Mensaje final de mandato ante el Poder Legislativo de la República (1948)

MENSAJE FINAL DE MANDATO ANTE EL PODER LEGISLATIVO EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO TRIENAL

Rómulo A. Betancourt

[12 de Febrero de 1948]

Ciudadanos Congresantes:

En respetuoso cumplimiento de expresas disposiciones de nuestra Ley Fundamental, vengo a presentar este Mensaje de final de mandato ante el Poder Legislativo de la República. Lo hago en mi carácter de Presidente del Poder colegiado al cual confió la Asamblea Nacional Constituyente las funciones ejecutivas del Estado.

La circunstancia de que no coincida la finalización de nuestro mandato con la fecha fijada por la Constitución Nacional para la presentación de las Memorias y Cuentas de los Despachos Ejecutivos, confiere a este Mensaje cierta peculiaridad. Resumir en él la gestión administrativa realizada en los meses ya transcurridos del actual ejercicio fiscal, sería adelantarse a lo que le corresponderá hacer, ante el Congreso reunido en sus sesiones ordinarias del próximo Abril, al Presidente Constitucional de la República ya quienes con él compartan las responsabilidades de Gobierno al frente de los varios Ministerios. Por tal consideración, ha creído conveniente la Junta Revolucionaria de Gobierno que el balance de su gestión administrativa pueda ser analizado, al detalle y exhaustivamente, cuando llegue el momento, prefijado por la Constitución, en que haya de dictaminar el Congreso Nacional acerca de las Memorias y Cuentas Ministeriales.

Otra circunstancia coincide con la expuesta para justificar el tono y contenido que daremos a este documento. Aludo a nuestra desgana por ese estilo de Mensaje pormenorizado y casuístico, tan del gusto de anteriores mandatarios. Creemos cumplir mejor y más a cabalidad con nuestro deber de gobernantes que resignan el Poder, enjuiciando y analizando en este documento algunas cuestiones ligadas profundamente al destino mismo de la República y no abusando de vuestra atención para escuchar el recuento, hecho con morosa delectación, del número de kilómetros de tuberías enterrado en las vías urbanas durante estos dos años de gobierno o de la cantidad de metros cúbicos de concreto vaciada en obras y edificios públicos en el mismo lapso. Sólo un balance esquemático haremos de la labor cumplida en materia de obras públicas y de servicios del Estado, por cuanto ya advendrá la oportunidad legal, dentro del próximo trimestre, para que el Congreso y la Nación puedan pronunciar su fallo acerca de la eficacia o impericia conque hemos administrado el patrimonio colectivo. En cambio, sí defenderemos, con la apasionada sinceridad de quienes se saben asistidos de insobornable buena fe y de honda devoción venezolana, los rumbos trazados por el régimen en materias económico-administrativas y en los de política nacional e internacional. Antes de hacerlo, tendremos que comenzar por dar respuesta, Ciudadanos Representantes, a preguntas categóricas que implícitamente nos habéis planteado, en nombre de la Nación, al reclamar nuestra presencia en el recinto donde delibera el soberano Poder Legislativo.

La interrogante esencial y de dramático contenido que nos formula el país -a nosotros, responsables de haber arribado por el atajo de la insurrección al ejercicio del Poder- es ésta: ¿se justifica históricamente, con lo hecho hasta hoy y con lo planificado para mañana, la jornada revolucionaria del 18 de octubre de 1945? Con enfática decisión contestamos afirmativamente esa pregunta, a dos años largos de aquel violento acontecimiento.

El análisis de las causas que incubaron esa acción insurgente de Ejército y Pueblo ha sido hecho, con confesa intención esclarecedora, en más de un documento oficial. Allí se ha demostrado cómo la Nación, en todos sus estratos sociales, era ya incompatible con aquel orden de cosas. Tan cierto es ello que aun las fuerzas políticas de oposición al régimen, en beligerante actitud partidista, se cuidan bien de impugnar el hecho de fuerza generador de esta etapa de historia nacional. Y pretenden justificar su disidencia polémica frente a nuestra conducta gobernante en una supuesta deslealtad a los ideales prístinos de la Revolución de Octubre, de los cuales se declaran abanderados con la más conmovedora abnegación.

Admitido el consenso casi unánime que existe en el país en torno a la peripecia de Octubre, cabría analizar si hubo consecuencia o defección por parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno y del Partido Acción Democrática, que le aportó siempre al régimen su vigoroso y leal apoyo desde la calle y dentro de los cuadros de la Administración, frente a los tres objetivos fundamentales de aquella insurgencia: reintegrarle al pueblo su soberanía, despersonalizar el ejercicio del Poder y moralizar los negocios públicos.

Dos procesos electorales se han realizado en Venezuela durante el lapso de nuestra gestión; y de éllos puede afirmarse, en forma categórica y hasta arrogante, que son los únicos auténticamente democráticos cumplidos en nuestra Patria y parangonables en su acrisolada pulcritud con los mejores que registren los fastos de América. Sin vacilación de ninguna clase puede decirse que el Jefe del Estado electo y el actual Congreso de la República encarnan, por primera vez en la historia de Venezuela, la delegación auténtica de la voluntad soberana del pueblo para el ejercicio de las funciones ejecutiva y legislativa. Dentro del país ninguna voz solvente se ha alzado para impugnar los resultados de la limpia consulta popular de la cual surgió la Asamblea Nacional Constituyente, ni los que arrojaron las elecciones del 14 de diciembre de 1947, que dio nacimiento legal a los mandatos de estas Cámaras Legislativas nacionales, de las legislaturas estadales y del Presidente de la República de quien próximamente recibiréis el juramento constitucional. Fuera de Venezuela, para orgullo del gentilicio, para íntima satisfacción de quienes queremos apasionadamente esta tierra en donde nacimos, la amplitud de nuestro sistema de sufragio y la manera ejemplar como ejercitó el pueblo ese fundamental derecho ciudadano, nos tienen ganada la admiración de la gente democrática de todas las latitudes.

Como lógica derivación de nuestras recientes experiencias comiciales y superando las naturales divergencias de criterios y de ideologías que puedan separarnos, debemos comprometernos todos los venezolanos dignos de tal nombre a cumplir un solemne pacto patriótico: el de desechar la azarosa senda de las asonadas y dirimir la cuestión del Poder por la sola vía pacífica y civilizada del sufragio. Paz perdurable y creadora derivará el país de este compromiso, si lo aceptan con espontánea decisión y lo cumplen con lealtad caballas corrientes políticas beligerantes; y todas ellas estarán garantizadas contra la tentación del fraude electoral, o de la imposición ejecutivista desde las alturas del Poder, por el impresionante recuerdo que gravitará ya para siempre sobre la conciencia de los gobernantes de Venezuela, de cómo la falsificación de la voluntad popular desmanteló las bases y resquebrajó la arquitectura del régimen, depuesto de manera fulminante y estruendosa por el vendaval de Octubre.

Estas elecciones, en las cuales debemos abrevar legítimo motivo de orgullo todos los venezolanos, significan también el cumplimiento del compromiso de anti-personalismo contraído con la Nación por la Junta Revolucionaria de Gobierno. La sofística literatura de encargo de los teóricos de las autocracias acuñó el dogma de que en el trópico turbulento el Poder se expresaba fatalmente con nombre y apellido propios, y siempre en función de un hombre, signado de atributos providenciales. La historia republicana de Venezuela parecía confirmar esa aberración sociológica, con el discurrir -trágico en su contenido y monótono en su uniforme envoltura formal- de nuestras periódicas insurgencias de montoneras, bautizadas una y otra vez con el sugerente rótulo de "revoluciones". Todas habían desembocado en un nuevo caudillismo, usufructuado por un hombre armado, en provecho suyo y de su clan político. Pero advino Octubre y fue posible ensayar en nuestra Venezuela uno como transplante de Consejo Federal suizo, integrado el Ejecutivo colegiado por siete ciudadanos, inmune cada uno de ellos a la inelegante tentación de creerse insustituible como rector de la cosa pública; y al término del mandato de ese gobierno plural provisorio, constituido cuando aún caían sobre Miraflores ráfagas de proyectiles disparados por los postreros defensores de un régimen, no es ninguno de sus miembros el Presidente electo de la República, sino un admirable ciudadano ejemplar, en quien las mayorías nacionales depositaron la plenitud de su confianza: Rómulo Gallegos.

Y, por último, contrajimos con el pueblo la obligadora responsabilidad de sanear el corrompido ambiente administrativo del país, luchando contra un vicio de seculares raíces: el peculado. Dineros mal habidos por hombres de otros regímenes fueron recobrados por la Nación; y si el Ejecutivo recomendó, y el Legislativo aprobó, la adopción de medidas de equidad en favor de toda persona, ex-funcionario público o familiar suyo, contra la cual hubiese extremado su rigor la justicia revolucionaria y vindicadora de los fueros de la moral administrativa, no fue para favorecer a los enriquecidos al amparo del Poder. Por lo contrario, estas medidas, que han generado revuelo y alarma evidentes en determinados sectores de opinión, tienen la virtud de conservar inmodificadas, firmes y válidas para su ejecución, las sentencias recaídas sobre los más calificados responsables del delito de peculado y sobre quienes, abrumados por el peso de su culpa admitida o por prejuiciada desconfianza acerca de la ecuanimidad de la comisión revisora escogida por la Asamblea Nacional Constituyente, desaprovecharon la ocasión de presentar en fecha oportuna sus escritos de descargo. Pero, al propio tiempo, las medidas de equidad en cuestión despojan a las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa, hasta donde esto es posible dentro de lo falible del criterio humano al actuar en función juzgadora, de cuanto pudiera imputárseles mañana como reflejo demasiado fiel del clima de apasionamiento y de exacerbación colectiva en el cual actuó ese tribunal.

La Junta Revolucionaria de Gobierno, en ejercicio del Poder, prosiguió la labor de profilaxia administrativa iniciada con tan controvertidas sentencias. Y hoy, en vísperas de la terminación de nuestro mandato, podemos decirle al país, erguida la frente y serena la conciencia, cómo después de haber administrado los presupuestos más altos de nuestra historia, no hemos aumentado nuestro peculio privado, sino por el contrario casos hay en que comido está de deudas. Se justifica así el fiero orgullo conque solicitamos de los más intemperantes detractores de nuestra gestión como gobernantes, el señalamiento de un sólo hecho revela¬dor de que algún destacado personero del Estado haya derivado ventajas especiales de su preeminente posición dentro de los rangos administrativos.

Pero faltaríamos a la verdad si dijéramos que en todos los cuadros de la Administración Pública ha habido la misma asepsia y la misma pulcritud para manejar los dineros nacionales. Más de un funcionario subalterno ha desfalcado al Erario, cometiendo acto delictuoso debidamente comprobado; y ha pesado sobre otros la sospecha de que percibían estipendio cohechador de comerciantes nacionales o extranjeros, habituados a competir en el mercado donde se trafica con las influencias. Estos hechos han sido posibles a pesar de las normas de intransigente moralidad trazadas por los altos comandos administrativos y no obstante la vigilante labor previsora desarrollada por la Contraloría General de la Nación. Y si se explica la pervivencia de tales prácticas viciadas por su secular arraigo en las zonas más profundas de los organismos burocráticos del Estado, en cambio no se comprende cómo las tolerancias tribunalicias o la elástica complacencia de las leyes penales ordinarias, puedan dejar impunes tales delitos. Y eso es lo que ha venido sucediendo. La sola sanción administrativa de la destitución del cargo ha sufrido la mayor parte de esos ex-funcionarios inescrupulosos, porque al ser llevados a estrados casi siempre encontraron a un juez benévolo o a un inciso protector que les abriese la puerta de la celda policial. De allí que conceptuemos como de inaplazable necesidad la elaboración y promulgación por el Congreso de una Ley especial de responsabilidad de funcionarios públicos, ágil en su parte procedimental y drástica en sus aspectos punitivos, para impedir que determinados servidores del Estado y particulares hábiles para cohecharlos, continúen infiriéndole daños materiales al Fisco y vergonzoso quebranto a la moral administrativa de la Nación. Y es de elemental justicia señalar asimismo que al lado de estos funcionarios prevaricadores, numerosos servidores del Estado cumplen a cabalidad y con honesto desinterés su cuotidiana tarea.

Las conclusiones de esta apurada síntesis que hemos hecho de la labor democratizadora realizada por el régimen actual, preferimos que las deduzcan por sí mismo todos los hombres y mujeres de Venezuela, a solas cada uno de ellos con su conciencia ciudadana. Pero alentarnos la serena confianza en que aun los compatriotas más hostiles a nuestra actuación deberán admitir ciertos hechos incontrovertibles. Nadie podría honestamente desconocer cómo en la actuali¬dad es el pueblo venezolano quien decide en los comicios la suerte de la República; y cómo el tradicional concepto de mando autocrático ha devenido impersonal función de gobierno, arquitecturado ya el Estado nuevo según las normas de una Constitución que sin hipérbole es de las más democráticas de América; y cómo se le ha ofrecido a las generaciones presentes y futuras del país el tonificador ejemplo de hombres que abandonan Miraflores y los Despachos Ministeriales, o en éstos últimos continúan, sin haber cambiado la decorosa pobreza de ayer por el súbito enriquecimiento de hoy; y como en Venezuela todas las tesis políticas y todas las posiciones ideológicas pueden ser abiertamente defendidas desde la tribuna y la prensa, sin que a nadie se hostilice por sus ideas ni se le coarte su libre difusión.

Debe admitirse con franqueza que la Nación ha sacrificado sosiego y tranquilidad, y aún apreciable porción de sus energías productoras de riqueza pública y privada, para lograr esas conquistas fundamentales. Pero es que no existe, en la historia universal, ejemplo de pueblo alguno que haya podido saltar la etapa de las profundas conmociones internas, al abandonar las formas absolutistas de gobierno y administración para substituirlas por las de un Estado moderno y democrático.

En la memoria de todos está, concretándonos a episodios recientes y a nuestro ámbito nacional, el recuerdo de cómo fue sacudida la sociedad venezolana, en oportunidades muy vecinas la úna de la otra, por dos intensos procesos electorales; y de cómo la pasión política, reprimida y limitada durante tantos años, se manifestó en forma caudalosa en la calle, en la tribuna y en la prensa. Estos sacudimientos agitativos de la opinión pública son normales en todo país donde periódicamente se llame a la ciudadanía a consultas electorales sinceras; y la ejemplar manera de comportarse el pueblo venezolano cada vez que concurrió a los comicios, inducen a presumir que el desasosiego y la pugnacidad derivados de las elecciones se habrían manifestado en nuestro medio sólo como fenómeno transitorio. Pero si no fue así, y el país ha vivido tantos momentos de tensa expectativa, se debe al comprobado hecho de haber tenido que enfrentar este Gobierno no sólo la oposición cívica y lícita, sino también la sistemática labor atentatoria contra la paz pública y la seguridad del Estado realizada por conspiradores contumaces y por obstinados fraguadores de una guerra civil.

Algunas personas, acaso de buena fe, asignan responsabilidades al Gobierno provisional por el estallido, en el transcurso de estos dos años, de varias asonadas y aún por las debeladas en su gestación. Olvidan como no registra la historia un solo caso de una casta política feudal y absolutista, poderosa económicamente y habituada al mando sin control durante decenios, que haya aceptado con resignada serenidad su desplazamiento del Poder. Siempre apelaron, alentadas por el señuelo de la reconquista y convencidas de su segura derrota en un debate cívico, a las formas violentas de lucha, fomentando revueltas intestinas o incurriendo en delito de lesa Patria, al aliarse contra esta con sus detractores extranjeros.

Los brotes insurgentes dominados dentro de Venezuela son bien conocidos de nuestros conciudadanos. Pero no lo son en igual forma las maquinaciones urdidas en el exterior, contra la pacífica vida democrática de la Nación, por algunos venezolanos en insólito contubernio con dictadores totalitarios. Así se explican esos encontrados sentimientos de estupor y de indignación que sacudieron al país hace apenas unos días, al conocerse la documentada denuncia de una posible incursión terrorista de aviadores mercenarios extranjeros sobre territorio nacional.

Acaso podría pensarse que el apoyo activo prestado por algún dictador americano, a quienes conspiran contra la paz y la seguridad de Venezuela, se deba a irreflexivos procederes nuestros en la conducción de la política exterior del país. Y nada sería tan injustificado como tal conjetura. No hemos ido más allá, en los concretos casos señalados, de negarnos a mantener relaciones diplomáticas con regímenes despóticos o a otorgarle reconocimiento a gobiernos espurios, ejercitando en ambas circunstancias las prerrogativas de soberanía del Estado venezolana y procediendo como intérpretes fieles de un sentimiento y de una opinión mayoritarios en el país. Pero en ningún momento nos rentó la idea de ofrecer apoyo militar a las oposiciones contra las dictaduras, porque Venezuela cumple y respeta los pactos internacionales por ella suscritos y porque sus gobernantes actuales le niegan eficacia política al garibaldismo expedicionario. Si a pesar de esa diáfana conducta del Gobierno Nacional los dictadores tropicales asechan (sic) a Venezuela y odian con vehemencia sus libres instituciones, es precisamente porque los pueblos por ellos oprimidos están siguiendo con apasionado interés el proceso de nuestra evolución transformadora. Y no habría manera de impedir, ni nada justificaría el intentarlo, que la sola irradiación comunicativa, más allá de mares y fronteras, de nuestra viva experiencia democrática, sirva de estímulo y acicate a las luchas de liberación emprendidas por pueblos afines al venezolano.

Este análisis descarnado y veraz que queda hecho de las difíciles condiciones ambientales dentro de las cuales se desenvolvió el Gobierno Provisional, bastaría para justificar la lentitud de movimientos, durante estos veintisiete meses, en los rodajes administrativos del Estado. Pero ha sucedido todo lo contrario, Ciudadanos Representantes. Extraordinario dinamismo creador fue insuflado a todas las ramas de la Administración Pública, y acaso no exista otra etapa de nuestra vida de República comparable a ésta en cuanto al número y variedad de iniciativas y de empresas creadoras emprendidas por el Estado. Y aquí no tendremos inconveniente en reconocer cómo la terca realidad de los hechos aconsejó pausas en ambiciosos proyectos ya en marcha, e impuso rectificaciones de temerarios rumbos, trazados al calor de generosos entusiasmos y con la ingenua inexperiencia de todo aquel que se inicia en el intrincado y arduo manejo de los negocios públicos.

En las etapas iniciales de nuestra gestión llegamos a imaginar que bastaría con crear o ampliar por Decreto Ejecutivo determinado servicio público o con dotarlo de adecuada asignación presupuestaria para hacerlo marchar eficazmente. Hace tiempo que estamos de regreso de tales optimismos. La voluntad de servir de uno o varios ciudadanos colocados al frente de una dependencia gubernamental, y la adecuada dotación de recursos fiscales destinados a su funcio¬namiento, son factores importantes, pero no los únicos, para garantizar la eficacia administrativa.

Esa anhelada eficacia no podrá lograrse a cabalidad sin una previa reforma substancial en la estructura misma de los órganos de administración del Estado y sin el adecuado entrenamiento de un comando técnico, especializado en el complicado manejo de una moderna maquinaria de Gobierno. Y necesitamos con urgencia de una maquinaria de ese tipo y de los hombres familiarizados con su mecanismo, porque Venezuela, al igual de otros países atrasados que a saltos se incorporaron a la civilización, confronta casi todos los problemas vigentes en las naciones modernas y de armonioso desarrollo evolutivo, sin disponer para solucionarlos de adecuados elementos de organización y de suficiente equipo humano, capacitado y con voluntad creadora.

No se limitó el Gobierno a comprobar estas realidades, que son lugar común en el acervo de las preocupaciones de bien público acumulado por tantos venezolanos de todos los tiempos. Está ya en marcha una planificada reforma administrativa, algunos de cuyos textos legales podrán ser presentados a la consideración del Congreso en sus próximas sesiones ordinarias. La primera etapa de esa reforma ha consistido en censar a todos los empleados públicos de la Nación con intención de precisar la cantidad y calidad de trabajo rendido por cada uno de ellos, y de inquirir de manera cierta por qué es tan frondosa la burocracia venezolana y por qué cuesta tanto al Erario su sostenimiento. Terminada la tabulación de los datos ya obtenidos podrá procederse al paulatino reajuste de servicios, sin perjuicio para la economía particular de quienes dejen de trabajar dentro de la Administración Pública, por cuanto las actividades comerciales e industriales privadas, en trance de continuo crecimiento, más bien se resienten de sus actuales y futuras dificultades para cubrir la totalidad del personal por ellas requerido.

También se elaboran en el Despacho de Hacienda, con la eficaz colaboración de expertos contratados en el exterior, otras leyes vinculadas a la inminente reforma administrativa. Entre ellas merecen destacarse un estatuto del funcionario público, que defina sus derechos y deberes y estimule su entusiasta contracción al servicio mediante adecuado sistema reglamentario de los ascensos, prestaciones sociales y pensiones de retiro; de la reorganización de los servicios administrativos en sus aspectos estático y dinámico, correspondiendo la primera clasificación a la mejor distribución de tales servicios de acuerdo con las funciones y responsabilidades que han de desempeñar, evitando la duplicación de esfuerzos y coordinándose lo mejor posible los organismos que tengan actividades conexas; y la segunda corresponde a los servicios de proveeduría, tramitaciones y otros. Esta última reforma contempla la creación del Servicio Central de Proveeduría, que termine con la dispersión de las oficinas de compras de los departamentos gubernamentales, lo que actualmente significa dispendiosos costos y obvias dificultades para el control de las adquisiciones, y la simplificación agilizadora de los trámites administrativos, liquidándose de una vez por todas ese desesperante papeleo habitual en las oficinas públicas y el cual somete a duras pruebas la paciencia de los venezolanos. También se elabora reforma técnica de la contabilidad fiscal, uniformándola y simplificándola, para ponerle cese a la anacrónica variedad de sistemas que se utilizan en las varias dependencias oficiales. Y, por último, se ha trabajado con ahínco en preparar un proyecto de reformas del Arancel de Aduanas, que permita su fácil manejo, y le arrebate a esa Ley su actual carácter de indescifrable código, cuyas claves solo las poseen algunos iniciados.

Podría señalarse como contradictorias nuestra inicial afirmación de haberse dado en estos tiempos acelerado ritmo a las labores administrativas y el posterior reconocimiento explícito de que el Estado venezolano requiere urgentes reformas substanciales, para que pueda cumplir eficazmente su misión. Es conciliable lo uno con lo otro. Una vez más se ha comprobado como la comunicativa fe y el voluntarioso entusiasmo son capaces no ya de mover montañas, sino de algo más difícil aún: de imprimirle relativa pero evidente agilidad a la oxidada maquinaria estatal de Venezuela.

Esa mayor actividad administrativa se ha orientado de acuerdo con directrices bien definidas. Nuevos rumbos, buenos o malos, -y nosotros estamos sinceramente convencidos de que son los más coincidentes con el interés nacional- se le han trazado a la acción gubernamental. Ellos podrían resumirse en estos tres sencillos enunciados: incremento y diversificación de una economía propia, porque la ruina y el coloniazgo son la obligada meta final de los pueblos cuyo destino se vincula exclusivamente a una industria minera, manipulada por capital extranjero; desplazamiento del centro de gravitación del interés del Estado, de las cosas hacia las gentes, mediante el aumento en masa, por vía inmigratoria, del potencial humano de la Nación y la defensa intensiva de la riqueza-hombre del país, procurándosele al pueblo salud física, seguridad social y cultura intelectual; proyección a todo el ámbito nacional de las labores gubernativas, que ya se extienden de un extremo a otro de nuestro basto (sic) territorio y no se polarizan exclusivamente hacia la capital de la República y otros escasos centros urbanos densamente poblados.

El incremento de una riqueza auténticamente venezolana y perdurable en el tiempo, requería de organismos planificadores y de instrumentos de ejecución. Con opiniones inconexas acerca de lo que debía hacerse y con la sola actividad crediticia de una banca privada específicamente comercial y cautelosa en exceso para la concesión de préstamos, no podía enfrentar el país el problema de su desarticulada y deficitaria producción interna. Creamos, convencidos de ello, un organismo consultivo de los planes oficiales de fomento de la riqueza pública y privada, y un instituto de crédito estatal dotado de formidables recursos en dinero y orientado en su política de inversiones por criterio diametralmente diferente del que prevaleció siempre en los medios financieros nacionales. Ellos fueron el Consejo de Economía Nacional, que tan útil cooperación ha prestado, y la Corporación Venezolana de Fomento, logro el más positivo en la política económica del actual Gobierno y el organismo mejor capacitado para darle contenido de realidad a la apasionante y justísima consigna de "sembrar el petróleo".

En el lapso relativamente corto que lleva de funcionamiento, la Corporación Venezolana de Fomento ha prestado más de ciento veinte millones de bolívares a empresarios particulares dedicados a actividades agrícolas, industriales, mineras y pecuarias. Préstamos éstos a veinte años de plazo en su mayoría y al razonable interés del cuatro por ciento, y sin que para obtenerlos fueran obligados sus beneficiarios a exhibir una tarjeta de recomendación o a comprobar sus militantes simpatías por el régimen gobernante. Créditos supervisados, para impedir su desvío hacia función extraña a su específico destino, concedidos no para la producción de artículos supérf1uos, sino para incrementar la de mercancías, materias primas o servicios públicos vitales al país, considerados de acuerdo con una escala de prioridades.

De entre los créditos ya acordados por la Corporación, queremos hacer especial referencia a dos de ellos, aun exponiéndonos a derivar por un momento a lo casuístico. Se ha prestado a varios propietarios de establos lecheros la apreciable cantidad de dieciséis millones de bolívares; y el ritmo acelerado que tal aporte financiero del Estado, y los sucesivos, han de imprimir a la producción de ese esencial artículo de consumo nos autoriza a confiar, esperanzados, cómo al cabo de algunos años habrá desaparecido de nuestro panorama social el doloroso y deprimente espectáculo de los niños descalcificados y pretuberculosos, a causa de una dieta pobre en alimentos completos. Y fue suministrado un crédito a una empresa industrial azucarera, que opera en Chivacoa del Estado Yaracuy, por la cantidad de seis millones de bolívares, con los compromisos para los interesados de invertir ellos a su vez quince millones de bolívares, y de garantizar a medianeros y obreros precio remunerador por su trabajo y prestaciones sociales justas. Después de un año de intensas faenas emprendidas por agricultores a los cuales no parece haber impresionado la conseja de una presunta situación caótica en el campo, romperá su primera zafra ese central el próximo quince de febrero, para elaborar en 1948 diez mil toneladas del producto, equivalente a la tercera parte de nuestra anual importación de azúcar.

En cumplimiento de sus planes de incremento de riqueza socialmente útil, la Corporación Venezolana de Fomento no sólo ha concedido crédito a los productores, o iniciado por sí misma, en coordinada colaboración con todos los Despachos Ejecutivos, empresas de tanta envergadura como lo es la unidad económica de El Cenizo, en el Estado Trujillo. También ha sido instrumento ejecutor de un ensayo de cooperación entre capital y técnica extranjeros, y capital y recursos venezolanos, iniciado audazmente por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Aludimos a las sociedades mixtas organizadas entre la Corporación Venezolana de Economía Básica y dicho Instituto. Esta gestión económica oficial ha sido controvertida y objetada desde diversos reductos de opinión, y deber nuestro, que no eludiremos, es de asumir ante el país la plena responsabilidad de ella. Ha consistido, Ciudadanos Representantes, en la constitución, por el sistema de sociedades anónimas, de empresas productoras de artículos esenciales, alimenticios especialmente, con aportes de la Corporación Venezolana de Fomento y de la Corporación Venezolana de Economía Básica. Las acciones son suscritas en proporción del cincuenta por ciento para cada una de ellas. Ambas han adquirido el compromiso de colocar en el mercado sus acciones, cuando las empresas fundadas comiencen a ofrecer lícito rendimiento; y en todo caso, al cabo de diez años, la totalidad del capital invertido debe estar, necesariamente, en manos de venezolanos. Ya están en funcionamiento dos de las Compañías proyectadas, totalizando un capital de más de diez millones de bolívares. Una será productora de artículos alimenticios, agrícolas y ganaderos; la otra, pesquera, se ocupará de extraer y conservar, expendiendo sus productos a precios al alcance de toda la población consumidora, parte de esa prodigiosa reserva alimenticia del país, acumulada por la naturaleza en viveros marítimos y fluviales, y que solo en mínima proporción hemos aprovechado hasta ahora. Nadie podrá negar la utilidad colectiva de ambas empresas, así como de las orientadas hacia finalidades similares que se proyectan; y sólo en la inaceptable hipótesis de que el Estado renunciara a su función de vigilancia del desarrollo de aquéllas, podría temerse modificación de los objetivos concretos que se le tienen prefijados. En efecto, francos y categóricos fuimos en nuestras conversaciones con los representantes de inversionistas extranjeros al definirles, con respecto a nuestros capitales importados, una tesis de Gobierno que en forma diáfana se condensa en el siguiente párrafo de comunicación oficial dirigida por quien os habla al Presidente de la Corporación Venezolana de Economía Básica. Dice el párrafo aludido:

''Asigna el Gobierno de Venezuela una gran importancia a este tipo de colaboración entre la técnica y el capital importados y la iniciativa y posibilidades venezolanas. Tenemos el concepto claro de que Venezuela necesita el aporte de experiencia administrativa, de instrumental técnico y de capitales que le sean aporrados por países con mayor desarrollo económico que el nuestro. Pero ese aporte debe realizarse con fines de colaboración para el negocio lícito y no de colonización monopolizadora. Contra los monopolios existe en nuestro país una activa resistencia y de ello se han dado cuenta quienes comprenden que el régimen de libre empresa no puede ni debe conducir a la extorsión de los pueblos".

Otros aspectos de la acción gubernativa, íntimamente vinculados a la política de fomento de la producción, serán señalados de seguidas, brevemente. Nos referimos a las obras de irrigación, de electrificación, de vías de comunicación y de servicios de transporte.

Hemos dado vigoroso impulso a la construcción de obras de riego. Más de veinticinco mil hectáreas de tierras planas serán puestas al servicio de la agricultura y de la cría en los próximos meses, al concluir el Ministerio de Obras Públicas la construcción de embalses, represas y canales, ubicados en varios Estados de la Unión. De entre esas obras en construcción, la de mayor audacia y de perspectivas más promisorias, es la de El Cenizo, con una posible superficie irrigable de cien mil hectáreas. Además, se han practicado estudios numerosos, con respecto a corrientes de agua canalizables en toda la República, a fin de que no experimente pausas la enérgica labor emprendida. Y es que sin temor a errar puede afirmarse cómo no hay obra de mayor urgencia para Venezuela, desde el punto de vista de su redención económica. Apenas dispone el país actualmente de unas cien mil hectáreas con irrigación permanente, siendo de tierras de secano el resto de nuestra inmensa área laborable. La modificación artificial, con auxilio de la técnica, de esa adversa peculiaridad del medio físico venezolano, es premisa indispensable a la ambiciosa empresa de construir una Nación próspera y de estabilizada producción.

En materia de electrificación puede afirmarse categóricamente cómo es con nuestro ascenso a las responsabilidades de gobierno que se inicia el activo interés del Estado por ese servicio público vital. Comprendimos que electrificación y modernización de un país son conceptos inseparables. Y de esa apreciación derivamos toda una ambiciosa política, orientada hacia el futuro conforme a previsiones cuidadosamente calculadas. Rebajamos por decreto ejecutivo, en toda la República, las tarifas de energía y luz eléctricas. Mediante préstamos del Estado a entidades públicas o a empresas privadas, o por directa iniciativa oficial, se pasó en dos años de trescientas diecinueve poblaciones con plantas eléctricas a seiscientas dieciséis; de trescientas veintidós plantas instaladas se ha pasado a seiscientas. La primera de una vasta red de plantas termo-eléctricas que cubrirá la República entera, aprovechándose la abundancia y bajo precio en Venezuela del petróleo y del gas combustible, ya se instala en La Cabrera, avecindada a Maracay. La inversión en esa empresa de siete millones de bolívares por la Corporación Venezolana de Fomento, permitirá que a fines de este año esté funcionando su primera planta generadora, con capacidad inmediata de quince mil kilovatios-hora, que será luego elevada a cincuenta mil. En el Ministerio de Fomento ha sido organizado, con técnicos de primer orden, un departamento de electrificación y el mismo Despacho, preocupado por la necesidad de que se formen cuadros de profesionales venezolanos altamente capacitados, propició la fundación de un curso de esa especialidad en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Se estudia también en ese Ministerio un proyecto de ley de regulación de los servicios eléctricos, del cual ha carecido el país. Venezuela aumentará en forma insospechada sus posibilidades de industrialización y ascenderá sensiblemente el nivel de vida su pueblo, en la medida en que se realicen los planes ya en marcha para la producción cuantiosa, y la venta a precios reducidos, de luz y energía eléctricas.

Respecto a vialidad, Venezuela no había trascendido la etapa empírica de la sola construcción de caminos carreteros, las más de las veces de acuerdo con los requerimientos políticos, o politiqueros. Faltaba un criterio general de orientación que permitiera fijar con propiedad o, al menos con apreciación aproximada, el volumen total de las obras por realizar, la urgencia de unas con relación a otras y los períodos durante los cuales se debía programar su realización. Con ese fin se creó la Comisión Nacional de Vialidad, que estudió de manera general las necesidades de vías de comunicación del país, los trazados fundamentales y el orden de sucesión de las obras. Presentó esa Comisión su primer informe el4 de julio de 1947, el cual contempla un sistema completo de vías de comunicación, coordinando en provecho de la economía nacional los diferentes medios de transporte actuales: carreteras, ferrocarriles, vías fluviales, marítimas y aéreas de carácter nacional, estadal o municipal, teniendo en cuenta los aspectos técnico-económico y financiero, estrechamente ligados con los planes de fomento y desarrollo de la producción y demás puntos de vista sociales y de estrategia militar.

Ya están en vías de ejecución algunas de las recomendaciones centrales de ese plan de vialidad, técnicamente concebido y armoniosamente articulado. Particular referencia merece hacerse de la construcción ya iniciada de una red de grandes puertos marítimos. Fueron terminados totalmente, en veinte meses, los muelles y almacenes del Puerto de Carúpano, a un costo de seis millones de bolívares; y las construcciones finales del Puerto de Cumaná. El Ministerio de Obras Públicas firmó con una empresa constructora un contrato por cuarenta millones de bolívares -el más cuantioso suscrito por ese Despacho desde su creación- para la realización de las obras definitivas del Puerto de La Guaira; y si son superados ciertos inconvenientes actuales para la obtención en Estados Unidos del material de acero requerido, dentro de treinta y dos meses tendrá Venezuela uno de los mejores puertos marítimos de la América del Sur. Las obras de ensanche del Puerto de Maracaibo costarán once millones de bolívares y su primera etapa será comenzada dentro de los próximos meses. Han sido concluidos los estudios de las obras de ensanche del Puerto de Guanta y será sacada a licitación pública, la construcción de aquéllas, con un costo estimado de doce millones de bolívares y plazo de ejecución de veinticuatro meses.

El dragado de las Bocas del Orinoco -nuestra enorme, inaprovechada vía fluvial- está en avanzadas etapas de estudio; y ha sido definitivamente apreciada como técnicamente realizable, y de extraordinaria utilidad económica, la canalización de la Barra de Maracaibo. Entregaremos al Gobierno que ha de sucedernos la precisa documentación y los estudios ya hechos en torno a este trabajo de obvia magnitud, llamado a impulsar decidid amente el ya vigoroso desarrollo de la economía del occidente de la República y a hacer de la capital zuliana el puerto natural de vastas y pobladas regiones venezolanas y colombianas. El costo de esta obra se ha estimado en alrededor de cien millones de bolívares, con un lapso de construcción de cuatro años y de posible financiamiento mediante los acuerdos de compensaciones con las Compañías Petroleras, a que más adelante se hará referencia.

En materia de vías terrestres de comunicación, destacaremos la innovación de pavimentar, por sistemas de concreto o asfáltico, varios tramos carreteros, mediante trabajos ya iniciados y de otros en trance de sedo; y la creación del Instituto de los Ferrocarriles Nacionales, orientado por la finalidad de coordinar mejor nuestra precaria y deficiente red de caminos de hierro.

Intensamente se trabaja en la construcción de nuevos aeropuertos, a tono con el prodigioso desarrollo contemporáneo de la navegación por aire. De entre esas obras en construcción vale la pena destacar el aeropuerto de Caracas y el aeropuerto internacional de Palo Negro, que será nudo de las comunicaciones inter-continentales y uno de los más grandes y de los mejor dotados de Sur América.

Los servicios públicos de transporte han centrado también nuestro interés.

Conocidos son, y sobre ellos no habremos de detenernos, los programas de ampliación de líneas y de unidades en servicio desarrollados por la Línea Aeropostal Venezolana y por la Compañía Venezolana de Navegación. Pero sí resulta interesante referirse al primer balance positivo que presenta la Flota Mercante Grancolombiana, organizada por iniciativa de la Junta Revolucionaria de Gobierno y contando en todo momento con la leal cooperación de los Gobiernos de Colombia y Ecuador. Durante sus primeros seis meses de actuación, esa empresa naviera auténticamente nuestra movilizó doscientas mil toneladas de carga, para un mil quinientas firmas comerciales de los tres países y recaudó cuatro millones de dólares por concepto de fletes. Doce barcos de gran calado tiene en servicio, navegando bajo banderas venezolana, colombiana y ecuatoriana; y tripulados por capitanes y marineros nacidos en algunas de esas tres Patrias, que fueron una sola, en la hora estelar en que Bolívar dictaba a América previsoras normas de unidad. La regularidad de sus itinerarios, la eficacia de sus servicios y el éxito financiero de la Flota Mercante Grancolombiana, son mentís rotundo al complejo de inferioridad colonialista de quienes le niegan hoya los pueblos latinoamericanos aptitudes y posibilidades para conquistar su independencia económica, tal como ya lo hicieran, en el siglo pasado, los enemigos criollos de nuestra independencia política. Esta empresa está cumpliendo una utilísima función, que no vacilamos en calificar de histórica, al enfrentarse en el terreno de la competencia leal con el monopolio naviero, conocido con el nombre de Conferencia del Caribe, que desde hace tantos años viene extorsionando la economía de los pueblos bañados por ese mar.

No nos contrajimos exclusivamente, en el ejercicio de las funciones de Gobierno, a planificar o iniciar la ejecución de éstas y otras ambiciosas obras, proyectadas hacia el porvenir de Venezuela, y muchas de las cuales acaso no serán calibradas en su exacta magnitud sino por futuras generaciones. También empleamos entusiasta dedicación a una tarea de resultados más inmediatos, aun cuando huidizos a la mirada poco escrutadora. Nos referimos a la que hemos definido como política de incremento, defensa y valorización de la riqueza humana del país. Pensamos que nada significaban para una Nación las monumentales obras de ingeniería y las empresas creadoras de bienes materiales si la gente que la puebla es pobre, escasa en número y mal nutrida; con salud física minada por devastadoras endemias, y espiritualmente deprimida por insatisfechas ansias de cultura. De ahí que comenzar a poblar con inmigrantes nuestra tierra semi-desierta y empeñarnos en alimentar mejor, en domiciliar más confortablemente, en curar y educar al pueblo venezolano, hayan sido objetivos confesos del Gobierno que he presidido.

En materia inmigratoria habrá de reconocerse en el mañana como fuimos los primeros gobernantes de este país con decisión suficiente para abrirle las puertas de Venezuela, y procurar su arraigo en ella, a densas masas humanas, venidas de ultramar. Las cifras tienen mejor elocuencia que las palabras. De 1939 a 1944 ingresaron al país apenas tres mil quinientos inmigrantes. De 1945 a 1947, han llegado a Venezuela dieciséis mil inmigrantes, mediante directa gestión oficial, y veinticinco mil extranjeros más llegados al país por espontánea decisión, con sus recursos particulares, algunos trayendo sus propios equipos industriales de trabajo y la determinante mayoría de ellos, deseosa de hacer de la nuestra, Patria suya. Misiones especiales del Instituto de Inmigración y Colonización seleccionan en Europa, especialmente en Italia, nuevos contingentes humanos, desechándose las personas física, moral o políticamente indeseables, y escogiéndose de preferencia familias de agricultores, obreros calificados y técnicos en las varias especializaciones de las ciencias aplicadas. Se tiene estimado que en el curso de este año, cincuenta mil inmigrantes más llegarán a los puertos de la República. Está prevista su dispersión a todas las zonas del país, de acuerdo con una estrategia demográfica y económica, evitándose que se radiquen exclusivamente en centros urbanos. Hasta ahora, dos firmes criterios de Gobierno han sido aplicados al radicar inmigrantes en el territorio nacional. Son éllos el de no otorgar al colonizador que viene de fuera ventajas diferentes de las que, con preferente derecho, deben acordarse a los venezolanos; y el de impedir que se aglutinen grupos de una misma nacionalidad arribados a nuestro suelo, para evitarnos el futuro riesgo de la formación de minorías raciales indigeridas por el medio criollo.

En los esfuerzos oficiales encaminados a la defensa y valorización del capital humano nacional se han aplicado generosos entusiasmos y decenas de millones de bolívares. Nos neutraliza el amargo regusto que produce en el ánimo el terco estribillo de la "dilapidación" de fabulosas partidas presupuestarias el ver como se reflejan en sencillos hechos impresionantes los resultados de los gastos del Estado. Así pudo el Director del Departamento Anti-malárico, en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, decir esta frase de una línea, pero que cierra todo un ciclo de dolor nacional: "Venezuela es el primer país tropical que se arrebata al paludismo". Medio millón de venezolanos fueron protegidos este año contra el anofele palúdico, por "dedetización" de sus casas y ranchos. Doce millones de bolívares anuales cuesta esa campaña, de defensa de la salud pública. El Instituto Pro-Alimentación Popular fue recomendado a los demás países del continente, como institución ejemplar, por el IX Congreso Panamericano del Niño. Tiene ya en funcionamiento trece comedores populares y construye veintiuno, a un costo total de once millones de bolívares los solos edificios. Diariamente, siete mil comensales, obreros y gentes pobres, asisten a esos comedores. En un año se han servido gratuitamente en los comedores escolares cuatro millones de almuerzos a los niños desnutridos. El número de esos comedores ya es de ciento cincuenta y dos en toda la República y para junio próximo ya serán doscientos, con capacidad para servir diariamente cuarenta mil raciones de alimentación abundante y nutritiva a su pequeña y bulliciosa clientela. Del 46 al 47, el Banco Obrero ha construido mucho más casas que en todos los anteriores diecisiete años de su existencia, incluidos los setecientos apartamentos que constituyen las construcciones de El Silencio. Muchos millones de bolívares representan esas dos mil trescientas setenta y tres casas construidas totalmente, las dos mil trescientas treinta en ejecución y las mil veintiuno que se comienzan a construir. Y para educación, los gastos gubernamentales suscitan vértigo en quienes no entienden que el primer deber de un Estado responsable es la culturización del pueblo. Pero ya comienzan a cuajar en logros promisores los esfuerzos educacionales. Sesenta mil venezolanos adultos, hombres y mujeres, perdieron su venda de ignorancia y ya leen y ya escriben, gracias a la labor desanalfabetizadora realizada por el M.E.N. el año pasado. El número de maestros casi se ha duplicado en dos años. En Caracas ha habido necesidad de abrir segundos turnos nocturnos en los Liceos oficiales, para recibir la caudalosa afluencia de muchachadas estudiosas. En vez de los mil cincuenta alumnos de Escuelas Normales que había en 1945, son hoy tres mil cuatrocientos los venezolanos que cursan la carrera del magisterio. El Instituto Pedagógico apenas graduó, en diez años, doscientos treinta y seis profesores; y en la actualidad cursan diferentes especializaciones profesorales en sus aulas cerca de ochocientos alumnos. Las Universidades han duplicado sus matrículas y disponen ahora, para su manejo autónomo, de presupuestos tres y más veces mayores que los acordados a ellas anteriormente. Así, con hechos tomados al azar y sin nexos aparentes entre sí, resulta fácil entender el sentido de la política del régimen de defensa y valorización del capital humano de la Nación.

La política de dotar de tierras y de créditos al campesino ha sido iniciada ya. El Banco Agrícola y el Instituto de Inmigración y Colonización han hecho voluminosos préstamos en dinero a trabajadores agrícolas; y este último organismo ha colonizado más de seis mil hectáreas laborables con más de mil familiares, nacionales e inmigrantes. Las comunidades agrarias organizadas por la Corporación Venezolana de Fomento, conforme a planes técnicos del Ministerio de Agricultura y Cría, están cultivando veinte mil hectáreas, supervisadas sus labores por agrónomos y beneficiándose de préstamos que exceden en total de los cuatro millones de bolívares. Pero todo esto no es sino el anticipo empírico de lo que debe cumplirse como reforma agraria planificada, normada por una Ley a cuyo conocimiento seguramente habrá de avocarse este Congreso en sus sesiones de abril.

La Política impositiva del Gobierno ha permitido atender las inversiones nuevas y sostener los servicios del Estado sin desequilibrios en el Presupuesto y conservándose en todo momento una prudencial reserva fiscal no utilizada.

Esa política, sencillamente definida, ha consistido en obtener mayores impuestos de quienes perciben mayores utilidades. Ni un solo tributo indirecto ha sido creado en estos dos años, y, por lo contrario, numerosos renglones aduaneros con impuestos sobre artículos de utilidad general, han desaparecido del arancel. Pero se han aumentado los impuestos directos, de manera progresiva, sobre los ingresos anuales mayores de los trescientos ochenta mil bolívares.

Esta política tributaria de nuevo signo ha afectado a todas las empresas que en el país movilizan fuertes masas de capital, y, muy principalmente, a las compañías explotadoras de petróleo.

Oportuna resulta esta referencia para precisar cuál ha sido la política del régimen en materia de hidrocarburos. Clara y firme ha sido esta política, ciudadanos Congresantes. En torno de ella no hemos difundido literatura oficial, porque cuando se tiene responsabilidades de Gobierno e instrumentos de ejecución en las manos, resulta preferible la acción a la palabra. Pero ha llegado la oportunidad de hacer una síntesis, ante los representantes del pueblo y de la Nación, de los lineamientos centrales de nuestra política petrolera.

Fue reconocida la situación jurídica, creada por los Gobiernos anteriores, manteniéndose la Ley de 1943 y las concesiones convertidas, así como las nuevas concesiones otorgadas en 1944 y 1945. Eludimos las controversias de índole jurídica y adoptó el Gobierno las medidas necesarias para alcanzar, en los beneficios de la renta petrolera, la más alta participación que se había considerado como razonable y equitativa desde tiempo atrás. Esas medidas han significado un ingreso adicional para el Fisco no menor de trescientos millones de bolívares. De igual modo, le ha aportado un elemento de trueque a la política comercial del país y aumento de proventos al Fisco, la decisión del Gobierno de negociar libremente con una parte del "royalty", o regalía, percibido por el Estado como impuesto de explotación.

Por último, en la materia de ingresos fiscales derivados de la industria del petróleo cabe señalar que el principio de que la renta líquida de las empresas no ha de exceder a la participación del Estado, enunciado bajo la expresión de "participación 50-50", ha sido mantenido por el Gobierno y reconocido por las empresas afectadas.

En efecto, habiéndose excedido dos de ellas en sus ganancias, sobre las contribuciones pagadas a la Nación en 1946, -y seguramente esos excedentes serán más apreciables en 1947-, se ha convenido en que la mitad de esas diferencias serán devueltas a la economía nacional por vía de contribuciones especiales a obras de interés general, tales como la canalización de la Barra de Maracaibo.

Mediante este último arreglo, que ha de ser concretado en disposición legal en el presente año, se establecerá sobre bases claras e indiscutibles la preferente posición del Estado Venezolano en los ingresos que ha de derivar de las riquezas nacionales de hidrocarburos.

Fue también mantenido por el Gobierno el criterio de no otorgar nuevas concesiones, porque los sistemas adoptados anteriormente no resguardaban a cabalidad el interés nacional y no resultaba recomendable continuar ese como régimen de subasta permanente de las reservas de nuestro subsuelo, sino conservar las que aun nos quedan para su disfrute por futuras generaciones.

Estas labores administrativas de las cuales se ha hecho sucinto recuento panorámico, fueron posibles porque la Junta Revolucionaria estuvo siempre asistida y lealmente ayudada por un equipo ministerial eficaz. Y séame permitido rendir en esta ocasión público homenaje a quienes nos acompañaron ayer, o siguieron a nuestro lado hasta el final del mandato que ejercíamos, laborando al frente de los Despachos ministeriales, de los Institutos Autónomos y de las otras dependencias oficiales con fervorosa dedicación venezolana.

En trance ya de concluir este extenso documento, consideramos deber nuestro el de fijar posición responsable ante un problema que interesa vivamente al país. