Near v. State of Minnesota ex rel. Olson Co. Atty., 283 US 697 (1931) -Version en español y en ingles-

NEAR

v.

STATE OF MINNESOTA ex rel. OLSON, Co. Atty.

283 US 697

N.° 91

Corte Suprema de los EE. UU.

[1 de Junio de 1931]

Alegatos: 30 de enero de 1930 - Sentencia: 1 de junio de 1931

Weymouth Kirkland, de Chicago, III., y T. E. Latimer, de Minneapolis, Minn., en carácter de letrados patrocinantes de la parte apelante.

James E. Markham, de St. Paul, Minn., y Arthur L. Markve, de Minneapolis, Minn., en carácter de letrados patrocinantes de la parte apelada.

El juez HUGHES, en carácter de Presidente, redactó la decisión de la Corte.

El capítulo 285 de las Leyes del Período de Sesiones de Minnesota (Session Laws of Minnesota) correspondientes al año 1925 [1] prevé la suspensión, por perturbación del orden público, de un “periódico, revista u otra publicación de carácter malicioso, sensacionalista y difamatorio”.
El artículo 1 de la ley dispone:

“Artículo 1. Toda persona que, a título personal o como miembro o empleado de una institución, asociación u organización, o en carácter de ejecutivo, director, miembro o empleado de una sociedad comercial, participe en la actividad relacionada con la producción, publicación o distribución habitual o normal, o posesión, comercialización o entrega de

(a) un periódico, revista u otra publicación de contenido obsceno, lujurioso o lascivo, o

(b)un periódico, revista u otra publicación de contenido malicioso, sensacionalista y difamatorio,

incurrirá en perturbación del orden público, y todas las personas responsables de esta perturbación podrán ser objeto de medidas judiciales prohibitivas, como se dispone más adelante.

La participación en estas actividades comportará una perturbación del orden público y la persona en cuestión será responsable por esta y estará sujeta a los procedimientos, órdenes y resoluciones establecidos en la presente Ley. También constituirá participación en estas actividades la titularidad, total o parcial, directa o indirecta, de este tipo de periódicos, o de cualquier participación en una sociedad comercial u organización que ostente la titularidad total o parcial de estos periódicos o los publique.

Cuando se inicien acciones en virtud del inciso (b) anterior, se podrá invocar como defensa que la información publicada es veraz y responde a motivos válidos y fines justificables, y el demandante no podrá referirse a números o ediciones publicados más de tres meses antes del inicio de la acción”.

El artículo 2 dispone que cuando se cometa o exista tal perturbación del orden, el procurador del condado donde se publique o distribuya tal periódico o, ante su omisión o negativa a impulsar una acción a pedido presentado de buena fe y por escrito por un ciudadano respetable, el Procurador General o, en caso de omisión o negativa de este, cualquier ciudadano del condado, podrá radicar una acción en nombre del estado ante el tribunal de distrito correspondiente al condado y solicitar que se prohíba en forma permanente a las personas responsables que continúen esta perturbación del orden o la provoquen en el futuro. Sobre la base de las pruebas que el tribunal considere suficientes, podrá emitir una medida cautelar. Los demandados podrán plantear su defensa por la vía de excepción o contestación, y la parte actora podrá plantear las excepciones o presentar su contestación al igual que en otros casos.

La acción, según el artículo 3, se “regirá por la práctica y el procedimiento aplicables a las acciones civiles por medio de las cuales se solicitan medidas judiciales de carácter prohibitivo” y, luego del juicio, el tribunal podrá en su sentencia prohibir de manera permanente que los demandados que hayan infringido la ley continúen esta infracción y “mediante esta sentencia, dicha perturbación se podrá suprimir totalmente”. El tribunal tiene potestad suficiente, al igual que en otros casos de desacato, para sancionar el incumplimiento de una orden judicial de efecto provisional o permanente mediante la imposición de multas de hasta $ 1.000 o penas de prisión en la cárcel del condado de hasta doce meses.

De conformidad con dicha ley (artículo 1, cláusula (b)), el procurador del condado de Hennepin presentó esta acción con el objeto de obtener una resolución judicial que prohibiera la publicación de lo que se describe como un “periódico, revista u otra publicación de contenido malicioso, sensacionalista y difamatorio” conocido como The Saturday Press y que los demandados publican en la ciudad de Minneapolis. En la demanda se afirmaba que los demandados, el 24 de septiembre de 1927, y en ocho fechas posteriores durante octubre y noviembre de 1927, publicaron y distribuyeron una serie de números de dicha publicación que “estaban dedicados mayormente a artículos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios” sobre Charles G. Davis, Frank W. Brunskill, Minneapolis Tribune, Minneapolis Journal, Melvin C. Passolt, George E. Leach, la raza judía, los miembros del jurado de acusación del condado de Hennepin conformado en noviembre de 1927, y que entonces ocupaban dichas funciones, así como otras personas, según se indica en mayor detalle en los documentos de prueba adjuntos a la demanda y que consisten en copias de los artículos mencionados y ocupan 327 páginas del expediente. Si bien esto no se indica en la demanda, los escritos de ambas partes sugieren que Charles G. Davis era un agente especial de las fuerzas de orden público que trabajaba para una organización cívica, que George E. Leach era alcalde de Minneapolis, que Frank W. Brunskill era el jefe de policía de esta ciudad y que Floyd B. Olson, quien inició la acción en interés público, era entonces procurador del condado.

Sin aspirar a resumir el contenido de los extensos documentos probatorios presentados junto con la demanda, consideramos que resulta suficiente señalar que los artículos indicaban, básicamente, que las actividades relacionadas con apuestas, venta de alcohol y extorsión en la ciudad de Minneapolis estaban bajo el mando de un gángster judío, y que los agentes y las fuerzas del orden no cumplían su deber con suficiente ímpetu. La mayoría de las denuncias involucraban al jefe de policía: se lo acusaba de incumplimiento del deber, de mantener vínculos ilícitos con maleantes y de participar en sobornos. Se acusaba al procurador del condado de conocer estas circunstancias y de no haber tomado medidas adecuadas para remediarlas. Se recriminaba asimismo al alcalde por su ineficacia y negligencia. Los artículos señalaban que un miembro del jurado de acusación simpatizaba con estos maleantes. Se exigió conformar un jurado de acusación especial y un fiscal especial para que abordaran la situación en general y para que investigaran en particular el intento de asesinato contra Guilford, uno de los demandados iniciales, quien, según señalan los artículos, fue agredido a balazos por un grupo de maleantes luego de que se publicó la primera edición del periódico. No hay dudas de que los artículos contenían serias acusaciones contra los funcionarios públicos mencionados y otras personas en relación con la prevalencia del delito y la omisión por parte de estos de su deber de sacar a la luz y castigar tales crímenes.

Al comienzo de la acción, el 22 de noviembre de 1927, y sobre la base de la demanda verificada, se emitió una resolución que conminaba a los demandados a que presentaran argumentos que persuadieran al tribunal de no dictar una medida cautelar y, a la vez, prohibía a los demandados que publicaran, distribuyeran o tuvieran en su poder cualquier edición de la publicación correspondiente al período entre el 24 de septiembre de 1927 y el 19 de noviembre de 1927, inclusive, y que publicaran, distribuyeran o tuvieran en su poder “cualquier edición futura de The Saturday Press” y “cualquier publicación que, bajo cualquier otro nombre, incluya materiales de contenido malicioso, sensacionalista y difamatorio del tipo invocado en la demanda presentada por los actores en esta causa o de otro tipo”.

Los demandados plantearon una excepción a la demanda y adujeron que en ella no se establecían hechos suficientes que sustentaran la pretensión, e impugnaron la constitucionalidad de la ley. El tribunal de distrito denegó la excepción y remitió la cuestión de la constitucionalidad al Tribunal Supremo del estado. El Tribunal Supremo confirmó la validez de la ley (174 Minn. 457, 219 N. W. 770, 58 A. L. R. 607), y la parte apelada reconoce que se determinó la validez de la ley y se desestimó la objeción de que la norma violaba no solo la Constitución del Estado sino además la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Posteriormente, el demandado Near, apelante en este procedimiento, contestó la demanda. Afirmó ser el único propietario de la publicación en cuestión. Admitió haber publicado los artículos descriptos en la demanda, pero negó que hayan tenido un ánimo malicioso, sensacionalista o difamatorio como se alegaba en la demanda. Apeló expresamente a la protección de la cláusula sobre debido proceso de la Decimocuarta Enmienda. La causa se elevó finalmente a juicio. La parte demandante presentó como prueba la demanda verificada, además de las publicaciones en cuestión, que se adjuntaron a la demanda como documentos probatorios. El demandado objetó la presentación de pruebas e invocó las disposiciones constitucionales referidas en su contestación. La objeción fue desestimada, no se presentaron nuevas pruebas y el demandante concluyó la presentación de sus argumentos. Posteriormente, la parte demandada dio por concluida su defensa sin presentar pruebas. El demandante solicitó al tribunal que dictara una medida judicial prohibitiva de carácter permanente y esta solicitud fue concedida. El tribunal de distrito procedió a la apreciación de los hechos presentados a continuación de los alegatos de la demanda y comprobó, en general, que las publicaciones en cuestión “estaban dedicadas en gran medida a artículos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios” relativos a las personas mencionadas. El tribunal comprobó asimismo que los demandados, a través de estas publicaciones, habían “participado en la actividad relacionada con la producción, publicación y distribución habitual o normal de un periódico de contenido malicioso, sensacionalista y difamatorio” y que “la publicación en cuestión” “bajo el nombre The Saturday Press, o con cualquier otro nombre, constituye una perturbación del orden público de conformidad con las leyes del estado”. El tribunal dictó sentencia y resolvió que “el periódico, revista y publicación denominado The Saturday Press”, en tanto constituía una perturbación del orden público, fuera “suspendido por medio de la presente”. La sentencia prohibía a los demandados en forma permanente “producir, editar, publicar, distribuir, tener en su poder, comercializar o entregar cualquier tipo de publicación que representara un periódico de contenido malicioso, sensacionalista o difamatorio, según la definición de la ley”, así como “continuar dicha perturbación bajo el nombre de The Saturday Press o con cualquier otro nombre o título”.

El demandado Near apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo del estado y para ello invocó nuevamente el derecho consagrado en la Constitución Federal. La sentencia fue confirmada con los mismos argumentos que la decisión anterior. 179 Minn. 40, 228 N. W. 326. Con respecto al argumento según el cual la sentencia había tenido un alcance excesivo e impedía a los demandados que publicaran cualquier tipo de periódico, el tribunal observó que los fundamentos para la impugnación del fallo no abordaron los aspectos formales de este, y que no se había pedido al tribunal inferior que lo modificara. El tribunal agregó que no veía razón alguna “para que los demandados interpretaran que la sentencia les impedía administrar un periódico acorde con el bienestar general, que debía ser respetado por todos”, que la veracidad de los argumentos de la demanda había sido constatada y que, si bien se trataba de una acción de equidad, los demandados no habían manifestado un interés en “llevar a cabo su actividad de la manera habitual y legítima”.

La sentencia, confirmada por el tribunal de segunda instancia, fue apelada por Near ante esta Corte.

La ley que prohíbe la distribución de un periódico o una publicación que constituya una perturbación del orden público resulta inusual, e incluso extraordinaria, y plantea cuestiones de suma importancia que trascienden los intereses locales de esta acción en particular. Ya no se discute que la libertad de prensa y de palabra se inscriba entre las libertades protegidas por la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda frente a la intromisión de la acción del estado. Se determinó que era imposible concluir que esta libertad personal esencial del ciudadano no gozara de la protección de la garantía general otorgada por los derechos fundamentales de la persona y la propiedad. Gitlow v. New York, 268 US 652, 666, 45 S. CT. 625; Whitney v. California, 274 US 357, 362, 373 S., 47 S. Ct. 641; Fiske v. Kansas, 274 US 380, 382, 47 S. Ct. 655; Stromberg v. California, 283 US 359, 51 S. Ct. 532, sentencia del 18 de mayo de 1931. Para mantener esta garantía, necesariamente se debe ejercer la potestad del estado de sancionar leyes de fomento de la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de la población. Los límites de esta potestad soberana deben siempre ser establecidos teniendo en cuenta el objeto en relación con el cual se ejercen. Si bien se reconoce la amplia discreción de la Legislatura en la fijación de las tarifas que aplicarán quienes prestan un servicio público, esta Corte ha determinado que no puede privarse a un propietario de su derecho a una renta justa, en tanto esta es la esencia misma de la propiedad. Railroad Commission Cases, 116 US 307, 331, 6 S. Ct. 334, 388, 1191; Northern Pacific Railway Company v. North Dakota, 236 US 585, 596, 35 S. Ct. 429, L. R. A. 1917F, 1148 Ann. Cas. 1916 A, 1. Por consiguiente, si bien la libertad contractual no es un derecho absoluto, y el amplio espectro de las actividades que son objeto de los contratos está sujeta a supervisión legislativa (Frisbie v. United States, 157 US 161, 165 , 15 S. Ct. 586), esta Corte ha establecido que la potestad del Estado termina donde, de lo contrario, comenzaría una interferencia con ciertos requisitos de la libertad protegida que se consideran indispensables, especialmente en lo que respecta a la fijación de precios y salarios (Tyson v. Banton, 273 US 418 , 47 S. Ct. 426, 58 A. L. R. 1236; Ribnik v. McBride, 277 US 350, 48 S. Ct. 545, 56 A. L. R. 1327; Adkins v. Children’s Hospital, 261 US 525, 560 , 561 S., 43 S. Ct. 394, 24 A. L. R. 1238). La libertad de palabra y de prensa tampoco es un derecho absoluto, y el estado puede sancionar las conductas que comporten abusos de esta libertad. Whitney v. California, supra; Stromberg v. California, supra. La libertad, en cada una de sus etapas, presenta una historia y una connotación particulares y, en el presente, la indagación se refiere a la concepción histórica de la libertad de prensa y a si la ley objeto de análisis cercena los atributos esenciales de esa libertad. La parte apelada insiste en que la cuestión relativa a la aplicación de la ley a la publicación del apelante y la interpretación de la sentencia del tribunal de primera instancia no son objeto de revisión, y que la única cuestión objetada por el apelante es la constitucionalidad de la ley, independientemente de su aplicación. La parte apelada sostiene que tampoco se nos ha requerido que analicemos el motivo de la publicación ni si la resolución excede el sentido de la ley. Ante esto, el apelante responde que, en su opinión, los términos llanos de la ley no se transgredieron en este caso y que, aún si esa hubiera sido la cuestión, la ley resulta de todas maneras inconstitucional de acuerdo con cualquier interpretación razonable de sus términos. El apelante afirma no haber sostenido que las órdenes judiciales de efecto provisional o permanente hayan excedido los límites contemplados en la ley. Insiste en que las medidas serían adecuadas si la ley fuera válida y que el carácter de las medidas aplicadas en virtud de la ley son un claro testimonio de su alcance.

Con respecto a estas afirmaciones, basta con señalar que, al analizar cuestiones constitucionales la Corte tiene en cuenta los aspectos sustanciales y no los meramente formales y que, de acuerdo con principios aceptados, la ley debe ser analizada en cuanto a su aplicación y cumplimiento. Henderson v. Mayor, 92 US 259, 268; Bailey v. Alabama, 219 US 219, 244, 31 S. Ct. 145; United States v. Reynolds, 235 US 133, 148, 149 S., 35 S. Ct. 86; St. Louis Southwestern Railway Company v. Arkansas, 235 US 350, 362, 35 S. Ct. 99; Mountain Timber Company v. Washington, 243 US 219, 237, 37 S. Ct. 260, Ann. Cas. 1917 D, 642. Consideramos que tal aplicación y cumplimiento se muestran claramente en autos. No nos interesan los errores que pueda haber cometido el tribunal de primera instancia, si es que acaso existieron, al exceder el sentido de la norma, tal como fue interpretada por el Tribunal Supremo del estado. Por lo tanto, es importante señalar la finalidad y el efecto de la ley según ha sido interpretada por el tribunal del estado.

