"Discurso al país de Betancourt sobre la Revolución de Octubre" (1945)

DISCURSO DIFUNDIDO AL PAIS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA

“La razón y propósito de la «Revolución de Octubre»”

Rómulo A. Betancourt

[30 de Octubre de 1945]

Conciudadanos:

Con legítimo alborozo venimos a anunciar a la Nación, en nombre de la Junta Revolucionaria y del Gabinete Ejecutivo, que han reanudado sus relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia, Ecuador, Paraguay, Cuba, Bolivia, Guatemala, Panamá, México, Haití, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Uruguayo

Acaso pudiera sorprender que habiendo transcurrido apenas doce días del triunfo de la gloriosa Revolución del 18 de octubre ya el gobierno surgido de ella mantenga normales relaciones con la totalidad de los Gobiernos americanos, y en Europa con Inglaterra y Francia. Los demás gobiernos constituidos presumimos que adoptarán conducta similar en próximos días.

Esa sorpresa sería injustificada. Razones de índole internacional y venezolana explican la tranquila seguridad con que esperó el Gobierno provisional de la Nación ser reconocido sin dilaciones por los Gobiernos amigos, como legítimo personero de la voluntad soberana de nuestro pueblo.

El mundo vive una de sus mejores horas en el devenir histórico de la sociedad humana. Barrida de la superficie de la tierra esa negación del hombre y de sus posibilidades ilimitadas de dignificación que era el fascismo, se ha abierto para la humanidad una etapa de renacimiento. Las cuatro libertades rooseveltianas han dejado de ser hermosa consigna promisoria en labios de un paladín de causas justas, para convertirse en mandato de acción para todos los pueblos del universo. Y por eso en Inglaterra, en Francia, en Guatemala, en el Perú y en varios países donde se han realizado consultas electorales en vísperas del colapso militar del Eje, o en estos expectantes días de postguerra, las ánforas comiciales han arrojado millones de votos para quienes encarnaban e interpretaban lo que el pueblo quería. Nadie ha objetado el resultado de esas consultas comiciales, quedando así definido el derecho de auto determinación de los pueblos y la garantía para todas las naciones de darse sus propios regímenes de gobierno como una de las conquistas fundamentales, abonada con la sangre de millones de hombres, obtenidas por la humanidad en la segun¬da guerra mundial.

En lo nacional, nuestra seguridad absoluta de que la Junta Revolucionaria ganaría de inmediato el respeto y la estima de los demás gobiernos constituidos, era abonada por razones de sencilla lógica. Sabíamos que nos respaldaba el fervor colectivo, la fe y confianza del pueblo; y también que éramos capaces, unidos la Nación y el Ejército con lazo firme de solidaridad, para hacer surgir del desbarajuste político y administrativo a que el personalismo autocrático condujo a Venezuela, un régimen estable, con la seguridad colectiva garantizada, con los servicios públicos normalizados, con la maquinaria estatal marchando de manera firme. Y no se necesita hacer especial énfasis en la rapidez con que se han alcanzado tales objetivos. Nadie que arribara hoya Venezuela podría imaginar que en este país, donde todas las actividades económicas, comerciales y administrativas se están desenvolviendo con sincronizado ritmo, se realizó hace apenas doce días una revolución política y social llamada a enderezar el torcido rumbo que venimos trajinando desde los mismos días iniciales de nuestra era republicana.

No sólo sabíamos que la Revolución era capaz de substituir rápidamente el desorden legalizado por un orden orgánico, enraizado en el querer de la Nación, por ella defendido celosamente como salido de lo hondo de sus recónditos anhelos seculares, sino que abrigábamos la seguridad de que se apreciaría por go¬biernos y pueblos amigos nuestra decisión de cumplir los compromisos internacionales, adquiridos por la Nación con quienes fueron nuestros aliados en la lucha contra el Eje y con los cuales compartimos hoy la común responsabilidad de contribuir a que la paz sea definitivamente ganada por los pueblos. No eran demagogos improvisados, sino con una filiación, con una fe y con un abrumador lote de compromisos con la democracia venezolana y americana, gozosamente aceptados, quienes habían asumido la responsabilidad de estructurar un orden de cosas serio, honesto, responsable, sobre los escombros de un régimen repudiado por la conciencia de todos los venezolanos libres.

