MENSAJE
DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE
Patrício Aylwin Azócar
ANTE EL CONGRESO PLENO
EL 21 DE MAYO DE 1992
Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
Cumpliendo lo que dispone la Constitución Política ,
doy cuenta al país, ante este Congreso Nacional, “del estado administrativo y
político de la Nación ”.
Recién enterada la mitad de mi
mandato, es satisfactorio para mí -y confío que lo será para todos los
chilenos-comprobar que las metas de reconciliación nacional, consolidación
democrática, desarrollo económico, justicia social y reinserción internacional
que nos propusimos desde el inicio como las tareas fundamentales de mi
Gobierno, están siendo cumplidas o lo han sido ampliamente en estos dos años.
Chile es hoy un país
reconciliado, en que la fatídica división entre “amigos y enemigos” que imperó
por tanto tiempo ha cedido lugar a una convivencia entre compatriotas capaces
de respetarnos en nuestras legítimas diferencias y de lograr acuerdos y aunar
esfuerzos en la búsqueda del bien común.
Esta convivencia se
desenvuelve en paz, por los caminos propios de la democracia. Los Poderes
Públicos y demás instituciones del Estado cumplen sus funciones con arreglo al
ordenamiento jurídico, que nos esforzamos por perfeccionar para hacerlo cada
vez más democrático y eficiente.
El país se desarrolla dentro
del marco de una economía abierta y competitiva, regida por reglas claras y
estables. El producto nacional crece, la inflación disminuye y aumentan las
exportaciones, el ahorro y la inversión.
En el plano social, la
desocupación se reduce; mejoran los ingresos de los trabajadores -especialmente
las remuneraciones y pensiones mínimas-; los sindicatos y demás organizaciones
sociales se vigorizan y aumentan su capacidad de negociación; y el Estado hace
esfuerzos preferentes para atender las necesidades primordiales de los más
pobres, sobre todo en salud, educación y vivienda.
Todo este proceso, que
responde a las necesidades fundamentales del país y a los valores éticos que
nos inspiran, es parte de la gran tarea histórica de construir una patria cada
vez mejor y más próspera, donde la libertad, la justicia, la solidaridad y la
alegría de vivir sean ciertas para todos.
Naturalmente, éste es un
proceso gradual que necesita tiempo, trasciende a mi Gobierno, ha de
proyectarse con visión de futuro y requiere la colaboración de todos.
Procuramos cumplir esta tarea
con profundo sentido nacional, lo que exige equilibrar continuidad y cambio. No
hemos hecho tabla rasa del pasado ni impulsado experimentos ideológicos, sino
que estamos recogiendo lo mejor de las distintas etapas de la historia patria,
de modo de llegar a una síntesis de las grandes tendencias de nuestro tiempo y
encarar con vigor y eficacia los desafíos del porvenir.
Estamos realizando este empeño
en un contexto internacional que se caracteriza por cambios sorprendentes, en
el cual Chile se ha reinsertado plenamente y asume, con la dignidad, mesura y
discreción propias de su tradición histórica, la participación que corresponde a
su vocación por la paz, la defensa de los intereses nacionales, la vigencia del
derecho y el fortalecimiento de la amistad y cooperación entre los pueblos.
I. CHILE EN EL MUNDO.
NUESTRA POLITICA INTERNACIONAL
Dos grandes tendencias
parecieren caracterizar la realidad mundial que está surgiendo en nuestros
días; por una parte, el vigor con que se manifiesta la aspiración humana a la
libertad; por otra, la creciente interdependencia de las naciones.
La vocación de libertad de
pueblos y personas se expresa, en lo político, en la búsqueda de democracia
como modelo institucional y forma de convivencia colectiva, y en lo económico,
en el auge de las economías de mercado y la reducción del rol estatal en este
ámbito. Otro signo de libertad es el renacer de los nacionalismos y de los
afanes autonómicos que proliferan en diversas latitudes.
La interdependencia de las
naciones se manifiesta en los vigorosos procesos de integración y fórmulas de
cooperación que surgen en diversos continentes, y en la conciencia que los hombres
vamos adquiriendo crecientemente de que pueblos e individuos compartimos un
destino común, en cuanto habitantes de un mismo planeta cuyos problemas
ecológicos de deterioro ambiental amenazan la vida misma de la humanidad y nos
exigen cuidar diligentemente su futuro.
Dentro de este marco, la
política internacional de Chile, que mi Gobierno concibe como “política de
Estado” - inspirado en criterios nacionales por encima de tendencias
partidistas-, persigue como objetivos fundamentales colaborar a la causa de la
paz en el mundo sobre la base de los principios del Derecho Internacional y
fortalecer la amistad y cooperación entre las naciones.
Pensamos que el compromiso con
la paz es también un compromiso con los valores de la democracia y con la
defensa de los derechos humanos consustanciales a ella. La experiencia
histórica demuestra que los peores enemigos de la paz son las dictaduras y los
totalitarismos.
En ese entendido, la suerte
que corre la democracia fuera de nuestras fronteras no nos puede ser indiferente.
No podemos sino evaluar negativamente toda ruptura o quebrantamiento de la institucionalidad
democrática, independientemente de las circunstancias que la rodeen.
Consecuentes con este
criterio, en la última Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos, celebrada en nuestra capital, Chile participó activamente en la
promoción del “Compromiso de Santiago con la Democracia y con la Renovación del Sistema
Americano”. Los principios allí explicitados han sido determinantes en las
gestiones de la OEA
para procurar la recuperación de la democracia en Haití y en la resolución
adoptada a raíz de los acontecimientos que han tenido lugar en la hermana
República de Perú.
Consideramos que la defensa de
los derechos humanos es un deber ineludible de todo gobierno comprometido con
la paz, frente al cual no cabe invocar el principio de no intervención.
Designado miembro de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Chile
actúa en ella inspirado en esta concepción.
En esta nueva etapa del orden
internacional, en que el término de la Guerra Fría ha puesto fin a un período marcado
por la bipolaridad, nuestro compromiso con la paz nos ha hecho conceder gran
importancia a la acción multilateral, y en particular a las Naciones Unidas,
como organismo al que compete un renovado papel en la mantención de la paz y
seguridad internacionales. Es así como hemos adoptado un rol más activo en las
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Actualmente
participamos con una Unidad de Helicópteros de la Fuerza Aérea en la
frontera entre Kuwait e Irak; con observadores militares en la frontera entre
India y Pakistán y en Líbano; con un contingente de la Armada en Camboya, y con
otro de Carabineros en El Salvador.
En el ámbito de la seguridad
continental, mi Gobierno otorga alta prioridad a los compromiso de no
proliferación nuclear y de desarme. Consecuentemente, hemos impulsado con
Argentina y Brasil gestiones tendientes a lograr la plena vigencia del Tratado
de Tlatelolco, y suscribimos con los mismos países el Compromiso de Mendoza
sobre prohibición completa de las armas químicas y biológicas, al que
posteriormente han adherido otras naciones latinoamericanas. Del mismo modo,
apoyamos decididamente las negociaciones para la Prohibición Total de
Armas Químicas en la
Conferencia de Desarme de Ginebra.
En el plano de las relaciones
bilaterales, atribuyo la mayor trascendencia a los acuerdos con Argentina en
materia de límites, los que permitieron solucionar directamente veintitrés
problemas de demarcación fronteriza, algunos de los cuales se arrastraban desde
comienzos de siglo, incluyendo el Tratado para fijar los límites en la zona de
los Campos de Hielo Sur, sujeto a ratificación de los respectivos Parlamentos,
y el compromiso para someter a arbitraje la traza limítrofe en Laguna del
Desierto, ya en pleno cumplimiento. La forma moderna y directa de abordar estas
antiguas diferencias expresa nuestra voluntad de avanzar en una nueva etapa de
cooperación, integración y entendimiento con el vecino país. En este sentido,
merece también destacarse el acuerdo de complementación económica, de la mayor
importancia para el futuro de nuestras dos naciones.
En marzo último reiniciamos
negociaciones con Perú para materializar algunas de las cláusulas del Tratado
de 1929, negociaciones que esperamos proseguir tan pronto las circunstancias lo
permitan. También convinimos con ese país la supresión de visas para el
tránsito de turistas.
Con Bolivia hemos adoptado
medidas unilaterales que conduzcan gradualmente a una mayor integración, como
es, entre otras, la supresión de la exigencia de vías para los ciudadanos
bolivianos. Anhelamos progresar en un acuerdo de complementación económica con
ese país hermano.
Nuestro objetivo de contribuir
al desarrollo de la solidaridad y cooperación internacionales lo hemos
perseguido prioritariamente, aunque no de manera excluyente, con América
Latina, Norteamérica, Europa y la
Cuenca del Pacífico.
La prioridad que mi Gobierno
asigna a América Latina se ha expresado no sólo en nuestra activa participación
en la OEA , la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI) y el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), como
asimismo en el Mecanismo de Consulta y Concertación Política Grupo de Río,
concebido para concertar la actuación de los países de la región frente a temas
de interés común, sino también en el fortalecimiento de las relaciones y la
cooperación con todas las naciones del continente.
Fruto de estos esfuerzos,
aparte del Acuerdo de Complementación Económica con Argentina, suscribimos un
importante Acuerdo de Libre Comercio con México; creamos Consejos Conjuntos
sobre Economía y Comercio con Canadá, Ecuador y Colombia; establecimos un
Consejo Bilateral de Integración con Uruguay; se efectuaron Comisiones Mixtas
con Costa Rica y Paraguay; se avanza en el estudio de Acuerdos de
complementación económica con Venezuela y Bolivia, e incrementamos nuestros
vínculos de cooperación con las naciones de Centroamérica y el Caribe.
Con Estados Unidos
suscribimos, en el marco de la
Iniciativa para las Américas, un Acuerdo sobre Medio Ambiente
en virtud del cual los pagos de intereses asociados a una parte de la deuda
oficial con ese país serán hechos en moneda local y depositados en un Fondo
Ecológico que establecerá nuestro Gobierno.
En el contexto de la especial
importancia que asignamos a nuestras relaciones con Estados Unidos, se inserta
la visita de Estado que efectué recientemente a ese país, la primera de un
gobernante chileno desde la que hizo el Presidente Jorge Alessandri en 1962. En
esta ocasión tuvimos oportunidad de profundizar nuestros vínculos políticos y
económicos, resaltando nuestra firme vocación democrática y nuestra decisión de
promover el comercio bilateral y la inversión norteamericana en Chile.
Los testimonios de aprecio que
recibimos de parte del Gobierno, congresales, universidades, organizaciones
empresariales y otros importantes sectores de Estados Unidos son motivo de
legítima satisfacción para nosotros, pues todos ellos coincidieron en elogiar
por igual nuestro actual proceso político democrático; el clima de convivencia;
la estabilidad y dinamismo de nuestra economía, y los avances en el campo
social. Tales juicios demuestran el excelente pie en que se encuentran las
relaciones entre Chile y esa gran nación y revelan las promisorias
posibilidades que de ellos podemos esperar si sabemos cultivarlas
adecuadamente. Y la decisión anunciada por el Presidente Bush, como resultado
de nuestras conversaciones, de iniciar la negociación de un tratado de libre
comercio con Chile inmediatamente después del que está en trámite con Canadá y
México, constituye para nuestro país un importante avance en ese sentido.
Con la Europa Comunitaria ,
principal socio comercial de Chile, hemos centrado los esfuerzos en el
reforzamiento de nuestros vínculos políticos y culturales; la consecución de
nuevos mercados para nuestros productos; la promoción de inversiones europeas
en nuestro país; la concreción de programas de cooperación en diversos ámbitos,
y la eliminación de las barreras proteccionistas. En diciembre último se
realizó la Primera Comisión
Mixta Chile-Comunidad Económica Europea. La próxima semana Santiago será sede
de la reunión de Cancilleres del Grupo de Río y la Comunidad Europea ,
mecanismo que ha institucionalizado una vinculación entre nuestra región y la Europa Comunitaria , que
esperamos sea progresivamente más fecunda.
Con el resto de Europa, en
especial con los países nórdicos, con los cuales nos ligan tantos vínculos de
afecto y reconocimiento, también procuramos concertar nuevas formas de
entendimiento, intercambio y cooperación.
Siguiendo con la política
nacional hacia la Cuenca
del Pacífico, Chile logró su incorporación como miembro pleno al Consejo de
Cooperación Económica en el Pacífico (PECC), uno de los más importantes
organismos de cooperación económica del área. Continuamos incrementando
nuestros vínculos con esta región, que cada día adquiere mayor relevancia para
el comercio exterior chileno, como lo refleja el hecho de que Japón haya sido
en el último año el principal destinatario de nuestras exportaciones a nivel
mundial.
Como se desprende de lo
expuesto, sin perjuicio de buscar el fortalecimiento de nuestros vínculos
políticos con todas las naciones del mundo, hemos dado especial relieve a las
relaciones económicas, con el criterio de apoyar y complementar nuestra
estrategia de crecimiento, avanzando hacia una nueva etapa del desarrollo
exportador, mediante su diversificación y la profundización de nuestra
integración a la economía internacional.
Por consiguiente, atribuimos
la mayor importancia al éxito de la Ronda Uruguay del GATT, en cuyas negociaciones
hemos participado activamente, la que debe garantizar reglas que fortalezcan la
liberalización del comercio.
Seguiremos impulsando
convenios económicos bilaterales, en la convicción de que tales acuerdos
constituirán, en definitiva, la base que permitirá construir en el futuro
convenios multilaterales de mayor envergadura. Somos contrarios a la formación
de grandes bloques comerciales cerrados. Inversamente, nuestro interés es
relacionarnos cada vez más con los centros dinámicos de crecimiento e
innovación tecnológica, mantener un flujo importante de inversión extranjera y,
a la vez, estimular nuestra inversión en el exterior.
Consecuentes con nuestra
convicción de que el mayor desafío de los pueblos del mundo es derrotar a la
pobreza, lo que exige de todos un serio esfuerzo de solidaridad y justicia
social internacional, Chile sugirió al Consejo Económico Social de las Naciones
Unidas la idea de convocar a una Cumbre Mundial para el Desarrollo Social,
iniciativa que está encontrando favorable acogida en la comunidad internacional.