En primer lugar, la norma no tiene por objeto subsanar agravios individuales o particulares. Las vías de reparación para casos de libelo continúan estando disponibles y no han sido alteradas. La Ley, según señaló el tribunal del estado (174 Minn. 457, 219 N. W. 770, 772, 58 A. L. R. 607), “no tiene por objeto el libelo sino una actividad que, en términos generales, implica mucho más que el libelo”. La ley aborda la distribución de materiales sensacionalistas en tanto resultan “perjudiciales para la moral pública y el bienestar general” y pueden “afectar la paz en la comunidad” y “provocar agresiones y delitos”. A fin de obtener una medida judicial que prohíba la publicación en el futuro del periódico, no es necesario probar la falsedad de las acusaciones vertidas en él. En el procedimiento de autos no se sostuvo en ningún momento que la información publicada fuera falsa. Se sostiene en cambio, como lo exige la ley, que la publicación fue “maliciosa”. Sin embargo, al igual que en el caso de juicios por libelo, no existe requisito alguno de que el estado pruebe esta actitud maliciosa efectiva, a diferencia de la malicia que se infiere de la mera publicación de los materiales difamatorios [2]. La sentencia dictada en este caso se basó únicamente en la prueba de la publicación. La defensa contemplada por la ley no está relacionada únicamente con la veracidad de la información, sino que requiere que la información veraz haya sido publicada con motivos válidos y fines justificables. La ley indica que la publicación se considerará difamatoria cuando dañe la reputación de alguna persona, y que será sensacionalista si difunde acusaciones sobre conductas censurables, penales o de otro tipo, y por lo tanto despierta la desaprobación del público y constituye un escándalo público. El tribunal definió claramente la finalidad de la ley y expresó su objeto preciso en los siguientes términos: “No existe un derecho constitucional a publicar un hecho simplemente porque sea cierto. Es de conocimiento público que los juicios desarrollados en el marco de las leyes penales sobre libelo no dan lugar a la represión o supresión efectivas de los efectos dañinos del escándalo. Los hombres que son objeto de estos ataques pocas veces recurren a la justicia, sobre todo cuando se exhiben sus pecados, y el único interrogante es si esta exposición respondió a motivos válidos y fines justificables. La finalidad de la ley no es proteger a la persona objeto del ataque ni sancionar al agresor. Su objetivo es proteger el bienestar general”.

En segundo lugar, la ley no atiende simplemente la difusión de afirmaciones sensacionalistas y difamatorias relativas a particulares, sino también la difusión continua en periódicos y otras publicaciones de denuncias contra funcionarios públicos relativas a corrupción, prevaricación o incumplimiento grave del deber. Estas denuncias, por su propia naturaleza, generan un escándalo público. Resultan sensacionalistas y difamatorias en el sentido de la ley, que normalmente se aplica a publicaciones relacionadas sobre todo con la negligencia de funcionarios públicos. [3]

En tercer lugar, la finalidad de la ley no es la sanción, en el sentido común del término, sino quitar de circulación al periódico o la publicación que difundió la información agraviante. La razón para la sanción de la ley, como señaló el tribunal del estado, es que los procesos judiciales tendientes a aplicar las leyes penales sobre libelo no redundan en una “represión o supresión efectivas de los efectos dañinos del escándalo”. Describir la actividad relacionada con la publicación de materiales como una perturbación del orden público no confunde la esencia del procedimiento autorizado por la norma. Es la publicación continua de materiales sensacionalistas y difamatorios lo que constituye la actividad y la perturbación declarada. En el caso de funcionarios públicos, es la reiteración de acusaciones sobre conducta indebida en las funciones, y el hecho de que la publicación o el periódico contenga mayormente este tipo de información, lo que lo hace pasible de prohibición. En el presente caso, la prueba indicaba que se publicaron nueve números del periódico en cuestión en fechas sucesivas y que estos contenían principalmente denuncias contra funcionarios públicos relacionadas con la preponderancia y la protección del delito. En este caso, los funcionarios no tendrán la única opción de recurrir a una acción por libelo tradicional, ni las autoridades podrán iniciar únicamente un juicio por libelo penal. De conformidad con esta ley, el editor de un periódico o publicación que lleve a cabo una campaña para exponer y criticar la negligencia de funcionarios y que asigne gran parte de su publicación a este fin no solo se enfrentará a la posibilidad de perder un juicio por libelo sino además a que se determine que su periódico representa una perturbación del orden público que debe ser prohibida, y esta prohibición y censura procederán a menos que pueda presentar pruebas sobre la veracidad de las acusaciones y aducir argumentos que persuadan al tribunal de que, además de ser ciertos, los materiales se publicaron con motivos válidos y fines justificables.

Esta prohibición se concreta mediante la orden que impide publicar, y dicha restricción constituye el objeto y efecto de la norma.

En cuarto lugar, la ley no solo quita de circulación al periódico o la publicación que difundió la información agraviante, sino que además sujeta al editor a censura efectiva. Cuando se determina que un periódico o publicación tiene un ánimo “malicioso, sensacionalista y difamatorio” y, por esa razón, se prohíbe su circulación, quienes reanuden la publicación incurrirán en desacato y serán pasibles de multas o penas de prisión. Por consiguiente, cuando un periódico o publicación haya sido quitado de circulación por haber difundido denuncias de conducta indebida por parte de funcionarios públicos, parecería claro que la reiteración de estas denuncias mediante su publicación constituiría desacato y que la sentencia tendría efectos restrictivos permanentes para el editor, quien deberá persuadir al tribunal respecto del carácter de la nueva publicación para eludir tal restricción. Es la sentencia del tribunal la que determinará si podrá publicar en el futuro materiales que se consideren difamatorios respecto de los mismos funcionarios u otros distintos. En el presente caso, la sentencia ordenaba a los demandados que se abstuvieran de “publicar, distribuir, tener en su poder, comercializar o entregar cualquier tipo de publicación que representara un periódico de contenido malicioso, sensacionalista o difamatorio, según la definición de la ley”. La norma no ofrece una definición, a excepción de los términos “malicioso y difamatorio”, y las publicaciones donde se acusa a funcionarios de conducta indebida pertenecen a esta categoría. Si bien el tribunal, al responder a la objeción de que la sentencia era demasiado amplia, no creyó que existían fundamentos para interpretar que restringiera la facultad de los demandados de “administrar un periódico acorde con el bienestar general, que debía ser respetado por todos” y sostuvo que los demandados no habían manifestado “un interés en llevar a cabo su actividad de la manera habitual y legítima”, la conclusión evidente es que, al menos en lo que respecta a una nueva publicación en la que se denuncie la conducta indebida de un funcionario público, el demandado deberá, so pena de incurrir en el desacato establecido en la norma, limitarse a un tipo de publicación que el tribunal considere “habitual y legítima”, además de compatible con el bienestar general.

Si omitimos los aspectos procesales, la aplicación y el cumplimiento de la ley implican, básicamente, que las autoridades públicas podrán llevar ante la justicia a los propietarios o editores de un periódico o publicación que, según su criterio, realizan una actividad que consiste en publicar materiales de contenido sensacionalista y difamatorio, en particular relativos a funcionarios públicos o la negligencia en las funciones públicas y, a menos que el propietario o editor pueda presentar pruebas válidas que persuadan al juez de que las acusaciones son veraces y se publicaron con motivos válidos y fines justificables, su periódico o publicación será quitado de circulación y la publicación en el futuro se considerará desacato y será pasible de sanción. Esta es justamente la esencia de la censura.

La pregunta que cabe plantear es si una ley que autoriza un procedimiento de esta naturaleza con el objeto de restringir una publicación guarda consonancia con el concepto de libertad de prensa que ha sido concebido y garantizado a lo largo de la historia. Con respecto a la determinación del alcance de la protección constitucional, se ha considerado en general, o incluso en forma universal, que la finalidad última de la garantía es impedir la restricción previa de la publicación. En Inglaterra, la lucha contra la potestad legislativa de los censores tuvo como resultado la abolición de la censura de la prensa. [4] Blackstone se refirió a esta nueva libertad establecida en los siguientes términos: “La libertad de prensa efectivamente hace a la esencia de un estado libre; sin embargo, consiste en no imponer restricciones previas a las publicaciones, y no en una libertad frente a la posibilidad de censura de publicaciones que tengan carácter criminal. Los hombres libres tienen un derecho indiscutible a exponer sus opiniones al público. Prohibir esta posibilidad equivale a aniquilar la libertad de prensa. No obstante, cuando lo que publiquen sea indecente, injurioso o ilícito, deberán asumir las consecuencias de su propia temeridad”. 4 Bl. Com. 151, 152. Ver Story en relación con la Constitución, 1884, 1889. Señalamos anteriormente la distinción entre el alcance de la libertad frente a la censura en nuestro sistema constitucional y la libertad que existe en Inglaterra. Aquí, como sostuvo Madison, “los derechos supremos y esenciales del pueblo están asegurados frente a la ambición legislativa y ejecutiva. Pero no están asegurados por leyes que se imponen por sobre prerrogativas, sino por constituciones que prevalecen por sobre las leyes. Esta protección de la libertad de prensa exige no solo que no esté sujeta a restricciones previas por parte del Poder Ejecutivo, como sucede en Gran Bretaña, sino tampoco a restricciones legislativas”. Report on the Virginia Resolutions, Madison’s Works, vol. IV, p. 543. Esta Corte sostuvo en Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454, 462, 27 S. Ct. 556, 558, 10 Ann. Cas. 689: “En primer lugar, el objeto cardinal de estas disposiciones constitucionales es ‘prevenir todo tipo de restricciones previas a las publicaciones como las que fueron aplicadas por otros gobiernos’, sin que se impida la posterior sanción de aquellas que se consideren contrarias al bienestar general. Commonwealth v. Blanding, 3 Pick. (Mass.) 304, 313, 314 (15 Am. Dec. 214); Respublica v. Oswald, 1 Dall. 319, 325, 158. La libertad preliminar se extiende por igual a los contenidos falsos y veraces; la posterior sanción podrá aplicarse por igual a contenidos veraces y falsos. Esta era la norma sobre libelo penal que se aplicaba, además de la ley, a casi todos los casos, si no a todos. Commonwealth v. Blanding, ubi supra; 4 Bl. Com. 150”.

Las críticas a las expresiones de Blackstone no se deben a que se pensara que la inmunidad frente a la restricción previa de una publicación no merece especial atención, sino principalmente a que no puede entenderse que esa inmunidad agota el concepto de libertad garantizada por la Constitución Federal y de los estados. El objeto de la crítica ha sido que “la simple exención frente a posibles restricciones no puede ser la finalidad máxima de las disposiciones constitucionales” y que “la libertad de prensa puede convertirse en una farsa y un engaño, y la frase en sí misma en un simple enunciado, si, a la vez que se reconoce a todos los hombres la libertad de publicar lo que quieran, las autoridades públicas pueden sancionarlos por publicaciones que no suponen agravio alguno”. 2 Cooley, Const. Lim. (8th Ed.) pp. 885. Sin embargo, se reconoce que la represión de los abusos de la libertad reconocida a la prensa resulta esencial para proteger al público, y que las normas del common-law que sujetan a quienes difunden calumnias a diversas responsabilidades por perturbar el orden público, además del agravio particular, no quedan derogadas por la protección otorgada en nuestras Constituciones, Íd. pp. 883, 884. La norma sobre libelo penal se sustenta en este sólido basamento. Existe asimismo la facultad reconocida de los tribunales de sancionar por desacato a aquellas publicaciones que buscan abiertamente impedir el debido cumplimiento de las funciones judiciales. Patterson v. Colorado, supra; Toledo Newspaper Company v. United States, 247 US 402, 419, 38 S. Ct. 560 [5]. En el presente caso, no existe razón para que indaguemos sobre el alcance permisible de la consiguiente sanción. Dado que independientemente de la infracción que haya cometido o pueda cometer el apelante por medio de sus publicaciones, el estado contempla la posibilidad de reparación tanto pública como privada en sus leyes sobre libelo. Como se ha señalado, la ley en cuestión no establece sanciones, excepto en caso de desacato por incumplimiento de las órdenes del tribunal, además de la prohibición y las medidas judiciales prohibitivas, es decir, la restricción de la publicación.

También se ha invocado, a modo de objeción, que el principio de inmunidad frente a restricciones previas resulta demasiado amplio, si se considera prohibida cada una de estas restricciones. Ciertamente, la protección, incluso contra las restricciones previas, no es absolutamente ilimitada. No obstante, la limitación solo ha sido admitida en casos excepcionales. “Cuando una nación se encuentra en guerra, muchas de las cosas que podrían decirse en tiempos de paz podrían atentar contra sus esfuerzos, de modo que no podrán tolerarse mientras se libren batallas en algún frente y ningún Tribunal podrá considerar que están protegidas por ningún derecho constitucional”. Schenck v. United States, 249 US 47, 52, 39 S. Ct. 247, 249. Nadie cuestionaría la facultad de un gobierno de impedir cualquier obstrucción al reclutamiento de tropas o la publicación de la fecha en que parten los transportes o del número y la ubicación de las tropas [6]. De manera similar, es posible aplicar los requisitos básicos de decencia respecto de publicaciones obscenas. La seguridad de la vida en la comunidad puede ser protegida frente a la incitación de la violencia y la subversión por la fuerza del orden gubernamental. La garantía constitucional de libertad de expresión no “protege a un hombre frente a una orden judicial que le prohíba formular expresiones que puedan tener el efecto de la fuerza. Gompers v. Buck’s Stove &. Range Co., 221 U.S. 418, 139, 31 S. Ct. 492, 34 L. R. A. (N. S.) 874”. Schenck v. United States, supra. Estas limitaciones no se aplican en este caso. Tampoco nos interesan cuestiones relativas al grado de autoridad para impedir publicaciones con el fin de proteger derechos de particulares de acuerdo con los principios aplicables al ejercicio de la jurisdicción por los tribunales de equidad [7].

La naturaleza excepcional de sus limitaciones coloca bajo una luz especial la concepción general de que la libertad de prensa, según su consideración histórica y su adopción por la Constitución federal, ha significado principalmente, aunque no en forma exclusiva, inmunidad frente a restricción o censura previa. La concepción de la libertad de prensa en este país se ha ampliado como resultado de las exigencias del período colonial y los esfuerzos por garantizar la libertad frente a gobiernos opresivos [8]. La libertad fue especialmente valorada en razón de la inmunidad que ofrecía frente a la restricción previa de publicaciones en las que se criticaba a funcionarios públicos o se denunciaba su conducta indebida. Como señaló Parker, el Presidente de la Corte, en Commonwealth v. Blanding, 3 Pick. (Mass.) 304, 313, 15 Am. Dec. 214, en relación con la Constitución de Massachusetts: “Asimismo, se entiende y se acepta ampliamente como comentario sobre esta disposición relativa a la libertad de prensa, que su objeto ha sido prevenir cualquier restricción previa de las publicaciones, como lo han hecho otros gobiernos y como sucedió aquí en el pasado, que tuviera como fin frustrar los esfuerzos de aquellos patriotas que buscaban instruir a sus pares sobre los derechos que les correspondían y los deberes de los gobernantes. Si bien la libertad de prensa debía ser irrestricta, quienes la ejercieran debían responder en caso de abuso”. En la carta enviada por el Congreso Continental (26 de octubre de 1774) a los habitantes de Quebec, se señaló en referencia a los “cinco derechos fundamentales” [9]: “El último derecho que debemos mencionar es el de la libertad de prensa. La importancia de este derecho se asocia, además de con el progreso de la verdad, la ciencia, la moral y el arte en general, con la difusión de opiniones liberales sobre la administración del Gobierno, la comunicación directa de ideas entre individuos y la consiguiente promoción de lazos entre estos, a través de los cuales los funcionarios opresivos son expuestos e intimidados y persuadidos de actuar de manera más justa y honrada”. Madison, quien inspiró la preparación de la Primera Enmienda a la Constitución Federal, describe la práctica y el criterio que llevó a la inclusión de las garantías de libertad de prensa en las Constituciones de los estados: [10] “En todos los estados de la Unión la prensa ha escudriñado los méritos y el valor de los hombres públicos de todo tipo con una libertad que no se ha ajustado a los límites estrictos del common law. Es en este sentido que se ha mantenido la libertad de prensa, y que existe en la actualidad... Es inevitable que se produzca un cierto grado de abuso en el uso adecuado de todas las cosas, y esto se aplica especialmente en el ámbito de la prensa. Por ello, la práctica de los estados ha determinado que es mejor permitir que algunas de sus ramas más perniciosas crezcan frondosamente antes que podarlas y frustrar así la posibilidad de que den frutos. Esta sabia política no podrá ser cuestionada por quienes entiendan que es a la prensa, aun con los abusos que le son propios, a la que el mundo debe los triunfos conseguidos por la razón y la humanidad por sobre el error y la opresión, y que es a esta misma fuente benéfica a la cual los Estados Unidos le deben gran parte de las ideas que los guiaron para convertirse en una nación libre e independiente y perfeccionar su sistema político y darle una forma que fomenta la felicidad de sus ciudadanos. Si se hubiera sujetado sistemáticamente a la prensa a “Leyes de Sedición” con el fin de prohibir cualquier publicación que criticara o desacreditara a los agentes establecidos o que incitara el odio de la población contra los responsables de medidas injustas o perniciosas, ¿acaso los Estados Unidos no padecerían hoy las consecuencias de una Confederación débil? ¿No serían acaso míseras colonias lamentándose del yugo extranjero?”

El hecho de que durante cerca de 150 años prácticamente no hubo intentos de imponer restricciones previas a publicaciones relacionadas con las irregularidades de funcionarios públicos es un testimonio de la convicción arraigada de que tales restricciones violarían el derecho constitucional. Los funcionarios públicos, cuyo carácter y conducta se debata libremente en la prensa podrán, cuando se viertan acusaciones falsas, obtener reparación y sanciones a través de las acciones contempladas en las leyes sobre libelo, pero no podrán iniciar procedimientos tendientes a restringir la publicación de periódicos. El principio general de que la garantía constitucional de la libertad de prensa otorga inmunidad frente a restricciones previas ha sido aprobado en numerosas decisiones pronunciadas en consonancia con las disposiciones de las constituciones de los estados [11].

