Discurso de Betancourt en San Cristóbal-Táchira sobre los planes del gobierno (1945)

DISCURSO PRONUNCIADO EN SAN CRISTÓBAL (ESTADO TÁCHIRA) SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO

Rómulo A. Betancourt

[14 de Diciembre de 1945]

Conciudadanos:

Hemos venido a recorrer los pueblos de la Cordillera, comisionados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y el Gabinete Ejecutivo; hemos venido, como en diversas oportunidades lo hemos dicho ante los auditorios congregados en sitios públicos y cerrados para escucharnos, en una gira con propósito confeso y definido, porque no hay nada oculto o inconfesable en nuestros propósitos. Hemos venido a establecer contacto directo con la provincia, con sus problemas y sus posibilidades, y hemos venido también a explicar a los pueblos qué va a hacer la revolución; qué está haciendo la revolución convertida en gobierno, que es algo distinto de justificar la revolución, porque la revolución realizada el 18 de octubre está plenamente justificada: la inmoralidad administrativa existente en el país, con la insinceridad republicana coetánea, eran ya in¬soportables para la dignidad de los venezolanos. Después de haber ocupado en otra época una posición puntera, una posición pionera en el Continente, habíamos llegado a ser la nación-cenicienta de América.

Los pueblos del Continente se daban sus propios gobiernos, unos por la vía del sufragio, como Cuba, como el Perú; otros por la vía revolucionaria, como Ecuador, como Guatemala. Venezuela estaba en la condición de pueblo paria, de pueblo que, siendo inconsecuente con sus grandes tradiciones libertarias, soportaba un régimen hegemónico; que no era un régimen de región, sino un régimen de personas de distintas regiones del país, pero mancomunadas en un mismo propósito de usufructo del poder con fines personalistas y autocráticos, y de enriquecimiento desaforado e ilícito.

Contra ese régimen insurgieron unidos Ejército y Pueblo el 18 de octubre, y como ya he tenido oportunidad de decir en otra ocasión, la rapidez con que se desmoronó ese régimen revela que no tenía ninguna clase de asideros en la opinión, cómo no tenía ninguna clase de sustentáculos en las clases producto¬ras del país; apenas los sectores parasitarios de Venezuela, los sectores que no son la burocracia eficaz, sino los parásitos de la administración pública, le prestaban respaldo a ese régimen y por eso se desmoronó en 24 horas.

¿Cuáles son los objetivos del equipo de hombres que hoy está en el Gobierno? Vaya sintetizarlos en lo político, en lo administrativo y en lo económico, en una forma esquemática y apurada, ya que no puedo abusar de la paciencia de quienes me están escuchando a través de las ondas hertzianas.

En lo político, aspiramos fundamentalmente a descentralizar el gobierno, a transformar el concepto del mando personalista e imperioso, en el de la gestión impersonal de la cosa pública; a darle autonomía dentro de un plan articulado nacionalmente de política general, a los gobernantes regionales y a los Ministros del Despacho, para desenvolver sus actividades. Y sobre todo, primero que todo y antes que todo, devolver al pueblo su soberanía usurpada. El pueblo venezolano aspira, desde hace muchos años, a escoger sus gobernantes, como ve que los escoge la vecina República de Colombia, mediante la libre emisión del voto, sin que haya en el poder un régimen que interfiera presionando a los ciudadanos para que voten en determinado sentido; concediéndoles el derecho de sufragio a todos los venezolanos de ambos sexos, mayores de 18 años, sean alfabetos o analfabetos. Este anhelo está profundamente soterrado en la conciencia de nuestro pueblo. Creyó ingenuamente en 1936 que, desaparecido el dictador, se le restituida el goce de su soberanía; fue con candor virginal a las elecciones de 1936, y mediante el voto acumulativo, mediante el chanchullo y el fraude se burló su derecho a darse sus propios representantes en los Concejos Municipales, en las Asambleas Legislativas y en el Congreso de la Nación. A través de los años, fue perfeccionándose la maquinaria del régimen para el fraude electoral, en los últimos días de ese régimen vimos el espectáculo de un pueblo escéptico, que no concurría a las urnas comiciales sino en proporción mínima, porque no creía en la sinceridad de los votos que arrojaban esas urnas. Nosotros nos proponemos devolver al pueblo su fe en que a través del ejercicio del sufragio es como las naciones democráticas y modernas expresan su voluntad soberana. A este respecto, una comisión ecléctica, integrada por personeros de las diversas corrientes ideológicas, está estudiando en Caracas, sin interferencia o presión de ninguna clase por parte de la Junta Revolucionaria, un proyecto de Decreto-Ley mediante el cual estatuirá la forma de elección para la Constituyente ante la cual resignaremos los poderes que nos confió la Revolución triunfante el 18 de Octubre.