Llevar a feliz término todos
estos esfuerzos exige, no sólo la diligente actuación de los agentes
diplomáticos y comerciales, de Ministros de Estado y funcionarios, sino también
necesarios contactos personales -no meramente de salón, como algunos dicen-
entre los Jefes de Gobierno, que crean vínculos de comprensión y de confianza,
facilitan los entendimientos y vigorizan la amistad entre las naciones.
Es así como en este período
hemos sido honrados con las visitas de los Presidentes de Costa Rica, El
Salvador, Hungría, México y Nicaragua; de los Cancilleres de Alemania,
Australia, Filipinas y Polonia, y de los Primeros Ministros de Malasia y
Rumania. Por mi parte, he efectuado visitas de Estado a Colombia, a los
Presidentes centroamericanos en El Salvador, a Argentina, a Uruguay y a los
Estados Unidos, además de concurrir a la Cumbre Iberoamericana celebrada en México y a la
reunión del Grupo de Río realizada en Colombia. Por su parte, el Ministro de
Relaciones Exteriores, don Enrique Silva Cimma, ha efectuado visitas a los
Países Miembros de la
Asociación Europea de Libre Comercio y Suiza; a Argentina,
Brasil, Colombia y Venezuela, y, recientemente, a Jamaica y otras naciones del
Caribe.
Durante este período, Chile ha
sido honrado en el ámbito internacional para formar parte, como país, entre
otros organismos, de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; del
Consejo Ejecutivo de la FAO ;
de la Junta
de Desarrollo Industrial de la
ONUDI ; del Consejo de Administración de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, y de la
Comisión Jurídica y Social de la Mujer.
A la vez, personeros chilenos
han sido distinguidos mediante designaciones tan honrosas como las del
Subsecretario de Relaciones, don Edmundo Vargas, para integrar la Comisión de Derecho
Internacional de Naciones Unidas; del Senador señor Máximo Pacheco como Juez de
la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; del Director Jurídico de
nuestra Cancillería, don Eduardo Vío, como miembro del Comité Jurídico
Interamericano de la OEA ;
del Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, como Presidente del Comité de
Desarrollo del Banco Mundial, y del Almirante don Juan Carlos Toledo como
Primer Vicepresidente de la
Comisión de Asuntos Técnicos de la Organización Marítima
Internacional.
No podría terminar esta parte
de mi cuenta sin hacer mención a la participación relevante que Chile está
teniendo en la Feria
Universal de Sevilla. Conjugando esfuerzos del Estado y de
empresarios chilenos, y gracias a la colaboración inteligente y abnegada de
valiosos compatriotas, se está poniendo en alto la presencia de Chile en el
mundo.
II. CONSOLIDACION Y PERFECCIONAMIENTO DE NUESTRA CONVIVENCIA DEMOCRATICA
Las tareas de reconciliación
nacional y de democratización de la sociedad y perfeccionamiento de sus
instituciones que nos propusimos al iniciar nuestro Gobierno respondían a un
mismo y profundo anhelo: alcanzar en nuestro Chile una forma de convivencia
nacional verdaderamente libre y humana que, superando las hondas divisiones y
heridas del pasado, se fundara en el respeto a la verdad y a las personas, en
la plena vigencia de los derechos humanos y en la participación equitativa de
todos en las decisiones, en las cargas y en los beneficios que la vida en
sociedad entraña.
¿Cuánto hemos avanzado hacia
el logro de ese anhelo? ¿Qué nos queda por hacer?
Es lo que paso a analizar, en
escueta reseña de lo que hemos hecho y conseguido para consolidar nuestra
convivencia democrática y en somera exposición de lo que nos proponemos hacer
para perfeccionarla.
1º Consolidación de nuestra convivencia democrática
Nadie que observe
objetivamente cómo marcha nuestra existencia colectiva, cómo funcionan las
instituciones del Estado, cómo se respetan los derechos humanos, cómo se
expresan libremente las distintas opiniones, podrá dejar de reconocer que
nuestra convivencia nacional se ajusta a los valores y requisitos esenciales de
la democracia.
Aquí el sistema político
funciona con arreglo a las normas constitucionales y legales, y, cualquiera que
sea el juicio que nos merezcan, a nadie se le ocurre transgredirlas. Aquí
impera un Estado de Derecho. Aquí rigen plenamente las libertades civiles y
políticas. Hay debate, a veces encendido, entre Gobierno y Oposición. Pero hay
también - salvo censurables excepciones- respeto a las opiniones ajenas,
disposición al diálogo y búsqueda de acuerdos.
En estos dos años hemos
alcanzado en el país un clima de convivencia civilizada, en un ambiente de paz
cívica; de respeto a las personas; de ejercicio de derechos y libertades; de
tolerancia; de acatamiento a las normas jurídicas, y de capacidad de diálogo y
consensos, que debe ser justo motivo de orgullo para todos.
¡Por algo lo admiran los
observadores extranjeros!
Esto es lo que me llevó a
decir, hace algún tiempo, que considero concluida la etapa de “transición a la
democracia”. La frase mereció críticas, especialmente a muchos de mis propios
partidarios, y ha dado origen a sesudas disquisiciones. No me arrepiento de
haberla dicho, porque es lo que realmente pienso. No es que yo crea que nuestra
democracia sea perfecta, ni que me haya olvidado de las reformas que nos
comprometimos a hacer para perfeccionarla. Es que jamás dijimos que todo
nuestro programa de gobierno fuera cosa de transición.
La transición era el paso del
Gobierno autoritario al Régimen democrático, del Estado policial al Estado de
Derecho, del abuso de poder a la vigencia de las libertades, del insulto y
persecución al disidente al respeto al adversario y a su derecho a hacer
oposición, de los medios de comunicación agentes de propaganda oficialista a la
libertad de información y de opinión, de la convivencia fundada en la fuerza y
el temor a la convivencia pacífica.
Todo esto se ha conseguido y
es necesario y bueno que lo reconozcamos y valoremos.
Los pueblos, como las
personas, debemos saber apreciar lo que tenemos. No para conformarnos ni
renunciar a aspiraciones superiores, sino para vivir con los pies en la tierra y
no en función de meros sueños o antojos; para preservar lo bueno que tenemos y
no arriesgarnos a perderlo en aras de lo mejor a que aspiramos, sino para
avanzar hacia el ideal con que soñamos a partir de la realidad, a fin de
corregirla, mejorarla y perfeccionarla.
No pretendo que esta
consolidación de nuestra convivencia democrática sea obra exclusiva del
Gobierno. Sin duda todos hemos contribuido a ella: Ejecutivo y Legislativo,
gobiernistas y opositores, trabajadores y empresarios, civilidad e instituciones
armadas.
Quiero hacer expreso
reconocimiento a la disposición que generalmente ha demostrado el Honorable
Congreso Nacional a buscar en su seno, junto con el Gobierno y los personeros
de los distintos sectores de la comunidad, acuerdos razonables que,
prevaleciendo en último término sobre la disputa confrontacional y a veces
sensacionalista, han permitido avanzar en la aprobación de leyes de bien
público.
Pero nadie podría seriamente
dejar de reconocer que este clima no habría sido posible si el Gobierno que
tengo el honor de presidir y las colectividades de la Concertación de
Partidos por la Democracia
que lo apoyan no hubiéramos procedido con la responsabilidad, ecuanimidad y
generosidad que han caracterizado nuestra gestión.
Pudimos llegar, en son de
vencedores, a vengar agravios, a denunciar abusos y privilegios, a escudriñar
situaciones sospechosas, a devolver ofensas, a tratar a quienes ayer
ejercieron, participaron o se beneficiaron del poder, del mismo modo como ellos
nos trataron. Preferimos el camino del entendimiento y la reconciliación. Por
imperativo moral, buscamos y conseguimos el esclarecimiento de la verdad acerca
de las más graves violaciones a los derechos humanos y procuramos que se haga
justicia en la medida de lo posible. Frente a hechos manifiestamente
irregulares, nos limitamos a atenernos al dictamen de los tribunales o de los
órganos jurídicos del Estado. Todo lo demás lo dejamos entregado al juicio de
la historia. Hay quienes -muchos con justos motivos de agravios- no nos comprenden
y aun nos critican. Yo los entiendo, pero creo, en conciencia, que hemos hecho
lo que ha sido necesario para lograr la paz entre los chilenos.
Es bueno que el país sepa y
valorice estas cosas.
Es también bueno y necesario
que el país recuerde algunas de las cosas que se han hecho en este tiempo para
ayudar a conseguir el clima de paz que impera en la convivencia nacional.
Señalo sólo las más relevantes:
a) La constitución, en su
momento, de la Comisión
de Verdad y Reconciliación y el Informe que ella evacuó sobre las más graves
violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el Régimen anterior. No
obstante las objeciones que en su origen se opusieron a su formación y las
explicaciones que posteriormente se dieron con motivo de su informe, hoy el país
sabe la verdad, los nombres de las víctimas han sido vindicados, en algunos
casos los responsables están siendo procesados y, aunque en la mayoría de los
casos esto no se haya conseguido, la conciencia nacional repudia esos crímenes
y condena a los culpables.
b) Las diversas leyes de
carácter procesal que, casi siempre por iniciativa del Gobierno a través del
Ministerio de Justicia, han fortalecido las garantías del proceso,
especialmente en relación a los detenidos y procesados, tutelando la integridad
física de las personas, regulando la incomunicación y el aislamiento
prolongado, restringiendo la aplicación de la pena de muerte y modernizando la
tipificación de los delitos terroristas, normas todas que garantizan a la
ciudadanía contra posibles abusos de autoridades o agentes del Estado.
c) La creación de la Oficina Nacional
de Retorno y la legislación sobre franquicias aduaneras y revalidación de
títulos profesionales y técnicos, que facilitan el regreso al país de los
exiliados políticos y su reinserción en la vida nacional.
d) La liberación, en
conformidad a la legislación dictada en estos años, de la gran mayoría de los
presos por delitos de motivación política cometidos bajo el Régimen anterior,
sean en virtud de resoluciones judiciales o de indultos dictados por el Jefe
del Estado.
e) La promulgación de la ley
que dispone reparaciones a los familiares de las víctimas de las más graves
violaciones a los derechos humanos y crea la Corporación Nacional
de Reparación y Reconciliación.
f) La humanización del sistema
carcelario y del tratamiento de menores, con la mira de conseguir la
rehabilitación del delincuente y mejorar las condiciones de funcionamiento de
los presidios y centros de detención, para lo cual se ha aumentado la dotación
de Gendarmería, mejorado su situación laboral y se está cumpliendo un programa
de reparación de edificios y nuevas construcciones.
g) El restablecimiento de la
más plena libertad de información y de opinión, materializado mediante la
reforma a la ley de abusos de publicidad y por la forma objetiva y responsable
con que el Gobierno ha manejado los medios de comunicación de propiedad
estatal. La consagración y consolidación de esta política mediante las
recientes leyes sobre Consejo Nacional de Televisión y sobre Televisión Nacional
de Chile garantizan la transparencia, pluralismo e imparcialidad, al abrigo de
toda presión o interferencia gubernativa, en el sistema de televisión chileno,
tanto respecto de los canales privados y universitarios, como del canal
nacional, que pertenece a todos los chilenos.
Todos estos hechos han sido
factores importantes para configurar el clima de convivencia democrática que
hoy vive el país. La preservación de ese clima, tan necesario para la paz
social y el desarrollo nacional, es obligación de todos. A todos nos exige
conciencia de nuestros deberes cívicos, apego a la verdad, respeto a las
personas, sentido de responsabilidad en nuestra conducta. Estos deberes recaen
sobre todo en los servidores públicos y, muy especialmente, en quienes hemos recibido
de nuestros compatriotas su confianza para conducir al país desde el Gobierno y
desde el Congreso Nacional. Ellos reclaman de nosotros no sólo que cumplamos
nuestros deberes con lealtad, honradez y austeridad, sino también que
procuremos ser ejemplo de corrección moral.
No ayudan a esta tarea
quienes, con ligereza, magnifican hechos reprobables y procuran crear imágenes
de corrupción generalizada que no corresponden a la verdad.
La experiencia histórica
enseña que el prestigio de las instituciones es fundamental para la estabilidad
y el éxito de las democracias, y ese prestigio se resguarda mejor velando cada
una por el suyo y exigiéndose al máximo a sí misma, que buscando manchas y
procurando agrandarlas en los otros.
En cuanto al Presidente que os
habla y mi Gobierno, el país puede tener la certeza de que somos y seremos los
primeros en exigirnos a nosotros mismos y a nuestros subordinados la honradez y
consagración a nuestros deberes que la Patria tiene derecho a exigirnos.
Consideración aparte, por sus
particularidades, merecen los temas relativos a las relaciones
cívico-militares, a la seguridad pública y a las reformas al régimen municipal
y regional, como factores que han estado presentes en la vida nacional durante
el tiempo transcurrido de mi mandato y cuya forma de encararlos por el Gobierno
también ha contribuido a fortalecer nuestra convivencia democrática.
Paso a referirme a cada uno de
ellos.
2º Convivencia democrática y relaciones cívico-militares
Al comenzar nuestro Gobierno,
luego de un prolongado Régimen militar, el manejo de las relaciones
cívico-militares planteaba interrogantes y era explicable motivo de
incertidumbre.
La política observada por mi
Gobierno en esta materia se ha ceñido al más riguroso respeto al ordenamiento
constitucional y legal de la
República y al carácter profesional, jerarquizado,
disciplinado, esencialmente obediente y no deliberante que la Carta Fundamental
prescribe para las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Como lo dije el año pasado en
esta misma Sala, el Gobierno se ha esforzado por superar la errada y nociva
tendencia de algunos sectores a identificar a las instituciones armadas con el
pasado Régimen y con sus partidarios, y por promover el conocimiento mutuo
entre civiles y militares, requerir la participación de éstos en asuntos de
interés nacional propios de su especialización y recalcar la importancia de los
grandes valores nacionales como elementos fundamentales de la conciencia
colectiva y de la unidad de la
Patria. Esta política ha ido superando progresivamente los
posibles motivos de recelo y desconfianza que, lamentablemente, hay quienes
procuran de vez en cuando promover o avivar.