La importancia de esta inmunidad no se ha atenuado. Si bien los ataques irresponsables contra figuras públicas y los esfuerzos por desacreditar a quienes se proponen cumplir fielmente sus funciones ejercen una influencia nefasta y merecen la más severa de las condenas por parte de la opinión pública, no podemos afirmar que este abuso sea mayor, y efectivamente se considera menor, al que distinguió al período en que se formaron nuestras instituciones. Mientras tanto, la administración del gobierno se ha complejizado, las oportunidades de prevaricación y corrupción se han multiplicado, el delito ha alcanzado proporciones alarmantes y el peligro de ocultamiento por parte de funcionarios desleales y de que las garantías fundamentales de la vida y la propiedad queden a merced de alianzas delictivas y de la negligencia oficial refuerza la necesidad primaria de contar con una prensa atenta y valiente, especialmente en las grandes ciudades. El hecho de que la libertad de prensa pueda ser objeto de abusos por promotores inescrupulosos de escándalos no atenúa la necesidad de que la prensa se mantenga inmune frente a restricciones previas cuando se investigan irregularidades de funcionarios. El recurso adecuado para el supuesto de abusos consistirá en las posteriores sanciones que puedan aplicarse y que resulten compatibles con el privilegio constitucional.

En un intento por justificar la ley se afirma que su objeto no son las publicaciones en sí sino la “actividad” que consiste en la difamación por medio de la prensa. No obstante, si el editor goza de un derecho constitucional a publicar sin censura previa un número de su periódico en el que se denuncie la negligencia de funcionarios públicos, no puede denegarse la posibilidad de que publique nuevas ediciones sobre el mismo tema. No perderá su derecho a través de su ejercicio. Cuando este derecho exista, podrá ser ejercido ya sea a través de nueve ediciones distintas, como sucedió en este caso, o bien en una única instancia. Si procede una restricción previa, podrá imponerse en una única vez; la irregularidad podrá ser igualmente grave en una o varias publicaciones. Describir a la publicación como una actividad, y a la actividad como una perturbación del orden, no permite avanzar por sobre la inmunidad constitucional frente a la censura. De manera similar, es irrelevante que se compruebe si el periódico se dedica “mayormente” o “en gran medida” a publicar estos actos negligentes. Si el editor tiene derecho a publicarlos sin restricciones previas no puede considerarse que su derecho esté supeditado a publicar otros contenidos relacionados de algún modo con el asunto sobre el cual se plantea la objeción.

Tampoco puede afirmarse que la libertad constitucional respecto de restricciones previas no se aplique cuando se formulan acusaciones sobre incumplimientos de funciones que constituyen delitos. Ante la multiplicidad de disposiciones en los códigos penales y estatutos y ordenanzas municipales que conllevan sanciones penales, la conducta de los funcionarios públicos se encuadra mayormente dentro del ámbito de las leyes penales. Nunca se ha considerado que la libertad de prensa frente a restricciones previas se limite a aquellas críticas que no se inscriban en el espectro de las normas penales. Históricamente, tal división nunca ha existido. Resulta incompatible con la razón que subyace al privilegio, puesto que tal limitación del privilegio sería de escaso valor para los fines por los que fue establecido.

La ley en cuestión no puede justificarse en razón de que se permite al editor difundir, antes de que se emita una orden judicial restrictiva, que el asunto publicado es cierto y se publica con motivos válidos y fines justificables. Si una norma que autoriza la censura y la aplicación de medidas judiciales prohibitivas sobre la base de estos fundamentos es constitucionalmente válida, sería igualmente admisible que la Legislatura dispusiera que el editor de un periódico podrá ser llevado ante la justicia o incluso ante una autoridad administrativa (en tanto no podrá entenderse que la protección constitucional se basa en simples detalles procesales) y que deberá presentar pruebas sobre la veracidad de su publicación o de aquello que tuvo intención de publicar y sus motivos, o bien será objeto de medidas judiciales restrictivas. Si esto fuera posible, la Legislatura podría crear un mecanismo para determinar a su entera discreción cuáles son los fines justificables y restringir las publicaciones de acuerdo con ello. Y entonces se habrá dado el primer paso para completar un sistema de censura. El reconocimiento de la potestad de imponer restricciones previas a las publicaciones con el fin de proteger a una comunidad frente a la circulación de denuncias sobre conducta indebida, especialmente por parte de funcionarios públicos, conllevaría necesariamente el reconocimiento de la potestad del censor contra la cual se erigió la protección constitucional. La libertad preliminar, por la razón misma de su existencia, no depende de la prueba de veracidad, tal como lo ha sostenido esta Corte. Patterson v. Colorado, supra.

Igualmente fútil es la afirmación de que la ley tuvo por objeto prevenir la difusión de escándalos que perturben el orden público e insten a cometer agresiones y delitos. Si bien las denuncias sobre conductas censurables, en particular cuando hacen alusión a prevaricación, suscitan indudablemente un escándalo, la teoría de la garantía constitucional es que la potestad de impedir esa publicación causaría un daño social incluso más grave. “Prohibir la intención de estimular estas opiniones desfavorables respecto de quienes ejercen el Gobierno equivale a prohibir la incitación en sí misma, y esto a su vez supone prohibir los debates que tengan esa tendencia y efecto, lo cual, una vez más, equivale a proteger a quienes ejercen el gobierno, en caso de que merecieran el desprecio de la población, frente a la posibilidad de ser expuestos a este desprecio como resultado de críticas libres contra su carácter y conducta” [12]. Es sabido que las denuncias de conducta censurable pueden crear resentimiento y una predisposición a recurrir a medios violentos de reparación, pero esta sabida tendencia no alteró la determinación de proteger a la prensa frente a la censura y la restricción de publicaciones. Como se señaló en New Yorker Staats-Zeitung v. Nolan, 89 N. J. Eq. 387, 388, 105 A. 72: “Si el municipio puede impedir la distribución de un periódico sin otra razón que el hecho de que algunos de sus habitantes pueden estar profundamente en desacuerdo y apelar a la violencia física en protesta por su difusión, entonces no hay límites a lo que puede prohibirse”. El riesgo de que se produzcan reacciones violentas aumenta cuando se organizan grupos rebeldes que se sienten ofendidos por esta divulgación y si esta consideración justificara la injerencia legislativa en la libertad inicial de publicación, la protección constitucional se vería reducida a un mero enunciado.

Por las razones anteriores, consideramos que la ley, en cuanto autorizó los procedimientos que dieron lugar a esta acción en virtud de la cláusula (b) del artículo 1, resulta violatoria de la libertad de prensa garantizada en la Decimocuarta Enmienda. Deberíamos agregar que esta decisión se sustenta en la aplicación y el cumplimiento de la ley, sin tener en cuenta la cuestión de la veracidad de las denuncias contenidas en el correspondiente periódico. El hecho de que los funcionarios públicos nombrados en este caso, y aquellos asociados con las denuncias de negligencia en las funciones, puedan tener una conducta intachable, no puede afectar la conclusión de que la ley impone una restricción inconstitucional a la publicación.

SE REVOCA LA SENTENCIA.

Juez BUTLER (voto disidente).

La decisión de la Corte en este caso declara a Minnesota y a cualquier otro estado sin autoridad para restringir por medio de requerimientos judiciales la actividad relacionada con la publicación y distribución entre el público de periódicos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios cuando se determine, en el debido marco de un procedimiento judicial, que constituyen una perturbación del orden público. Esto da a la libertad de prensa un significado y un alcance no reconocido hasta el momento e interpreta que la “libertad” contenida en la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda impone a los estados una restricción de carácter federal sin precedentes.

En verdad, antes de 1868, cuando se adoptó la Decimocuarta Enmienda, la Constitución Federal no protegía el derecho de libertad de palabra de la prensa frente a la acción del estado. Barron v. Baltimore, 7 Pet. 243, 250; Fox v. Ohio, 5 How. 410, 434; Smith v. Maryland, 18 How. 71, 76; Withers v. Buckley, 20 How. 84, 89-91. Hasta ese entonces, el derecho era tutelado exclusivamente por las Constituciones y las leyes de los estados que, cabe añadir, operaban adecuadamente para protegerla. Recién en 1925 esta Corte fue convocada por primera vez a decidir si la “libertad” protegida en la Decimocuarta Enmienda contemplaba el derecho a la libertad de palabra y de prensa. Finalmente, esta pregunta ha sido contestada de manera afirmativa. Cf. Patterson v. Colorado, 205 US 454, 462, 27 S. Ct. 556, 10 Ann. Cas. 689; Prudential Ins. Co. v. Cheek, 259 U.S. 530, 538, 543 S., 42 S. Ct. 516, 27 A. L. R. 27. Ver Gitlow v. New York, 268 US 652, 45 S. Ct. 625; Fiske v. Kansas, 274 US 380, 47 S. Ct. 655; Stromberg v. California, 283 US 359, 51 S. Ct. 532

Surge de autos, y así ha sido admitido, que la actividad habitual del demandado consistía en la publicación de artículos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios sobre los más altos funcionarios públicos, los principales periódicos de la ciudad, diversos particulares y la raza judía. También queda claro que su finalidad era continuar esta actividad a cualquier costo. En todas las ediciones predominaban casi exclusivamente materiales de contenido difamatorio. Muchas de las declaraciones resultan tan improbables que prácticamente obligan a determinar su falsedad. Los propios artículos muestran una intención maliciosa [13]. El demandado no tiene legitimación para invocar la invalidez de la norma debido a que podría interpretarse que viola la Constitución. Su derecho se limita únicamente a indagar si, teniendo en cuenta las cuestiones planteadas en su caso, el efecto de la aplicación de la ley cercenaría su libertad sin el debido proceso legal. Esta Corte no debería revocar la sentencia del tribunal inferior con el argumento de que en otro caso la ley podría aplicarse de un modo incompatible con la libertad de prensa tutelada por la Enmienda Catorce. Castillo v. McConnico, 168 U.S. 674, 680 , 18 S. Ct. 229; Williams v. Mississippi, 170 U.S. 213, 225 , 18 S. Ct. 583; Yazoo & Miss. R. R. v. Jackson Vinegar Co., 226 U.S. 217 , 219-220, 33 S. Ct. 40. Plymouth Coal Co. v. Pennsylvania, 232 U.S. 531, 544-546, 34 S. Ct. 359.

Este caso requiere que la Corte analice la ley según ha sido aplicada a la actividad que consiste en la publicación de artículos que son efectivamente maliciosos, sensacionalistas y difamatorios.

La ley dispone que cualquier persona que “participe en la actividad relacionada con la producción, publicación o distribución” habitual o normal de un periódico, revista u otra publicación que sea (a) “obscena, lujuriosa o lasciva” o (b) “maliciosa, sensacionalista y difamatoria” incurrirá en perturbación del orden público y podrá ser objeto de medidas judiciales prohibitivas. Cabe mencionar que los términos calificativos se utilizan en conjunción. Con respecto a las acciones iniciadas en virtud del inciso (b) “se podrá invocar como defensa que la información publicada es veraz y responde a motivos válidos y fines justificables”.

La demanda afirma que los demandados participaban en la actividad que consiste en publicar en forma habitual o normal “periódicos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios” conocidos como Saturday Press, y se incluyeron en la demanda nueve ediciones correspondientes a todos los sábados entre el 25 de septiembre y el 19 de noviembre de 1927. Estas fueron todas las publicaciones.

En la apelación de la resolución del tribunal de distrito que dejó sin efecto la excepción planteada por los demandados, el Tribunal Supremo del estado señaló (174 Minn. 457, 461, 219 N. W. 770, 772, 58 A. L. R. 607):

“Los elementos constitutivos de la perturbación del orden público declarada son la distribución habitual y normal por medio de un periódico, que llega a familias y a jóvenes al igual que a adultos, de una selección de artículos sensacionalistas y difamatorios presentados de un modo que despierta atención e interés con el fin de conseguir su distribución... La ley no tiene por objeto el libelo sino una actividad que, en términos generales, implica más que el libelo. La distribución de materiales sensacionalistas resulta perjudicial para la moral pública y el bienestar general. Puede afectar la paz en la comunidad. Su contenido difamatorio y malicioso puede provocar agresiones y delitos. No tiene relación alguna con la publicación de la verdad, los motivos válidos y los fines justificables... Si bien en Minnesota ningún organismo está facultado para silenciar la voz honesta y sincera de la prensa, nuestra Constitución nunca tuvo por objeto proteger intenciones maliciosas, escándalos ni difamaciones que no sean ciertas o que se publiquen con motivos perniciosos o sin fines justificables... La Constitución nunca tuvo la finalidad de proteger una publicación dedicada al sensacionalismo y la difamación... Surge de autos que los demandados participan de manera habitual y normal en una actividad que consiste en dirigir un periódico que transmite contenidos impresos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios al público”.

Las actuaciones se devolvieron al tribunal de distrito.

La contestación de Near no incluyó ninguna justificación ni defensa de la actividad ni los artículos denunciados. Negó formalmente que las publicaciones fueran maliciosas, sensacionalistas o difamatorias, admitió que se efectuaron en la forma aducida e impugnó la constitucionalidad de la ley. Durante el juicio, el demandante presentó pruebas indudablemente suficientes para respaldar la demanda. El demandado no ofreció ninguna. El tribunal determinó que los hechos eran los establecidos en la demanda y, concretamente, que cada edición “estaba dedicada en gran medida a artículos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios” y que la última edición contenía mayormente artículos de ese tenor sobre Leach (alcalde de Minneapolis), Davis (representante de la liga ciudadana de orden público), Brunskill (jefe de policía), Olson (procurador de condado), la raza judía y miembros del jurado de acusación que entonces se desempeñaban en ese tribunal; a través de las distintas publicaciones, los demandados habían “participado en la actividad relacionada con la producción, publicación o distribución habitual o normal de un periódico de contenido malicioso, sensacionalista y difamatorio”.

El demandado Near presentó una nueva apelación ante el Tribunal Supremo. En su opinión (179 Minn. 40, 228 N. W. 326), el tribunal señaló: “No se plantea ningún argumento que sostenga que el método y el carácter de la operación del periódico en cuestión no ha constituido una perturbación del orden público en caso de que se determine que la norma es constitucional. Se dedicaba a la publicación habitual o normal de contenidos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios... El expediente presenta las mismas preguntas que ya hemos analizado”. El demandado admite que las ediciones de los periódicos denunciados son “difamatorias per se”. Y sostiene: “Se ha señalado que la Constitución nunca tuvo por objeto convertirse en una especie de escudo frente a la malicia, el sensacionalismo y la difamación que no son ciertas o se publican con motivos perniciosos o fines injustificables... Lo opuesto es igualmente cierto: todas las personas tienen un derecho constitucional a publicar contenidos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios aún cuando no sean ciertos y respondan a motivos perniciosos y fines no justificables, pero luego deberán afrontar las responsabilidades pertinentes”. Esto debe ser admitido en lo que respecta al contenido de los artículos. Y se pide a esta Corte que se pronuncie sobre la validez de la ley del estado en este contexto.

No se planteó ninguna cuestión en las instancias inferiores ni en la presente sobre la relevancia o preponderancia de la prueba, la carga de la prueba, la justificación u otras cuestiones de defensa, el alcance de la sentencia o los procedimientos para su aplicación, ni tampoco el carácter de las publicaciones que podrán realizarse a pesar de la orden judicial prohibitiva.

Es totalmente infundada la afirmación de que los demandados no pueden invocar ninguna defensa ni presentar pruebas que estarían disponibles si se tratara de un caso sobre libelo o que la malicia no podrá ser negada si se demuestra que la publicación se realizó de buena fe o en la creencia de que entonces y en esas circunstancias se trataba de un comentario justo y justificado sobre asuntos públicos o la conducta de funcionarios públicos en relación con el ejercicio de sus funciones. Ver Mason’s Minnesota Statutes 1927, 10112, 10113.

El alcance de la sentencia no puede ser revisado en esta instancia. La opinión del Tribunal Supremo del estado muestra que no podía ser objeto de revisión en esa instancia, dado que los fundamentos para la impugnación del fallo no abordaron los aspectos formales de este y no se había pedido al tribunal inferior que lo modificara. La ley se aprobó en ejercicio del poder de policía del estado, y este tribunal debe asumir, en razón de una norma ampliamente establecida, y hasta tanto no se demuestre claramente lo contrario, que existe en Minnesota una situación que justifica esta medida para la preservación de la paz y el orden del estado. Lindsley v. Natural Carbonic Gas Co., 220 US 61, 79, 31 S. Ct. 337, Ann. Cas. 1912C, 160; Gitlow v. New York, supra, 268 U.S. 668 -669, 45 S. Ct. 625; Corporation Commission v. Lowe, 281 US 431, 438 , 50 S. Ct. 397; O’Gorman & Young v. Hartford Ins. Co., 282 US 251 , 257-258, 51 S. Ct. 130.