El respaldo fervoroso dado por el pueblo a la revolución, la legitima. El desmoronamiento del régimen en el curso de escasas horas, revela cómo estaban minadas sus bases y cómo carecía de asideros en la opinión. Pero oportuno es el momento para decir que la valerosa y fervorosa Unión Patriótica Militar y la dirección del Partido del Pueblo, Acción Democrática, acordadas e identificadas en sus finalidades revolucionarias desde hacia varios meses, prefirieron siempre la fórmula evolutiva. El país sabe cuántas fueron las proposiciones conciliatorias que se formularon al Gobierno de Medina Angarita, depuesto por Ejército y Pueblo unidos el 18 de octubre, para que se realizara una consulta electoral idónea a la ciudadanía. El régimen, imbuido de orgullo demoníaco y resuelto a mantener a todo trance una situación que le permitía a sus más destacados personeros enriquecerse ilícitamente y traficar con el patrimonio colectivo desoyó ese llamado de la opinión democrática. Y el país se vio al borde de la guerra civil, prolongada y cruenta, entre las dos facciones personalistas, animadas por idénticos objetivos antinacionales y jefaturadas, respectivamente, por los generales Medina Angarita y López Contreras. La respuesta del pueblo soberano, la réplica airada de Venezuela a quienes persistían en considerarla feudo suyo, fue la eliminación definitiva de ese régimen de la vida política de la Nación. El procedimiento extremo a que se apelara, fue provocado por quienes se negaron obstinadamente a abrir los cauces del sufragio libre, para que por ellos discurriera el vehemente anhelo de los venezolanos de ejercitar su soberanía eligiendo directamente a sus gobernantes.

Triunfante la revolución, estabilizada en forma definitiva, es hora de insistir en los principios cardinales que la animan. Al formularlos en esta hora solemne, medirnos en toda su magnitud la responsabilidad que asumimos ante la Historia, y si no estuvieran tan desacreditados los juramentos en esta Patria escarnecida por los defraudadores de su buena fe, diríamos que con nuestras propias vidas avalaremos la sinceridad de la obligación contraída con el pueblo venezolano.

La finalidad básica de nuestro movimiento es la de liquidar, de una vez por todas, los vicios de administración, el peculado y el sistema de imposición personalista y autocrática, sin libre consulta de la voluntad popular, que fueron características de los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita. En consecuencia, la Junta Revolucionaria de Gobierno, está dispuesta a proceder con serena, pero inquebrantable y resuelta energía, contra quienes pretendan propiciar el retorno a las condiciones político-administrativas frente a las cuales insurgió la protesta armada de Pueblo y Ejército, fraternizando en las calles blusa y uniforme como en los días estelares de la nacionalidad, cuando las masas artesanales y agraristas, improvisadas para el heroísmo, confundían sus chamarras desflecadas con los rojos dolmanes de los tercios regulares de la milicia libertadora. La erradicación definitiva de los vicios políticos y administrativos que prevalecieron durante la Dictadura, y fueron substituidos por una democracia formal, falsificada e insincera, por los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, es el objetivo básico de la revolución. Abona a ésta el movimiento nacional que la respalda, que por su volumen y orientación es fianza solvente de efectivo progreso para Venezuela. Hecha esta enfática declaración, dirigida rectamente a quienes imaginen que aquí ha habido sólo un cambio de hombres en el timón del Estado, diremos que no traemos a la gestión de la cosa pública un bagaje de odios y de rencores subalternos. Este no es un gobierno para la retaliación y la venganza, sino para la impersonal y severa justicia. En consecuencia, conjugaremos el respeto a la dignidad personal de los máximos personeros del régimen actualmente detenidos, con nuestra irrevocable determinación de hacerlos comparecer en fecha muy próxima ante un tribunal de justicia. Ante ese tribunal, formado por elementos escogidos entre personas honorables y de valor civil, deberán dar cuenta del origen de sus fortunas y responder a los cargos de abuso de poder y administración deshonesta del patrimonio nacional que le serán formulados por el Gobierno del Pueblo.