Esta labor de democratización del Estado, esta labor que haga del Presidente de la República, no una especie de monarca sin corona, como ha sido en Venezuela, sino un funcionario situado en el más alto escalafón administrativo, pero sometido al control del Congreso y sometido al control de la opinión pública; esta reforma que democratice los órganos del poder, tiene que ir aparejada con una obra recia, depuradora, que moralice la administración pública. En Venezuela, la función de gobernar había llegado al último grado de descrédito. En Venezuela se sentía vergüenza cuando se ostentaba el carácter de hom¬bre público, el carácter de político; porque político y traficante con el Erario Nacional, político y hombre venal, eran sinónimos en nuestra patria. Nosotros venimos resueltamente a ponerle el termocauterio de la sanción a esa lacra purulenta de nuestra administración que se llama el peculado.

Calificados como gestores de peculado, espera un grupo de venezolanos concurrir, unos personalmente, otros a través de sus apoderados o abogados, ante un Tribunal del Pueblo, en el cual figuran desde un abogado de la República hasta un líder sindical, pasando por un sacerdote católico. Ante ese Tribunal deberán explicar los más conocidos personajes de esa lista por qué han aumentado sus caudales en forma exorbitante. Y así estamos procediendo, dentro de la más rigurosa lógica de la tradición bolivariana. En las Memorias de O'Leary está incluida una carta del Secretario de Bolívar, Revenga, al Administrador de la Aduana de Puerto Cabello, escrita hacia 1826, en la cual el Libertador le ordena que los fondos de un funcionario prevaricador sean confiscados, y que se abra una investigación a cuantos ciudadanos que en ejercicio de funciones públicas hayan utilizado esas funciones para enriquecerse ilícitamente, a fin de que le fuesen confiscados esos bienes. Estamos ajustándonos pues, a la tradición de honestidad administrativa que nos legó un hombre que, después de dominar y gobernar en toda la América, murió pobre, cuando decimos que éste será un gobierno de manos limpias, de hombres que llegaron pobres al poder y saldrán pobres del poder, dejándole a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros biznietos, el ejemplo de cómo se puede gobernar sin robar.

En lo económico-administrativo, la orientación de este gobierno será fundamentalmente la de humanizar la gestión de la cosa pública, la de preocuparnos más de la gente que de los animales y de las cosas; la de enseñarle a los hacendados ricos, con el texto de la ley como cartilla silabeable, que así como cuidan de que la garrapata no malogre sus vacas Holstein, o su reproductor Zebú, así mismo deben cuidar la vida y la salud de los peones a su servicio y la de los hijos de esos peones.

Educar, sanear, alimentar y domiciliar mejor y más racionalmente al pueblo: éste es nuestro objetivo fundamental. ¿Cómo alcanzarlo? Mediante la transformación a fondo de la estructura económica y fiscal del país, que no podremos realizar dentro de un perentorio plazo, que será obra de las próximas generaciones, pero que nosotros estamos resueltos a emprender con paso firme, con decisión valiente, sin que nos amilanen los inconvenientes o nos hagan vacilar las dificultades.