Las mismas publicaciones evidencian la necesidad y procedencia de la ley. Muestran lo siguiente:

En 1913, Guilford, inicialmente uno de los demandados en este juicio, comenzó la publicación de un periódico sensacionalista denominado Twin City Reporter. En 1916, Near se sumó al emprendimiento, que adquirió posteriormente, y contrató los servicios de Bevans. En 1919, Bevans compró la participación de Near y, desde entonces, en forma independiente o junto con otras personas, ha continuado con la publicación. Los demandados admiten que publicaron una serie de artículos censurables en Twin City Reporter, niegan haber utilizado estos artículos a título personal con fines de chantaje, admiten que, en razón de su participación en el periódico, su reputación se vio perjudicada y señalan que Bevans, mientras estuvo asociado con Near, efectivamente utilizó el periódico con fines de chantaje. Y Near afirma que es por esa razón que vendió su participación a Bevans.

Los demandados sostienen en diversas ediciones que desde que Near vendió su participación a Bevans en 1919, Twin City Reporter había sido utilizado con fines de chantaje con el propósito de conseguir una posición dominante en el juego público y otras actividades delictivas, y de controlar a funcionarios y al gobierno de la ciudad.

Los artículos en cuestión señalan además que los demandados recibieron amenazas al anunciar su intención de publicar The Saturday Press, y que poco después de la primera publicación Guilford fue emboscado y recibió disparos antes de que pudiera usar el arma que portaba para defenderse ante posibles agresiones. También parece que Near temía que se produjeran hechos de violencia y estaba preparado para afrontar esta posibilidad. Hay muchos otros factores igualmente importantes.

Los extensos antecedentes penales de Twin City Reporter —si las cosas son efectivamente como las describen los demandados— y los enfrentamientos armados que se produjeron como resultado de la publicación de The Saturday Press son un ejemplo de las condiciones imperantes vinculadas con la publicación de periódicos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios que presuntamente motivaron a la Legislatura del estado a sancionar la ley en cuestión. Debe considerarse que la norma es adecuada para abordar las condiciones existentes en Minnesota.

En su trabajo sobre la Constitución (5.° Ed.), el juez Story, expuso en relación con el texto de la Primera Enmienda “El Congreso no sancionará ninguna ley... que cercene la libertad de expresión o de la prensa” (sección 1880):

“Que el objeto de esta enmienda haya sido asegurar que todos los ciudadanos gozaran de un derecho absoluto a expresarse, escribir o publicar lo que desean, sin estar sujetos a ninguna responsabilidad, pública o privada por ello, es una suposición demasiado descabellada para cualquier persona racional. Esto equivaldría a conceder a cualquier ciudadano el derecho a destruir a su arbitrio la reputación, la paz, la propiedad e incluso la seguridad personal de los demás ciudadanos. Un hombre podría, por simple malicia o venganza, acusar a otro de los delitos más infames; movilizar el repudio de sus conciudadanos a través de las calumnias más atroces; perturbar o, peor aún, eliminar completamente su paz doméstica y destruir todos sus vínculos afectivos; castigar de la manera más insidiosa a los débiles, tímidos e inocentes; perjudicar a todos los derechos civiles, políticos y privados de un hombre; instigar la sedición, rebelión y la traición incluso contra el propio gobierno, impulsado por la crueldad de su pasión o la corrupción de su espíritu. La sociedad civil no podrá continuar en estas circunstancias. Los hombres se verían obligados a recurrir a la venganza para compensar las falencias de la ley, y se cometerían todo tipo de atrocidades y asesinatos con la habitualidad propia de las comunidades barbáricas o primitivas. Es por ello evidente que el lenguaje de esta enmienda implica tan solo que todos los hombres tendrán derecho a expresarse, escribir o publicar sus opiniones sobre cualquier tema, sin ninguna censura previa, siempre que no agravien los derechos, la persona, la propiedad o la reputación de terceros, y siempre que no perturben el orden público ni intenten subvertir al gobierno. Esto no es más que una expansión de la doctrina aplicada recientemente al derecho sobre libelo, según la cual cada hombre es libre de publicar aquello que sea cierto, con motivos válidos y fines justificables. Y con esta limitación razonable no solo es válida en sí misma, sino que constituye un privilegio inestimable en un gobierno libre. Sin esta limitación, podría convertirse en el flagelo de esta república, pervirtiendo primero los principios de libertad y luego, al despertar el odio contra los patriotas más virtuosos a través del terror de la prensa, introduciendo el despotismo en su peor manifestación”. (La cursiva es nuestra).

La Corte cita a Blackstone para respaldar su decisión de invalidar la ley en cuanto impone una restricción previa a las publicaciones. Sin embargo, las restricciones previas a las que este se refería sujetaban a la prensa a la voluntad arbitraria de un funcionario administrativo. Describe la práctica del siguiente modo (libro IV, p. 152): “Sujetar a la prensa a la potestad restrictiva de un censor, como se hizo anteriormente, tanto antes como después de la revolución, (de 1688) equivale a supeditar la totalidad de la libertad de opinión a los prejuicios de un único hombre, y convertirlo en árbitro y juez infalible de todos los aspectos controvertidos de la enseñanza, la religión y el gobierno” [14].

Story presenta la historia mencionada por Blackstone (sección 1882):

“El arte de la imprenta, poco después de su creación, y tanto en Inglaterra como en otros países, se consideraba una cuestión de estado y estaba sujeta a la coerción de la corona. Es así que en Inglaterra estaba regulada por los decretos, prohibiciones, estatutos de privilegios y licencias del rey, y finalmente por los decretos de la Court of Star-Chamber, que limitó la cantidad de imprentas y prensas que podían emplearse y prohibió cualquier nueva publicación, a menos que hubiera sido aprobada por los censores pertinentes. En 1641, cuando se desarticuló esta funesta jurisdicción, el Parlamento Largo convocado por Carlos I, después de la ruptura con el príncipe, asumió poderes idénticos a los de la Star-Chamber respecto de la regulación de libros; y durante el Commonwealth (¡tal es la debilidad humana y el deseo de poder incluso en las repúblicas!) emitió diversas ordenanzas en este sentido, basadas principalmente en un decreto de la Star-Chamber de 1937. Luego de la reinstauración de Carlos II, se aprobó una ley sobre el mismo tema que copiaba, con algunas pocas diferencias, las ordenanzas parlamentarias. La ley caducó en 1679, y se restableció después de la revolución de 1688 por algunos años. El gobierno hizo varios intentos para que continuara vigente, pero la resistencia del Parlamento era tan intensa que finalmente se dejó sin efecto en 1694, y nunca más volvió a aplicarse después de ese año”.

Resulta claro que, en opinión de Blackstone, para el common law la libertad de prensa significaba únicamente la ausencia de restricciones previas a las publicaciones, a diferencia de la responsabilidad civil o penal por los contenidos difamatorios o indecentes publicados. Y, como se señaló precedentemente, Story consideró que la libertad de la prensa garantizada por la Primera Enmienda significaba que “cada hombre es libre de publicar aquello que sea cierto, con motivos válidos y fines justificables”. Su afirmación se relacionaba con la declaración definitiva de la Primera Enmienda. No se sugería que la libertad de prensa contemplada en la libertad protegida por la Enmienda Catorce, que se adoptó con posterioridad a la definición de Story, fuera más amplia que aquella protegida frente al accionar del Congreso. Y ver 2 Cooley’s Constitutional Limitations (8.° Ed.) p. 886; 2 Kent’s Commentaries (14th Ed.) Lect. XXIV, p. 17.

La ley de Minnesota no opera como una restricción previa a las publicaciones en el sentido estricto de la frase. No autoriza un control administrativo previo como el que ejercían anteriormente los censores, sino que establece un recurso que puede hacerse valer ante los tribunales de equidad. En este caso, existió una publicación previa realizada como parte de la actividad que consiste en la producción habitual de periódicos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios. La actividad y las publicaciones constituyen indudablemente un abuso del derecho de libertad de prensa. La ley denuncia los actos realizados como una perturbación en razón de que, según los términos del Tribunal Supremo del Estado, ponen en riesgo la moral, la paz y el orden. No hay dudas sobre la potestad del estado de invalidar estas transgresiones. La restricción autorizada se refiere solamente a la continuación de aquello que ya se ha determinado que constituye una perturbación. Las palabras relevantes son: “Todas las personas responsables de esta perturbación serán objeto de medidas judiciales prohibitivas, como se dispone más adelante... Cuando exista tal perturbación del orden... se podrá presentar una acción en representación del estado para prohibir en forma permanente a las personas responsables que cometan o continúen esta perturbación... La Corte podrá a través de sus resoluciones y su sentencia impedir en forma permanente... que los demandados que hayan infringido la ley continúen los actos prohibidos en ellas, y mediante esta sentencia dicha perturbación se podrá suprimir totalmente... No hay ningún aspecto de la ley [15] cuyo objeto sea prohibir publicaciones respecto de las cuales no se haya determinado judicialmente que constituyen una perturbación del orden. Resulta caprichosa la insinuación de que exista una similitud entre el otorgamiento o la aplicación del decreto autorizado por esta ley para impedir que se continúen publicando artículos maliciosos, sensacionalistas y difamatorios y la restricción previa a la prensa aplicada por los censores y a la que hace referencia Blackstone. El voto pareciera admitir que de conformidad con la cláusula (a) de la ley de Minnesota la actividad que consiste en la publicación y distribución habitual de un periódico obsceno podría ser objeto de una medida judicial restrictiva en tanto constituiría una perturbación del orden. Es difícil percibir una distinción, que tenga relación con la constitucionalidad, entre la cláusula (a) y la cláusula (b) en virtud de la cual se presentó la acción. Ambas perturbaciones resultan ofensivas para la moral, el orden y el buen gobierno. Considerando que aquellas que son resultado de publicaciones lascivas pueden ser objeto de medidas judiciales restrictivas, resulta difícil comprender por qué esto no es así para aquellas que son resultado de una actividad habitual de difamación maliciosa.

Es de notorio conocimiento, como lo determinó el Tribunal Supremo del estado, que las leyes vigentes sobre libelo son inadecuadas para evitar los efectos perniciosos del tipo de actividad y de publicaciones que se presentan en este caso. La doctrina que sostiene que las medidas como la analizada resultan inválidas en tanto constituyen una restricción previa que vulnera la libertad de prensa expone en forma tediosa y constante la paz y el orden de las comunidades y las actividades y asuntos privados de todas las personas a los ataques falsos y maliciosos de cualquier editor insolvente que tenga la intención y la capacidad de idear y poner en práctica un plan o ardid con fines de intimidación, chantaje o extorsión.

La sentencia debería ser confirmada.

Voto del juez VAN DEVANTER, al cual adhirieron el juez McREYNOLDS y el juez SUTHERLAND.

[1] Mason’s Minnesota Statutes, 1927, 10123-1 a 10123-3.

[2] Mason’s Minn. Stats. 1927, 10112, 10113; State v. Shippman, 83 Minn. 441, 445, 86 N. W. 431; State v. Minor, 163 Minn. 109, 110, 203 N. W. 596.

[3] También cabe señalar que en un juicio por libelo, la ley de Minnesota aplicable (Mason’s Minn. Stats. 1927, 10112, 10113) establece que la publicación está justificada “cuando los materiales que se reputan difamatorios son veraces y fueron publicados con motivos válidos y fines justificables” y también “se permitirá cuando se realice de manera honesta, en la creencia de que su contenido es veraz y esa creencia se sustente en fundamentos razonables, y se trate de comentarios justos sobre la conducta de una persona en relación con asuntos públicos”. Esta cláusula no forma parte de la ley en cuestión.

[4] May, Constitutional History of England, vol. 2, c. IX, p. 4; De Lolme, Commentaries on the Constitution of England, c. IX, pp. 318, 319.

[5] Ver caso Huggonson, 2 Atk. 469; República v. Oswald, 1 Dall. 319; Cooper v. People, 13 Colo. 337, 373, 22 P. 790, 6 L. R. A. 430; Nebraska v. Rosewater, 60 Neb. 438, 80 N. W. 353; State v. Tugwell, 19 Wash. 238, 52 P. 1056, 43 L. R. A. 717; People v. Wilson, 64 Ill. 195, 16 Am. Rep. 528; Storey v. People, 79 Ill. 45, 22 Am. Rep. 158; State v. Circuit Court, 97 Wis. 1, 72 N. W. 193, 38 L. R. A. 554, 65 Am. St. Rep. 90.

[6] Chafee, Freedom of Speech, p. 10.

[7] Ver 29 Harvard Law Review, 640.

[8] Ver Duniway “The Development of Freedom of the Press in Massachusetts”, p. 123; Bancroft’s History of the United States, vol. 2, 261.

[9] Journal of the Continental Congress (1904 Ed.) vol. I, pp. 104, 108.

[10] Report on the Virginia Resolutions, Madison’s Works, vol. iv, 544.

[11] Dailey v. Superior Court, 112 Cal. 94, 98, 44 P. 458, 32 L. R. A. 273, 53 Am. St. Rep. 160; Jones, Varnum & Co. v. Towsend’s Adm’x, 21 Fla. 431, 450, 58 Am. Rep. 676; State ex rel. Liversey v. Judge, 34 La. Ann. 741, 743; Commonwealth v. Blanding, 3 Pick. (Mass.) 304, 313, 15 Am. Dec. 214; Lindsay v. Montana Federation of Labor, 37 Mont. 264, 275, 277, 96 P. 127, 18 L. R. A. (N. S.) 707. 127 Am. St. Rep. 722; Howell v. Bee Publishing Co., 100 Neb. 39, 42, 158 N. W. 358, L. R. A. 1917A, 160, Ann. Cas. 1917D, 655; New Yorker Staats-Zeitung v. Nolan, 89 N. J. Eq. 384, 105 A. 72; Brandreth v. Lance, 8 Paige (N. Y.) 24, 34 Am. Dec. 368; New York Juvenile Guardian Society v. Roosevelt, 7 Daly (N. Y.) 188; Ulster Square Dealer v. Fowler, 58 Misc. Rep. 325, 111 N. Y. S. 16; Star Co. v. Brush, 103 Misc. Rep. 631, 170 N. Y. S. 987; Íd., 104 Misc. Rep. 404, 172 N. Y. S. 320; Íd., 185 App. Div. 261, 172 N. Y. S. 851; Dopp v. Doll, 9 Ohio Dec. 428; República v. Oswald, 1 Dall. 319, 325; República V. Dennie, 4 Yeates (Pa.) 267, 269, 2 Am. Dec. 402; Ex parte Neill, 32 Tex. Cr. R. 275, 22 S. W. 923, 40 Am. St. Rep. 776; Mitchell v. Grand Lodge, 56 Tex Civ. App. 306, 309, 121 S. W. 178; Sweeney v. Baker, 13 W. Va. 158, 182, 31 Am. Rep. 757; Citizens Light, Heat & Power Co. v. Montgomery Light & Water Co. (C. C.) 171 F. 553, 556; Willis v. O’Connell (D. C.) 231 F. 1004, 1010; Dearborn Publishing Co. v. Fitzgerald (D. C.) 271 F. 479, 485.

[12] Madison, op. cit. p. 549.

[13] Los siguientes artículos aparecieron en la última edición publicada, del 19 de noviembre de 1927:

“HECHOS, NO CONJETURAS.

‘Soy amigo íntimo del Sr. Olson’, gruñó un caballero de sangre Yiddish, ‘ quisiera protestar contra su artículo’ y bla, bla, bla, etc., etc., etc.

No recibo órdenes de hombres que siguen el culto de Barnett, al menos por el momento. Hubo demasiados hombres en esta ciudad y especialmente en la vida pública que HAN EFECTIVAMENTE recibido órdenes y sugerencias de GÁNSTERES JUDÍOS, y gracias a esto los maleantes judíos prácticamente gobiernan Minneapolis.

Fueron buitres de la misma calaña que Barnett los que dispararon a mi amigo. Fueron los pistoleros de Barnett los que perpetraron el ataque contra Samuel Shapiro. Han sido matones judíos quienes llevaron a cabo prácticamente todos los robos en esta ciudad. Fue un miembro de la pandilla de Barnett el que disparó a George Rubenstein (Ruby) mientras se encontraba al reparo en el establecimiento de Mose Barnett en la avenida Hennepin. Fue el propio Mose Barnett quien disparó contra Roy Rogers en la Avenida Hennepin. Fue en la sede “comercial” de Mose Barnett donde el “judío de los 13 dólares” encontró refugio mientras la policía de Nueva York rastrillaba el país para encontrarlo. Fue una pandilla de pistoleros judíos la que anunció que por 500 dólares mataría a cualquier hombre de la ciudad. Fue Mose Barnett, un judío, quien se jactó de haber comprado y tener en su manga al jefe de policía de Minneapolis. Son hombres y mujeres judíos, meros instrumentos acomodaticios del gánster judío Mose Barnett, quienes han sido acusados de falsificar los registros y resultados electorales de la zona

Third Ward. Y es el propio Mose Barnett quien, condenado por su participación en la agresión contra Shapiro, hoy se encuentra fugitivo de la justicia.

Prácticamente cada dueño de un despreciable despacho de bebidas alcohólicas, cada propietario de una destilería ilegal, cada maleante con cara de serpiente y potencial ladrón de Twin Cities es JUDÍO.

Ante estos ejemplos, creo que tengo razones suficientes para negarme a aceptar órdenes de un judío que se jacta de ser ‘íntimo amigo’ del Sr. Olson.