Los copartícipes de responsabilidad con los ex jefes de Estado en la forma como se han venido administrando los dineros públicos, así como destacados usufructuarios de las ventajas ilícitas existentes en Venezuela antes de 1935 para quienes formaban las camarillas del Dictador, deberán también rendir cuenta del origen de sus fortunas, y devolver a la Nación lo que a la Nación le arrebataron. Ya se han tomado medidas, conocidas del país, para evitar la transferencia, ocultación o exportación al extranjero de riquezas mal habidas, al amparo del Poder y mediante la utilización inescrupulosa de sus resortes.

Esta Revolución ha sido hecha para devolver al pueblo su soberanía. Falsearíamos, en consecuencia, la razón de ser histórica de este movimiento si pretendiéramos prolongar artificialmente el orden político provisional existente en el país. Y es porque nos anima tal convicción que anunciamos hoy la próxima promulgación del Decreto mediante el cual se creará la Comisión encargada de redactar un Código electoral democrático, que permita la elección por sufragio directo de una Constituyente. Ese organismo será integrado por profesionales del derecho escogidos con espíritu ecléctico, sin que predomine en él ninguna parcialidad política, y coma fianza de su autonomía frente a la consigna partidista cuando haya de abordar tan delicada tarea. Elaborado ese Estatuto, realizada la tarea de censar a todos los venezolanos de ambos sexos aptos para el ejercicio del sufragio, se procederá a llamar el país a una consulta electoral absolutamente libre, sin interferencias políticas de ninguna clase, presidiéndola la Junta Revolucionaria de Gobierno como árbitro severamente imparcial. Será la Comisión que se designe, después de estudiar y analizar factores de tiempo para redactar el Estatuto electoral y censar a la población electoral, quien sugiera la fecha para realizarse esos comicios. Pero creemos conveniente adelantar nuestra opinión de que en uno de los meses del primer trimestre de 1946 debe realizarse la consulta electoral, a fin de que el 19 de abril pueda estar funcionando una Constituyente de todos los venezolanos y no aquella desprestigiada caricatura de Poder Legislativo que abochornó a la Venezuela contemporánea.

Todas las corrientes de pensamiento podrán concurrir a la lid comicial, estructuradas en partidos políticos y con sus propios candidatos. La legalización de Partidos y su libre funcionamiento se garantizarán, con la seguridad de que a ninguna parcialidad política será discernido trato privilegiado, ni recibirá las ilícitas subvenciones oficiales de que disfrutaron las Cívicas Bolivarianas bajo el Gobierno de López Contreras y el Partido Democrático Venezolano bajo el Gobierno de Medina Angarita. Y es de pensarse que quienes se agruparon bajo tales rótulos en días recordados dolorosamente por la Nación, no pretenderán que el pueblo tolere su salida al campo del debate comicial con sus mismas repudiadas banderas, eliminadas por la Revolución del escenario político de Venezuela.

Dijimos los hombres de la Revolución que veníamos a servir a Venezuela con mente limpia y ánimo deslastrado del apetito personalista. Fianza de lealtad al compromiso ya la dimos. Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, por decreto insertado oportunamente en la Gaceta Oficial, podrá lanzar su candidatura para Presidente de la República en el próximo año constitucional.

Ofrecimos usar agua y jabón en el manejo de los dineros públicos. Ya ha comenzado en los Despachos Ministeriales, en los Gobiernos estadales y de ambos Territorios y Distrito Federal, una inexorable labor profiláctica. Por Decreto que publica esta misma noche la Gaceta Oficial han sido eliminados el Capítulo VII y la partida 909 del Capítulo XX del Presupuesto de Relaciones Interiores, desaguaderos ocultos por donde corrían hacia el patrimonio particular de los amigos y usufructuarios del régimen, muchos millones de bolívares, extraídos a través de una red de impuestos exacto res, al empobrecido pueblo venezolano. Yendo aún más lejos en esta pedagógica tarea de demostrar cómo se puede gobernar sin prevaricar; y cómo se puede administrar el erario colectivo sin confundirlo con el peculio privado, la Junta Revolucionaria de Gobierno impondrá a todos los funcionarios públicos de determinadas categorías, comenzando por los Ministros y por los miembros de la propio Junta, la obligación de hacer en plazo perentorio, una declaración jurada de sus bienes ante un Juez y de realizar acto semejante al resignar sus funciones. Todo ciudadano podrá acudir ante dichos jueces, a estudiar tales declaraciones, que tendrán carácter de instrumento público.