Para realizar esta transformación económica y fiscal que requiere el país, lo primero es ver, con ojos claros, sin telarañas, sin ocultar la verdad, cómo es de dramática esta situación. Somos un país al borde de la monoproducción, un país que se acerca aceleradamente al momento en que no produzca sino aceite mineral, un país en que el 91 % de las divisas extranjeras que circulan son divisas petróleo; un país en que más de las dos terceras partes de los ingresos fiscales son derivados de la renta petrolera. Y como tantas veces he tenido oportunidad de decirlo cuando era hombre de oposición, y lo reitero hoy como hombre de gobierno, estamos expuestos a una serie de graves peligros. Esos peligros se condensan y precisan hoy en el horizonte, cuando ya es seguro que las compañías productoras del aceite mineral construirán en Saudi-Arabia un gran oleoducto para llevar el petróleo barato del Irán, mucho más barato que el petróleo venezolano, hacia los mercados de consumo de Europa, lo cual puede determinar dentro de dos años, aproximadamente, una reducción violenta de nuestra producción petrolera, con el consecuencial contragolpe sobre la situación económica y fiscal del país. Este problema nos impone la urgencia de que volvamos los ojos a lo nuestro, de que volvamos los ojos a la tierra, de que hagamos producir riqueza en cultivos agrícolas y en crías a nuestras montañas y a nuestros llanos, de que demos a nuestro incipiente desarrollo industrial un impulso audaz.

La agricultura venezolana está en ruinas, aun cuando dijeran lo contrario las estadísticas mentirosas de los mensajes anuales del Presidente de la República, y las estadísticas falsificadas de las Memorias anuales del Ministerio de Agricultura y Cría. Lo cierto es que nuestra agricultura está en crisis profunda. Cuando, como hombres de gobierno, hemos tenido que enfrentar los problemas de abastecimiento; cuando hemos querido darle una alimentación, siquiera aproximada a la que exigen las normas de la dietética, a nuestro pueblo hambreado, hemos tenido que resolvernos a importar del exterior lo que Venezuela no produce; hemos tenido que enviar comisionados especiales a Cuba y al Brasil, llevando cartas patéticas para los Presidentes de ambos países, a fin de obtener un lote de azúcar que nos permita cubrir el déficit existente actualmente en Venezuela de ese artículo de primera necesidad; hemos tenido que abrir las puertas de las aduanas para importar papas del exterior; hemos tenido que considerar la posibilidad de importar carnes congeladas, al mismo tiempo que se prohíbe la exportación de ganado en pie para las Antillas, y se logra un arreglo amigable con Colombia en el sentido de que la misma cantidad de reses exportadas por la frontera nos sea devuelta por el mar, mediante exportaciones de la Zona Atlántica de ese país donde existe un gran desarrollo ganadero. Lo cierto es que, al enfrentar nosotros el problema del abastecimiento, hemos comprendido la necesidad de importar artículos alimenticios; pero también que Venezuela no puede seguir siendo un país distribuidor de artículos manufacturados y de artículos agrícolas importados; que Venezuela debe ser un país que produzca cuanto necesita para su consumo; y por eso hemos adoptado una política en estas dos vías: como acción inmediata importar cuanto el pueblo necesita para satisfacer sus necesidades más perentorias; y como política a largo plazo, pero iniciable desde ahora mismo, realizar en el campo una acción agresiva bien orientada, bien planificada, a fin de que nuestras tierras puedan producir.

Pero para que la tierra pueda producir, es necesario que la tierra esté en manos de quien la haga producir. Es necesario que esté en manos del campesino. Cuando sostengo esta tesis -exponiéndola a nombre del Gobierno Revolucionario que tiene un concepto definido de política agraria- no estoy sustentando una posición heterodoxa o de extrema izquierda radical. La tesis de que el campesino debe ser dueño del surco que fecundó con su sudor, enraíza en nuestras mejores tradiciones. Fue Bolívar el primero que habló en Venezuela de reforma agraria. En 1816 ratificó por un decreto la promesa que había hecho Páez a los soldados del Llano, de que una vez terminada la guerra de la Independencia serían parceladas entre los soldados gloriosos de nuestro Ejército las tierras confiscadas a los españoles y a los criollos realistas. Esa ley fue incumplida por la oligarquía conservadora de 1830, que expulsó a Bolívar de Venezuela porque Bolívar simbolizaba el impulso revolucionario y jacobino de 1810; y en vez de reparto de tierras, emitió unos bonos agrarios que fueron acumulados por Páez, los Monagas y los otros caudillos que, de héroes de la Independencia, devinieron posteriormente grandes latifundistas; y los soldados y oficiales de baja graduación fueron lanzados a los llanos a convertirse en cuatreros, porque no tenían otros haberes, después de 20 años de guerra, sino unas cuantas medallas de plata dudosa y algunas citas en los partes de guerra.