Al menos dos veces a la semana recibo correspondencia de caballeros de la fe judía que me instan a no ‘acometer un ataque contra la población judía’. Estos caballeros se adelantan a los hechos. No estoy emprendiendo, ni tampoco lo hace el Sr. Guilford, un ataque contra ninguna raza, SIN EMBARGO:

Cuando observo que un grupo de hombres de una misma raza se juntan en bandas con el fin de victimizar tanto a judíos como gentiles; pistoleros, ASESINOS que deambulan por nuestras calles y disparan a hombres contra quienes no tienen ningún resentimiento personal (o tal vez sí); desafían NUESTRAS leyes; corrompen a NUESTROS funcionarios; agreden a empresarios; golpean a ciudadanos indefensos; y propagan un clima de terror en todos los ámbitos cotidianos, entonces yo les digo con toda sinceridad que me resisto a retractarme un milímetro de ese ‘problema’, si eso es lo que quieren que sea.

Si las personas que profesan la fe judía en Minneapolis desean evitar las críticas contra estas sabandijas a quienes denomino con toda razón ‘judíos’, pueden hacerlo empezando POR HACER SU PROPIA LIMPIEZA.

No es mi función limpiar a Israel de la escoria que se aferra a Israel. Se supone que debo ‘seguir la corriente, y que sea lo que sea’.

No hago más que pronunciar una realidad cuando digo que el noventa por ciento de los delitos cometidos contra la sociedad en esta ciudad son perpetrados por gánsteres judíos.

Fue un judío quien contrató a JUDÍOS para que dispararan contra el Sr. Guilford. Fue un judío quien contrató a otro judío para intimidar al Sr. Shapiro y un judío quien contrató a varios JUDÍOS para que agredieran a ese caballero cuando se negó a ceder ante sus amenazas. Fue un JUDÍO quien contrató o persuadió a judíos de que manipularan los registros y resultados electorales en la zona Third Ward en total contravención de la ley. Fue un judío quien entregó doscientos dólares a otro judío para que se los diera a nuestro jefe de policía inmediatamente antes de la elección municipal, y:

Se trata de judíos y judíos, y no hay más que mirar los registros para comprobarlo.

No estoy emprendiendo un ataque contra la población judía COMO RAZA. Simplemente estoy llamando la atención en relación con una serie de HECHOS. Y si las personas de esa raza y religión desean librarse del odio y el estigma que GRACIAS A LOS ROEDORES DE SU PROPIA RAZA SE HAN GANADO, simplemente deben dar un paso adelante y ayudar a los ciudadanos decentes de Minneapolis a limpiar la ciudad de estos delincuentes judíos. Tanto el Sr. Guilford como yo estamos dispuestos a dar batalla por un HOMBRE, independientemente de su raza, color o credo, pero ninguno de nosotros se apartará ni un milímetro del camino que hemos elegido para evitar la confrontación SI los judíos buscan conflicto.

Ambos tenemos amigos muy leales entre los judíos, pero ninguno de ellos viene sollozando a pedirnos que ‘cortemos’ las críticas contra los maleantes judíos o a echarnos en cara su ‘íntima amistad’ con ningún funcionario público contra quien hemos desenfundado nuestras armas periodísticas”.

“ELFORODEGIL (Guilford).

El 26 de septiembre fui a la ciudad, me crucé con tres judíos en un Chevrolet, atajé con mi cuerpo una buena cantidad de plomo y terminé en una cama del Hospital St. Barnabas durante seis semanas...

Desde entonces, he renunciado a cualquier tipo de lealtad para con cualquier cosa que tenga nariz aguileña y coma arenques. He adoptado al gorrión como el ave nacional hasta que la liga de orden público de Davis o el K. K. K. enderecen de una vez por todas la nariz de gancho. De modo que si parezco desquiciado mientras circulo por la calle, tengan en cuenta que simplemente rindo homenaje a MI emblema nacional.

Todo lo cual no tiene nada que ver con el paradero actual de Mose Barnett. A mi me parece que estuvo al frente de la delegación local de la nueva ‘Palestina solo para los judíos’. Fue antes que el resto para poder hacer algunos arreglos con el jefe de policía Yiddish y asegurar su 25 por ciento de las ganancias del juego. Los niños siempre serán niños, y los ‘ganefs’ siempre serán ‘ganefs’.

JURADOS DE ACUSACIÓN E ÍDEM.

Hay jurados de acusación y jurados de acusación. El último fue un verdadero jurado de acusación. Hizo lo que tenía que hacer. El actual es como un vástago el que denomina “Junior”.

Es decir, no es muy bueno que digamos. Hay allí algunas personas muy buenas y otras que dejan mucho que desear. Un político de poca monta cuyos manejos lastimosos fueron casi insignificantes mientras estuvo en el poder ya ha abierto la boca en varios ámbitos. Está armando su coartada anticipándose a lo que no quiere que suceda.

Pero George, nosotros no vamos a meternos contigo. (Es decir, con un miembro del jurado de acusación). Sabemos que la organización del juego estaba esperando que aparecieras antes de reiniciar el maldito juego. Los Yids tienen tus medidas, aparentemente, y siempre aplicamos el instinto canino para evaluar a las personas.

Convocaremos a un jurado de acusación especial y un fiscal especial a la brevedad, tan pronto como la mitad del personal ceda a la tentación, y te mostraremos lo que puede hacer un verdadero jurado de acusación. Hasta el momento solo hemos estado golpeando la ventana. Pronto empezaremos a romper los cristales.

[14] May, Constitutional History of England, c. 1X. Duniway, Freedom of the Press in Massachusetts, cc. I y II; Cooley, Constitutional Limitations (8th Ed.) vol. II, pp. 880, 881; Pound, Equitable Relief against Defamation, 29 Harv. L. Rev. 640, 650, et seq.; Madi son, Letters and Other Writings (1865 Ed.) Vol. IV, pp. 542, 543; Respublica v. Oswald, 1 Dall. 319; Rawle, A View of the Constitution (2d Ed. 1829) p. 124; Paterson, Liberty of the Press, c. III.

[15] I. Toda persona que, a título personal o como miembro o empleado de una institución, asociación u organización, o en carácter de ejecutivo, director, miembro o empleado de una sociedad comercial, participe en la actividad relacionada con la producción, publicación o distribución habitual o normal, o posesión, comercialización o entrega de

(a) un periódico, revista u otra publicación de contenido obsceno, lujurioso o lascivo, o

(b) un periódico, revista u otra publicación de contenido malicioso, sensacionalista y difamatorio, incurrirá en perturbación del orden público, y todas las personas responsables de esta perturbación serán objeto de medidas judiciales prohibitivas, como se dispone más adelante. ...

Cuando se inicien acciones en virtud del inciso (b) anterior, se podrá invocar como defensa que la información publicada es veraz y responde a motivos válidos y fines justificables, y el demandante no podrá referirse a números o ediciones publicados más de tres meses antes del inicio de la acción.

Cuando exista o persista tal perturbación del orden, como se dispone precedentemente, el procurador del condado donde se publique o distribuya tal periódico... podrá radicar una acción en nombre del estado de Minnesota... y solicitar que se prohíba en forma permanente a las personas responsables que cometan o continúen esta perturbación. ...

La acción podrá ser presentada y juzgada de igual manera que otras acciones ante dicho Tribunal de Distrito, y se regirá por la práctica y el procedimiento aplicables a las acciones civiles por medio de las cuales se solicitan medidas judiciales de carácter prohibitivo.

Una vez concluido el juicio, el tribunal podrá a través de su resolución y sentencia impedir en forma permanente que todos los demandados que hayan infringido la ley continúen los actos prohibidos en ellas y mediante esta sentencia dicha perturbación se podrá suprimir totalmente.

Al igual que en otros casos de desacato, el tribunal podrá sancionar en cualquier momento, mediante la imposición de multas de hasta $ 1.000 o penas de prisión en la cárcel del condado de hasta doce meses, a cualquier persona que transgreda cualquier orden judicial, ya sea temporaria o permanente, dictada en relación con esta ley. Laws Minn. 1925, c. 285.
Fuente: Universidad de Palermo - Facultad de Derecho

[Version en ingles]

U.S. Supreme Court

NEAR

v.

STATE OF MINNESOTA ex rel. OLSON, Co. Atty.

283 U.S. 697

N° 91

Argued Jan. 30, 1930 - Decided June 1, 1931.

[283 U.S. 697, 699] Messrs. Weymouth Kirkland, of Chicago, Ill., and T. E. Latimer, of Minneapolis, Minn., for appellant.

Messrs. James E. Markham, of St. Paul, Minn., and Arthur L. Markve, of Minneapolis, Minn., for appellee.

[283 U.S. 697, 701]

Mr. Chief Justice HUGHES delivered the opinion of the Court.

Chapter 285 of the Session Laws of Minnesota for the year 1925 provides for the abatement, as a public nuisance, of a 'malicious, scandalous and defamatory news- [283 U.S. 697, 702] paper, magazine or other periodical.' Section 1 of the act is as follows:

'Section 1. Any person who, as an individual, or as a member or employee of a firm, or association or organization, or as an officer, director, member or employee of a corporation, shall be engaged in the business of regularly or customarily producing, publishing or circulating, having in possession, selling or giving away.

'(a) an obscene, lewd and lascivious newspaper, magazine, or other periodical, or

'(b) a malicious, scandalous and defamatory newspaper, magazine or other periodical,

-is guilty of a nuisance, and all persons guilty of such nuisance may be enjoined, as hereinafter provided.

'Participation in such business shall constitute a commission of such nuisance and render the participant liable and subject to the proceedings, orders and judgments provided for in this Act. Ownership, in whole or in part, directly or indirectly, of any such periodical, or of any stock of interest in any corporation or organization which owns the same in whole or in part, or which publishes the same, shall constitute such participation.

'In actions brought under (b) above, there shall be availabl the defense that the truth was published with good motives and for justifiable ends and in such actions the plaintiff shall not have the right to report (sic) to issues or editions or periodicals taking place more than three months before the commencement of the action.'

Section 2 provides that, whenever any such nuisance is committed or exists, the county attorney of any county where any such periodical is published or circulated, or, in case of his failure or refusal to proceed upon written request in good faith of a reputable citizen, the Attorney General, or, upon like failure or refusal of the latter, any citizen of the county, may maintain an action in the district court of the county in the name of the state to enjoin [283 U.S. 697, 703] perpetually the persons committing or maintaining any such nuisance from further committing or maintaining it. Upon such evidence as the court shall deem sufficient, a temporary injunction may be granted. The defendants have the right to plead by demurrer or answer, and the plaintiff may demur or reply as in other cases.

The action, by section 3, is to be 'governed by the practice and procedure applicable to civil actions for injunctions,' and after trial the court may enter judgment permanently enjoining the defendants found guilty of violating the act from continuing the violation, and, 'in and by such judgment, such nuisance may be wholly abated.' The court is empowered, as in other cases of contempt, to punish disobedience to a temporary or permanent injunction by fine of not more than $1,000 or by imprisonment in the county jail for not more than twelve months.

Under this statute (section 1, clause (b), the county attorney of Hennepin county brought this action to enjoin the publication of what was described as a 'malicious, scandalous and defamatory newspaper, magazine or other periodical,' known as The Saturday Press. published by the defendants in the city of Minneapolis. The complaint alleged that the defendants, on September 24, 1927, and on eight subsequent dates in October and November, 1927, published and circulated editions of that periodical which were 'largely devoted to malicious, scandalous and defamatory articles' concerning Charles G. Davis, Frank W. Brunskill, the Minneapolis Tribune, the Minneapolis Journal, Melvin C. Passolt, George E. Leach, the Jewish Race, the members of the grand jury of Hennepin county impaneled in November, 1927, and then holding office, and other persons, as more fully appeared in exhibits annexed to the complaint, consisting of copies of the articles described and constituting 327 pages of the record. While the complaint did not so allege, it [283 U.S. 697, 704] appears from the briefs of both parties that Charles G. Davis was a special law enforcement officer employed by a civic organization, that George E. Leach was mayor of Minneapolis, that Frank W. Brunskill was its chief of police, and that Floyd B. Olson, the relator in this action, was county attorney.

Without attempting to summarize the contents of the voluminous exhibits attached to the complaint, we deem it sufficient to say that the articles charged, in substance, that a Jewish gangster was in control of gambling, bootlegging, and racketeering in Minneapolis, and that law enforcing officers and agencies were not energetically performing their duties. Most of the charges were directed against the chief of police; he was charged with gross neglect of duty, illicit relations with gangsters, and with participation in graft. The county attorney was charged with knowing the existing conditions and with failure to take adequate measures to remedy them. The mayor was accused of inefficiency and dereliction. On member of the grand jury was stated to be in sympathy with the gangsters. A special grand jury and a special prosecutor were demanded to deal with the situation in general, and, in particular, to investigate an attempt to assassinate one Guilford, one of the original defendants, who, it appears from the articles, was shot by gangsters after the first issue of th per iodical had been published. There is no question but that the articles made serious accusations against the public officers named and others in connection with the prevalence of crimes and the failure to expose and punish them.

At the beginning of the action on November 22, 1927, and upon the verified complaint, an order was made directing the defendants to show cause why a temporary injunction should not issue and meanwhile forbidding the defendants to publish, circulate, or have in their possession any editions of the periodical from September [283 U.S. 697, 705] 24, 1927, to November 19, 1927, inclusive, and from publishing, circulating or having in their possession, 'any future editions of said The Saturday Press' and 'any publication, known by any other name whatsoever containing malicious, scanadalous and defamatory matter of the kind alleged in plaintiff's complaint herein or otherwise.'

The defendants demurred to the complaint upon the ground that it did not state facts sufficient to constitute a cause of action, and on this demurrer challenged the constitutionality of the statute. The district court overruled the demurrer and certified the question of constitutionality to the Supreme Court of the state. The Supreme Court sustained the statute (174 Minn. 457, 219 N. W. 770, 58 A. L. R. 607), and it is conceded by the appellee that the act was thus held to be valid over the objection that it violated not only the State Constitution, but also the Fourteenth Amendment of the Constitution of the United States.

Thereupon the defendant Near, the present appellant, answered the complaint. He averred that he was the sole owner and proprietor of the publication in question. He admitted the publication of the articles in the issues described in the complaint, but denied that they were malicious, scandalous, or defamatory as alleged. He expressly invoked the protection of the due process clause of the Fourteenth Amendment. The case then came on for trial. The plaintiff offered in evidence the verified complaint, together with the issues of the publication in question, which were attached to the complaint as exhibits. The defendant objected to the introduction of the evidence, invoking the constitutional provisions to which his answer referred. The objection was overruled, no further evidence was presented, and the plaintiff rested. The defendant then rested, without offering evidence. The plaintiff moved that the court direct the issue of a permanent injunction, and this was done. [283 U.S. 697, 706] The district court made findings of fact, which followed the allegations of the complaint and found in general terms that the editions in question were 'chiefly devoted to malicious, scandalous and defamatory articles' concerning the individuals named. The court further found that the defendants through these publications 'did engage in the business of regularly and customarily producing, publishing and circulating a malicious, scandalous and defamatory newspaper,' and that 'the said publication' 'under said name of The Saturday Press, or any other name, constitutes a public nuisance under the laws of the State.' Judgment was thereupon entered adjudging that 'the newspaper, magazine and periodical known as The Saturday Press,' as a public nuisance, 'be and is hereby abated.' The judgment perpetually enjoined the defendants 'from producing, editing, publishing, circulating, having in their possession, selling or giving away any publication whatsoever which is a malicious, scandalous or defamatory newspaper, as defined by law,' and also 'from further conducting said nuisance under the name and title of said The Saturday Press or any other name or title.'

The defendant Near appealed from this judgment to the Supreme Court of the State, again asserting his right under the Federal Constitution, and the judgment was affirmed upon the authority of the former decision. 179 Minn. 40, 228 N. W. 326. With respect to the contention that the judgment went too far, and prevented the defendants from publishing any kind of a newspaper, th cou rt observed that the assignments of error did not go to the form of the judgment, and that the lower court had not been asked to modify it. The court added that it saw no reason 'for defendants to construe the judgment as restraining them from operating a newspaper in harmony with the public welfare, to which all must yield,' that the allegations of the complaint had been [283 U.S. 697, 707] found to be true, and though this was an equitable action defendants had not indicated a desire 'to conduct their business in the usual and legitimate manner.'

From the judgment as thus affirmed, the defendant Near appeals to this Court.