Durante el período de que doy
cuenta nuestras Fuerzas Armadas han continuado su trabajo profesional de
formación permanente y desarrollo de sus capacidades de acción disuasiva y
ofensiva vitales para nuestra seguridad, así como el desempeño de sus roles de
paz. El objetivo fundamental de nuestra política militar es mantener un alto
nivel de preparación, entrenamiento y motivación profesional de nuestras
Fuerzas Armadas. Junto a esto debe asegurarse, como lo estamos haciendo, la
mantención de los buenos niveles de eficiencia operativa de nuestras actuales
fuerzas convencionales, así como la renovación de unidades, materiales y equipos.
Mi Gobierno ha respaldado sus
planes de desarrollo institucional, abriendo nuevas oportunidades para sus
miembros a través del incremento de la cooperación internacional, de la
participación en misiones de paz y del aumento del número anual de ejercicios
combinados entre nuestras Fuerzas Armadas y contingentes armados de países
amigos.
Es para mí satisfactorio
afirmar que hoy nuestras instituciones castrenses pueden mantener lazos de
colaboración militar con todas las potencias militares del mundo. Cada día son
más numerosas las misiones de entrenamiento avanzado y la asistencia de
nuestros hombres de armas a cursos especializados en el extranjero, así como
las visitas a Chile de Ministros de Defensa e ilustres jefes militares de
naciones amigas.
Dentro de las limitaciones
económicas del país, mediante un esfuerzo constante por optimizar el uso de sus
recursos, nuestras Fuerzas Armadas pueden y deben seguir siendo, nacional e
internacionalmente, instituciones respetadas y reconocidas por su elevado espíritu,
su disciplina ejemplar, su eficiente organización, su adecuado equipamiento y
su indiscutida capacidad y eficiencia profesional.
3º Convivencia democrática y seguridad ciudadana
Plenamente consciente de la
gravedad que la delincuencia y el terrorismo entrañan para la vida misma de la
gente para el desarrollo normal de las actividades nacionales problema que mi
Gobierno ha reconocido desde que asumió sus funciones y al cual expresamente me
referí en mi primer Mensaje a este Congreso-, ha sido preocupación fundamental
de mi Administración encarar estos flagelos con la máxima eficacia y dotar al
Estado de los instrumentos idóneos para cumplir esta tarea.
Como el país sabe, los
organismos responsables, por mandato constitucional, de la seguridad y el orden
interno: Carabineros de Chile y la
Policía de Investigaciones, no contaban con los medios
indispensables para cumplir eficientemente esa tarea. En estos dos años hemos
hecho esfuerzos especiales para suplir esa grave deficiencia, disponiendo el
aumento de la dotación de Carabineros en 6 mil nuevas plazas, de las cuales más
de la mitad ya están en funciones y el resto se incorporarán por etapas en el
curso del presente y de los próximos dos años. También se ha aumentado la
dotación de la Policía
de Investigaciones y se ha provisto a ambas instituciones de vehículos y demás
elementos y equipos indispensables para el adecuado cumplimiento de sus
cometidos.
Conjuntamente con lo anterior
el Gobierno creó, por decreto supremo de abril del año último, el Consejo Coordinador
de Seguridad Pública para que se encargara de proponer una planificación
estratégica y coordinación de las políticas de seguridad para enfrentar el
terrorismo. Posteriormente, extendió la competencia de ese organismo también a
la lucha contra la delincuencia común.
Por la naturaleza de sus
funciones, Carabineros e Investigaciones cumplen sus tareas vinculados al
Ministerio del Interior, que es el encargado por ley del “mantenimiento de la
seguridad, tranquilidad y orden públicos”. La Constitución , sin
embargo, los coloca bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, que no tiene
ninguna atribución en materia de seguridad y orden interno. Para corregir esta
anomalía, que dificulta la necesaria conducción superior y coordinación de las
políticas de seguridad por una autoridad responsable, propuse una reforma
constitucional para consagrar en el texto lo que en la práctica ocurre.
Rechazada inexplicablemente esa reforma, resolví encomendar al Ministerio del
Interior, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33 del Texto
Constitucional, la coordinación de los servicios y labores relacionados con la
mantención del orden y la seguridad públicos.
Por otra parte, el Gobierno
sometió a la consideración del Congreso Nacional varios proyectos de ley a fin
de proteger la seguridad de las personas, para modificar las normas sobre
libertad provisional y aumentar las penas en ciertos delitos, para obligar a
ciertas empresas a mantener sistemas de seguridad -ambos ya aprobados por el
Honorable Senado-, para regular los servicios de vigilantes privados y para
crear la Subsecretaría
de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior, ambos en primer trámite en la Honorable Cámara
de Diputados.
Los señores Parlamentarios
saben, como también las directivas de los partidos políticos, tanto de Gobierno
como de Oposición, que he procurado permanentemente hacer de la lucha contra el
terrorismo y la delincuencia una tarea nacional, por encima de diferencias
partidistas, con el fin de aunar criterios y lograr la mayor eficacia. Todavía
abrigo la esperanza de que podamos proceder así.
Tengo el convencimiento de que
las medidas que hemos adoptado han sido eficaces y que tanto Carabineros de
Chile como la Policía
de Investigaciones han mejorado enormemente su eficiencia en la lucha contra el
terrorismo y la delincuencia.
Cada día son más los delitos
que se esclarecen y cuyos culpables son procesados. El país es testigo de los
éxitos obtenidos por las Fuerzas de Orden y Seguridad en el esclarecimiento de
los más graves hechos terroristas, cuyos autores han sido puestos a disposición
de la justicia.
Con relación a los episodios
que han dado origen a la investigación que realiza una Comisión especial de la Honorable Cámara
de Diputados, no quiero interferir con su tarea -que, confío, establezca toda
la verdad, las responsabilidades
del caso y las conclusiones que correspondan-, pero considero mi deber reiterar
lo siguiente:
1º El Gobierno rechaza
categóricamente cualquier procedimiento policial incompatible con los principios
democráticos y propio de regímenes autoritarios, que pretenda un control
generalizado de la vida social e implique seguimiento a las personas e
intromisiones en su vida privada.
Por eso desautorizó y ordenó
retirar los instructivos de Investigaciones que se apartaban de esta línea y
aceptó de inmediato la renuncia del señor Director del Servicio, no obstante el
reconocimiento que merecen su honorabilidad y la abnegada, valiente y eficaz
labor que realizó para mejorar la
Policía de Investigaciones;
Y 2º El Gobierno sostiene
categóricamente que Carabineros de Chile y la Policía de
Investigaciones, en cuanto instituciones encargadas constitucionalmente de
“garantizar el orden público y la seguridad pública interior”, tienen no sólo
la facultad, sino el deber de recoger y procesar las informaciones necesarias
para prevenir cualquier hecho que pudiera atentar contra esos valores o poner
en peligro la estabilidad del orden constitucional de la República , venga de
donde venga.
Considerando que el tráfico de
drogas y estupefacientes es uno de los elementos más determinantes y
perniciosos en la configuración de la criminalidad contemporánea, con impactos
potencialmente dramáticos sobre nuestra juventud, se envió a la Honorable Cámara
de Diputados un proyecto de ley sobre esta materia, elaborado por el Consejo
Nacional para el Control de Estupefacientes.
Este texto contempla la
tipificación del delito de lavado de dinero; castiga el desvío ilegal de
precursores químicos cuando están destinados a la producción de drogas y
estupefacientes; y permite el empleo de nuevas técnicas de investigación
policial, como son la entrega vigilada y la acción de agentes encubiertos.
Este instrumento legal es
imprescindible para un combate moderno y eficaz contra el narcotráfico. Considerando
la transcendencia de esta materia, no dudo que ambas Cámaras lo considerarán
bajo la perspectiva de una cuestión de Estado, procurando que se convierta en
ley en el menor tiempo posible.
En este ámbito, hay que
destacar que el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, a través
de un grupo de trabajo que sesiona periódicamente, efectúa una labor de
coordinación de los distintos órganos del Estado encargados del control de este
tráfico ilícito, lo cual ha permitido progresos evidentes en esta tarea.
4º Convivencia democrática y administración municipal y regional
Por último, es de justicia
señalar la honda significación que tiene para nuestra convivencia democrática
la reforma constitucional promulgada en noviembre último sobre régimen municipal
y regional, que responde a sentidas aspiraciones ciudadanas.
Si es de la esencia de la
democracia que el pueblo participe en la decisión de los asuntos públicos, al
menos eligiendo a mandatarios para que los gestionen en su representación,
negar al pueblo ese derecho en lo relativo a la gestión de los asuntos
comunales, que son los que más directamente le atañen, significa la negación
misma de la democracia. De ahí que en las elecciones de diciembre de 1989 todos
los candidatos y todos los partidos postularon la generación democrática de los
municipios. Resulta una paradoja que hayan sido necesarios casi dos años para
concretar ese planteamiento nacional.
Conforme a la nueva ley
orgánica municipal, en junio próximo, por primera vez después de más de veinte
años, los chilenos concurriremos a las urnas para elegir democráticamente
nuestras autoridades municipales.
Estas serán las primeras
elecciones que se efectúen bajo mi Gobierno. El país puede tener la certeza de
que ellas se realizarán en absoluta libertad y con plena transparencia, para lo
cual se han adoptado todas las medidas necesarias a fin de garantizar la pureza
del acto electoral y el conocimiento público oportuno de sus resultados.
Este significativo avance
democrático se complementará con la Ley sobre Gobierno y Administración Regional,
actualmente en trámite parlamentario. Ella significará, por primera vez en
nuestra historia, una auténtica descentralización en la gestión de las
Regiones.
La institucionalidad que el
proyecto propone constituye una respuesta concreta y responsable a las
legítimas demandas de las comunidades regionales, que buscan asumir cuotas
crecientes de participación en la solución de sus problemas. A partir de esa
institucionalidad, las Regiones de Chile pueden mirar con confianza el futuro,
desde la perspectiva de una efectiva descentralización, probablemente uno de
los mayores desafíos de nuestro país de cara al siglo XXI.
Y digo desafío, porque la
democratización, tanto de los gobiernos regionales como de los comunales, a la
vez que abre oportunidades de participación desconocidas en Chile, plantea
tareas cuyo cumplimiento exitoso demandará el ejercicio de la máxima
responsabilidad tanto al Gobierno como a quienes ocupen las diversas posiciones
de autoridad en estos nuevos gobiernos que se instalarán en octubre próximo.
Debe ser claro para todos que
el proceso de regionalización no puede afectar la naturaleza unitaria del
Estado de Chile, y deberá desarrollarse de acuerdo a una necesaria gradualidad
en la transferencia de competencias.
Quienes asuman los nuevos
gobiernos regionales y comunales deberán ser capaces de compatibilizar la
consecuencia democrática con sus comunidades con la responsabilidad de buscar
la máxima eficiencia técnica y el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles para el éxito de su gestión.
Para facilitar el cumplimiento
de estos objetivos, la
Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del
Interior ha puesto en marcha un sistema de capacitación de personal de los
gobiernos territoriales, complementario de los cursos que se llevaron a efecto
el año último en virtud de un convenio con CEPAL e ILPES.
Dentro de este mismo espíritu,
se ha realizado un importante esfuerzo por fortalecer los mecanismos de
financiamiento que dependen de las propias Regiones. En 1991, la gestión del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional logró un gasto efectivo superior al 97
por ciento de los fondos asignados, rendimiento que superó al obtenido en los
últimos seis años. Ello permitió financiar 2 mil 37 proyectos, que beneficiaron
especialmente a compatriotas en condiciones de pobreza, distribuidos de manera
de favorecer preferentemente a las regiones más pobres, más rurales y más
aisladas, gracias a una metodología elaborada a partir de indicadores
regionales y sectoriales.
Para 1992, las Regiones
dispondrán de recursos superiores en más de un 23 por ciento a los que
tuvieron, en términos reales, el año pasado. El Fondo Nacional de Desarrollo
Regional aumentará en más de 16 por ciento en términos reales, y su monto excede
considerablemente a lo prescrito en el Acuerdo Político sobre materias
municipales y regionales, en el que se estableció que este instrumento debía
incrementarse en una tasa superior al 25 por ciento de la inversión pública
nacional. En realidad, lo hará en más de 100 por ciento.
Igualmente, para este año, los
programas sociales descentralizados disponen en conjunto de un presupuesto
superior en más de 23 por ciento al de 1991. Este presupuesto, además de los
recursos asignados al Fondo mencionado, comprende los destinados a los
Programas de Pavimentación Urbana del Ministerio de Vivienda, y al de
Conservación de Caminos Secundarios del Ministerio de Obras Públicas. En estos
dos últimos casos, a contar de 1992, y tal como lo establece el Acuerdo Político
sobre la Reforma Regional
y Municipal, los programas harán parte de la nueva modalidad de asignación
descentralizada de recursos denominada Inversión Sectorial de Asignación
Regional.
En materia de finanzas
municipales, la recaudación del Fondo Común Municipal, que es el instrumento de
redistribución para apoyar a las comunas más pobres, superó en más de 20 mil
millones de pesos la estimación inicial que se había hecho para 1991, lo cual
es de significativa importancia si se considera que este Fondo es la mayor
fuente de ingreso para gran parte de los municipios.
Hay que destacar también que la Corporación de Fomento
de la Producción
participó activamente durante el año pasado en proyectos de desarrollo en las
distintas regiones.
En 1992, CORFO redoblará sus
esfuerzos, de modo de transformar la actual desconcentración de sus acciones en
una verdadera descentralización de sus actividades, integrando a sus empresas
filiales, servicios y organismos dependientes de ella en proyectos definidos en
función de las necesidades de las propias comunidades regionales.