Esta situación también advino cuando triunfó la Guerra Federal. La guerra de cinco años, la "guerra larga", tuvo uno de sus incentivos en la oferta de tierra para el campesino hecha por los jefes federalistas, pero esa guerra, esa revolución en que el pueblo se desangró de un extremo a otro de la República, fue traicionada por sus propios gestores: en la hacienda "Coche", cerca de Caracas, los jefes liberales y conservadores se pusieron de acuerdo para repartirse el empréstito de Baring Brothers y defraudar los anhelos del pueblo.

Hoy está planteada en Venezuela con urgencia la necesidad de la reforma agraria, como está planteada en el Japón, donde recientemente el General Mac Arthur, que no puede ser calificado de extremista, le planteó perentoriamente al gobierno del Mikado la necesidad de modernizar las relaciones de producción y de trabajo en el campo, aboliéndose el latifundio. En Venezuela, sin necesidad de mucha demagogia, sin necesidad de estar hablando a cada momento de la reforma agraria, como lo hada el régimen depuesto el 18 de octubre, puede realizarse la aspiración del campesinado, muy lógica y muy legítima, a disponer de tierra suya. El Estado venezolano es el primer latifundista del país. Dispone de extensas propiedades, pero las ha venido explotando, después de la muerte del dictador, con un criterio latifundista. La Administración de los Bienes Restituidos ha sido una amplia ventosa burocrática puesta sobre la economía venezolana, y tierras que debieron ser parceladas entre los campesinos que las laboraban, fueron conservadas por una administración centralizada. Hoy mismo, con sencillez, con audacia, hemos roto con esa política, y los campesinos de "Bramón" han recibido los títulos de propiedad de las parcelas que trabajan. Los otros títulos quedarán en poder del Presidente del Estado, para que en próxima visita a esas haciendas puedan ser entregados a quienes están trabajando la tierra. Así terminaremos con el absurdo de que el Distrito Junín tenga 6.000 hectáreas de tierra laborables pertenecientes a la Nación, de las cuales apenas 3.000 estén laboradas y las otras 3.000 sean tierras yermas, incultas, improductivas.

Es nuestro propósito parcelar todas las tierras pertenecientes a la Nación en todos los Estados del país, incluyendo en esas tierras las que seguramente vendrán a aumentar el patrimonio nacional cuando los acusados de peculado, a los cuales ha enjuiciado el gobierno del pueblo, sean condenados a devolver a Venezuela lo que le arrebataron. 

Esas tierras serán parceladas, pero no en forma empírica. Nosotros no somos demagogos, sino hombres responsables. No queremos, para ganar simpatía entre el campesinado, lanzar títulos de propiedad a voleo. Esas tierras serán parceladas conforme a planes técnicos coordinados por el Instituto de Inmigración y Colonización y el Ministerio de Agricultura y Cría. Los métodos de cultivo no serán los empíricos métodos atrasados, coloniales, de la chícura y de la azada; serán el tractor moderno, la sembradora moderna, la segadora moderna, manejados por obreros calificados los que desbrozarán esas tierras y permitirán explotarlas en forma científica. No se tema, pues, que un gobierno como el nuestro, que ha venido demostrado tener sentido de responsabilidad, vaya a adoptar una política demagógica en materia del reparto de tierras. Las tierras serán repartidas, pero en el momento en que el gobierno cuente con los planes y ordenamientos técnicos que permitan la explotación racional y reproductiva de esas tierras; y no en beneficio del Estado, ni mucho menos de burócratas audaces, sino de la economía nacional y del campesino venezolano.

Con esta política de tierra lograremos también aposentar en las zonas bajas a muchos de los agricultores que están actualmente en Los Andes cultivando pedazos mínimos de tierras en las laderas, determinando así ese alarmante fenómeno de la erosión, que esta cernido como una espada de Damocles sobre la economía y la vida de los tres Estados de la Cordillera. Tuve oportunidad de discutir personalmente con los miembros de la Comisión Norteamericana de Suelos que visitó esta región, y escuché de sus labios una admonición patética: que si continuaba este sistema de cultivar las laderas, contra las leyes de la física y de la economía, provocándose la erosión, dentro de diez años no habría una gota de agua en todo el territorio de los Estados andinos. Este peligro de la erosión puede evitarse, y lo evitaremos, aposentando en las tierras bajas, en las tierras de los Bienes Restituidos o en tierras arrendadas o compradas a los terratenientes particulares, a esos que están actualmente en las laderas, contraviniendo, como ya dije, las leyes de la economía y las de la física, cultivando dificultosamente un pañuelo de tierra verde.