This statute, for the suppression as a public nuisance of a newspaper or periodical, is unusual, if not unique, and raises questions of grave importance transcending the local interests involved in the particular action. It is no longer open to doubt that the liberty of the press and of speech is within the liberty safeguarded by the due process clause of the Fourteenth Amendment from invasion by state action. It was found impossible to conclude that this essential personal liberty of the citizen was left unprotected by the general guaranty of fundamental rights of person and property. Gitlow v. New York, 268 U.S. 652, 666 , 45 S. CT. 625; Whitney v. California, 274 U.S. 357, 362 , 373 S., 47 S. Ct. 641; Fiske v. Kansas, 274 U.S. 380, 382 , 47 S. Ct. 655; Stromberg v. California, 283 U.S. 359 , 51 S. Ct. 532, decided May 18, 1931. In maintaining this guaranty, the authority of the state to enact laws to promote the health, safety, morals, and general welfare of its people is necessarily administered. The limits of this sovereign power must always be determined with appropriate regard to the particular subject of its exercise. Thus, while recognizing the broad discretion of the Legislature in fixing rates to be charged by those undertaking a public service, this Court has decided that the owner cannot constitutionally be deprived of his right to a fair return, because that is deemed to be of the essence of ownership. Railroad Commission Cases, 116 U.S. 307, 331, 6 S. Ct. 334, 388, 1191; Northern Pacific Railway Company v. North Dakota, 236 U.S. 585, 596 , 35 S. Ct. 429, L. R. A. 1917F, 1148 Ann. Cas. 1916A, 1. So, while liberty of contract is not an absolute right, and the wide field of activity in the making of contracts is subject to legislative supervision (Frisbie v. United States, 157 U.S. 161, 165 , 15 S. Ct. 586), this Court has held that the power of the state stops short of interference with what are deemed [283 U.S. 697, 708] to be certain indispensable requirements of the liberty assured, notably with respect to the fixing of prices and wages (Tyson v. Banton, 273 U.S. 418 , 47 S. Ct. 426, 58 A. L. R. 1236; Ribnik v. McBride, 277 U.S. 350 , 48 S. Ct. 545, 56 A. L. R. 1327; Adkins v. Children's Hospital, 261 U.S. 525, 560 , 561 S., 43 S. Ct. 394, 24 A. L. R. 1238). Liberty of speech and of the press is also not an absolute right, and the state may punish its abuse. Whitney v. California, supra; Stromberg v. California, supra. Liberty, in each of its phases, has its history and connotation, and, in the present instance, the inquiry is as to the historic conception of the liberty of the press and whether the statute under review violates the essential attributes of that liberty.

The appellee insists that the equstions of the application of the statute to appellant's periodical, and of the construction of the judgment of the trial court, are not presented for review; that appellant's sold attack was upon the constitutionality of the statute, however it might be applied. The appellee contends that no question either of motive in the publication, or whether the decree goes beyond the direction of the statute, is before us. The appellant replies that, in his view, the plain terms of the statute were not departed from in this case, and that eve n if they were, the statute is nevertheless unconstitutional under any reasonable construction of its terms. The appellant states that he has not argued that the temporary and permanent injunctions were broader than were warranted by the statute; he insists that what was done was properly done if the statute is valid, and that the action taken under the statute is a fair indication of its scope.

With respect to these contentions it is enough to say that in passing upon constitutional questions the court has regard to substance and not to mere matters of form, and that, in accordance with familiar principles, the state must be tested by its operation and effect. Henderson v. Mayor, 92 U.S. 259 , 268; Bailey v. Alabama, 219 [283 U.S. 697, 709] U. S. 219, 244, 31 S. Ct. 145; United States v. Reynolds, 235 U.S. 133, 148 , 149 S., 35 S. Ct. 86; St. Louis Southwestern Railway Company v. Arkansas, 235 U.S. 350, 362 , 35 S. Ct. 99; Mountain Timber Company v. Washington, 243 U.S. 219, 237 , 37 S. Ct. 260, Ann. Cas. 1917D, 642. That operation and effect we think is clearly shown by the record in this case. We are not concerned with mere errors of the trial court, if these be such, in going beyond the direction of the statute as construed by the Supreme Court of the state. It is thus important to note precisely the purpose and effect of the statute as the state court has construed it.

First. The statute is not aimed at the redress of individual or private wrongs. Remedies for libel remain available and unaffected. The Statute, said the state court (174 Minn. 457, 219 N. W. 770, 772, 58 A. L. R. 607), 'is not directed at threatened libel but at an existing business which, generally speaking, involves more than libel.' It is aimed at the distribution of scandalous matter as 'detrimental to public morals and to the general welfare,' tending 'to disturb the peace of the community' and 'the provoke assaults and the commission of crime.' In order to obtain an injunction to suppress the future publication of the newspaper or periodical, it is not necessary to prove the falsity of the charges that have been made in the publication condemned. In the present action there was no allegation that the matter published was not true. It is alleged, and the statute requires the allegation that the publication was 'malicious.' But, as in prosecutions for libel, there is no requirement of proof by the state of malice in fact as distinguished from malice inferred from the mere publication of the defamatory matter. The judgment in this case proceeded upon the mere proof of publication. The statute permits the defense, not of the truth alone, but only that the truth was published with good motives and [283 U.S. 697, 710] for justificable ends. It is apparent that under the statute the publication is to be regarded as defamatory if it injures reputation, and that it is scandalous if it circulates charges of reprehensible conduct, whether criminal or otherwise, and the publication is thus deemed to invite public reprodation and to constitute a public scandal. The court sharply defined the purpose of the statute, bringing out the precise point, in these words: 'There is no constitutional right to publish a fact merely because it is true. It is a matter of common knowledge that prosecutions under the criminal libel statutes do not result in efficient repression or suppression of the evils of scandal. Men who are the victims of such assaults seldom resort to the courts. This is especially true if their sins are exposed and the only question relates to whether it was done with good motive and for justifiable ends. This law is not for the protection of the person attacked nor to punish the wrongdoer. It is for the protection of the public welfare.'

Second. The statute is directed not simply at the circulation of scandalou and defamatory statements with regard to private citizens, but at the continued publication by newspapers and periodical of charges against public officers of corruption, malfeasance in office, or serious neglect of duty. Such charges by their very nature create a public scandal. They are scandalous and defamatory within the meaning of the statute, which has its normal operation in relation to publications dealing prominently and chiefly with the alleged derelictions of public officers. 3 [283 U.S. 697, 711] Third. The object of the statute is not punishment, in the ordinary sense, but suppression of the offending newspaper or periodical. The reason for the enactment, as the state court has said, is that prosecutions to enforce penal statutes for libel do not result in 'efficient repression or suppression of the evils of scandal.' Describing the business of publication as a public nuisance does not obscure the substance of the proceeding which the statute authorizes. It is the continued publication of scandalous and defamatory matter that constitutes the business and the declared muisance. In the case of public officers, it is the reiteration of charges of official misconduct, and the fact that the newspaper or periodical is principally devoted to that purpose, that exposes it to suppression. In the present instance, the proof was that nine editions of the newspaper or periodical in question were published on successive dates, and that they were chiefly devoted to charges against public officers and in relation to the prevalence and protection of crime. In such a case, these officers are not left to their ordinary remedy in a suit for libel, or the authorities to a prosecution for criminal libel. Under this statute, a publisher of a newspaper or periodical, undertaking to conduct a campaign to expose and to censure official derelictions, and devoting his publication principally to that purpose, must face not simply the possibility of a verdict against him in a suit or prosecution for libel, but a determination that his newspaper or periodical is a public nuisance to be abated, and that this abatement and suppression will follow unless he is prepared with legal evidence to prove the truth of the charges and also to satisfy the court that, in [283 U.S. 697, 712] addition to being true, the matter was published with good motives and for justifiable ends.

This suppression is accomplished by enjoining publication, and that restraint is the object and effect of the statute.

Fourth. The statute not only operates to suppress the offending newspaper or periodical, but to put the publisher under an effective censorship. When a newspaper or periodical is found to be 'malicious, scandalous and defamatory,' and is suppressed as such, resumption of publication is punishable as a contempt of court by fine or imprisonment. Thus, where a newspaper or periodical has been suppressed because of the circulation of charges against public officers of official misconduct, it would seem to be clear that the renewal of the publication of such charges would constitute a contempt, and that the judgment would lay a permanent restraint upon the publisher, to escape which he must satisfy the court as to the character of a new publication. Whether he would be permitted again to publish matter deemed to be derogatory to the same or other public officers would depend upon the court's ruling. In the present instance the judgment restrained the defendants from 'publishing, circulating, having in their possession, selling or giving away any publication whatsoever which is a malicious, scandalous or defamatory newspaper, as defined by law.' The law gives no definition except that covered by the words 'scandalous and defamatory,' and publications charging official misconduct are of the class. While the court, answering the objection that the judgment was too broad, saw no reason for construing it as restraining the defendants 'from operating a newspaper in harmony with the public welfare to which all must yield,' and said that the defendants had not indicated 'any desire to conduct their business in the usual and legitimate manner,' the manifest inference is that, at least with respect to a [283 U.S. 697, 713] new publication directed against official misconduct, the defendant would be held, under penalty of punishment for contempt as provided in the statute, to a manner of publication which the court considered to be 'usual and legitimate' and consistent with the public welfare.

If we cut through mere details of procedure, the operation and effect of the statute in substance is that public authorities may bring the owner or publisher of a newspaper or periodical before a judge upon a charge of conducting a business of publishing scandalous and defamatory matter-in particular that the matter consists of charges against public officers of official dereliction-and, unless the owner or publisher is able and disposed to bring competent evidence to satisfy the judge that the charges are true and are published with good motives and for justifiable ends, his newspaper or periodical is suppressed and further publication is made punishable as a contempt. This is of the essence of consorship.

The question is whether a statute authorizing such proceedings in restraint of publication is consistent with the conception of the liberty of the press as historically conceived and guaranteed. In determining the extent of the constitutional protection, it has been generally, if not universally, considered that it is the chief purpose of the guaranty to prevent previous restraints upon publication. The struggle in England, directed against the legislative power of the licenser, resulted in renuciation of the censorship of the press. The liberty deemed to be established was thus described by Blackstone: 'The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; but this consists in laying no previous restraints upon publications, and not in freedom from censure for criminal matter when published. Every freeman has an [283 U.S. 697, 714] undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this, is to destroy the freedom of the press; but if he publishes what is improper, mischievous or illegal, he must take the consequence of his own temerity.' 4 Bl. Com. 151, 152. See Story on the Constitution, 1884, 1889. The distinction was early pointed out between the extent of the freedom with respect to censorship under our constitutional system and that enjoyed in England. Here, as Madison said, 'the great and essential rights of the people are secured against legislative as well as against executive ambition. They are secured, not by laws paramount to prerogative, but by constitutions paramont to laws. This security of the freedom of the press requires that it should be exempt not only from previous restraint by the Executive, as in Great Britain, but from legislative restraint also.' Report on the Virginia Resolutions, Madison's Works, vol. IV, p. 543. This Court said, in Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454, 462, 27 S. Ct. 556, 558, 10 Ann. Cas. 689: 'In the first place, the main purpose of such constitutional provisions is 'to prevent all such previous restraints upon publications as had been practiced by other governments,' and they do not prevent the subsequent punishment of such as may be deemed contrary to the public welfare. Commonwealth v. Blanding, 3 Pick. (Mass.) 304, 313, 314 (15 Am. Dec. 214); Respublica v. Oswald, 1 Dall. 319, 325, 158. The preliminary fredom extends as well to the false as to the true; the subsequent punishment may extend as well to the true as to the false. This was the law of criminal libel apart from statute in most cases, if not in all. Commonwealth v. Blanding, ubi supra; 4 Bl. Com. 150.'

The criticism upon Blackstone's statement has not been because immunity from previous restraint upon publication has not been regarded as deserving of special emphasis, but chiefly because that immunity cannot be deemed to exhaust the conception of the liberty guaranteed by [283 U.S. 697, 715] State and Federal Constitutions. The point of criticism has been 'that the mere exemption from restraints cannot be all that is secured by the constitutional provisions,' and that 'the liberty of the press might be rendered a mockery and a delusion, and the phrase itself a by-word, if, while every man was at liberty to publish what he pleased, the public authorities might nevertheless punish him for harmless publications.' 2 Cooley, Const. Lim. (8th Ed.) pp. 885. But it is recognized that punishment for the abuse of the liberty accorded to the press is essential to the protection of the public, and that the common-law rules that subject the libeler to responsibility for the public offense, as well as for the private injury, are not abolished by the protection extended in our Constitutions Id. pp. 883, 884. The law of criminal libel rests upon that secure foundation. There is also the conceded authority of courts to punish for contempt when publications directly tend to prevent the proper discharge of judicial functions. Patterson v. Colorado, supra; Toledo Newspaper Company v. United States, 247 U.S. 402, 419, 38 S. Ct. 560. In the present case, we have no occasion to inquire as to the permissible scope of subsequent punishment. For whatever wrong the appellant has committed or may commit, by his publications, the state appropriately affords both public and private redress by its libel laws. As has been noted, the statute in question does not deal with punishments; it provides for no punishment, except in case of contempt for violation of the court's order, but for suppression and injunction-that is, for restraint upon publication.

The objection has also been made that the principle as to immunity from previous restraint is stated too [283 U.S. 697, 716] broadly, if every such restraint is deemed to be prohibited. That is undoubtedly true; the protection even as to previous restraint is not absolutely unlimited. But the limitation has been recognized only in exceptional cases. 'When a nation is at war many things that might be said in time of peace are such a hindrance to its errort that their utterance will not be endured so long as men fignt and that no Court could regard them as protected by any constitutional right.' Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52, 39 S. Ct. 247, 249. No one would question but that a government might prevent actual obstruction to its recruiting service or the publication of the sailing dates of transports or the number and location of troops. 6 On similar grounds, the primary requirements of decency may be enforced against obscene publications. The security of the community life may be protected against incitements to acts of violence and the overthrow by force of orderly government. The constitutional guaranty of free speech does not 'protect a man from an injunction against uttering words that may have all the effect of frce. Gompers v. Buck's Stove & Range Co., 221 U.S. 418, 139 , 31 S. Ct. 492, 34 L. R. A. (N. S.) 874.' Schenck v. United States, supra. These limitations are not applicable here. Nor are we now concerned with questions as to the extent of authority to prevent publications in order to protect private rights according to the principles governing the exercise of the jurisdiction of courts of equity.

The exceptional nature of its limitations places in a strong light the general conception that liberty of the press, historically considered and taken up by the Federal Constitution, has meant, principally although not exclusively, immunity from previous restraints or censorship. The conception of the liberty of the press in this country had broadened with the exigencies of the colonial [283 U.S. 697, 717] period and with the efforts to secure freedom from oppressive administration. That liberty was especially charished for the immunity it afforded from previous restraint of the publication of censure of public officers and charges of official misconduct. As was said by Chief Justice Parker, in Commonwealth v. Blanding, 3 Pick. (Mass.) 304, 313, 15 Am. Dec. 214, with respect to the Constitution of Massachusetts: 'Besides, it is well understood and received as a commentary on this provision for the liberty of the press, that it was intended to prevent all such previous restraints upon publications as had been practiced by other governments, and in early times here, to stifle the efforts of patriots towards enlightening their fellow subjects upon their rights and the duties of rulers. The liberty of the press was to be unrestrained, but he who used it was to be responsible in case of its abuse.' In the letter sent by the Continental Congress (October 26, 1774) to the Inhabitants of Quebec, referring to the 'five grate rights' it was said: 'The last right we shall mention, regards the freedom of the press. The importance of this consists, besiders the advancement of truth, science, morality, and arts in general, in its diffusion of liberal sentiments on the administration of Government, its ready communication of thoughts between subjects, and its consequential promotion of union among them, whereby oppressive officers are shamed or intimidated, into more honourable and just modes of conducting affairs.' Madison, who was the leading spirit in the preparation of the First Amendment of the Federal Constitution, thus described the practice and sentiment which led to the guaranties of liberty of the press in State Constitutions: [283 U.S. 697, 718] 'In every State, probable, in the Union, the press has exerted a freedom in canvassing the merits and measures of public men of every description which has not been confined to the strict limits of the common law. On this footing the freedom of the press has stood; on this footing it yet stands. ... Some degree of abuse is inseparable from the proper use of everything, and in no instance is this more true than in that of the press. It has accordingly been decided by the practice of the States, that it is better to leave a few of its noxious branches to their luxuriant growth, than, by pruning them away, to injure the vigour of those yielding the proper fruits. And can the wisdom of this policy be doubted by any who reflect that to the press alone, chequered as it is with abuses, the world is indebted for all the triumphs which have been gained by reason and humanity over error and oppression; who reflect that to the same beneficent source the United States owe much of the lights which conducted them to the ranks of a free and independent nation, and which have improved their political system ito a shape so auspicious to their happiness? Had 'Sedition Acts,' forbidding every publication that might bring the constituted agents into contempt or disrepute, or that might excite the hatred of the people against the authors of unjust or pernicious measures, been uniformly enforced against the press, might not the United States have been languishing at this day under the infirmities of a sickly Confederation? Might they not, possibly, be miserable colonies, graning under a foreign yoke?'

The fact that for approximately one hundred and fifty years there has been almost an entire absence of attempts to impose previous restraints upon publications relating to the malfeasance of public officers is significant of the deep-seated conviction that such restraints would violate constitutional right. Public officers, whose character and [283 U.S. 697, 719] conduct remain open to debate and free discussion in the press, find their remedies for false accusations in actions under libel laws providing for redress and punishment, and not in proceedings to restrain the publication of newspapers and periodicals. The general principle that the constitutional guaranty of the liberty of the press gives immunity from previous restraints has been approved in many decisions under the provisions of state constitutions.