Los logros, iniciativas e
innovaciones que he descrito expresan con absoluta claridad el compromiso de mi
Gobierno con la meta de la descentralización, y nuestra clara voluntad de
transitar hacia una democracia cada vez más moderna. Depende de la
responsabilidad con que todos los sectores asumamos estas nuevas tareas que tal
proceso signifique un gran salto hacia adelante en la calidad de vida de que
gocen los habitantes de las diversas regiones del país.
5º Perfeccionamiento democrático: reformas pendientes
Si bien existen motivos de
satisfacción por los progresos de nuestra convivencia democrática, tenemos
también conciencia de las limitaciones, insuficiencias y defectos que exigen
necesarias reformas. El Gobierno las ha estudiado y, en el ánimo de procurar
que ellas conciten los acuerdos adecuados para obtener su aprobación, ha
explorado opiniones y consultado sus ideas básicas, no sólo con los partidos de
la Concertación ,
sino también con personeros de otros sectores. Convencido de su necesidad para
el bien del país y para hacer más democrático y eficiente nuestro sistema
institucional, ha presentado ya algunas a la consideración del Congreso
Nacional y propondrá otras en los próximos días.
Creo necesario, en esta
ocasión, referirme brevemente a las principales.
a) Reforma del sistema judicial
En abril del año pasado,
sometí a la Cámara
de Diputados un proyecto de reforma constitucional y varios proyectos de ley
proponiendo enmiendas substanciales a nuestro sistema judicial, a fin de
satisfacer la necesidad, casi unánimemente compartida por los diversos sectores
de nuestra sociedad, de modernizarlo, robustecerlo y agilizarlo, innovando el
sistema de generación de sus autoridades; su administración; la formación,
especialización y perfeccionamiento de los magistrados, y simplificando los
procedimientos. Consideramos estas modificaciones indispensables, no sólo para
adecuar la administración de justicia a un mundo que cambia aceleradamente,
sino también para asegurar la efectiva autonomía del Poder Judicial.
Algunos sectores y,
lamentablemente, personeros de la propia Corte Suprema, han visto en estos
proyectos una amenaza a la independencia del Poder Judicial y un intento de
politizarlo. Nada más ajeno a los propósitos del Gobierno. Ligado durante toda
mi vida a los tribunales, por filiación, por vocación y por actividad
profesional, una de mis mayores aspiraciones de gobernante es lograr, durante
mi mandato, un real mejoramiento de nuestra administración de justicia, cuyo
prestigio está tan deteriorado en la opinión nacional.
Durante más de un año, los
proyectos han sido estudiados en la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados,
sopesándose las opiniones, no sólo de los sectores políticos y de los propios
magistrados judiciales, sino también las de organismos y personalidades
académicas y profesionales vinculados con el tema. Aunque la Honorable Cámara , al
pronunciarse en primer trámite sobre la reforma constitucional, aprobó sólo
parcialmente el texto propuesto por la Comisión , confío en que en ambas ramas del
Congreso puedan alcanzarse los consensos necesarios para sacar adelante esta
iniciativa, a mi juicio indispensable para que el acceso y el derecho a la
justicia sea real, expedito y eficaz en nuestro país.
Hay quienes sostienen que éste
sería sólo un problema de aumentar los tribunales, dotarlos de medios más
modernos y mejorar sus remuneraciones. Mi Gobierno reconoce estas necesidades,
y por eso ha puesto en marcha un programa para duplicar los recursos que se
asignen al Poder Judicial, mediante el incremento de un 20 por ciento real cada
año. Solicitaré al Congreso Nacional que este compromiso se consagre
legalmente, a fin de dar continuidad a dicho esfuerzo.
Pero estoy convencido de que
el problema no es sólo la pobreza, enfermedad tradicional de la judicatura
chilena. Es también, y fundamentalmente, cuestión de espíritu, organización,
procedimientos, para hacer más respetada, más independiente y más eficaz
nuestra administración de justicia.
b) Reformas para agilizar el sistema legislativo
La experiencia de estos dos
años demuestra que, no obstante la buena disposición que generalmente existe,
tanto de parte del Gobierno como de los Honorables miembros del Congreso
Nacional, la tramitación de los proyectos suele dilatarse exageradamente, en
especial la de los de origen parlamentario, y que a menudo se producen
atochamientos en el trabajo de las Cámaras.
Con la mira de superar estos
problemas, y teniendo en cuenta las dudas que se han suscitado con motivo de la
discusión de las iniciativas de la
Ley de Presupuestos y de reformas constitucionales,
presentaremos próximamente un proyecto de reforma constitucional para suprimir
el distingo entre legislatura ordinaria y extraordinaria; para autorizar que en
los proyectos que no requieren quórum especial para su aprobación, el debate y
la votación particular de los que hayan sido aprobados en la respectiva Cámara,
se realicen en la Comisión
que corresponde, sin perjuicio de que pueda pedirse por cierto número de
Parlamentarios que vuelvan a la
Sala , y para extender el sistema de Comisiones Mixtas a toda
clase de proyectos de ley, incluso el del presupuesto y los de enmiendas
constitucionales.
c) Reformas para restablecer la autoridad presidencial en materias de
retiros de oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden y de inamovilidad de sus
Comandantes en Jefe
Conforme a la Constitución Política ,
el Presidente de la
República “es el Jefe del Estado.”, “Su autoridad se extiende
a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior
y la seguridad externa de la
República , de acuerdo con la Constitución y las
leyes,” (artículo 24). Y, entre otras atribuciones especiales, le corresponden
las de designar y remover a los jefes superiores de las Instituciones Armadas y
de Orden; disponer los nombramientos, ascensos y retiros de sus oficiales, todo
ello con arreglo a las leyes, como, asimismo, “Disponer de las fuerzas de aire,
mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la
seguridad nacional;” y “Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las
Fuerzas Armadas;” (artículo 32, Nºs. 18º, 19º y 20º).
Estas atribuciones, que el
Jefe del Estado ha tenido en Chile desde los albores de la República , le son
actualmente limitadas en dos aspectos de gran importancia: primero, por la
inamovilidad que para los Comandantes en Jefe del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea y
para el General Director de Carabineros establece el artículo 93 de la propia
Constitución, que sólo autoriza su remoción con acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional, del que ellos mismos forman parte. Y, segundo, por la
exigencia de “proposición” del respectivo Comandante en Jefe o Director,
manifiestamente inconstitucional, que las leyes orgánicas constitucionales de
las Fuerzas Armadas y de Carabineros, dictadas en las postrimerías del Régimen
anterior, prescribieron para que el Presidente de la República pueda hacer
uso de su facultad de llamar a retiro a oficiales de esas instituciones.
Con el objeto de corregir esta
última anomalía, he presentado a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley
que suprime esa exigencia restrictiva de las atribuciones propias del Jefe del
Estado, y que, en el hecho, lo somete a la voluntad de subordinados suyos. No corresponde
repetir aquí las sólidas razones que fundamentan este proyecto, desarrolladas
en la exposición de motivos del respectivo mensaje. Sólo quiero agregar ahora
que considero una ofensa a la dignidad del Jefe del Estado argumentar, como
ligeramente se ha hecho por algunos, que esta reforma tendería a politizar a
las Instituciones Armadas y de Orden, o a descabezarlas. En más de siglo y
medio de historia patria, ningún Presidente de la República ha hecho tal
cosa, que lo descalificaría ante la conciencia nacional y ante la historia.
En todo caso, el Gobierno está
dispuesto a considerar fórmulas compatibles con la atribución presidencial,
para precaver ese supuesto peligro.
En cuanto a la inamovilidad de
los Jefes de las Instituciones Armadas, lo que no existe en ningún país
democrático del mundo, significa limitar la autoridad propia del Jefe del
Estado por un poder fáctico, lo que en determinadas circunstancias podría
llevar al predominio de la fuerza sobre el Derecho. Por tal motivo,
próximamente propondré al Honorable Congreso un proyecto de reforma
constitucional a fin de suprimir esa inamovilidad. Para evitar cualquier
interpretación que desnaturalice el sentido de esta reforma, que responde a
razones de principio, y no circunstanciales, el proyecto dispondrá que sus
normas no serán aplicables a los actuales jefes institucionales, quienes
seguirán gozando de la inamovilidad por el tiempo que prescribe la disposición
constitucional vigente.
d) Integración del Consejo de Seguridad
A fin de poner en pie de
igualdad a ambas Cámaras del Honorable Congreso en la composición del Consejo
de Seguridad Nacional, presentaremos un proyecto de reforma constitucional para
que ese Consejo sea integrado, además de sus actuales miembros, por el
Presidente de la Cámara
de Diputados.
e) Supresión de los Senadores institucionales
El Gobierno considera que en
un sistema democrático bicameral, en que ambas ramas del Parlamento se
complementan en el ejercicio de sus funciones legislativas y políticas, su
generación debe fundarse en la voluntad popular. Sólo así serán realmente
representativas de la soberanía nacional, cuyo ejercicio corresponde
esencialmente al pueblo.
En el sistema imperante entre
nosotros, la existencia de Senadores no elegidos por la ciudadanía, sino que designados
por otros órganos o autoridades, distorsiona ese principio, pudiendo alterar
gravemente la representatividad del Senado y, por consiguiente, de la voluntad
popular en el Congreso. Más aún, permite a las autoridades de turno, en el
momento en que deban llevarse a cabo las designaciones, ejercer su poder para
constituir en el Senado mayorías que no correspondan a los resultados
electorales.
Por estas razones,
presentaremos próximamente un proyecto de reforma constitucional tendiente a
establecer que el Senado se componga solamente de miembros elegidos en votación
popular.
Como esta proposición no
importa juicio alguno sobre determinadas personas, ni se inspira en razones
circunstanciales, sugeriremos también que rija sólo a partir de la renovación
de los actuales miembros del Senado, de modo que quienes hoy lo integran en
virtud de lo dispuesto en las letras b), c), d) e) y f) del artículo 45 de la Constitución , continúen
en sus funciones hasta el término del período para el cual fueron designados.
f) Reforma del sistema electoral
El sistema binominal
mayoritario, actualmente establecido para la generación del Parlamento, afecta
gravemente la representatividad del Congreso Nacional, y puede generar serias
crisis de gobernabilidad.
El parece haber sido instaurado
con la intención de forzar al país a implantar un régimen bipartidista, lo que
resulta totalmente reñido con la realidad y con la tradición histórica
pluripartidista de Chile.
Dentro de esta realidad
nacional pluripartidista, el sistema actual conduce a monopolizar la
representación parlamentaria en los partidos que obtengan las dos más altas
mayorías, privando de toda posibilidad a los demás, a menos que se agrupen en
sólo dos coaliciones, en cada una de las cuales los partidos más débiles quedarán
a merced de los más fuertes.
Supuesta esta agrupación, que
la lógica del sistema impone, la combinación mayoritaria requiere más que
duplicar a la otra para lograr mayoría en cada región o distrito. Si una
obtiene el 66 por ciento de los votos y la otra, el 34, tendrán igual
representación, con un electo cada uno, lo que constituye una injusticia y
distorsiona gravemente la representatividad. Si llega a constituirse una
combinación mayoritaria que sobreduplique a la siguiente, la minoría quedará
excluida de toda participación en la institucionalidad democrática, lo que
podrá empujarla a buscar cambios extraparlamentarios perniciosos. Si tal
hipótesis no se cumple, tenderá a producirse prácticamente un empate, el que,
en períodos de confrontación o disputa, dificultará muy gravemente la
gobernabilidad del país.
Todas estas razones conducen
al Gobierno y a los partidos de la
Concertación democrática que lo apoyan, a plantear la
necesidad de restablecer en el país un sistema electoral proporcional que
corresponda a la realidad chilena y a nuestra tradición histórica, con las
correcciones necesarias para evitar la proliferación de partidos y asegurar el
eficiente funcionamiento de nuestra democracia.
Con tal fin, presentaremos en
las próximas semanas los correspondientes proyectos de reforma constitucional y
legal, respecto de los cuales considero indispensable que se busque entre los
distintos sectores, con la serenidad y el patriotismo que tan delicada materia
exige, el mayor consenso que sea posible alcanzar.
Personalmente, pienso que, por
la trascendencia que tiene el sistema electoral para la estabilidad y
eficiencia del régimen democrático, sus criterios fundamentales deben ser
consagrados en la propia Constitución y en las leyes orgánicas pertinentes, según
sea el caso, de modo que la normativa electoral, tan importante para la
autenticidad y fluidez del proceso democrático, quede al abrigo de mayorías
ocasionales y consideraciones oportunistas.
g) Reformas al Tribunal Constitucional
Las normas constitucionales
que actualmente rigen al Tribunal Constitucional se apartan, tanto en su
generación como en su competencia, de los principios que rigen la justicia
constitucional en un ordenamiento democrático.
Por una parte, la nominación
de sus miembros, por su naturaleza, debe provenir de los Poderes del Estado, y
no de un órgano enteramente ajeno a sus funciones jurídico-políticas, como es
el Consejo de Seguridad Nacional. Por otra, su jurisdicción ha de respetar las
competencias propias de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, so riesgo de que,
en el hecho, el Tribunal Constitucional pase a sustituir a esos Poderes en sus
funciones específicas.
Las normas hoy vigentes en la
materia no respetan estos límites y, además, consagran la irresponsabilidad de
los miembros de ese Tribunal. Sobre esta materia hubo acuerdo en 1989 entre los
partidos de la Concertación
y sectores que hoy son Oposición.
Con el fin de corregir estas
anomalías, presentaremos un proyecto de reforma constitucional que,
fundamentalmente, abarque tres materias:
Primero: la composición del
Tribunal por siete miembros: tres elegidos por la Corte Suprema de entre
sus Ministros, en una sola votación; dos abogados elegidos por el Congreso
Pleno, en una sola votación, y dos designados por el Presidente de la República.
Segundo: la consagración de la
responsabilidad de los miembros del Tribunal, mediante acusación
constitucional, del mismo modo que los magistrados de los Tribunales Superiores
de Justicia.
Tercero: eliminar la facultad
que establece el Nº 12 del artículo 82, en relación a los decretos supremos que
dicte el Presidente de la
República en ejercicio de su potestad reglamentaria, porque
ella se contrapone con la competencia que en esta materia corresponde a la Contraloría General
de la República.
h) Otras reformas constitucionales y legales
Se contempla, asimismo, una
enmienda al Tribunal Calificador de Elecciones encaminada a perfeccionar y
facilitar su integración, reduciendo a un año el período, de tres, de desempeño
como Presidente de alguna de las Cámaras, requerido como condición de
elegibilidad -el Honorable Congreso sabe que actualmente nadie en Chile cumple
ese requisito de haber sido por 3 años Presidente de alguna de ellas-, y
extendiendo dicha opción a quienes hayan desempeñado una Vicepresidencia de las
mismas por igual período.
Del mismo modo, el Gobierno
propondrá reducir, de dos tercios a tres quintos, el quórum necesario para la
aprobación de proyectos de reforma constitucional, como un modo de conciliar
mejor la necesaria estabilidad de las normas constitucionales, con la
flexibilidad que requiere el sistema político para perfeccionar de manera
permanente sus instituciones, evitando el veto recurrente de minorías
insuficientemente representativas.
Por último, propondrá hacer
explícito en la Constitución
el principio de la igualdad de la mujer, pese a que implícitamente ya está
consagrado en ella, como la expresión de una voluntad colectiva de hacerlo
efectivo en los diversos planos de la realidad nacional.
Se configura, de este modo, un
total de sólo nueve propuestas de modificación a la Carta Fundamental ,
lo que ciertamente desmiente la supuesta intención de desmantelamiento de la
institucionalidad, que suele imputarse al Gobierno.
También con el propósito de
mejorar el funcionamiento del aparato estatal, su eficiencia y la necesaria
garantía de los derechos de las personas, hemos presentado recientemente a
vuestra consideración sendos proyectos sobre Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República ,
modificaciones al Estatuto del Personal de la Administración del
Estado, Procedimientos Administrativos y lo Contencioso-Administrativo.
Mediante las reformas que dejo
someramente expuestas, y que, confío, sean aprobadas por el Honorable Congreso
dentro de lo que resta de mi período, daremos cumplimiento al compromiso que
enunciamos al asumir nuestro mandato de perfeccionar y profundizar nuestro
sistema democrático.
III. EL CAMINO DEL CRECIMIENTO ECONOMICO
En el plano económico, es
satisfactorio comprobar cómo el país crece y progresa. Hemos logrado éxito
simultáneo en planos que se estimaron incompatibles y, aun, contradictorios. En
efecto, ha descendido significativamente la inflación, han crecido la economía
y el empleo, hemos aumentado los salarios y pensiones mínimas, hemos expandido
considerablemente el gasto social y, por fin, hemos mantenido un alto nivel de
ahorro público.
Dentro del marco de una
economía de mercado abierta hacia el exterior, en el que la iniciativa privada
y el dinamismo empresarial juegan un rol preponderante, y el Estado cumple
principalmente funciones de regulación y fomento sobre la base de reglas claras
y estables, política que concita generalizado consenso nacional, el país ha
experimentado en el último año importantes avances.
Las cifras hablan por sí
solas.
Después de la etapa de ajuste
que fue necesario cumplir en 1990, nuestra economía experimentó el año último
un crecimiento del 6 por ciento.
En el último trimestre, la
desocupación descendió al 5 por ciento, lo que permite proyectar para el
presente año la tasa promedio más baja desde 1973.
Las exportaciones de 1991
llegaron a la cifra de 9 mil 48 millones de dólares, la más alta de nuestra
historia. Merece destacarse que esta expansión ha ido unida a una notable
diversificación y al importante aumento de las empresas exportadoras.
Durante 1991, los rubros
principales fueron la minería, con 4 mil 470 millones de dólares; la
agroindustria y agricultura, con 1 mil 650 millones de dólares; los productos
del mar, con 1 mil 90 millones de dólares. A su vez, el turismo aportó
alrededor de 700 millones de dólares a la generación de divisas.
Por otra parte, las
exportaciones no tradicionales aumentaron en un 30 por ciento respecto del
mismo período del año anterior.
La inversión, que es factor
fundamental en el proceso de crecimiento, alcanzó el último año al 18,8 por
ciento del producto geográfico bruto, cifra substancialmente mayor que el
promedio entre los años 1984-1989, que fue del 15,6 por ciento.
Dentro de ese total, la
inversión extranjera, que en 1990 concretó la cifra récord de 1 mil 100
millones de dólares y en 1991 repitió ese nivel de materialización, logró un
nuevo récord histórico en cuanto a la nueva inversión autorizada, del orden de
los 3 mil 400 millones de dólares.
No sólo el monto ha crecido,
sino que también han aumentado el número de países que invierten, el número de
proyectos aprobados y la magnitud de la inversión en sectores de mayor valor
agregado. Todo esto es una clara evidencia de la confianza que el mundo tiene
en las posibilidades de nuestra economía.
Este proceso de crecimiento ha
ido acompañado de un claro éxito en el control de la inflación, que, desde el
27,3 por ciento, el año anterior, se redujo al 18,7 por ciento, y sigue
mostrando una clara tendencia decreciente. Este contexto permite plantearse con
seriedad metas más ambiciosas para los próximos años, con la mira de incorporar
a Chile al selecto grupo de países que presentan inflaciones anuales de un
dígito.
No necesito resaltar la
importancia económica y social que tiene este esfuerzo. Una inflación baja y
controlada permite la consolidación de un clima de expectativas estables para
los agentes económicos, disminuyendo las incertidumbres y riesgos al decidir
sus inversiones y planificar sus actividades.
Por otra parte, es garantía de
estabilidad para las familias que viven de un sueldo o un salario, liberándolas
del temor de incertidumbre y penuria que significa la pérdida de su poder
adquisitivo.
En relación con esta meta, el
Gobierno está haciendo su parte. Dentro de la limitación de recursos en que
actuamos, hemos realizado un importante esfuerzo de ahorro público, que en 1991
alcanzó una tasa de 6,4 por ciento del Producto Geográfico Bruto. Ello
contribuyó de manera importante a que el Ahorro Nacional se empinara al 19 por
ciento de ese Producto, el nivel más alto obtenido en muchos años. Quiero
reiterar aquí el compromiso de mi Gobierno con una política de austeridad y
ahorro público para 1992 y 1993, que espero sea correspondido con un
comportamiento similar por parte de los particulares.
El sector exportador ha
manifestado preocupación ante la baja del valor del dólar. Frente a estas
legítimas inquietudes, reitero el compromiso del Gobierno con la mantención y
profundización de la estrategia de crecimiento basada en el aumento sostenido
de nuestra capacidad exportadora. La política cambiaria ha sido uno de los
pilares de esa estrategia en el pasado y continuará jugando un rol muy
importante en el futuro. Pero la capacidad exportadora no puede sustentarse
sólo en el valor del dólar. Sería irresponsable de parte del Gobierno fomentar
esa capacidad basándola en una ventaja comparativa proveniente de una
sobrevaloración artificial de la divisa extranjera, política que se traduciría
en pan para hoy y hambre para mañana.
El desafío que enfrentamos es elevar
nuestra competitividad internacional a partir de mejoras significativas en la
productividad de nuestra gente, en la modernización de nuestras empresas, en
nuestra capacidad para identificar y adoptar innovaciones tecnológicas, únicas
ventajas en el comercio internacional que la historia de las naciones ha
demostrado sólidas.
Como país, debemos esforzarnos
por transitar hacia una segunda fase de nuestro desarrollo exportador. Mi
Gobierno está activamente empeñado en poner las condiciones para este tránsito.
Los empresarios, los trabajadores, las universidades, el país todo, deben
coordinar y potenciar acciones y voluntades en pos de esa auténtica
modernización de nuestra economía.
Paso en seguida a ocuparme de
lo que está ocurriendo en algunos sectores específicos de nuestra economía.
1º Agricultura
En el ámbito agrícola, las
exportaciones crecieron en la última temporada en un 18%. Significativa ha sido
la recuperación de la actividad vitivinícola, que después de grave crisis de
más de diez años, aumentó en más de un 50% sus volúmenes exportados, lo que ha
revitalizado el mercado nacional con positivos efectos en los viñedos de secano
de las Regiones del Maule y del Bío-Bío.
También el cultivo de
remolacha experimentó un importante progreso, incrementando el área sembrada
desde 31.700 hectáreas 1990 a 52.000 hectáreas
También aumentó por sexto año
consecutivo la producción lechera, a una tasa de 5 por ciento anual, y su
consumo subió a los 112 litros
En el caso del trigo, tanto
una leve disminución en la superficie sembrada para la temporada 1991-1992,
como condiciones climáticas adversas, han exigido aumentar la importación. No
obstante, la situación descrita ha mejorado los precios, los que se han situado
entre un 10 y un 12 por ciento sobre el nivel de seguridad ofrecido por
COTRISA, con claro beneficio para los productores.
Las nuevas plantaciones
forestales alcanzaron el año último 107.000 hectáreas
Especial preocupación ha
merecido al Gobierno el fortalecimiento del sector público agrícola, mediante
un programa con financiamiento parcial del BID para reforzar principalmente la
labor de control y protección sanitaria que realiza el SAG y las
investigaciones del INIA y, por otra parte, la intensificación de los programas
de apoyo a la pequeña agricultura. INDAP ha incrementado un 65% los niveles de
asistencia técnica; los beneficiarios de programas crediticios en este sector
han aumentado 75%; se ha puesto en marcha un programa conjunto de INDAP y FOSIS
para la ejecución de obras de riego en beneficio de pequeños propietarios, que
el año último beneficiaron a 4.000 familias con 13.500 hectáreas 5.400 hectáreas
2º Minería
El desempeño de la minería ha
sido igualmente positivo. En 1991 la producción minera creció en 10 por ciento
respecto del año anterior. En el caso del cobre se alcanzó la cifra récord de
un millón ochocientas mil toneladas, registrándose además aumentos en la
producción de oro, plata, molibdeno, fierro, zinc y de diversos minerales no
metálicos. El valor estimado de las exportaciones totales ascendió a 4.300
millones de dólares.
Las cifras señaladas colocan a
Chile como primer productor mundial de cobre y salitre; como segundo productor
de carbonato de litio, yodo y molibdeno, y entre los primeros diez productores
de oro.
El futuro del sector es
promisorio. En 1991 las concesiones de exploración aumentaron en 68 por ciento,
y la inversión extranjera materializada llegó a una cifra récord que supera los
600 millones de dólares. También creció la inversión de CODELCO, ENAMI y ENAP,
la que superó los 1.100 millones de dólares, magnitud históricamente inédita.
A lo anterior hay que añadir
proyectos en marcha para incrementar el valor agregado y los términos de comercialización
en el sector, mediante el aumento de la capacidad de fusión del cobre.
Se estudia la ampliación y
modernización de las fundiciones de ENAMI; CODELCO y ENAMI han firmado un
protocolo para ampliar la minera Andina y la planta Las Ventanas; se está
ampliando la fundición de Chagres; se ha iniciado la construcción de la
fundición REFIMET, y se ha formado la sociedad “Fundición y Refinería del
Pacífico S.A.” para procesar 600 mil toneladas, con una inversión cercana a los
500 millones de dólares.
Especial mención merecen las
acciones puestas en práctica por CODELCO -la principal empresa del país- para
superar los problemas con que la actual administración la recibió y alcanzar
los niveles que el país requiere de ella.
Esta política se concreta,
entre otras, en las siguientes iniciativas:
a) Aumento de la inversión,
para optimizar sus operaciones y reponer sus recursos mineros, del orden de los
100 millones de dólares anuales;
b) Agresivo plan de
exploraciones para la búsqueda de nuevos recursos, incluido el descubrimiento
de la llamada Mansa Mina. En 1992 se manifestaron más de 300 mil hectáreas de
nuevas pertenencias, y
c) La ley recientemente
promulgada que permita a CODELCO asociarse con terceros para trabajar las
pertenencias que no están en actividad ni destinadas a reserva y traspasar a
ENAMI aquellas que correspondan a la pequeña y mediana minerías.
3º Pesca
La promulgación de la nueva
Ley de Pesca determinó un nuevo marco para la administración de este sector y
de los recursos hidrobiológicos de la
Nación , que entre otras cosas estableció las normas de
conservación de las especies y las de acceso a la actividad pesquera, y para el
funcionamiento de la pesca artesanal y de la acuicultura, un sistema permanente
de financiamiento de la investigación en este campo e instancias de
participación de los agentes pesqueros a través de los Consejos de Pesca.
Los avances logrados en el
corto período de aplicación de esta ley incitan al optimismo respecto al
desarrollo de esta importante actividad, que se refleja en las altas cifras
observadas de desembarques y exportaciones, junto al aumento del 8,3% de la
producción pesquera durante el año 1991.
4º Infraestructura
La infraestructura de caminos,
puertos, aeródromos, obras sanitarias y de regadío, tiene trascendental
importancia para el desarrollo del país. Lamentablemente, éste es un sector que
fue bastante abandonado durante los últimos años, por lo que mi Gobierno
decidió llevar a cabo un programa para el período 1991-1994, con inversiones
por un monto de 2.350 millones de dólares, que anuncié al país en septiembre
pasado.
Con el fin de incorporar a los
particulares en esta tarea indispensable para el progreso de las actividades
productivas, pero que tradicionalmente ha sido responsabilidad exclusiva del
Estado, patrocinamos oportunamente el proyecto, que el Honorable Congreso
aprobó y ya es ley de la República ,
que autoriza el otorgamiento de concesiones de obras públicas, cuyo reglamento
quedó definitivamente despachado a comienzos de este año, lo que nos permitirá
licitar próximamente un primer proyecto, el túnel de El Melón, que esperamos
sea seguido por otros en diversas regiones del país.
En cumplimiento del programa
referido, en 1991 las inversiones en infraestructura crecieron en 22 por ciento
respecto de 1990, presupuestándose un aumento adicional de más de 36 por ciento
para 1992. Este incremento bianual de 77 por ciento permitirá rehabilitar y
expandir la capacidad portuaria; mejorar la provisión de agua potable y
alcantarillado; avanzar en la interceptación y tratamiento de las aguas
servidas; mejorar la vialidad urbana e interurbana; expandir la capacidad de
nuestros aeropuertos, e impulsar el desarrollo de proyectos de regadío.
Las obras que lleva a cabo el
Gobierno se encuentran en plena ejecución, como lo puede comprobar la
ciudadanía al recorrer las distintas Regiones del país.
En materia de vialidad, se
avanza rápidamente en la construcción de la doble calzada entre San Fernando y
San Javier, que duplicará la extensión de la doble vía de Santiago al sur. En la Octava Región , están en
construcción dobles calzadas entre Concepción y Coronel, y entre Penco y
Lirquén, más una circunvalación en Coronel. En la Quinta Región , se
continuará con la doble calzada a San Antonio, habiéndose completado el tramo
Melipilla-Puangue y estando próximo a contratarse el tramo Puangue-Leyda. En la Tercera Región , se
construye la doble vía entre Copiapó y Paipote, mientras que en la Cuarta Región se puso en
servicio el proyecto de acceso mejorado a Coquimbo. En la Décima Región , se
trabaja en la ampliación del acceso a Puerto Montt.
En la Región Metropolitana
están en marcha las obras para mejorar y completar la Circunvalación Américo
Vespucio y para habilitar la
Avenida General Velásquez desde Ochagavía hacia el norte.
En 1991 se concluyeron
contratos de nuevas pavimentaciones por 296 kilómetros , lo
que significa un aumento de 25 por ciento respecto de 1990. Durante 1992 se
proyecta poner en servicio 350 kilómetros 500 kilómetros
Hay también esfuerzos
importantes para mejorar la conservación de la red vial y asignar mayores
recursos a la conservación de las redes comunales. Para 1992 se ha establecido
un fondo especial de casi 7.000 millones de pesos que está siendo asignado por
los gobiernos regionales en actividades de conservación de estas redes.
En materia de regadío, se está
avanzando en la construcción del canal Pencahue, en la Séptima Región , que
permitirá regar más de 4.000 hectáreas
Con cargo a un crédito que se
negocia con el Banco Mundial, esperamos iniciar este año la construcción del
embalse Convento Viejo y mejorar los sistemas de regadío en distintas zonas del
país. Se ha avanzado también en el estudio de grandes proyectos de riego, de
trascendental importancia para el desarrollo de las Regiones respectivas, como
son el canal Tronco Linares, el canal Victoria Traiguén, el embalse Puclaro y
el canal Laja-Diguillín.
Quiero reiterar una vez más
que el Estado sólo desarrollará obras de riego en aquellos casos en que sus
beneficiarios se comprometan a reembolsar su costo. Para que ello sea posible,
se ofrecen condiciones financieras razonables y atractivas, que consideran los
importantes beneficios sociales que generan estas obras.
En materia de puertos, en 1991
se concluyó la rehabilitación del muelle Barón en Valparaíso y se avanzó en la
construcción del sitio Cero en San Vicente, cuya puesta en servicio se ha retrasado
en razón de problemas técnicos que se están corrigiendo. Iniciaremos
próximamente la construcción de los sitios Uno Sur, Dos y Tres de San Antonio,
cuya ingeniería está concluida. La ingeniería para la reconstrucción de los
sitios Uno, Dos y Tres de Valparaíso ya está contratada, lo que debiera
permitir iniciar las obras el próximo año.
Adicionalmente, se está
ejecutando un programa de construcción de caletas pesqueras que favorece el
desarrollo y modernización de la pesca artesanal en ocho lugares del país. A
ello se agrega la construcción de rampas para facilitar conexiones insulares en
Chiloé y Aisén.
El sector privado ha comenzado
a asumir un rol activo en el desarrollo de proyectos portuarios. Es el caso,
entre otros, de la puesta en funcionamiento este año de un nuevo sitio en
Caldera, del proyecto de ampliación del puerto de Lirquén y de la construcción
ya en marcha de un nuevo puerto en Corral. Se está avanzando también en la
iniciativa para habilitar una nueva instalación portuaria en Punta Arenas,
proyecto en el que se espera una participación importante de inversionistas
privados en asociación con la
Empresa Portuaria.
En materia de aeropuertos, se
ha iniciado la construcción del nuevo terminal de pasajeros en el Aeropuerto
Internacional Arturo Merino Benítez, que previsiblemente estará en servicio a
fines del próximo año. En cuanto al área de carga en este aeropuerto, se han
completado estudios que permitirán atender los requerimientos de desarrollo de
largo plazo del terminal. Igualmente, se han hecho mejoramientos importantes en
los aeropuertos de La Serena ,
Temuco, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas y Puerto Natales.
En materia de obras
sanitarias, durante 1991 se invirtieron alrededor de 72 millones de dólares,
suma superior en 37 por ciento al promedio histórico anual de inversión en el
sector en los últimos veintisiete años. Para este año, se proyecta una
inversión de 140 millones de dólares de las empresas regionales dependientes de
CORFO, incluyendo EMOS y ESVAL, con lo que este Gobierno pasará a ser el que ha
destinado anualmente más recursos a la infraestructura sanitaria en los últimos
tres decenios, tarea indispensable para solucionar los graves problemas de
saneamiento que afligen al país.
5º Transportes
En el área de transporte, es preocupación
prioritaria del Gobierno lograr la rehabilitación y modernización de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado. El proyecto de ley aprobado por la Honorable Cámara de
Diputados y pendiente en el Honorable Senado, contempla, junto con los recursos
necesarios para la recuperación de las vías, equipos y señalización, la
incorporación de capitales y gestión privada en el transporte de carga,
mecanismos de reducción y manejo eficiente del elevado endeudamiento de la Empresa e indemnización
compensatoria para los trabajadores que deban abandonarla. Confiamos que antes
de fin de año estaremos en condiciones de iniciar la recuperación de este
importante medio y que hacia el término de mi Gobierno la Empresa estará
entregando un servicio de eficiente calidad tanto en el transporte de carga
como en el de pasajeros.
En el transporte público de
pasajeros, hemos introducido profundos cambios legales y reglamentarios. La
caótica situación en que el servicio se ha prestado en los últimos años,
especialmente en Santiago, con grave perjuicio para los usuarios y serios
problemas de congestión vehicular y contaminación, hizo necesaria una decidida
acción del Gobierno. El ordenamiento del sector, cuyos efectos benéficos
comienzan a verse en todo el país, tendrá un impacto de gran importancia en la
zona céntrica de la Capital ,
donde mediante la licitación del uso de vías se está logrando regular los
flujos y calidad de los vehículos, así como disminuir las tarifas.
La transformación de un sector
prácticamente informal en uno reglamentario y competitivo, en el que ya se
observa una incorporación masiva de empresas legalmente constituidas, permite
avizorar con optimismo su modernización y desarrollo futuro.
Especial preocupación ha
merecido al Gobierno mejorar las condiciones en que se desenvuelve el
transporte marítimo en zonas extremas, donde tanto influye en la calidad de
vida de sus habitantes. Al respecto, se diseñó una nueva política para los
subsidios que el Estado entrega, orientada a potenciar el servicio al usuario y
la competencia entre empresas para proveerlo, que ha empezado a aplicarse este
año. Paralelamente, se está trabajando en la simplificación de los trámites en
el cabotaje, para hacerlo más expedito y de menor costo.
6º Energía
En el campo de la energía, el
Gobierno ha procurado crear condiciones que favorezcan el crecimiento.
La confianza de los
inversionistas en la política energética del Gobierno ha quedado demostrada por
la puesta en funcionamiento durante 1991 de las centrales hidroeléctricas de Pehuenche
y Alfalfal, y en días pasados por el término de la ampliación de la central
termoeléctrica de gas natural en Puerto Natales, que abastece a Magallanes.
Todas estas iniciativas son privadas. Tales obras se verán complementadas por
la construcción de otras cinco centrales, dos termoeléctricas y tres
hidroeléctricas, durante los próximos cinco años, y por el suministro de
electricidad a Chiloé mediante un cruce aéreo. En el sector eléctrico, la
oferta energética está asegurada en la presente década.
Por otra parte, las
inversiones destinadas a ampliar y mejorar las refinerías de petróleo de Concón
y Concepción, para producir combustibles no contaminantes; los cinco contratos
especiales de exploración y explotación petrolera en Chile, con participación de
ENAP y firmas internacionales, que ya están en ejecución; los nueve contratos
con firmas argentinas o internacionales para explorar y explotar yacimientos en
el país hermano, y las negociaciones para construir un oleoducto entre Neuquén
y Concepción para traer al país los excedentes de crudo argentino, son medidas
que permitirán mejorar aún más el abastecimiento de combustibles derivados del
petróleo.
En esta área preocupa
especialmente al Gobierno la necesidad de obtener crecientes niveles de
racionalización en el uso de la energía y en su efecto sobre el medio ambiente.
Para ello se han elaborado normas de emisión de contaminantes y se ha decidido
incorporar la variable de impacto ambiental en el estudio de los proyectos
energéticos, para lo cual se ha iniciado un programa de análisis de las
distintas opciones de desarrollo.
En este sector, un problema
grave es el que plantea la crisis del área carbonífera de la Octava Región.
Desechando la solución fácil y demagógica consistente en enmascarar el problema
y trasladar sus efectos negativos a otros sectores de la economía, el Gobierno
lo ha enfrentado globalmente, a partir de un conjunto de medidas para
transformar productivamente la zona en el mediano plazo.
Como fases intermedias, se
readecuará la industria carbonífera, incentivando la concentración del esfuerzo
productivo en minas económicamente viables y, para dotar al proceso de la
gradualidad necesaria, se presentó al Parlamento el proyecto de ley de subsidio
a la industria carbonífera, ya aprobado. La Agencia para la Reconversión de la Industria del Carbón,
creada como Comité CORFO y que ya se está poniendo en marcha, está llamada a
ser un instrumento de promoción de inversiones privadas y movilización eficaz
de recursos públicos orientada a la creación de empleos estables en nuevas
actividades económicas rentables con potencialidad de desarrollo en el largo
plazo. En ese mismo contexto, se está poniendo en marcha un programa de
reconversión de ENACAR que conciliará las perspectivas futuras reales de la Empresa con una
preocupación preferente por los trabajadores, evitando situaciones de crisis
aguda e incertidumbre social.
7º Pequeña y Mediana Empresas y Fomento Productivo
Especial importancia tiene en
todas las economías modernas el creciente desarrollo y perfeccionamiento de las
pequeñas y medianas empresas. Consciente de esta realidad, el Gobierno puso en
marcha en julio último un Programa Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
(PYME), para dotar a este sector de los instrumentos financieros y de la asistencia
técnica que necesita para su pleno desarrollo y modernización.
Entre las diversas iniciativas
que se han puesto en marcha con este fin, principalmente a cargo de la Corporación de Fomento
de la Producción ,
merecen destacarse los seguros de riesgos para garantizar los créditos que esas
empresas obtengan, la función de intermediación financiera y el Centro de
Promoción de Inversiones que estimula Joint Ventures entre empresarios
nacionales e inversionistas extranjeros. Por su parte, el Servicio de
Cooperación Técnica está desarrollando proyectos que buscan la complementariedad
y asociación entre empresarios del mismo sector industrial a fin de mejorar su
capacidad productiva y de negociación. Por su parte, el Banco del Estado ha
abierto una línea de crédito para el pequeño empresario.
Con estos mismos propósitos,
hemos presentado al Honorable Congreso un proyecto de ley por el cual se crea,
en conjunto con la Comunidad
Europea , la
Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile, que pretende
ser instrumento eficaz para apoyar la modernización de los sectores productivos
nacionales, especialmente de pequeñas y medianas empresas con potencialidad
exportadora.
8º Desarrollo científico y tecnológico
Hemos llegado a una etapa en
el desarrollo de nuestra economía en que las posibilidades de crecimiento
dependen fundamentalmente de la capacidad que logremos para producir
mercaderías con mayor valor agregado nacional, aptas para competir
ventajosamente en los mercados internacionales.
Ello nos exige, como país,
especial esfuerzo por impulsar el desarrollo científico y tecnológico. Con este
fin, el Gobierno ha puesto en marcha el Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico (FONDEF) y el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico
y Productivo (FONTEC), que cuentan con un financiamiento conjunto de millones
dólares para los próximos cuatro años y constituyen el mayor esfuerzo realizado
por el país en este campo.
Merece también destacarse en
este ámbito la política que se lleva a cabo en el sector minero, orientada a
mejorar la gestión tecnológica de las empresas públicas del sector y fortalecer
la capacidad nacional en investigación y desarrollo tecnológico para la
minería.
Un paso importante dentro de
esta política es la estructuración del Centro de Investigación
Minero-Metalúrgica, que ha establecido convenios con CODELCO por 14,5 millones
de dólares para los próximos tres años.
Por su parte, aprovechando la
valiosa experiencia acumulada durante su larga historia institucional, CORFO
está desarrollando estudios para identificar instrumentos destinados a
enfrentar los nuevos requerimientos de productividad, eficiencia y calidad que
deberán satisfacer las empresas nacionales.
IV. EL CAMINO DE LA
EQUIDAD SOCIAL
Hemos sostenido
permanentemente que el crecimiento económico no basta por sí solo para derrotar
la pobreza. En la medida en que los frutos de ese crecimiento se distribuyen
muy desigualmente y no llegan a los sectores más postergados de la sociedad -lo
que ocurre sobre todo en países como el nuestro, en que el ingreso medio por
habitante es todavía bastante bajo-, la pobreza y aun miseria de muchos
subsiste al lado de la prosperidad y hasta opulencia de otros, lo que
constituye ya un grave escándalo que clama contra la justicia y es factor
permanente de inestabilidad social.
Por eso nos propusimos, al
asumir el Gobierno, hacer todo lo posible por pagar lo que llamamos “la deuda
social” acumulada en los años anteriores.
En 1990 había en Chile sobre
cinco millones de pobres y, de ellos, más de dos millones en situación de
indigencia o extrema pobreza.
Un imperativo moral
insoslayable exige consagrar esfuerzos prioritarios por solucionar este
problema, mejorando las condiciones de vida y oportunidades para nuestros
compatriotas pobres. Es tarea difícil, que requiere de todos comprensión y
solidaridad. Exige tiempo, porque no se trata simplemente de aumentar el poder
de compra de los postergados sin tener debidamente en cuenta las posibilidades
reales de la economía. La experiencia demuestra que las políticas populistas
son pan para hoy y hambre para mañana, terminando en dramáticos procesos que
aumentan la pobreza.
Convencido de lo dicho y
motivado por una exigencia elemental de justicia, mi Gobierno ha asumido como
primordial esta tarea, implementando para ello un conjunto de políticas
respecto de materia laboral; de atención preferente de las necesidades de
salud, educación y vivienda; de integración al desarrollo, y de solidaridad con
los grupos más vulnerables de la población.
1º Política laboral
La paz social y la justicia
exigen que las relaciones entre trabajadores y empresarios se desarrollen sobre
bases de equidad y de cooperación; que las leyes sociales garanticen los
derechos esenciales de los trabajadores y esos derechos sean efectivamente respetados,
y que las políticas de remuneraciones compatibilicen adecuadamente la debida satisfacción
de sus necesidades humanas esenciales con las posibilidades de la economía.
En estos dos años, el llamado
al entendimiento entre trabajadores y empresarios, que hice al asumir el
Gobierno, ha encontrado una respuesta abierta y colaboradora de ambos sectores,
lo que agradezco. Es así como este año, por tercera vez consecutiva, Gobierno,
Confederación de la
Producción y del Comercio y Central Unitaria de Trabajadores
han convenido las bases de la política de remuneraciones para la fijación de
los ingresos mínimos. En los dos últimos acuerdos, se ha establecido como
criterio para el reajuste de los mismos la estimación de la inflación esperada
para el período en que regirá el nuevo salario y el incremento en la
productividad del trabajo, criterio concordante con las metas nacionales de
impulsar el crecimiento y reducir la inflación.
Simultáneamente, Gobierno y
CUT han acordado las bases para el reajuste de las asignaciones familiares y
del subsidio único familiar.
Como fruto de esta política,
en lo que va corrido de mi Gobierno los salarios mínimos han aumentado un 16,2%
sobre el IPC; las remuneraciones reales de los trabajadores han crecido en
promedio un 6,8%, y la participación del trabajo en el ingreso total de la
economía mejoró en un monto del orden de los 300 millones de dólares.
En cuanto al sector pasivo,
como parte de la política seguida, las pensiones mínimas han aumentado en un
12% real, aparte de que al 90% de los pensionados se les ha restablecido el
10,6% de que los privó el Gobierno anterior. El 10% restante, beneficiario de
pensiones más altas, lo recibirá en el curso de este año.
En el ámbito legislativo, el
Gobierno ha propuesto varios proyectos para reformar la legislación laboral. Ya
se han promulgado las leyes sobre terminación de contrato de trabajo, sobre
centrales y organizaciones sindicales y sobre negociación colectiva. Se
encuentran en trámite los proyectos sobre contrato individual y procedimiento
laboral; solución previsional para los funcionarios públicos exonerados;
devolución de bienes confiscados a organizaciones sindicales y sociales;
jubilación anticipada por trabajos pesados; soluciones al problema de la
morosidad previsional; establecimiento del Fondo de Capacitación y Extensión
Sindical, y creación de asociaciones de funcionarios de la Administración del
Estado, recientemente presentado.
Tenemos clara conciencia de
que no basta con dictar leyes, por buenas que sean; hay que asegurar su
cumplimiento, porque lamentablemente aún hay sectores que suelen eludirlas.
Para eso hemos aumentado la planta de fiscalizadores de la Dirección del Trabajo en
un 20%, y para este año está previsto un incremento adicional de un 12%.
Por su parte, en el campo
previsional se ha perfeccionado el sistema de pago preliminar de pensiones por
las AFP, lo que permite a los afiliados recibir su primer pago a los quince
días de solicitarlo; se ha puesto en operación el mecanismo para la
indemnización de trabajadores de casa particular, beneficiándose a más de
ciento setenta y cinco mil de ellos; y se ha iniciado un importante proceso de
reestructuración del Instituto de Normalización Previsional.
Adicionalmente, están en
estudio soluciones para la situación previsional de los trabajadores
independientes y de temporada, modificaciones al subsidio maternal y nuevas
alternativas de inversión para los Fondos de Pensiones.
En el curso de estos dos años,
la sindicalización ha crecido en 35% respecto a marzo de 1990, llegando a cerca
de 700.000 los trabajadores organizados. Y las relaciones laborales se han
desarrollado positivamente: el año último, menos del 10% de las negociaciones
colectivas terminaron en huelga.
Preocupa al Gobierno la
situación de ciertos sectores de trabajadores que tienen escasa capacidad de
negociación, como, por ejemplo, los del comercio, los de temporada y los
forestales.
Pensamos que, sin perjuicio de
las normas legales vigentes o que se dicten, es fundamental la búsqueda de
entendimiento entre los sectores interesados. El camino del diálogo y el
entendimiento es el más adecuado para superar los problemas y lograr soluciones
equitativas. En la situación planteada respecto al trabajo en los puertos,
pensamos que el camino eficaz para solucionarla es el de la Comisión Tripartita
constituida para el efecto.
El Gobierno celebra el
reciente acuerdo con la CUT
y la Confederación
de la Producción
y del Comercio para constituir una instancia tripartita, a fin de analizar una
importante agenda de materias de interés común y el compromiso de trabajadores
y empresarios en cuanto a examinar conjuntamente entre ellos otros temas de
análoga importancia.
Por nuestra parte, hemos
sometido al Congreso la ratificación del Convenio 144 de la OIT , sobre consultas
tripartitas respecto de Convenios Internacionales del Trabajo.
2º Políticas de salud, educación y vivienda
Los sectores de bajos y aun
medianos ingresos no tienen capacidad para satisfacer por sus propios medios
sus necesidades esenciales de salud, educación y vivienda. De ahí la necesidad
de que el Estado asuma el costo indispensable para que puedan satisfacerlas de
manera adecuada. Esta es otra forma de luchar contra la pobreza, a la que mi
Gobierno atribuye especial trascendencia. Por ello ha dado preferente atención
a estos sectores. Fue así como la reforma tributaria aprobada en 1990 permitió
aumentar el gasto sin incurrir en desequilibrios macroeconómicos.
a) Salud
En materia de salud pública,
estos esfuerzos se han traducido, fundamentalmente, en las siguientes acciones:
-En el ámbito de la atención
primaria: gratuidad en todos los servicios; extensión horaria en 57
consultorios; servicios de urgencia las 24 horas en 25 consultorios;
laboratorios básicos en 39 consultorios; incorporación de atención dental; aumento
del aporte de medicamentos; salas de hospitalización abreviada en 56
consultorios; programa de salud rural con dotación de vehículos, personal y
radios en comunas más pobres.
-En el ámbito hospitalario:
inversión de 2.500 millones de pesos en reparaciones, especialmente de
calderas, baños y lavanderías, y de 4.000 millones de pesos en ropa de cama y
pabellones para 200 hospitales y sus 33.000 camas; terminación de los
hospitales de Maullín y Rengo (íntegramente construidos en este período) e
iniciación de obras en tres hospitales mayores de Regiones: San Felipe, Chillán
y Valdivia; instalación de 5.500 equipos de alta tecnología, entre ellos, 8
scanners y 20 equipos de cirugía laparoscópica; incremento del parque de
ambulancias con 400 vehículos nuevos; iniciación de un programa de inversión en
infraestructura y equipamiento por 75 millones de dólares de fuente bilateral y
150 millones del Banco Mundial, y comienzo -el presente año- de la operación
metropolitana para sanear sus deficiencias de infraestructura largamente
postergadas.
-En recursos humanos: aumento
de personal en 2.000 funcionarios, incluidos 900 médicos; reajuste de
remuneraciones del orden del 40% real para el personal afecto a escala única y
de un 10% real el año último y otro tanto este año para los médicos;
recontratación del 90% de los exonerados que lo solicitaron.
-En alimentación y nutrición:
duplicación del volumen de leche entera que se reparte para lactantes de menos
de 2 años y madres embarazadas.
-En prevención de epidemias: campaña
de control del cólera, que ha logrado un éxito universalmente reconocido;
campaña contra el SIDA, y programas contra la drogadicción y el alcoholismo.
Por otra parte, penden de la
consideración del Congreso Nacional proyectos de ley del Ejecutivo para
restablecer el sistema de concursos destinados a la provisión de cargos
médicos; para crear el Estatuto del personal de los servicios municipalizados,
y para mejorar y hacer más equitativo el régimen de las ISAPRES.
b) Educación
Es también preocupación preferente
del Gobierno hacer accesible a todos los niños de Chile la posibilidad de
obtener una educación eficiente que los capacite para la vida.
Aparte de los programas que
con ese fin pusimos en práctica tan pronto asumimos el Gobierno, a los que me
referí en mi Mensaje del año pasado, y fuera de la promulgación de la ley sobre
Estatuto Docente para dignificar y promover su perfeccionamiento, hemos puesto
en práctica, a partir de este año, un Programa de Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación (MECE),
destinados a corregir las graves falencias y limitaciones de la educación
pública preescolar y básica.
En la educación preescolar, se
amplió su cobertura para niños entre 2 y 5 años, junto con establecerse
programas especiales para menores de dos años. Esperamos que el programa
permita capacitar a las familias para la estimulación de sus hijos; habilitar
un mayor número de jardines infantiles; dar mayor capacitación al personal
profesional de los organismos especializados; dotar de material didáctico a los
200.000 niños que asisten a los jardines y centros, y proporcionar material
metodológico para el trabajo con padres a 3.400 establecimientos fiscales,
municipales y particulares subvencionados.
Otro tanto se hace en la
educación básica, prosiguiendo la tarea que iniciamos en 1990 de corregir las
graves deficiencias de que adolecían las escuelas que atienden a los sectores
más pobres y apartados. El Programa de Alimentación Escolar ha ampliado sus
beneficios hasta 600.000 niños y reforzado la dieta para 100.000 de ellos. En
1992 se están distribuyendo 4.196.000 textos escolares, y 1.297.000 paquetes de
material didáctico, y se entregarán más de 11.000 bibliotecas de aula. Además,
se están reparando 1.000 escuelas básicas municipalizadas y construyendo 200
aulas en escuelas rurales incompletas, a fin de aumentar su atención hasta
octavo básico.
En la educación media, que
muestra análogos problemas de calidad y desigualdad y que no cumple su función
de preparar a los estudiantes para el trabajo o para la educación superior,
hemos iniciado programas de modernización en el ámbito técnico-profesional, de
reconversión de colegios científico-humanistas en polivalentes, de capacitación
de personal docente y de dotación de herramientas y equipos. Por otra parte,
pusimos también en práctica un programa, que este año beneficiará a 100.000
estudiantes en las 13 Regiones del país, para evitar que abandonen los estudios
por razones económicas.
En la educación superior, con
el propósito de hacerla accesible a los jóvenes de hogares sin recursos que
reúnen las condiciones requeridas, se puso en práctica un programa de becas de
arancel completo, que el año pasado benefició a 5.000 estudiantes, y este año,
a 10 mil. Por otra parte, a fin de resolver los graves problemas de
financiamiento que afectan a las universidades, se ha suplementado su
presupuesto y está pendiente en el Congreso el proyecto de ley por el cual se
modifican los mecanismos de subsidio del Estado a las instituciones de
educación superior que tienen aporte fiscal.
Conforme a la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza, se está trabajando en la elaboración de Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos de la educación básica y media.
Al respecto, quiero reiterar
la política del Gobierno de avanzar, a través de éste y otros medios, hacia una
adecuada descentralización del sistema educacional, que permita una mayor
flexibilidad a los establecimientos en su régimen curricular, a la vez que se
preserven la libertad de enseñanza y la diversidad de opciones educacionales.
Esta materia, como todas las fundamentales en este ámbito, requiere de amplios
consensos y aplicación gradual. Desde ese punto de vista, agradecemos el aporte
orientador que, respondiendo a la consulta del Gobierno, ha proporcionado el
Consejo Superior de Educación, organismo autónomo del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior,
el Gobierno estima indispensable una reforma sustantiva de la actual Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza, que, junto con reconocer sus aciertos,
corrija sus vacíos y omisiones.
El proyecto respectivo será
enviado al Congreso Nacional dentro del período de legislatura ordinaria que
hoy se inaugura. Esperamos que pueda ser debatido acá, recogiendo la expresión
de todos los sectores interesados, en la forma elevada y constructiva que
requiere una temática que interesa a todo el país y que compromete el futuro de
todos nosotros, especialmente de nuestros hijos.
El proyecto ha sido elaborado
luego de un cuidadoso y detenido período de estudio, dentro del cual se ha
procurado conocer la opinión de personas que provienen de los más variados
ámbitos de la vida nacional y dirigentes representativos de los distintos
sectores. Especialmente valioso resultó para estos propósitos el informe
preparado por la Comisión
de Estudios de la Educación
Superior en lo que respecta a dicho nivel educacional.
Estamos convencidos de que en
una materia de tanta trascendencia, lo que debe quedar expresado es, en último
término, un marco de reglas estables que favorezca el aporte creativo de los
distintos sectores a las grandes tareas educativas, conjugando armónicamente el
ejercicio de las libertades con el resguardo de la fe pública, desde el nivel
de enseñanza parvularia hasta el de enseñanza superior.
c) Vivienda
Uno de los problemas más
graves que afectan a las familias de escasos recursos es la falta de viviendas.
A fin de procurar resolverlo, el Gobierno ha dado también especial atención a
este rubro. Fruto de este esfuerzo es el aumento de soluciones habitacionales
alcanzadas en este período, que de un promedio de 55.000 viviendas iniciadas
por año en la década de los 80, se elevó a un promedio de 85.000 viviendas
iniciadas por año en el último bienio, habiendo alcanzado el año 91 el récord
histórico de 91.000 viviendas construidas. Para este año se espera financiar la
construcción de 95.000 soluciones habitacionales, para lo cual hay asignados
recursos por más de 110 mil millones de pesos.
Merece destacarse
especialmente la política de permanente contacto y diálogo que el Ministerio de
Vivienda ha practicado con los aspirantes a ayuda del Estado para la solución
de su problema habitacional. Esto ha permitido ir satisfaciendo esas
necesidades de manera ordenada, mediante el acceso de los interesados a los
programas de viviendas progresivas básicas o del programa especial de
trabajadores o a los subsidios rural o unificado, con la participación
generalmente organizada de los propios interesados.
Paralelamente, el Ministerio
ha ejecutado obras de pavimentación urbana de aproximadamente 5.000 cuadras a
lo largo del país; ha construido 63 obras comunitarias (sedes sociales,
multicanchas, etc.) y realizó 9 proyectos de vialidad urbana.
Con fondos asignados por la Subsecretaría de
Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, el Programa de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal financió el último año más de 1.240 proyectos en
infraestructura y equipamiento, y con cargo al Programa de Mejoramiento de
Barrios y Lotes con Servicios, se ejecutaron 117 proyectos, equivalentes a más
de veinte mil unidades sanitarias con sus respectivas conexiones a los
servicios de luz, agua y alcantarillado.
Por otra parte, el Ministerio
de Vivienda se ha encargado de la elaboración y coordinación en la ejecución de
un programa de intervenciones urbanas destinado a mejorar la calidad de vida de
los habitantes de las ciudades, empezando por Santiago, que persigue la
racionalización del desarrollo urbano, el mejoramiento de los sistemas de
transportes y el apoyo a la políticas de descontaminación.
3º Políticas de integración al desarrollo
Las políticas laborales, de
salud, de educación y de vivienda reseñadas, no abarcan sino algunos aspectos
del esfuerzo para derrotar a la pobreza y lograr equidad en las relaciones
sociales.
Estudios serios revelan que
las ocupaciones formales representan el 66,8% de los empleos y, por lo tanto,
el 33,2% restante son empleos informales. Por otra parte, en el 40% de la
fuerza de trabajo, 4 de cada 10 se encuentran en la categoría de trabajadores
por cuenta propia o en las empresas que ocupan a menos de cinco trabajadores,
situaciones en que generalmente las remuneraciones son bajas, el trabajo es
esporádico y no están afectos a ningún sistema previsional.
Frente a esta realidad, hay
que buscar manera de integrar a estos sectores al desarrollo y a los beneficios
de la modernización.
Un aporte importante para
lograrlo es la creación de nuevos empleos, consecuencial al crecimiento. El del
año último permitió la creación, en 1991, de 134.000 nuevos puestos de trabajo,
lo que implicó que la tasa de desocupación descendiera al 5%.
Otros aportes importantes que
el Gobierno está impulsando son los programas de ayuda a la pequeña empresa y a
la microempresa, y los esfuerzos de capacitación para el trabajo.
El Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, conjuntamente con otras instituciones públicas y privadas y,
en ocasiones, con cooperación internacional, está poniendo en marcha diversos
programas destinados a fortalecer la organización, proporcionar financiamiento
para mejorar la productividad y hacer más rentables a las pequeñas empresas y a
los trabajadores por cuenta propia.
En el ámbito de los servicios
urbanos, como los de la carpintería, gasfitería, jardinería, electricidad,
agricultura campesina, pesca artesanal y pequeña minería, son muchos los que laboran
en disponer de los medios esenciales para su desarrollo y necesitan respaldo.
Se baten solos, como pueden, con medios y recursos más o menos primitivos. Se
trata de impulsar una política de apoyo efectivo a estos pequeños productores,
la que, sobre la base de su participación e iniciativa, les permita
modernizarse y lograr niveles crecientes de productividad e ingresos.
En poco más de un año de
funcionamiento, el FOSIS ha financiado más de 1.800 proyectos de esa especie a
lo largo de todo el país, con un monto superior a los 10 millones de pesos.
A partir de una experiencia
piloto que benefició a unas 3.000 microempresas, se han celebrado convenios con
bancos e instituciones financieras para permitir, por primera vez en Chile, el
acceso de los pequeños productores al financiamiento bancario. Este año se
espera que unos veinte mil pequeños productores puedan aprovechar estos
programas.
De manera análoga, en
colaboración con SERCOTEC u otras actividades, se realizan programas de
asistencia técnica y capacitación a estas microempresas, y en el ámbito rural,
junto a INDAP y a la
Comisión Nacional de Riego, se realiza el Programa Nacional
de Riego Campesino al que ya nos referimos. También los pueblos indígenas han
podido participar en dos concursos de proyectos productivos, que benefician a
5.000 familias de Arauco, Cautín y Osorno.
Otros esfuerzos en este mismo
sentido son los Programas de Capacitación y Formación Profesional que se llevan
a cabo tanto por organismos del Estado como por organizaciones empresariales.
Especial mención merece el Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes, que
procura ofrecer oportunidades de acceso al mundo del trabajo a gran cantidad de
jóvenes que han salido de la escuela y no han encontrado empleo estable. El año
pasado se incorporaron a este Programa más de 15.000 jóvenes, pertenecientes a
todas las Regiones del país, y más de 1.500 empresas ofrecieron prácticas
laborales para ellos. Este año el Programa beneficiará a 28.000 jóvenes.
Igualmente, se está estudiando
la creación de un Fondo de Capacitación que permita dar soluciones a los
problemas de desempleo y reinserción laboral originados por procesos de
transformación económica o tecnológica.
4º Políticas de solidaridad; apoyo a grupos vulnerables
La situación de los grupos
vulnerables justifica una atención especial en los programas sociales del
Gobierno.
De una encuesta realizada a
fines de 1990, se desprende que de los tres millones quinientos mil niños
menores de 13 años, alrededor del 50% viven en hogares en condiciones de
pobreza; de los dos millones y medio de jóvenes de entre 15 y 24 años, 300.000
están en situación de indigencia; de los seiscientos treinta y nueve mil
hogares que tienen como jefe a una mujer, 250.000 se encuentran en situación de
pobreza. Respecto de los adultos mayores, que constituyen poco menos del 10% de
la población, no ha habido una política coherente que atienda a sus
necesidades. Por último, alrededor del 10% de la población tiene algún grado de
discapacidad.
Tradicionalmente, la atención
que estos sectores necesitan ha estado a cargo de la asistencia y generosidad
privadas. Hay muchas instituciones, de inspiración religiosa o de otra
naturaleza, que, a lo largo del país, consagran valiosos esfuerzos a cuidar a
los ancianos, a los menores en situación irregular, a los minusválidos, a los
alcohólicos, a los enfermos y a otros sectores desprotegidos de nuestra
sociedad. La mayoría de ellas se financian con donaciones de particulares y
aportes o subvenciones del Estado.
Hay otras instituciones, también
privadas, pero vinculadas a las estructuras de Gobierno y que tienen
financiamiento fiscal, que cumplen análogas tareas a nivel nacional. Tal es el
caso de INTEGRA, que atiende a 42.000 niños de hasta 6 años, a los que
proporciona alimentación, cuidados, recreación, educación e integración
familiar.
Es también el caso de PRODEMU,
que en 1991 atendió a 70.000 mujeres, cumpliendo programas de formación,
desarrollo personal y capacitación.
El abnegado trabajo que
realizan todas esas entidades y quienes colaboran en ellas, merece el
reconocimiento del país. Pero es obvio que, por sí solas, no dan abasto
atendida la magnitud de los problemas. El Estado, órgano de bien común, debe
asumir su parte en esta tarea. Mi Gobierno está procurando hacerlo.
En cuanto a los niños,
respecto de quienes asumimos el compromiso de protegerlos, especialmente al
suscribir la Declaración
Mundial sobre Supervivencia, Protección y Desarrollo del
Niño, la Junta Nacional
de Jardines Infantiles lleva a cabo importantes programas que benefician a
80.000 de ellos a lo largo del país, especialmente en las localidades más
pobres.
En relación con los jóvenes,
el Instituto Nacional de la
Juventud , con la participación de varios Ministerios, ha
puesto en marcha el programa PROJOVEN, para atender la educación, la prevención
de riesgos, y la capacitación y promoción del empleo y del uso del tiempo libre
entre los jóvenes de menores recursos.
Por otra parte, el Servicio
Nacional de Menores desarrolla varios programas para prevenir la delincuencia y
asistir, proteger y rehabilitar a los niños y jóvenes en situación de riesgo
social o que se encuentran en conflicto con la justicia. Entre otros, destacan
la erradicación de menores en las cárceles, la creación de centros de
orientación y diagnóstico, el mejoramiento de la infraestructura en
establecimientos para menores en situación irregular y el desplazamiento del
énfasis en la atención cerrada por el sistema abierto.
En relación a la mujer, el
Servicio Nacional de la
Mujer , en colaboración con diversos Ministerios, desarrolla
acciones dirigidas hacia las mujeres de escasos recursos, en especial las que
son jefas de hogar, para aumentar su capacidad económica, proporcionarles
capacitación laboral, mejorar la calidad de vida del hogar, procurar evitar la
violencia doméstica y terminar con las discriminaciones que afectan a las
mujeres.
Respecto de los mayores, se
han puesto en marcha servicios especiales de atención primaria de salud; el
SERVIU destinará hasta el 2% de su programa anual de viviendas para postulantes
mayores de 70 años, y se han dispuesto descuentos especiales en distintos
servicios para las personas mayores.
Por último, el Gobierno ha
iniciado un programa que permite la integración progresiva a la sociedad de las
personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales.
V. MIRANDO HACIA EL FUTURO:
No quiero terminar sin
referirme a dos temas a los que anhelo consagrar preocupación preferente en el
tiempo que resta de mi mandato: la juventud y el medio ambiente.
Ningún Gobierno agota su
quehacer en el lapso de su período, porque las tareas, más que de Gobierno, son
de la Nación.
En estos años hemos progresado
en nuestra convivencia democrática y en nuestro crecimiento con equidad. Chile
está mejor. Confío en que seguiremos progresando en el tiempo que resta de mi
Gobierno.
Pero es evidente que quien me
suceda deberá proseguir en el esfuerzo de perfeccionar nuestra democracia, de
desarrollar nuestra economía y de lograr mayor justicia y solidaridad en nuestra
convivencia.
Creo que tenemos motivos para
ser optimistas. El pueblo chileno es homogéneo, inteligente, capaz de exigirse
y de hacer bien las cosas. Nuestro país es rico en potencialidades: mineras,
pesqueras, forestales, frutícolas, industriales, turísticas.
Nuestra gente y nuestra
tierra: de ellas depende el futuro de Chile. En consecuencia, tenemos que
cuidarlas.
Nuestra gente del futuro son
nuestros jóvenes y niños de hoy. ¿Los estamos cuidando como debemos y
preparando para su tarea?
Cierto es que nos esmeramos en
mejorar su educación. ¿Pero estamos siendo capaces de transmitirles valores
profundos y de suscitar en ellos grandes ideales? Los veo desorientados, faltos
de fe, con aire de desaliento.
¿Y qué pasa con nuestra
tierra? Lo que sea en el futuro dependerá de lo que hagamos hoy de ella.
Cierto es que en estos años
hemos tomado conciencia de su valor y de la necesidad de cuidarla. Hemos creado
una Comisión Nacional del Medio Ambiente y una Comisión Especial de
Descontaminación del Área Metropolitana. Hemos dictado normas sobre calidad del
aire en las zonas rurales y sobre protección de nuestros recursos marítimos;
estamos ejecutando obras de saneamiento de nuestras aguas servidas; exigimos
evaluación del impacto ambiental en proyectos mineros e industriales; acabamos
de presentar un proyecto de ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento
Forestal. ¡Nunca se hizo tanto entre nosotros para proteger el medio ambiente!
Pero aún en varias partes
nuestro aire nos asfixia, nuestras aguas están infectadas, las cuencas de
nuestros ríos y nuestras laderas se erosionan, nuestros bosques suelen ser
arrasados.
Con el objeto de dotar de una
sólida base legal a las diversas acciones y políticas constitutivas de un
proceso de desarrollo sustentable, someteré próximamente a la consideración del
Congreso un proyecto de Ley Marco sobre
Medio Ambiente. Esta
iniciativa sentará las bases institucionales de la gestión ambiental pública,
cuyo principal instrumento ha de ser la Comisión Nacional del Medio Ambiente; consagrará
modernos instrumentos para esa
gestión, como la Evaluación del Impacto
Ambiental; contemplará normas generales sobre manejo de recursos naturales y
contaminación, y establecerá la responsabilidad civil de personas naturales o
jurídicas por acciones u omisiones que produzcan daño al medio ambiente, como,
asimismo, la responsabilidad del Estado por los daños derivados del
incumplimiento de sus obligaciones ambientales por los órganos de la Administración. El
proyecto es fruto de un prolongado estudio y de consultas a los principales
actores sociales, empresariales y políticos, y no dudo de que será objeto de
vuestro análisis profundo y serio para lograr que el país cuente prontamente
con este instrumento legal básico para la preservación de nuestro patrimonio
nacional.
Suscitar el entusiasmo de
nuestros jóvenes para que tomen las banderas de una patria mejor y le consagren
sus vidas; reverdecer a Chile de sur a norte, de mar a cordillera, y devolver
la transparencia a nuestro cielo y la limpidez a nuestras aguas: éstas son las
grandes tareas que nos urgen y que nos trascienden.
¿Seremos capaces de mirar con
visión de futuro, de renunciar a la tentación de ganar siempre pequeñas
ventajas, de superar las querellas mezquinas?
¡Pensar y actuar en grande!
Este es el ejemplo que nos demandan los jóvenes. Es, también, la conducta que
nos reclama nuestra tierra.
Pido a Dios que nos ayude a
comprenderlo y a ser capaces de entendernos.
¡Por el bien de Chile!
PATRICIO AYLWIN AZOCAR
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