del sueldo del Glorioso Líder o de las cuotas sindicales obligatorias, o cualquier otra cosa que se les ocurra, salvo, quizás, el kilometraje de hidrofoil del personal. Elíjanme para el cargo, dice Pat, y pueden estar seguros de que cumpliré con la Regla de Oro. Nuestra interpretación es que habrá más oro [para él] y más reglas [para nosotros]”.
[2] “104.38 Ataques de un periódico a un candidato en las elecciones; espacio para la réplica - Si un periódico en sus columnas ataca la reputación personal [418 U.S. 241, 245] de un candidato a un nombramiento o elección en un sufragio, o lo acusa de conducta indebida o prevaricación en su cargo, o ataca de otro modo sus antecedentes oficiales o le da a otro espacio gratis para que realice tales ataques, el periódico en cuestión deberá, a solicitud de dicho candidato, publicar de inmediato, sin cargo, la réplica que el candidato pueda querer realizar. Tal publicación deberá realizarse en un lugar visible y en la misma tipografía que lo que dio lugar a la réplica, siempre que esta no ocupe más lugar que aquello. Toda persona o empresa que no cumpla con las disposiciones de esta sección incurrirá en contravención en primer grado, pasible de las sanciones contempladas en las secciones 775.082 ó 775.083.”
[3] El Tribunal Supremo mantuvo incólume el fallo del Tribunal de Circuito que establecía que en este caso no correspondía dictar una medida judicial de carácter compulsivo aunque la ley fuera constitucional. De acuerdo con el Tribunal Supremo, ninguna de las partes objetó este aspecto de la decisión del Tribunal de Circuito. 287 So.2d, en 85.
[4] El Tribunal Supremo realizó la siguiente interpretación limitativa de la ley:
“[S]ostenemos que la obligación que establece la ley se refiere a ‘cualquier réplica’ que responda por completo a la acusación efectuada en el editorial u otro artículo publicado en un periódico, y dicha réplica no podrá ser injuriante ni difamatoria de la publicación ni de nadie, ni tampoco vulgar o inmoral”. Íd., en 86.
[5] Respuesta de la parte apelada a la declaración sobre jurisdicción y pedido de confirmación de sentencia del tribunal inferior de la parte apelante o, en forma alternativa, al pedido de desestimación de la apelación de dicha parte apelante 4-7.
[6] Tanto la parte apelante como la apelada alegan que la incertidumbre sobre la validez constitucional de la sección 104.38 restringe el presente ejercicio de los derechos consagrados en la Primera Enmienda. Escrito de la parte apelante 41; Escrito de la parte apelada 79. La parte apelante considera que es urgente analizar la constitucionalidad de la ley para las próximas elecciones de 1974. Cualquiera sea la decisión que tomemos con respecto a los fundamentos del caso, sería inadmisible dejar sin resolver, en estas circunstancias, una cuestión importante sobre la libertad de prensa en virtud de la Primera Enmienda; una postura constitucional fuera de lugar y sin precisar con respecto a la sección 104.38 solo podría perjudicar el funcionamiento de la prensa libre. Mills v. Alabama, 384 U.S. 214, 221-222 (1966) (juez DOUGLAS, voto concurrente). Ver también Organization for a Better Austin v. Keefe, 402 U.S. 415, 418 n. (1971).
[7] En su primera prueba judicial, se declaró que la ley era inconstitucional. State v. News-Journal Corp., 36 Fla. Supp. 164 (Juzgado del Condado de Volusia, 1972). En ninguno de los dos juicios (el presente y el de News-Journal), el Procurador General de Florida ha defendido la constitucionalidad de la ley.
[8] Ver, en general, Barron, Access to the Press - A New First Amendment Right, 80 Harv. L. Rev. 1641 (1967).
[9] Para una buena descripción general de la postura de quienes defienden el acceso a los medios, ver Lange, The Role of the Access Doctrine in the Regulation of the Mass Media: A Critical Review and Assessment, 52 N.C. L. Rev. 1, 8-9 (1973) (en adelante, Lange).
[10] “El Congreso no sancionará ninguna ley que establezca una religión o que prohíba su libre ejercicio; ni que cercene la libertad de expresión o de la prensa, o el derecho de las personas de reunirse en forma pacífica y de peticionar al Gobierno una reparación de agravios”.
[11] Ver Commission on Freedom of the Press, A Free and Responsible Press 14 (1947) (en adelante, a veces, Comisión).
[12] Comisión 15. Incluso en los últimos 20 años ha habido un aumento significativo en la cantidad de personas que pueden leer los periódicos. Bagdikian, Fat Newspapers and Slim Coverage, Columbia Journalism Review 15, 16 (Sept./Oct. 1973).