The importance of this immunity has not lessened. While reckless assaults upon public men, and efforts to bring obloquy upon those whon are endeavoring faithfully to discharge official duties, exert a baleful influence and deserve the severest condemnation in public opinion, it cannot be said that this abuse is greater, and it is believed to be less, than that which characterized the period in which our institutions took shape. Meanwhile, the administration of government has become more complex, the opportunities for malfeasance and corruption have multiplied, crime has grown to most serious proportions, and the danger of its protection by unfaithful officials and of the impairment of the fundamental security of life and [283 U.S. 697, 720] property by criminal alliances and official neglect, emphasizes the primary need of a vigilant and courageous press, expecially in great cities. The fact that the liberty of the press may be abused by miscreant purveyors of scandal does not make any the less necessary the immunity of the press from previous restraint in dealing with offical misconduct. Subsequent punishment for such abuses as may exist is the appropriate remedy, consistent with constitutional privilege.

In attempted justification of the statute, it is said that it deals not with publcati on per se, but with the 'business' of publishing defamation. If, however, the publisher has a constitutional right to publish, without previous restraint, an edition of his newspaper charging official derelictions, it cannot be denied that he may publish subsequent editions for the same purpose. He does not lose his right by exercising it. If his right exists, it may be exercised in publishing nine editions, as in this case, as well as in one edition. If previous restraint is permissible, it may be imposed at once; indeed, the wrong may be as serious in one publication as in several. Characterizing the publication as a business, and the business as a nuisance, does not permit an invasion of the constitutional immunity against restraint. Similarly, it does not matter that the newspaper or periodical is found to be 'largely' or 'chiefly' devoted to the publication of such derelictions. If the publisher has a right, without previous restraint, to publish them, his right cannot be deemed to be dependent upon his publishing something else, more or less, with the matter to which objection is made.

Nor can it be said that the constitutional freedom from previous restraint is lost because charges are made of derelictions which constitute crimes. With the multiplying provisions of penal codes, and of municipal charters and ordinances carrying penal sanctions, the conduct of [283 U.S. 697, 721] public officers is very largely within the purview of criminal statutes. The freedom of the press from previous restraint has never been regarded as limited to such animadversions as lay outside the range of renal enactments. Historically, there is no such limitation; it is inconsistent with the reason which underlies the privilege, as the privilege so limited would be of slight value for the purposes for which it came to be established.

The statute in question cannot be justified by reason of the fact that the publisher is permitted to show, before injunction issues, that the matter published is true and is published with good motives and for justifiable ends. If such a statute, authorizing suppression and injunction on such a basis, is constitutionally valid, it would be equally permissible for the Legislature to provide that at any time the publisher of any newspaper could be brought before a court, or even an administrative officer (as the constitutional protection may not be regarded as resting on mere procedural details), and required to produce proof of the truth of his publication, or of what he intended to publish and of his motives, or stand enjoined. If this can be done, the Legislature may provide machinery for determining in the complete exercise of its discretion what are justifiable ends and restrain publication accordingly. And it would be but a step to a complete system of censorship. The recognition of authority to impose previous restraint upon publication in order to protect the community against the circulation of charges of misconduct, and especially of official misconduct, necessarily would carry with it the admission of the authority of the censor against which the constitutional barrier was erected. The preliminary freedom, by virtue of the very reason for its existence, does not depend, as this court has said, on proof of truth. Patterson v. Colorado, supra.

Equally unavailing is the insistence that the statute is designed to prevent the circulation of scandal which tends [283 U.S. 697, 722] to disturb the public peace and to provoke assaults and the commission of crime. Charges of reprehensible conduct, and in particular of official malfeasance, unquestionably create a public scandal, but the theory of the constitutional guaranty is that even a more serious public evil would be caused by authority to prevent publication. 'To prohibit the intent to excite those unfavorable sentiments against those who administer the Government, is equivalent to a prohibition of the actual excitement of them; and to prohibit the actual excitement of them is equivalent to a prohibition of discussions having that tendeny an d effect; which, again, is equivalent to a protection of those who administer the Government, if they should at any time deserve the contempt or hatrad of the people, against being exposed to it by free animadversions on their characters and conduct.' There is nothing new in the fact that charges of reprehensible conduct may create resentment and the disposition to resort to violent means of redress, but this well-understood tendency did not alter the determination to protect the press against censorship and restrain upon publication. As was said in New Yorker Staats-Zeitung v. Nolan, 89 N. J. Eq. 387, 388, 105 A. 72: 'If the township may prevent the circulation of a newspaper for no reason other than that some of its inhabitants may violently disagree with it, and resent it circulation by resorting to physical violence, there is no limit to what may be prohibited.' The danger of violent reactions becomes greater with effective organization of defiant groups resenting exposure, and, if this consideration warranted legislative interference with the initial freedom of publication, the constitutional protection would be reduced to a mere form of words.

For these reasons we hold the statute, so far as it authorized the proceedings in this action under clause (b) [283 U.S. 697, 723] of section 1, to be an infringement of the liberty of the press guaranteed by the Fourteenth Amendment. We should add that this decision rests upon the operation and effect of the statute, without regard to the question of the truth of the charges contained in the particular periodical. The fact that the public officers named in this case, and those associated with the charges of official dereliction, may be deemed to be impeccable, cannot affect the conclusion that the statute imposes an unconstitutional restraint upon publication.

Judgment reversed.

Mr. Justice BUTLER (dissenting).

The decision of the Court in this case declares Minnesota and every other state powerless to restrain by injunction the business of publishing and circulating among the people malicious, scandalous, and defamatory periodicals that in due course of judicial procedure has been adjudged to the a public nuisance. It gives to freedom of the press a meaning and a scope not heretofore recognized, and construes 'liberty' in the due process clause of the Fourteenth Amendment to put upon the states a federal restriction that is without precedent.

Confessedly, the Federal Constitution, prior to 1868, when the Fourteenth Amendment was adopted, did not protect the right of free speech of press against state action. Barron v. Baltimore, 7 Pet. 243, 250; Fox v. Ohio, 5 How. 410, 434; Smith v. Maryland, 18 How. 71, 76; Withers v. Buckley, 20 How. 84, 89-91. Up to that time the right was safeguarded solely by the Constitutions and laws of the states, and, it may be added, they operated adequately to protect it. This court was not called on until 1925 to decide whether the 'liberty' protected by the Fourteenth Amendment includes the right of free speech and press. That question has been finally an- [283 U.S. 697, 724] swered in the affirmative. Cf. Patterson v. Colorado, 205 U.S. 454, 462 , 27 S. Ct. 556, 10 Ann. Cas. 689; Prudential Ins. Co. v. Cheek, 259 U.S. 530, 538 , 543 S., 42 S. Ct. 516, 27 A. L. R. 27. See Gitlow v. New York, 268 U.S. 652 , 45 S. Ct. 625; Fiske v. Kansas, 274 U.S. 380 , 47 S. Ct. 655; Stromberg v. California, 283 U.S. 359 , 51 S. Ct. 532

The record shows, and it is conceded, that defendants' regular business was the publication of malicious, scandalous, and defamatory articles concerning the principal public officers, leading newspapers of the city, many private persons, and the Jewish race. It also shows that it was their purpose at all hazards to continue to carry on the business. In every edition slanderous and defamatory matter predominates to the practical exclusion of all else. Many of the statements are so highly improbable as to compel a finding that they are false. The articles themselves show malice. 1 [283 U.S. 697, 725] The defendant here has no standing to assert that the statute is invalid because it might be construed so as to violate the Constitution. His right is limited solely to [283 U.S. 697, 726] the inquiry whether, having regard to the points properly raised in his case, the effect of applying the statute is to deprive him of his liberty without die process of law. [283 U.S. 697, 727] This court should not reverse the judgment below upon the ground that in some other case the statute may be applied in a way that is repugnant to the freedom of the press protected by the Fourteenth Amendment. Castillo v. McConnico, 168 U.S. 674, 680 , 18 S. Ct. 229; Williams v. Mississippi, 170 U.S. 213, 225 , 18 S. Ct. 583; Yazoo & Miss. R. R. v. Jackson Vinegar Co., 226 U.S. 217 , 219-220, 33 S. Ct. 40. Plymouth Coal Co. v. Pennsylvania, 232 U.S. 531, 544-546, 34 S. Ct. 359.

This record requires the Court to consider the statute as applied to the business of publishing articles that are in fact malicious, scandalous, and defamatory.

The statute provides that any person who 'shall be engaged in the business of regularly or customarily producing, publishing or circulating' a newspaper, magazine or other periodical that is (a) 'obscene, lewd and lascivious' or (b) 'malicious, scandalous and defama- [283 U.S. 697, 728] tory' is guilty of a nuisance and may be enjoined as provided in the act. It will be observed that the qualifying words are used conjunctively. In actions brought under (b) 'there shall be available the defense that the truth was published with good motives and for justificable ends.'

The complaint charges that defendants were engaged in the business of regularly and customarily publishing 'malicious, scandalous and defamatory newspapers' known as the Saturday Press, and nine editions dated, respectively, on each Saturday commencing September 25 and ending November 19, 1927, were made a part of the complaint. These are all that were published.

On appeal from the order of the district court overruling defendants' demurrer to the complaint, the state Supreme Court said (174 Minn. 457, 461, 219 N. W. 770, 772, 58 A. L. R. 607):

'The constituent elements of the declared nuisance are the customary and regular dissemination by means of a newspaper, which finds its way into families, reaching the young as well as the mature, of a selection of scandalous and defamatory articles treated in such a way as to excite attention and interest so as to command circulation . ... The statute is not directed at threatened libel but at an existing business which, generally speaking, involves more than libel. The distribution of scandalous matter is detrimental to public morals and to the general welfare. It tends to disturb the peace of the community. Being defamatory and malicious, it tends to provoke assaults and the commission of crime. It has no concern with the publication of the truth, with good motives and for justifiable ends. ...In Minnesota no agency can hush the sincere and honest voice of the press, but our Constitution was never intended to protect malice, scandal, and defamation when untrue or published with bad motive or without justifiable ends. ... It was never the intention of the Constitution to afford protec- [283 U.S. 697, 729] tion to publication devoted to scandal and defamation. ... Defendants stand before us upon the record as being regularly and customarily engaged in a business of conducting a newspaper sending to the public malicious, scandalous, and defamatory printed matter.'

The case was remanded to the district court.

Near's answer made no allegations to excuse or justify the business or the articles complained of. It formally denied that the publications were malicious, scandalous, or defamatory, admitted that they were made as alleged, and attacked the statute as unconstitutional. At the trial the plaintiff introduced evidence unquestionably sufficient to support the complaint. The defendant offered none. The court found the facts as alleged in the complaint and specifically that each edition 'was chiefly devoted to malicious, scandalous and defamatory articles' and that the last edition was chiefly devoted to malicious, scandalous, and defamatory articles concerning Leach (mayor of Minneapolis), Davis (representative of the law enforcement league of citizens), Brunskill (chief of police), Olson (county attorney), the Jewish race, and members of the grand jury then serving in that court; that defendants in and through the several publications 'did thereby engage in the business of regularly and customarily producing, publishing and circulating a malicious, scandalous and defamatory newspaper.'

Defendant Near again appealed to the Supreme Court. In its opinion (179 Minn. 40, 228 N. W. 326) the court said: 'No claim is advanced that the method and character of the operation of the newspaper in question was not a nuisance if the statute is constitutional. It was regularly and customarily devoted largely to malicious, scandalous, and defamatory matter. ... The record presents the same questions upon which we have already passed.' [283 U.S. 697, 730] Defendant concedes that the editions of the newspaper complained of are 'defamatory per se.' And he says: 'It has been asserted that the constitution was never intended to be a shield for malice, scandal, and defamation when unrue, or published with bad motives, or for unjustificable ends. ... The contrary is true; every person does have a constitutional right to publish malicious, scandalous, and defamatory matter though untrue, and with bad motives, and for unjustifiable ends, in the first instance, though he is subject to responsibility therefor afterwards.' The record, when the substance of the articles is regarded, requires that concession here. And this Court is required to pass on the validity of the state law on that basis.

No question was raised below, and there is none here, concerning the relevancy or weight of evidence, burden of proof, justification or other matters of defense, the scope of the judgment or proceedings to enforce it, or the character of the publications that may be made notwithstanding the injunction.

There is no basis for the suggestion that defendants may not interpose any defense or introduce any evidence that would be open to them in a libel case or that malice may not be negatived by showing that the publication was made in good faith in belief of its truth or that at the time and under the circumstances it was justified as a fair comment on public affairs or upon the conduct of public officers in respect of their duties as such. See Mason's Minnesota States 1927, 10112, 10113.

The scope of the judgment is not reviewable here. The opinion of the state Supreme Court shows that it was not reviewable there because defendants' assignments of error in that court did not go to the form of the judgment and because the lower court had not been asked to modify the judgment. [283 U.S. 697, 731] The act was passed in the exertion of the state's power of police, and this court is by well-established rule required to assume, until the contrary is clearly made to appear, that there exists in Minnesota a state of affairs that justifies this measure for the preservation of the peace and good order of the state. Lindsley v. Natural Carbonic Gas Co., 220 U.S. 61, 79, 31 S. Ct. 337, Ann. Cas. 1912C, 160; Gitlow v. New York, supra, 268 U.S. 668 -669, 45 S. Ct. 625; Corporation Commission v. Lowe, 281 U.S. 431, 438 , 50 S. Ct. 397; O'Gorman & Young v. Hartford Ins. Co., 282 U.S. 251 , 257-258, 51 S. Ct. 130.

The publications themselves disclose the need and propriety of the legislation. They show:

In 1913 one Guilford, originally a defendant in this suit, commenced the publication of a scandal sheet called the Twin City Reporter. In 1916 Near joined him in the enterprise, later bought him out, and engaged the services of the Bevans. In 1919 Bevans acquired Near's interest, and has since, alone or with others, continued the publication. Defendants admit that they published some reprehensible articles in the Twin City Reporter, deny that they personally used it for blackmailing purposes, admit that, by reason of their connection with the paper, their reputation did become tainted, and state that Bevans, while so associated with Near, did use the paper for blackmailing purposes. And Near says it was for that reason he sold his interest to Bevans.

In a number of the editions, defendants charge that, ever since Near sold his interest to Bevans in 1919, the Twin City Reporter has been used for blackmail, to dominate public gambling and other criminal activities, and as well to exert a kind of control over public officers and the government of the city.

The articles in question also state that, when defendants announced their intention to publish the Saturday Press, they were threatened, and that soon after the first pub- [283 U.S. 697, 732] lication Guilford was waylaid and shot down before he could use the firearm which he had at hand for the purpose of defending himself against anticipated assaults. It also appears that Near apprehended violence and was not unprepared to repel it. There is much more of like significance.

The long criminal career of the Twin City Reporter-if it is in fact as described by defendants-and the arming and shooting ariing out of the publication of the Saturday Press, serve to illustrate the kind of conditions in respect of the business of publishing malicious, scandalous, and defamatory periodicals by which the state Legislature presumably was moved to enact the law in question. It must be deemed appropriate to deal with conditions existing in Minnesota.

It is of the greatest importance that the states shall be untrammeled and free to employ all just and appropriate measures to prevent abuses of the liberty of the press.

In his work on the Constitution (5th Ed.) Justice Story, expounding the First Amendment which declares: 'Congress shall make no law ... abridging the freedom of speech, or of the press' said (section 1880):

'That this amendment was intended to secure to every citizen an absolute right to speak, or write, or print whatever he might please, without any responsibility, public or private, therefor, is a supposition too wild to be indulged by any rational man. This would be to allow to every citizen a right to destroy at his pleasure the reputation, the peace, the property, and even the personal safety of every other citizen. A man might, out of mere malice and revenge, accuse another of the most infamous crimes; might excite against him the indignation of all his fellow-citizens by the most atrocious calumnies; might disturb, nay, overturn, all his domestic peace, and embitter his parental affections; might inflict the most distressing punishments upon the weak, the timid, and the inno- [283 U.S. 697, 733] cent; might prejudice all a man's civil, and political, and private rights; and might stir up sedition, rebellion, and treason even against the government itself, in the wantonness of his passions or the corruption of his heart. Civil society could not go on under such circumstances. Men would then be obliged to resort to private vengenance to make up for the deficiencies of the law; and assassination and savage cruelties would be perpetrated with all the frequency belonging to barbarous and brutal communities. It is plain, then, that the language of this amendment imports no more than that every man shall have a right to speak, write, and print his opinions upon any subject whatsoever, without any prior restraint, so always that he does not injure any other person in his rights, person, property, or reputation; and so always that he does not thereby disturb the public peace, or attempt to subvert the government. It is neither more nor less than an expansion of the great doctrine recently brought into operation in the law of libel, that every man shall be at liberty to publish what is true, with good motives and for justifiable ends. And with this reasonable limitation it is not only right in itself, but it is an inestimable privilege in a free government. Without such a limitation, it might become the scourge of the republic, first denouncing the principles of liberty, and then, by rendering the most virtuous patriots odious through the terrors of the press, introducing despotism in its worst form.' (Italicizing added.)

The Court quotes Blackstone in support of its condemnation of the statute as imposing a previous restraint upon publication. But the previous restraints referred to by him subjected the press to the arbitrary will of an administrative officer. He describes the practice (book IV, p. 152): 'To subject the press to the restrictive power of a licenser, as was formerly done, both before and since the revolution, (of 1688) is to subject all free- [283 U.S. 697, 734] dom of sentiment to the prejudices of one man, and make him the arbitrary and infallible judge of all controverted points in learning, religion, and government.'

Story gives the history alluded to by Blackstone (section 1882):

'The art of printing soon after its introduction, unless previously approved by proper well in England as in other countries, as merely a matter of state, and subject to the coercion of the crown. It was, therefore, regulated in England by the king's proclamations, prohibitions, charters of privilege, and licenses, and finally by the decrees of the Court of Star-Chamber, which limited the number of printers and of presses which each should employ, and prohibited new publications, unless priviously approved by proper licensers. On the demolition of this odious jurisdiction, in 1641, the Long Parliament of Charles the First, after their rupture with that prince, assumed the same powers which the Star-Chamber exercised with respect to licensing books; and during the Commonwealth (such is human frailty and the love of power even in republics!) they issued their ordinances for that purpose, founded principally upon a Star-Chamber decree of 1937. After the restoration of Charles the Second, a statute on the same subject was passed, copied, with some few alterations, from the parliamentary ordinances. The act expired in 1679, and was revived and continued for a few years after the revolution of 1688. Many attempts were made by the government to keep it in force; but it was [283 U.S. 697, 735] so strongly resisted by Parliament that it expired in 1694, and has never since been revived.'

It is plain that Blackstone taught that under the common law liberty of the press means simply the absence of restraint upon publication in advance as distinguished from liability, civil or criminal, for libelous or improper matter so published. And, as above shown, Story defined freedom of the press guaranteed by the First Amendment to mean that 'every man shall be at liberty to publish what is true, with good motives and for justifiable ends.' His statement concerned the definite declaration of the First Amendment. It is not suggested that the freedom of press included in the liberty protected by the Fourteenth Amendment, which was adopted after Story's definition, is greater than that protected against congressional action. And see 2 Cooley's Constitutional Limitations (8th Ed.) p. 886; 2 Kent's Commentaries (14th Ed.) Lect. XXIV, p. 17.

The Minnesota statute does not operate as a previous restraint on publication within the proper meaning of that phrase. It does not authorize administrative control in advance such as was formerly exercised by the licensers and censors, but prescribes a remedy to be enforced by a suit in equity. In this case there was previous publication made in the course of the business of regularly producing malicious, scandalous, and defamatory periodicals. The business and publications unquestionably constitute an abuse of the right of free press. The statute denounces the things done as a nuisance on the ground, as stated by the state Supreme Court, that they threaten morals, peace, and good order. There is no question of the power of the state to denounce such transgressions. The restraint authorized is only in respect of continuing to do what has been duly adjudged to constitute a nuisance. The controlling words are: 'All persons guilty of such nuisance may be enjoined, as here- [283 U.S. 697, 736] inafter provided. ... Whenever any such nuisance is committed ... an action in the name of the State' may be brought 'to perpetually enjoin the person or persons committing, conducting or maintaining any such nuisance, from further committing, conducting, or maintaining any such nuisance . ... The court may make its order and judgment permanently enjoining ... defendants found guilty ... from further committing or continuing the acts prohibited hereby, and in and by such judgment, such nuisance may be wholly abated. ...' There is nothing in the statute purporting to prohibit publications that have not been adjudged to constitute a nuisance. It is fancful to suggest similarity between the granting or enforcement of the decree authorized by this statute to prevent further publication of malicious, scandalous, and defamatory articles and the previous restraint upon the press by licensers as referred to by Blackstone and described in the history of the times to which he alludes. [283 U.S. 697, 737] The opinion seems to concede that under clause (a) of the Minnesota law the business of regularly publishing and circulating an obscene periodical may be enjoined as a nuisance. It is difficult to perceive any distinction, having any relation to constitutionality, between clause (a) and clause (b) under which this action was brought. Both nuisances are offensive to morals, order, and good government. As that resulting from lewd publications constitutionally may be enjoined, it is hard to understand why the one resulting from a regular business of malicious defamation may not.

It is well known, as found by the state Supreme Court, that existing libel laws are inadequate effectively to suppress evils resulting from the kind of business and publications that are shown in this case. The doctrine that measures such as the one before us are invalid because they operate as revious restraints to infringe freedom of press exposes the peace and good order of every community and the business and private affairs of every individual to the constant and protracted false and malicious [283 U.S. 697, 738] assaults of any insolvent publisher who may have purpose and sufficient capacity to contrive and put into effect a scheme or program for oppression, blackmail or extortion.

The judgment should be affirmed.

Mr. Justice VAN DEVANTER, Mr. Justice McREYNOLDS, and Mr. Justice SUTHERLAND concur in this opinion.

Footnotes

[ Footnote 1 ] Mason's Minnesota Statutes, 1927, 10123-1 to 10123-3.

[ Footnote 2 ] Mason's Minn. Stats. 1927, 10112, 10113; State v. Shippman, 83 Minn. 441, 445, 86 N. W. 431; State v. Minor, 163 Minn. 109, 110, 203 N. W. 596.

[ Footnote 3 ] It may also be observed that in a prosecution for libel the applicable Minnesota statute (Mason's Minn. Stats. 1927, 10112, 10113) provides that the publication is justified 'whenever the matter charged as libelous is true and was published with good motives and for justificable ends,' and also 'is excused when honestly made, in belief of its truth, and upon reasonable grounds for such belief, and consists of fair comments upon the conduct of a person in respect of public affairs.' The clause last mentioned is not found in the statute in question.

[ Footnote 4 ] May, Constitutional History of England, vol. 2, c. IX, p. 4; De Lolme, Commentaries on the Constitution of England, c. IX, pp. 318, 319.

[ Footnote 5 ] See Huggonson's Case, 2 Atk. 469; Respublica v. Oswald, 1 Dall. 319; Cooper v. People, 13 Colo. 337, 373, 22 P. 790, 6 L. R. A. 430; Nebraska v. Rosewater, 60 Neb. 438, 80 N. W. 353; State v. Tugwell, 19 Wash. 238, 52 P. 1056, 43 L. R. A. 717; People v. Wilson, 64 Ill. 195, 16 Am. Rep. 528; Storey v. People, 79 Ill. 45, 22 Am. Rep. 158; State v. Circuit Court, 97 Wis. 1, 72 N. W. 193, 38 L. R. A. 554, 65 Am. St. Rep. 90.

[ Footnote 6 ] Chafee, Freedom of Speech, p. 10.

[ Footnote 7 ] See 29 Harvard Law Review, 640.

[ Footnote 8 ] See Duniway 'The Development of Freedom of the Press in Massachusetts,' p. 123; Bancroft's History of the United States, vol. 2, 261.

[ Footnote 9 ] Journal of the Continental Congress (1904 Ed.) vol. I, pp. 104, 108.

[ Footnote 10 ] Report on the Virginia Resolutions, Madison's Works, vol. iv, 544.

[ Footnote 11 ] Dailey v. Superior Court, 112 Cal. 94, 98, 44 P. 458, 32 L. R. A. 273, 53 Am. St. Rep. 160; Jones, Varnum & Co. v. Towsend's Adm'x, 21 Fla. 431, 450, 58 Am. Rep. 676; State ex rel. Liversey v. Judge, 34 La. Ann. 741, 743; Commonwealth v. Blanding, 3 Pick. (Mass.) 304, 313, 15 Am. Dec. 214; Lindsay v. Montana Federation of Labor, 37 Mont. 264, 275, 277, 96 P. 127, 18 L. R. A. (N. S.) 707. 127 Am. St. Rep. 722; Howell v. Bee Publishing Co., 100 Neb. 39, 42, 158 N. W. 358, L. R. A. 1917A, 160, Ann. Cas. 1917D, 655; New Yorker Staats-Zeitung v. Nolan, 89 N. J. Eq. 384, 105 A. 72; Brandreth v. Lance, 8 Paige (N. Y.) 24, 34 Am. Dec. 368; New York Juvenile Guardian Society v. Roosevelt, 7 Daly (N. Y.) 188; Ulster Square Dealer v. Fowler, 58 Misc. Rep. 325, 111 N. Y. S. 16; Star Co. v. Brush, 103 Misc. Rep. 631, 170 N. Y. S. 987; Id., 104 Misc. Rep. 404, 172 N. Y. S. 320; Id., 185 App. Div. 261, 172 N. Y. S. 851; Dopp v. Doll, 9 Ohio Dec. 428; Respublica v. Oswald, 1 Dall. 319, 325; Respublica V. Dennie, 4 Yeates (Pa.) 267, 269, 2 Am. Dec. 402; Ex parte Neill, 32 Tex. Cr. R. 275, 22 S. W. 923, 40 Am. St. Rep. 776; Mitchell v. Grand Lodge, 56 Tex Civ. App. 306, 309, 121 S. W. 178; Sweeney v. Baker, 13 W. Va. 158, 182, 31 Am. Rep. 757; Citizens Light, Heat & Power Co. v. Montgomery Light & Water Co. (C. C.) 171 F. 553, 556; Willis v. O'Connell (D. C.) 231 F. 1004, 1010; Dearborn Publishing Co. v. Fitzgerald (D. C.) 271 F. 479, 485.

[ Footnote 12 ] Madison, op. cit. p. 549.

[ Footnote 1 ] The following articles appear in the last edition published, dated November 19, 1927:

'FACTS NOT THEORIES.

"I am a bosom friend of Mr. Olson,' snorted a gentleman of Yiddish blood, 'and I want to protest against your article,' and blah, blah, blah, ad infinitum, ad nauseam.

'I am not taking orders from men of Barnett faith, at least right now. There have been too many men in this city and especially those in official life, who HAVE been taking orders and suggestions from JEW GANGSTERS, therefore we HAVE Jew Gangters, practically ruling Minneapolis.

'It was buzzards of the Barnett stripe who shot down my buddy. It was Barnett gunmen who staged the assault on Samuel Shapiro. It is Jew thugs who have 'pulled' practically every robbery in this city. It was a member of the Barnett gang who shot down George Rubenstein (Ruby) while he stood in the shelter of Mose Barnett's ham-cavern on Hennepin avenue. It was Mose Barnett himself who shot down Roy Rogers on Hennepin avenue. It was at Mose Barnett's place of 'business' that the '13 dollar Jew' found a refuge while the police of New York were combing the country for him. It was a gang of Jew gunmen who boasted that for five hundred dollars they would kill any man in the city. It was Mose Barnett, a

Jew, who boasted that he held the chief of police of Minnoapolis in his hand-had bought and paid for him.

'It is Jewish men and women-pliant tools of the Jew gangster, Mose Barnett, who stand charged with having falsified the election records and returns in the Third ward. And it is Mose Barnett himself, who, indicted for his part in the Shapiro assault, is a fugitive from justice today.

'Practically every vendor of vile hooch, every owner of a moonshine still, every snake-faced gangster and exbryonic yegg in the Twin Cities is a JEW.

'Having these examples before me, I feel that I am justified in my refusal to take orders from a Jew who boasts that he is a 'bosom friend' of Mr. Olson.

'I find in the mail at least twice per week, letters from gentlemen of Jewish faith who advise me against 'launching an attack on the Jewish people.' These gentlemen have the cart before the house. I am launching, nor is Mr. Guilford, no attack against any race, BUT:

'When I find men of a certain race banding themselves together for the purpose of preying upon Gentile or Jew; gunmen, KILLERS, roaming our streets shooting down men against whom they have no personal grudge (or happen to have); defying OUR laws; corrupting OUR officials; assaulting business men; beating up unarmed citizens; spreading a reign of terror through every walk of life, then I say to you in all sincerity, that I refuse to back up a single step from that 'issue'-if they choose to make it so.

'If the people of Jewish faith in Minneapolis wish to avoid criticism of these vermin whom I rightfully calls 'Jews' they can easily do so BY THEMSELVES CLEANING HOUSE.

'I'm not out to cleanse Israel of the filth that clings to Israel's skirts. I'm out to 'hew to the line, let the chips fly where they may.'

'I simply state a fact when I say that ninety per cent of the crimes committed against society in this city are committed by Jew gangsters.

'It was a Jew who employed JEWS to shoot down Mr. Guilford. It was a Jew who employed a Jew to intimidate Mr. Shapiro

and a Jew who employed JEWS to assault that gentleman when he refused to yield to their threats. It was a JEW who wheedled or employed Jews to manipulate the election records and returns in the Third ward in flagrant violation of law. It was a Jew who left two hundred dollars with another Jew to pay to our chief of police just before the last municipal election, and:

'It is Jew, Jew, as long as one cares to comb over the records.

'I am launching no attack against the Jewish people AS A RACE. I am merely calling attention to a FACT. And if the people of that race and faith with to rid themselvs of the odium and stigma THE RODENTS OF THEIR OWN RACE HAVE BROUGHT UPON THEM, they need only to step to the front and help the decent citizens of Minneapolis rid the city of these criminal Jews.

'Either Mr. Guilford or myself stand ready to do battle for a MAN, regardless of his race, color or creed, but neither of us will step one inch out of our chosen path to avoid a fight IF the Jews want to battle.

'Both of use have some mighty loyal friends among the Jewish people but not one of them comes whining to ask that we 'lay off' criticism of Jewish gangsters and none of them who comes carping to us of their 'bosom friendship' for any public official now under our journalistic guns.'

'GIL'S (Guilford's) CHATTERBOX.

'I headed into the city on September 26th, ran across three Jews in a Chrevolet; stopped a lot of lead and won a bed for myself in St. Barnabas Hospital for six weeks. ...

'Whereupon I have withdrawn all allegiance to anything with a hook nose that east herring. I have adopted the sparrow as my national bird unit Davis' law enforcement league or the K. K. K. hammers the eagle's beak out straight. So if I seem to act crazy as I ankle down the street, bear in mind that I am merely saluting MY national emblem.

'All of which has nothing to do with the present whereabouts of Big Mose Barnett. Methinks he headed the local delegation to the new Palestine- for-Jews-only. He went ahead of the boys so

he could do a little fixing with the Yiddish chief of police and get his twenty-five per cent of the gambling take-off. Boys will be boys and 'ganefs' will be ganefs.'

GRAND JURIES AND DITTO.

'There are grand juries, and there are grand juries. The last one was a real grand jury. It acted. The present one is like the scion who is labelled 'Junior.' That means not so good. There are a few mighty good folks on it-there are some who smell bad. One petty peanut polician whose graft was almost pitiful in its size when he was a public official, has already shot his mouth off in several places. He is establishing his alibi in advance for what he intends to keep from taking place.

'But George, we won't bother you. (Meaning a grand juror.) We are aware that the gambling syndicate was waiting for your body to convene before the big crap game opened again. The Yids has your dimensions, apparently, and we always go by the judgment of a dog in appraising people.

'We will call for a special grand jury and a special prosecutor within a short time, as soon as half of the staff can navigate to advantage, and then we'll show you what a real grand jury can do. Up to the present we have been merely tapping on the window. Very soon we shall start smashing glass.'

[ Footnote 2 ] May, Constitutional History of England, c. 1X. Duniway, Freedom of the Press in Massachusetts, cc. I and II; Cooley, Constitutional Limitations (8th Ed.) vol. II, pp. 880, 881; Pound, Equitable Relief against Defamation, 29 Harv. L. Rev. 640, 650, et seq.; Madison, Letters and Other Writings (1865 Ed.) Vol. IV, pp. 542, 543; Respublica v. Oswald, 1 Dall. 319; Rawle, A iew of the Constitution (2d Ed. 1829) p. 124; Paterson, Liberty of the Press, c. III.

[ Footnote 3 ] 1. Any person who, as an individual, or as a member or employee of a firm, or association or organization, ganization, or as an officer, director, member or employee of a corporation, shall be engaged in the business of regularly or customarily producing, publishing or circulating, having in possession, selling or giving away.

(a) an obscene, lewd and lascivious newspaper, magazine, or other periodical, or

(b) a malicious, scandalous and defamatory newspaper, magazine or other periodical, is guilty of a nuisance, and all persons guilty of such nuisance may be enjoined, as hereinafter provided. ...

In actions brought under (b) above, there shall be available the defense that the truth was published with good motives and for justifiable ends and in such actions the plaintiff shall not have the right to report ( resort) to issues or editions of periodicals taking place more than three months before the commencement of the action.

2. Whenever any such nuisance is committed or is kept, maintained, or exists, as above provided for, the County Attorney of any county where any such periodical is published or circulated ... may commence and maintain in the District Court of said county, an action in the name of the State of Minnesota ... to perpetually enjoin the person or persons committing, conducting or maintaining any such nuisance, from further committing, conducting, or maintaining any such nuisance. ...

3. The action may be brought to trial and tried as in the case of other actions in such District Court, and shall be governed by the practice and procedure applicable to civil actions for injunctions.

After trial the court may make its order and judgment permanently enjoining any and all defendants found guilty of violating this act from further committing or continuing the acts prohibited hereby, and in and by such judgment, such nuisance may be wholly abated.

The court may, as in other cases of contempt, at any time punish, by fine of not more than $1,000, or by imprisonment in the county jail for not more than twelve months, any person or persons violating any injunction, temporary or permanent, made or issued pursuant to this act. Laws Minn. 1925, c. 285.