La política de tierras tiene que ir aparejada con la política de créditos. La situación del Táchira es en este sentido dramática. El censo agrícola de 1937 indica que en este Estado existen hipotecas que van desde el 90/0 hasta el 240/0. La usura ha sido condenada, no sólo por las leyes de la economía, sino por las leyes de la Iglesia. En la Edad Media se imponían, por bulas papales, castigos espirituales severísimos contra quienes especulaban con la miseria de su prójimo, prestándole a precios usureros. A precios usureros se le ha prestado al agricultor del Táchira. No es posible que pueda ser rediticia una producción campesina, cuando el trabajador tiene que utilizar dinero que ha obtenido a un interés tan alto, tan exagerado. El Banco Agrícola y Pecuario bien pudo evitar esto, pero no lo evitó, porque no tuvo una política orientada por la preocupación del bien público. Fue un Banco particular, con los atributos de los peores Bancos particulares; un Banco intransigente, que prestaba a corto plazo, y que cuando se atrasaba un agricultor, si éste no formaba en la clique de amigos y partidarios del régimen, ya sabía las consecuencias de su atraso: una demanda judicial, la ejecución de la hipoteca y el paso de la hacienda a las manos del Banco. Nosotros estamos modificando ya, en una forma radical, la política del Banco Agrícola. Actualmente está estudiando la Ley por la cual se rige ese Instituto autónomo, una comisión mixta, integrada por delegados del Banco y del Ministerio de Agricultura. Entre los delegados del Ministerio hay un agricultor pobre y un criador pobre, dos personas representativas de los sectores sociales que han experimentado en carne propia cuanto de negativo ha significado para toda la colectividad productora del agro venezolano, la política arrogante y desacertada del Banco Agrícola y Pecuario.

Esa modificación de la Ley del Banco Agrícola y Pecuario se orientará en este sentido: descentralizar la política de créditos, a fin de que las agencias del Banco puedan llevar oportunamente el aporte de un préstamo al agricultor, sin que éste se vea obligado a hacer un viaje oneroso a Caracas, gastarse Bs. 500 o Bs. 1.000 y luego estarse en la capital de la República calentando sillas en las puertas de las oficinas y haciendo antesalas a burócratas engreídos. También nos proponemos ensanchar las actividades económica del BAP; al efecto, anoche en la "Gaceta Oficial" se publicó un Decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno, adquiriendo cinco millones de bonos de las reclamaciones sobre la heren¬cia de Gómez, al Banco Agrícola y Pecuario, a fin de que este Instituto tenga disponibilidades; porque han de saber ustedes que en estos días el montante en metálico destinable a préstamos, llegó a ser de apenas Bs. 240.000, situación similar, por otra parte, a la que encontramos en el Instituto de Obras Sanitarias, en el Banco Obrero, en la Administración de los Bienes Restituidos. Porque esa gente a la cual eliminó de la vida política de Venezuela la decisión del Ejército y del pueblo, fueron no solamente políticos despreocupados, sino administradores manirrotos e irresponsables.

En materia industrial, nuestro propósito confeso es el de crear un gran Instituto de Fomento de la Producción, similar a los que tan buenos resultados han venido rindiendo en Colombia y en Chile. Este Instituto tendría un capital no menor de cincuenta millones de bolívares y constaría de dos departamentos: uno de promoción de industrias y de estudio técnico de las posibilidades de desarrollo económico del país; y otro departamento crediticio, con sus cuatro renglones: minero, industrial, agrícola y pecuario. Este Instituto de Fomento de la Producción le dará un ritmo más acelerado a la economía nacional. En el Táchira, concretamente, podrán industrializarse una serie de materias primas que aquí existen, y así buscársele una solución a ese problema de desajuste económico que reina en este Estado, por su vecindad con una nación que tiene un ritmo más intensivo y mejor organizado en su producción industrial. El problema del contrabando fronterizo, más que de desequilibrio monetario, es un problema de desequilibrio de economías, el contraste entre una economía de ritmo más acelerado y mejor organizada, y una economía como la nuestra, incipiente, minera, larvadamente manufacturera.