[13] “Casi la mitad de los diarios estadounidenses, que representan, aproximadamente, tres quintos de la circulación diaria y dominical, son propiedad de grupos y cadenas de periódicos, entre ellos, conglomerados con negocios diversificados. Las localidades en donde solo hay un periódico son ahora la regla, con lo cual la competencia efectiva existe solamente en un 4% de nuestras grandes ciudades”. Documento de información básica de Alfred Balk en Twentieth Century Fund Task Force Report for a National News Council, A Free and Responsive Press 18 (1973).
[14] Informe del Grupo de Trabajo en Twentieth Century Fund Task Force Report for a National News Council, A Free and Responsive Press 4 (1973).
[15] “El monopolio local en noticias impresas plantea cuestiones graves en materia de diversidad de información y opinión. Lo que un periódico local no publica sobre asuntos locales, por lo general, nunca se publica. Además, al tener la facultad de tomar la iniciativa para informar y enunciar opiniones, tiene la extraordinaria facultad de establecer el clima y determinar los términos en los que se van a analizar localmente las cuestiones públicas”. B. Bagdikian, The Information Machines 127 (1971).
[16] Los periódicos han convencido al Congreso de que les otorgue inmunidad con respecto a las leyes antimonopolio en el caso de que “quiebren” periódicos debido a operaciones conjuntas. 84 Stat. 466, Título 15 del U.S.C., 1801 y ss.
[17] “La libertad de prensa es un derecho que pertenece, como todos los derechos en una democracia, al pueblo. Sin embargo, en la práctica, solo pueden ejercerla aquellos que tienen acceso efectivo a la prensa. Cuando las condiciones financieras, económicas y tecnológicas limitan dicho acceso a una pequeña minoría, el ejercicio de ese derecho por la minoría en cuestión adopta características fiduciarias o cuasifiduciarias”. A. MacLeish en W. Hocking, Freedom of the Press 99 n. 4 (1947) (se omiten las itálicas).
[18] “Si los Estados temen que los ciudadanos particulares no puedan responder adecuadamente a la publicidad que los involucre, la solución estriba en [418 U.S. 241, 253] asegurar que posean la capacidad de responder, en lugar de eliminar la discusión pública de cuestiones de interés público(*).
[19] El Consejo Nacional de Noticias, un organismo independiente y voluntario que se preocupa por la justicia en los medios de prensa, se creó en 1973 con el objeto de brindar un medio para evaluar de manera neutral los reclamos por inexactitudes de la prensa. El Consejo fue creado luego de la publicación del informe Twentieth Century Fund Task Force Report for a National News Council, A Free and Responsive Press. El documento de información básica adjunto a dicho informe se refirió con cierto detalle al Consejo de Prensa Británico, a quien el autor del documento considera el consejo de prensa europeo más interesante para los Estados Unidos.
“(*) Algunos estados han adoptado leyes sobre retractación o sobre derecho de réplica... “Al sostener que debe entenderse que la propia Primera Enmienda garantiza un derecho de acceso a los medios no limitado al derecho a responder a mentiras difamatorias, un escritor ha sugerido varias maneras en que la ley podría alentar el debate público. Barron, Access to the Press - A New First Amendment Right, 80 Harv. L. Rev. 1641, 1666-1678 (1967). Es importante reconocer que los particulares a menudo desean exposición en la prensa, ya sea para sí mismos o para sus causas. La decisión sobre constitucionalidad debe tener en cuenta el interés de la persona en acceder a la prensa, así como en preservar su reputación, aunque las acciones difamatorias, por su propia naturaleza, incentivan a tener una visión limitada del interés de la persona, ya que solo se concentran en situaciones en las que esta ha sido perjudicada por una atención no deseada de la prensa. Una norma constitucional que disuade a la prensa de cubrir las ideas o actividades de los particulares concibe el interés de estas personas de manera demasiado limitada”.
[20] Dado que sostenemos que la sección 104.38 viola la garantía de libertad de prensa consagrada en la Primera Enmienda, no tenemos la oportunidad de considerar el otro argumento de la parte apelante de que la ley es inconstitucionalmente vaga.
[21] Escrito de la parte apelada 5.
[22] “Sin embargo, dado que el espacio de un periódico que puede dedicarse a ‘noticias en vivo’ es finito[*], si un periódico está obligado a publicar algo en particular, debe, evidentemente, omitir alguna otra noticia.
“[*] La cantidad de pulgadas por columna disponible para noticias está predeterminada por una cantidad de factores financieros y físicos, incluida la circulación, la cantidad de anuncios publicitarios y, cada vez en mayor medida, la disponibilidad de papel para impresión. . . .” Nota, 48 Tulane L. Rev. 433, 438 (1974) (se omitió una nota al pie).Otro factor contrario a la “solución” de agregar más páginas para incluir el material del acceso a la prensa es que “cada vez más, los suscriptores se quejan de periódicos abultados e inmanejables”. Bagdikian, Fat Newspapers and Slim Coverage, Columbia Journalism Review 19 (Sept./Oct. 1973).
[23] Ver la descripción del probable efecto de la ley de Florida sobre los editores, en Lange 70-71
[24] “[L]a libertad de prensa está en peligro siempre que el gobierno intenta obligar a publicar determinado contenido. Una publicación no solo publica los hechos observados como si se tratara de una vaca fotografiada a través de un ventanal. Tan pronto como los hechos se ubican en su contexto, se los interpreta y selecciona, y la selección editorial abre el camino a la supresión editorial. Por ende, ¿de qué forma puede el Estado obligar a abstenerse de discriminar en las noticias sin guiar el criterio de selección?” 2 Z. Chafee, Government and Mass Communications 633 (1947).
[25] Whitney v. California, 274 US 357, 375 (1927) (juez Brandeis, voto concurrente).
[26] Carta al Cor. Charles Yancey en 14 The Writings of Thomas Jefferson 384 (Lipscomb ed. 1904).
Fuente: Universidad de Palermo - Facultad de Derecho
Fuente: Universidad de Palermo - Facultad de Derecho
[Version en ingles]
US Supreme Court
MIAMI HERALD PUBLISHING CO., DIVISION OF KNIGHT NEWSPAPERS, INC.
MIAMI HERALD PUBLISHING CO., DIVISION OF KNIGHT NEWSPAPERS, INC.
v. TORNILLO.
418 U.S. 241 (1974)
APPEAL FROM THE SUPREME COURT OF FLORIDA.
No. 73-797.
Argued April 17, 1974 - Decided June 25, 1974
After appellant newspaper had refused to print appellee's replies to editorials critical of appellee's candidacy for state office, appellee brought suit in Florida Circuit Court seeking injunctive and declaratory relief and damages, based on Florida's "right of reply" statute that grants a political candidate a right to equal space to answer criticism and attacks on his record by a newspaper, and making it a misdemeanor for the newspaper to fail to comply. The Circuit Court held the statute unconstitutional as infringing on the freedom of the press and dismissed the action. The Florida Supreme Court reversed, holding that the statute did not violate constitutional guarantees, and that civil remedies, including damages, were available, and remanded to the trial court for further proceedings. Held: 1. The Florida Supreme Court's judgment is "final" under 28 U.S.C. 1257, and thus is ripe for review by this Court. North Dakota Pharmacy Bd. v. Snyder's Stores, 414 U.S. 156 . Pp. 246-247.287 So.2d 78, reversed.
2. The statute violates the First Amendment's guarantee of a free press. Pp. 247-258.
(a) Governmental compulsion on a newspaper to publish that which "reason" tells it should not be published is unconstitutional. P. 256.
(b) The statute operates as a command by a State in the same sense as a statute or regulation forbidding appellant to publish specified matter. P. 256.
(c) The statute exacts a penalty on the basis of the content of a newspaper by imposing additional printing, composing, and materials costs and by taking up space that could be devoted to other material the newspaper may have preferred to print. Pp. 256-257.
(d) Even if a newspaper would face no additional costs to comply with the statute and would not be forced to forgo publication of news or opinion by the inclusion of a reply, the statute still fails to clear the First Amendment's barriers because of its [418 U.S. 241, 242] intrusion into the function of editors in choosing what material goes into a newspaper and in deciding on the size and content of the paper and the treatment of public issues and officials. P. 258.
BURGER, C. J., delivered the opinion for a unanimous Court. BRENNAN, J., filed a concurring statement, in which REHNQUIST, J., joined, post, p. 258. WHITE, J., filed a concurring opinion, post, p. 259.
Daniel P. S. Paul argued the cause for appellant. With him on the briefs were James W. Beasley, Jr., and Richard M. Schmidt, Jr.
Jerome A. Barron argued the cause for appellee. With him on the brief were Tobias Simon and Elizabeth duFresne. *
MR. CHIEF JUSTICE BURGER delivered the opinion of the Court.
The issue in this case is whether a state statute granting a political candidate a right to equal space to reply to criticism and attacks on his record by a newspaper violates the guarantees of a free press.
I
In the fall of 1972, appellee, Executive Director of the Classroom Teachers Association, apparently a teachers' collective-bargaining agent, was a candidate for the Florida House of Representatives. On September 20, 1972, and again on September 29, 1972, appellant printed editorials critical of appellee's candidacy. 1 In [418 U.S. 241, 244] response to these editorials appellee demanded that appellant print verbatim his replies, defending the role of the Classroom Teachers Association and the organization's accomplishments for the citizens of Dade County. Appellant declined to print the appellee's replies, and appellee brought suit in Circuit Court, Dade County, seeking declaratory and injunctive relief and actual and punitive damages in excess of $5,000. The action was premised on Florida Statute 104.38 (1973), a "right of reply" statute which provides that if a candidate for nomination or election is assailed regarding his personal character or official record by any newspaper, the candidate has the right to demand that the newspaper print, free of cost to the candidate, any reply the candidate may make to the newspaper's charges. The reply must appear in as conspicuous a place and in the same kind of type as the charges which prompted the reply, provided it does not take up more space than the charges. Failure to comply with the statute constitutes a first-degree misdemeanor. [418 U.S. 241, 245] Appellant sought a declaration that 104.38 was unconstitutional. After an emergency hearing requested by appellee, the Circuit Court denied injunctive relief because, absent special circumstances, no injunction could properly issue against the commission of a crime, and held that 104.38 was unconstitutional as an infringement on the freedom of the press under the First and Fourteenth Amendments to the Constitution. 38 Fla. Supp. 80 (1972). The Circuit Court concluded that dictating what a newspaper must print was no different from dictating what it must not print. The Circuit Judge viewed the statute's vagueness as serving "to restrict and stifle protected expression." Id., at 83. Appellee's cause was dismissed with prejudice.
On direct appeal, the Florida Supreme Court reversed, holding that 104.38 did not violate constitutional guarantees. 287 So.2d 78 (1973). It held that free speech was enhanced and not abridged by the Florida right-of-reply statute, which in that court's view, furthered the "broad societal interest in the free flow of information to the public." Id., at 82. It also held that the statute is [418 U.S. 241, 246] not impermissibly vague; the statute informs "those who are subject to it as to what conduct on their part will render them liable to its penalties." Id., at 85. Civil remedies, including damages, were held to be available under this statute; the case was remanded to the trial court for further proceedings not inconsistent with the Florida Supreme Court's opinion.
We postponed consideration of the question of jurisdiction to the hearing of the case on the merits. 414 U.S. 1142 (1974).
II
Although both parties contend that this Court has jurisdiction to review the judgment of the Florida Supreme Court, a suggestion was initially made that the judgment of the Florida Supreme Court might not be "final" under 28 U.S.C. 1257. In North Dakota State Pharmacy Bd. v. Snyder's Stores, 414 U.S. 156 (1973), we reviewed a judgment of the North Dakota Supreme Court, under which the case had been remanded so that further state proceedings could be conducted respecting Snyder's application for a permit to operate a drug store. We held that to be a final judgment for purposes of our jurisdiction. Under the principles of finality enunciated in Snyder's Stores, the judgment of [418 U.S. 241, 247] the Florida Supreme Court in this case is ripe for review by this Court.III
A The challenged statute creates a right to reply to press criticism of a candidate for nomination or election. The statute was enacted in 1913, and this is only the second recorded case decided under its provisions.
Appellant contends the statute is void on its face because it purports to regulate the content of a newspaper in violation of the First Amendment. Alternatively it is urged that the statute is void for vagueness since no editor could know exactly what words would call the statute into operation. It is also contended that the statute fails to distinguish between critical comment which is and which is not defamatory.
B
The appellee and supporting advocates of an enforceable right of access to the press vigorously argue that [418 U.S. 241, 248] government has an obligation to ensure that a wide variety of views reach the public. The contentions of access proponents will be set out in some detail. It is urged that at the time the First Amendment to the Constitution was ratified in 1791 as part of our Bill of Rights the press was broadly representative of the people it was serving. While many of the newspapers were intensely partisan and narrow in their views, the press collectively presented a broad range of opinions to readers. Entry into publishing was inexpensive; pamphlets and books provided meaningful alternatives to the organized press for the expression of unpopular ideas and often treated events and expressed views not covered by conventional newspapers. A true marketplace of ideas existed in which there was relatively easy access to the channels of communication.
Access advocates submit that although newspapers of the present are superficially similar to those of 1791 the press of today is in reality very different from that known in the early years of our national existence. In the past half century a communications revolution has seen the introduction of radio and television into our lives, the promise of a global community through the [418 U.S. 241, 249] use of communications satellites, and the specter of a "wired" nation by means of an expanding cable television network with two-way capabilities. The printed press, it is said, has not escaped the effects of this revolution. Newspapers have become big business and there are far fewer of them to serve a larger literate population. Chains of newspapers, national newspapers, national wire and news services, and one-newspaper towns, are the dominant features of a press that has become noncompetitive and enormously powerful and influential in its capacity to manipulate popular opinion and change the course of events. Major metropolitan newspapers have collaborated to establish news services national in scope. Such national news organizations provide syndicated "interpretive reporting" as well as syndicated features and commentary, all of which can serve as part of the new school of "advocacy journalism."
The elimination of competing newspapers in most of our large cities, and the concentration of control of media that results from the only newspaper's being owned by the same interests which own a television station and a radio station, are important components of this trend toward [418 U.S. 241, 250] concentration of control of outlets to inform the public.
The result of these vast changes has been to place in a few hands the power to inform the American people and shape public opinion. Much of the editorial opinion and commentary that is printed is that of syndicated columnists distributed nationwide and, as a result, we are told, on national and world issues there tends to be a homogeneity of editorial opinion, commentary, and interpretive analysis. The abuses of bias and manipulative reportage are, likewise, said to be the result of the vast accumulations of unreviewable power in the modern media empires. In effect, it is claimed, the public has lost any ability to respond or to contribute in a meaningful way to the debate on issues. The monopoly of the means of communication allows for little or no critical analysis of the media except in professional journals of very limited readership.
"This concentration of nationwide news organizations - like other large institutions - has grown increasingly remote from and unresponsive to the popular constituencies on which they depend and which depend on them." Report of the Task Force in Twentieth Century Fund Task Force Report for a National News Council, A Free and Responsive Press 4 (1973).
Appellee cites the report of the Commission on Freedom of the Press, chaired by Robert M. Hutchins, in which it was stated, as long ago as 1947, that "[t]he right of free [418 U.S. 241, 251] public expression has . . . lost its earlier reality." Commission on Freedom of the Press, A Free and Responsible Press 15 (1947).
The obvious solution, which was available to dissidents at an earlier time when entry into publishing was relatively inexpensive, today would be to have additional newspapers. But the same economic factors which have caused the disappearance of vast numbers of metropolitan newspapers, have made entry into the marketplace of ideas served by the print media almost impossible. It is urged that the claim of newspapers to be "surrogates for the public" carries with it a concomitant fiduciary obligation to account for that stewardship. From this premise it is reasoned that the only effective way to insure fairness and accuracy and to provide for some accountability is for government to take affirmative action. The First Amendment interest of the public in being informed is said to be in peril because the "marketplace of ideas" is today a monopoly controlled by the owners of the market.
Proponents of enforced access to the press take comfort from language in several of this Court's decisions which suggests that the First Amendment acts as a sword as well as a shield, that it imposes obligations on the owners of the press in addition to protecting the press from government regulation. In Associated Press v. United States, 326 U.S. 1, 20 (1945), the Court, in [418 U.S. 241, 252] rejecting the argument that the press is immune from the antitrust laws by virtue of the First Amendment, stated:
"The First Amendment, far from providing an argument against application of the Sherman Act, here provides powerful reasons to the contrary. That Amendment rests on the assumption that the widest possible dissemination of information from diverse and antagonistic sources is essential to the welfare of the public, that a free press is a condition of a free society. Surely a command that the government itself shall not impede the free flow of ideas does not afford non-governmental combinations a refuge if they impose restraints upon that constitutionally guaranteed freedom. Freedom to publish means freedom for all and not for some. Freedom to publish is guaranteed by the Constitution, but freedom to combine to keep others from publishing is not. Freedom of the press from governmental interference under the First Amendment does not sanction repression of that freedom by private interests." (Footnote omitted.)
In New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964), the Court spoke of "a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open." It is argued that the "uninhibited, robust" debate is not "wide-open" but open only to a monopoly in control of the press. Appellee cites the plurality opinion in Rosenbloom v. Metromedia, Inc., 403 U.S. 29, 47 , and n. 15 (1971), which he suggests seemed to invite experimentation by the States in right-to-access regulation of the press. [418 U.S. 241, 253]
Access advocates note that MR. JUSTICE DOUGLAS a decade ago expressed his deep concern regarding the effects of newspaper monopolies:
"Where one paper has a monopoly in an area, it seldom presents two sides of an issue. It too often hammers away on one ideological or political line using its monopoly position not to educate people, not to promote debate, but to inculcate in its readers one philosophy, one attitude - and to make money."
"The newspapers that give a variety of views and news that is not slanted or contrived are few indeed. And the problem promises to get worse . . . ." The Great Rights 124-125, 127 (E. Cahn ed. 1963).
They also claim the qualified support of Professor Thomas I. Emerson, who has written that "[a] limited right of access to the press can be safely enforced," [418 U.S. 241, 254] although he believes that "[g]overnment measures to encourage a multiplicity of outlets, rather than compelling a few outlets to represent everybody, seems a preferable course of action." T. Emerson, The System of Freedom of Expression 671 (1970).
IV
However much validity may be found in these arguments, at each point the implementation of a remedy such as an enforceable right of access necessarily calls for some mechanism, either governmental or consensual. If it is governmental coercion, this at once brings about a confrontation with the express provisions of the First Amendment and the judicial gloss on that Amendment developed over the years.The Court foresaw the problems relating to government-enforced access as early as its decision in Associated Press v. United States, supra. There it carefully contrasted the private "compulsion to print" called for by the Association's bylaws with the provisions of the District Court decree against appellants which "does not compel AP or its members to permit publication of anything which their `reason' tells them should not be published." 326 U.S., at 20 n. 18. In Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665, 681 (1972), we emphasized that the cases then [418 U.S. 241, 255] before us "involve no intrusions upon speech or assembly, no prior restraint or restriction on what the press may publish, and no express or implied command that the press publish what it prefers to withhold." In Columbia Broadcasting System, Inc. v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94, 117 (1973), the plurality opinion as to Part III noted:
"The power of a privately owned newspaper to advance its own political, social, and economic views is bounded by only two factors: first, the acceptance of a sufficient number of readers - and hence advertisers - to assure financial success; and, second, the journalistic integrity of its editors and publishers."
An attitude strongly adverse to any attempt to extend a right of access to newspapers was echoed by other Members of this Court in their separate opinions in that case. Id., at 145 (STEWART, J., concurring); id., at 182 n. 12 (BRENNAN, J., joined by MARSHALL, J., dissenting). Recently, while approving a bar against employment advertising specifying "male" or "female" preference, the Court's opinion in Pittsburgh Press Co. v. Human Relations Comm'n, 413 U.S. 376, 391 (1973), took pains to limit its holding within narrow bounds:
"Nor, a fortiori, does our decision authorize any restriction whatever, whether of content or layout, on stories or commentary originated by Pittsburgh Press, its columnists, or its contributors. On the contrary, we reaffirm unequivocally the protection afforded to editorial judgment and to the free expression of views on these and other issues, however controversial."
Dissenting in Pittsburgh Press, MR. JUSTICE STEWART, joined by MR. JUSTICE DOUGLAS, expressed the view that no "government agency - local, state, or federal - can tell [418 U.S. 241, 256] a newspaper in advance what it can print and what it cannot." Id., at 400. See Associates & Aldrich Co. v. Times Mirror Co., 440 F.2d 133, 135 (CA9 1971).
We see that beginning with Associated Press, supra, the Court has expressed sensitivity as to whether a restriction or requirement constituted the compulsion exerted by government on a newspaper to print that which it would not otherwise print. The clear implication has been that any such a compulsion to publish that which "`reason' tells them should not be published" is unconstitutional. A responsible press is an undoubtedly desirable goal, but press responsibility is not mandated by the Constitution and like many other virtues it cannot be legislated.
Appellee's argument that the Florida statute does not amount to a restriction of appellant's right to speak because "the statute in question here has not prevented the Miami Herald from saying anything it wished" begs the core question. Compelling editors or publishers to publish that which "`reason' tells them should not be published" is what is at issue in this case. The Florida statute operates as a command in the same sense as a statute or regulation forbidding appellant to publish specified matter. Governmental restraint on publishing need not fall into familiar or traditional patterns to be subject to constitutional limitations on governmental powers. Grosjean v. American Press Co., 297 U.S. 233, 244 -245 (1936). The Florida statute exacts a penalty on the basis of the content of a newspaper. The first phase of the penalty resulting from the compelled printing of a reply is exacted in terms of the cost in printing and composing time and materials and in taking up space that could be devoted to other material the newspaper may have preferred to print. It is correct, as appellee contends, that a newspaper is not subject to the [418 U.S. 241, 257] finite technological limitations of time that confront a broadcaster but it is not correct to say that, as an economic reality, a newspaper can proceed to infinite expansion of its column space to accommodate the replies that a government agency determines or a statute commands the readers should have available.
Faced with the penalties that would accrue to any newspaper that published news or commentary arguably within the reach of the right-of-access statute, editors might well conclude that the safe course is to avoid controversy. Therefore, under the operation of the Florida statute, political and electoral coverage would be blunted or reduced. Government-enforced right of access inescapably "dampens the vigor and limits the variety of public debate," New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S., at 279 . The Court, in Mills v. Alabama, 384 U.S. 214, 218 (1966), stated:
"[T]here is practically universal agreement that a major purpose of [the First] Amendment was to protect the free discussion of governmental affairs. This of course includes discussions of candidates . . . ." [418 U.S. 241, 258]
Even if a newspaper would face no additional costs to comply with a compulsory access law and would not be forced to forgo publication of news or opinion by the inclusion of a reply, the Florida statute fails to clear the barriers of the First Amendment because of its intrusion into the function of editors. A newspaper is more than a passive receptacle or conduit for news, comment, and advertising. The choice of material to go into a newspaper, and the decisions made as to limitations on the size and content of the paper, and treatment of public issues and public officials - whether fair or unfair - constitute the exercise of editorial control and judgment. It has yet to be demonstrated how governmental regulation of this crucial process can be exercised consistent with First Amendment guarantees of a free press as they have evolved to this time. Accordingly, the judgment of the Supreme Court of Florida is reversed.
It is so ordered.
MR. JUSTICE BRENNAN, with whom MR. JUSTICE REHNQUIST joins, concurring.
I join the Court's opinion which, as I understand it, addresses only "right of reply" statutes and implies no view upon the constitutionality of "retraction" statutes affording plaintiffs able to prove defamatory falsehoods a statutory action to require publication of a retraction. [418 U.S. 241, 259] See generally Note, Vindication of the Reputation of a Public Official, 80 Harv. L. Rev. 1730, 1739-1747 (1967).
MR. JUSTICE WHITE, concurring.
The Court today holds that the First Amendment bars a State from requiring a newspaper to print the reply of a candidate for public office whose personal character has been criticized by that newspaper's editorials. According to our accepted jurisprudence, the First Amendment erects a virtually insurmountable barrier between government and the print media so far as government tampering, in advance of publication, with news and editorial content is concerned. New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713 (1971). A newspaper or magazine is not a public utility subject to "reasonable" governmental regulation in matters affecting the exercise of journalistic judgment as to what shall be printed. Cf. Mills v. Alabama, 384 U.S. 214, 220 (1966). We have learned, and continue to learn, from what we view as the unhappy experiences of other nations where government has been allowed to meddle in the internal editorial affairs of newspapers. Regardless of how beneficent-sounding the purposes of controlling the press might be, we prefer "the power of reason as applied through public discussion" and remain intensely skeptical about those measures that would allow government to insinuate itself into the editorial rooms of this Nation's press.
"Whatever differences may exist about interpretations of the First Amendment, there is practically universal agreement that a major purpose of that Amendment was to protect the free discussion of governmental affairs. This of course includes discussions of candidates, structures and forms of [418 U.S. 241, 260] government, the manner in which government is operated or should be operated, and all such matters relating to political processes. The Constitution specifically selected the press . . . to play an important role in the discussion of public affairs. Thus the press serves and was designed to serve as a powerful antidote to any abuses of power by governmental officials and as a constitutionally chosen means for keeping officials elected by the people responsible to all the people whom they were selected to serve. Suppression of the right of the press to praise or criticize governmental agents and to clamor and contend for or against change . . . muzzles one of the very agencies the Framers of our Constitution thoughtfully and deliberately selected to improve our society and keep it free." Mills v. Alabama, supra, at 218-219.
Of course, the press is not always accurate, or even responsible, and may not present full and fair debate on important public issues. But the balance struck by the First Amendment with respect to the press is that society must take the risk that occasionally debate on vital matters will not be comprehensive and that all viewpoints may not be expressed. The press would be unlicensed because, in Jefferson's words, "[w]here the press is free, and every man able to read, all is safe." 2 Any other accommodation - any other system that would supplant private control of the press with the heavy hand of government intrusion - would make the government the censor of what the people may read and know.
To justify this statute, Florida advances a concededly important interest of ensuring free and fair elections by means of an electorate informed about the issues. But [418 U.S. 241, 261] prior compulsion by government in matters going to the very nerve center of a newspaper - the decision as to what copy will or will not be included in any given edition - collides with the First Amendment. Woven into the fabric of the First Amendment is the unexceptionable, but nonetheless timeless, sentiment that "liberty of the press is in peril as soon as the government tries to compel what is to go into a newspaper." Z. Chafee, Government and Mass Communications 633 (1947).
The constitutionally obnoxious feature of 104.38 is not that the Florida Legislature may also have placed a high premium on the protection of individual reputational interests; for government certainly has "a pervasive and strong interest in preventing and redressing attacks upon reputation." Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75, 86 (1966). Quite the contrary, this law runs afoul of the elementary First Amendment proposition that government may not force a newspaper to print copy which, in its journalistic discretion, it chooses to leave on the newsroom floor. Whatever power may reside in government to influence the publishing of certain narrowly circumscribed categories of material, see, e. g., Pittsburgh Press Co. v. Human Relations Comm'n, 413 U.S. 376 (1973); New York Times Co. v. United States, 403 U.S., at 730 (WHITE, J., concurring), we have never thought that the First Amendment permitted public officials to dictate to the press the contents of its news columns or the slant of its editorials.
But though a newspaper may publish without government censorship, it has never been entirely free from liability for what it chooses to print. See ibid. Among other things, the press has not been wholly at liberty to publish falsehoods damaging to individual reputation. At least until today, we have cherished the average citizen's [418 U.S. 241, 262] reputation interest enough to afford him a fair chance to vindicate himself in an action for libel characteristically provided by state law. He has been unable to force the press to tell his side of the story or to print a retraction, but he has had at least the opportunity to win a judgment if he has been able to prove the falsity of the damaging publication, as well as a fair chance to recover reasonable damages for his injury.
Reaffirming the rule that the press cannot be forced to print an answer to a personal attack made by it, however, throws into stark relief the consequences of the new balance forged by the Court in the companion case also announced today. Gertz v. Robert Welch, Inc., post, p. 323, goes far toward eviscerating the effectiveness of the ordinary libel action, which has long been the only potent response available to the private citizen libeled by the press. Under Gertz, the burden of proving liability is immeasurably increased, proving damages is made exceedingly more difficult, and vindicating reputation by merely proving falsehood and winning a judgment to that effect are wholly foreclosed. Needlessly, in my view, the Court trivializes and denigrates the interest in reputation by removing virtually all the protection the law has always afforded.
Of course, these two decisions do not mean that because government may not dictate what the press is to print, neither can it afford a remedy for libel in any form. Gertz itself leaves a putative remedy for libel intact, albeit in severely emaciated form; and the press certainly remains liable for knowing or reckless falsehoods under New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), and its progeny, however improper an injunction against publication might be.
One need not think less of the First Amendment to sustain reasonable methods for allowing the average citizen [418 U.S. 241, 263] to redeem a falsely tarnished reputation. Nor does one have to doubt the genuine decency, integrity, and good sense of the vast majority of professional journalists to support the right of any individual to have his day in court when he has been falsely maligned in the public press. The press is the servant, not the master, of the citizenry, and its freedom does not carry with it an unrestricted hunting license to prey on the ordinary citizen.
"In plain English, freedom carries with it responsibility even for the press; freedom of the press is not a freedom from responsibility for its exercise." "Without . . . a lively sense of responsibility a free press may readily become a powerful instrument of injustice." Pennekamp v. Florida, 328 U.S. 331 , 356, 365 (1946) (Frankfurter, J., concurring) (footnote omitted).
To me it is a near absurdity to so deprecate individual dignity, as the Court does in Gertz, and to leave the people at the complete mercy of the press, at least in this stage of our history when the press, as the majority in this case so well documents, is steadily becoming more powerful and much less likely to be deterred by threats of libel suits.
[ Footnote * ] Briefs of amici curiae urging reversal were filed by Joseph A. Califano, Jr., and Richard M. Cooper for Washington Post Co.; by Robert C. Lobdell and Robert S. Warren for Times Mirror Co.; by James W. Rodgers for New York News Inc.; by Don H. Reuben and Lawrence Gunnels for Chicago Tribune Co. et al.; by Harold B. Wahl for Florida Publishing Co.; by William C. Ballard for Times Publishing Co.; by Spessard Lindsey Holland, Jr., for Gannett Florida Corp. et al.; by Arthur B. Hanson, W. Frank Stickle, Jr., and Ralph N. Albright, Jr., for the American Newspaper Publishers Assn.; by William G. Mullen for the National Newspaper Assn.; by Leonard H. Marks for the American Society of Newspaper Editors et al.; by Lawrence E. Walsh and Guy Miller Struve for the Reporters Committee for Freedom of the Press Legal Defense and Research Fund et al.; by John B. Summers for the National Association of Broadcasters; by J. Laurent Scharff for Radio Television News Directors Assn.; by Floyd Abrams, Corydon B. Dunham, and Howard Monderer for National Broadcasting Co., Inc.; by Harry A. Inman and D. Robert Owen for Dow Jones & Co., Inc., et al.; and by Jonathan L. Alpert, Irma Robbins Feder, and Richard Yale Feder for the American Civil Liberties Union of Florida.
Briefs of amici curiae urging affirmance were filed by Albert H. Kramer and Thomas R. Asher for the National Citizens Committee for Broadcasting, and by Donald U. Sessions pro se. [418 U.S. 241, 243]
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