Fácil nos sería enunciar un extenso y pormenorizado programa de Gobierno. La articulación programática de las necesidades y aspiraciones colectivas en un documento insincero y verbalista ha sido socorrida argucia utilizada por todos los simuladores de preocupación por Venezuela. Por eso, el país desconfía de esos recuentos numerados de los problemas de la Nación, y de la promesa socarrona de solucionarlos, que ha venido escuchando de labios de hombres públicos sin sentido de responsabilidad.

Nosotros preferimos ser cautelosos, y decir con meridiana honradez que en el corto lapso de ejercicio de la dirección de la cosa pública que nos corresponderá desempeñar no podremos abordar, con ánimo solucionador, los problemas fundamentales de Venezuela. Desbrozaremos apenas, eso sí, con ánimo resuelto y decisión de hacer obra útil, el camino que habrá de recorrer el Gobierno constitucional que moldeará el pueblo venezolano con sus propias, limpias manos. Con esto no queremos decir que lo provisorio de nuestra gestión será parapeto detrás del cual nos escudaremos para estarnos en Miraflores y en los Despachos ministeriales mano sobre mano, esperando que de las urnas comiciales salga cristalizada en una Constituyente y en un Presidente constitucional la voluntad soberana del pueblo venezolano.

Ya en el terreno de definir nuestra política administrativa, diremos que ella se orientará fundamentalmente a descentralizar la obra del Estado y a cambiar radicalmente su centro de gravitación. La política suntuaria, ostentosa, la del hormigón y del cemento armado, fue grata al régimen, como lo ha sido a todo gobierno autocrático que en piedra de edificios ha querido siempre dejar escrito el testimonio de su gestión, no pudiendo estamparlo en el corazón y en la conciencia del pueblo. Nosotros, por lo contrario, haremos de la defensa de la riqueza-hombre del país el centro de nuestra preocupación. No edificaremos ostentosos rascacielos, pero los hombres, las mujeres y los niños venezolanos, se vestirán más barato, pagarán menos alquileres, tendrán mejores servicios públicos, cantarán con más escuelas y con más comedores escolares. Y descentralizaremos la actuación estatal volviendo los ojos a la provincia preterida y arruinada, a Venezuela adentro, doloroso testimonio de la incuria y de la incapacidad de los malos gobiernos.

En relación con los funcionarios de la Administración queremos repetir, con todo énfasis, que no ha llegado al Poder una tribu ávida que conceptúe el Presupuesto como un botín de guerra. No serán realizados despidos en masa de trabajadores al servicio del Estado. Quien sea eficaz y honesto, quien no haya sido instrumento consciente o copartícipe de corruptelas, puede sentirse inmune a la remoción, sea cual fuere la filiación política que profesara antes de la Revolución. Hemos sido abanderados de la idea de la carrera administrativa y de la estabilidad del funcionario público, y ahora estamos demostrando lealtad y consecuencia con esa prédica principista. No ignoramos, por otra parte, cómo una densa cantidad de empleados subalternos de la Administración portaban en el bolsillo, coaccionados para ello por sus superiores jerárquicos, el carnet del P.D.V.; pero llevaban a Venezuela en el corazón. Más aún, ya hemos comenzado a demostrar can hechos nuestra intención de mejorar económicamente la situación de los servidores del Estado menos favorecidos en el escalafón presupuestario. Los maestros de escuela y los miembros de nuestras Instituciones Armadas, serán los primeros en disfrutar de este necesario reajuste del ordenamiento de gastos de la Nación, que también comporta disminución de sueldos de Ministros y otros altos personeros de la jerarquía administrativa. Con relación al Ejército vale la pena apuntar que fue también víctima de la despreocupación del régimen por los servidores de la Nación. Sorprendidos sabrán muchos que un oficial con grado de Subteniente devengaba un emolumento de catorce bolívares diarios, menor que el de cualquier obrero calificado.

En materia de libertades de prensa y de radiodifusión, de información interior y exterior, prometemos solemnemente que se garantizarán de manera absoluta. No pasarán muchos días sin que se restablezcan las suspendidas garantías constitucionales, medida ésta de elemental previsión en los actuales momentos. Pero oportuno es insistir en que la Junta Revolucionaria de Gobierno no coarta, sino que explícitamente solicita de todos los sectores responsables, la libre expresión de sus observaciones o críticas desde las columnas de la prensa, a la forma como está dirigiendo política y administrativamente a la Nación. No hay cortapisa de ninguna clase para enjuiciar la conducta como gobernantes de los hombres que actualmente rigen en Venezuela la cosa pública.

Sembrar el petróleo fue la palabra de orden escrita, demagógicamente, en las banderas del régimen. Nosotros comenzaremos a sembrar el petróleo. En créditos baratos y a largo plazo haremos desaguar hacia la industria, la agricultura y la cría, una apreciable parte de esos millones de bolívares esterilizados, como superávit fiscal no utilizado, en las cajas de la Tesorería Nacional. Será creado el Instituto Permanente de Fomento de la Producción, que conceda créditos sin favoritismos discriminadores. Ya en Venezuela se terminaron, definitivamente, los monopolios y ventajas derivadas de amistades y complicidades con los hombres de gobierno.

Respetaremos las concesiones y contratos otorgados a inversionistas extranjeros. Venezuela necesita aporte de capitales importados para desarrollar sus veneros inéditos de riqueza y para continuar la normal explotación de los que están en pleno desarrollo. Es compatible esta decisión con la otra de procurar, con serena firmeza, un trato equitativo en las relaciones entre el Estado y los inversionistas. En Venezuela no deberán obtenerse sino utilidades honestas, y no sobrebeneficios exagerados, por quienes son concesionarios de fuentes nacionales de riqueza. Estamos seguros, por las conversaciones hasta ahora realizadas con personeros de poderosas empresas inversionistas, de que en ellos existe ánimo conciliador y anhelo de entendimiento con el Gobierno en los planes que éste proyecta.

La libertad de organización sindical será plenamente garantizada. Los trabajadores de Venezuela tendrán abiertas siempre las puertas de Miraflores y de los Despachos ministeriales para exponer sus anhelos. Pero creemos que un régimen previsivo no debe esperar a que las naturales contradicciones entre las clases sociales lleguen a extremo conflictivo para entonces intervenir. Adelantarse a esos conflictos, evitarlos haciendo justicia rápida y eficaz a quien la tenga, debe ser su función tutelar. Y animado de esta convicción, el Gobierno realizará muy próximamente la estructuración del Consejo de Economía Nacional. Allí podrán los personeros de las diversas clases sociales, desde la industrial hasta la obrera, debatir en mesa redonda sus problemas, y los problemas generales de la economía venezolana. Tenemos tranquila confianza en que por esa vía se logrará una armónica conjunción de patronos y obreros en beneficio del pueblo y para impulso de nuestra raleada, deficitaria, producción autóctona.

Antes de concluir debo informar a la Nación, a nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que el único incidente diplomático confrontado hasta ahora ha sido el de la brusca salida del país del representante del gobierno dominicano. Ya nuestra cancillería ordenó cablegráficamente al representante de Venezuela en la despotizada Antilla que regrese al país. Este proceder del personero de la dictadura del señor Trujillo nos ha impedido tener la satisfacción de romper públicamente las relaciones con un régimen en torno del cual debe tender América un riguroso cerco profiláctico. Los Gobiernos libres no pueden mantener relaciones diplomáticas con los victimarios de la libertad.

Conciudadanos: Hablando a nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno, con nuestra mejor emoción venezolana, dejamos ratificadas ante ustedes algunas de las ideas centrales que orientan el pensamiento del Gobierno. Más de una vez volverán a la radio y a la prensa los hombres de la revolución a ampliar, profundizar y definir, más concretamente aún, lo que queremos hacer.

En esta obra de Gobierno estamos empeñados los hombres jóvenes de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire; los dirigentes y militantes de Acción Democrática, en cuyas filas milita orgullosamente quien ha recibido de sus compañeros de Junta el honroso mandato de presidirla; y numerosos ciudadanos de filiación política independiente, profesantes de las más diversas ideologías, pero de reconocida honestidad en su conducta pública.

Esta obra cuajará en frutos logrados de bienestar colectivo y de superación democrática en la medida en que la haga suya, fervorosamente suya, el pueblo venezolano.

ROMULO A. BETANCOURT