Junto con el incremento de la producción, se tomarán medidas encaminadas al abaratamiento del costo de la vida; pero antes de entrar a este tema quiero decir lo siguiente: mientras se estructura y se organiza el Instituto de Fomento de la Producción -y para eso trabaja un comité ecléctico, donde están representados sectores de la industria y del comercio, porque nosotros hemos venido a rectificar la tesis de que los funcionarios públicos son omnisapientes-, y estamos reclamando así la cooperación privada, estamos solicitando de todo venezolano que se preocupe por Venezuela, que sienta a Venezuela, que ame a Venezuela con pasión profunda, la cooperación con nosotros en esta empresa, que no es sólo de un grupo de militares y civiles, sino de todos los venezolanos: la de salvar nuestra nacionalidad, la de recrear a nuestra patria, la de hacer del venezolano un pueblo libre, sano, feliz y próspero.

Decía que mientras comienza a funcionar el precitado Instituto, el Ministerio de Fomento está concediendo créditos a largo plazo, hasta agotar la partida de cinco millones de bolívares que se le tiene asignada para tal fin. En cuanto a medidas para el abaratamiento del costo de la vida, hemos tomado unas y otras las tomaremos. Porque ésta es (para usar la frase de un hombre público del país vecino) una revolución intrépida, que no tendrá pausas, que seguirá adelante dentro de moldes nacionalistas, sin excederse en sus límites, sin demagogia, pero cumpliendo fielmente los compromisos que ha contraído con el pueblo de Venezuela.

En materia de abaratamiento del costo de la vida, tomamos la medida de renunciar a diez y siete millones de bolívares anuales de ingresos fiscales, eliminado el impuesto de consumo sobre la gasolina, lo que permitirá la reducción de diez céntimos sobre el costo de este combustible, indispensable para los servicios domésticos y de transporte. También se redujo el precio del kerosene, con lo cual buscamos además aumentar la utilización de las cocinas que quemen este combustible, y aminorar consecuencialmente la tala de los bosques.

Junto con la disminución del impuesto de la gasolina que fue logrado mediante el sacrificio de algunas rentas por parte del Fisco, y por parte de las compañías petroleras de algunas utilidades, saldrá seguramente esta noche en la Gaceta Oficial una Resolución rebajando en un 10 por ciento los precios del transporte de pasajeros y los fletes de las mercancías. En esta forma las medidas fiscales las hacemos repercutir directamente en beneficio del consumidor; y también en beneficio de la mecanización de la agricultura, ya que es bien sabido como muchos tractores usan gasolina y kerosene.

Eliminamos también el impuesto sobre la harina de trigo. Esto significa el sacrificio fiscal de doce millones de bolívares anuales. Y estamos haciendo esos sacrificios, porque queremos llevar a cabo una reforma tributaria. La reforma tributaria no se ha cumplido porque se ha establecido un impuesto más, un impuesto directo sobre la renta y la riqueza, y no se ha traído coetáneamente un desgravamen sobre los impuestos de consumo, que son los que más directamente afectan a las clases no pudientes. Nosotros iremos desgravando de esos impuestos a la colectividad por justicia social y para realizar la reforma tributaria.

Mediante la eliminación del impuesto sobre la harina de trigo, podrá ser bajado el precio del kilo de pan de Bs. 1,50 a Bs. 1, y aspiramos lograr reducir ese precio a real y cuartillo el kilogramo. Como se confrontaba el problema de las familias productoras de trigo en Mucuchíes y otras regiones andinas, acordamos que el Banco Agrícola les comprara la cosecha a precios remunerativos y que ese trigo, molido, fuera mezclado con el importado. Pero nuestro propósito es el de ayudar a los agricultores trigueros de Los Andes, quienes cultivan un renglón antieconómico, que no les deja rendimiento, a que transformen ese cultivo agrícola en laboreo pastoril.

Saldrán también decretos, rebajando los alquileres y la luz eléctrica en toda la República. Para aminorar el problema del transporte, que es muy difícil, hicimos gestiones directas con todos los gobiernos capaces de exportarnos material rodante, y pudimos anunciar al país que ya salió el primer lote de camiones de volteo, parte de las un mil quinientas unidades compradas al gobierno canadiense, las cuales serán distribuidas estratégicamente en todo el país, entre las dependencias federales, los gobiernos estadales, y los particulares, estos últimos a través de los canales de distribución de las firmas importadoras, porque nosotros no queremos suplantar al comercio en su función de distribuidor de las mercancías extranjeras o producidas dentro del país. También hay adquiridos 250 autobuses de transporte colectivo de pasajeros y seis autobuses-trailers, que serán utilizados para trasladar la carne desde el Frigorífico de San Fernando hasta los centros consumidores del interior de la República.

En materia de educación, hemos recordado la frase de Domingo Faustino Sarmiento, que nunca supieron deletrear los gobernantes de Venezuela: "Si el pueblo es el soberano, hay que educar al Soberano". Siempre nos ha dolido con el más íntimo dolor, con la mayor vergüenza venezolana, el que un ochenta por ciento de los hombres y mujeres de nuestra patria no sepan leer y escribir. Ahora, como hombres de gobierno, hemos declarado una guerra a muerte a la ignorancia, una santa cruzada por la culturización del país. Esta noche, desde estos micrófonos, a nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno, de sus miembros en viaje por tierras andinas, saludo a los doscientos y tantos venezolanos que hoy mismo han iniciado en Caracas el curso de alfabetización de adultos; jóvenes llegados a la capital de la República, de los cuatro costados del país, y que saldrán de allí dentro de dos meses, con las manos llenas de semillas de luz para regarlas por todos los caminos de nuestra ancha, de nuestra dolorosa, de nuestra grande y amada Venezuela.-

Esta es nuestra obra, expuesta en líneas sintéticas; obra de integración venezolana, obra de amor por Venezuela, obra en que estamos empeñados hombres y mujeres de todas las regiones del país, sin distingos, sin odios y sin recelos regionales. Porque en una misma mesa modesta de Miraflores se escucha el habla cantarina del zuliano, la palabra pausada del andino, la voz dicharachera del hombre de la costa o del llano, todas con un mismo diapasón de amor hacia la patria, todas con una misma pasión venezolanista.

Concluyo asegurándole al pueblo del Táchira, a los pueblos todos de la Cordillera, a quienes me escuchan en cualquier rincón de Venezuela, que los hombres de la Revolución no cejaremos en nuestro propósito de que ésta sea, por fin, la revolución que reivindique al hombre olvidado de nuestra patria. Ha habido en nuestro país muchas revueltas que llamaron revoluciones, dirigidas por hombres que, presentándose como apóstoles de una idea, sólo eran siervos de sus apetitos contenidos. De esa madera, de esa pasta, no somos los hombres que estamos al frente del Gobierno. Vamos a demostrar que las cuarenta familias que tradicionalmente en la capital de la República han rodeado a los gobernantes para aislarlos de su pueblo, no nos van a aislar a nosotros. Vamos a demostrar como gobernantes que éramos sinceros cuando predicábamos en las plazas públicas, como hombres de oposición, (o cuando lo decían los compañeros militares en conversaciones con sus amigos, porque no podían hacerlo en las plazas) que repudiábamos todo lo que había de repudiable en nuestra patria. Vamos a demostrar que lo hadamos, no por demagogia, sino por sinceridad. Como gobernantes, vamos a cumplir lo que decíamos como oposición. Y que nadie se extrañe, porque aquí cabe aplicar la réplica reciente del Primer Ministro británico Attlee al jefe de la oposición conservadora, cuando éste preguntó por qué estaban nacionalizándose Bancos, servicios públicos y otras empresas, y el Primer Ministro Attlee le contestó: "Porque durante cuarenta años nosotros predicamos eso, y estamos cumpliendo lo que predicamos".

Lo que predicamos ayer los hombres de la Revolución lo estamos cumpliendo hoy y lo seguiremos cumpliendo mañana.-

ROMULO A. BETANCOURT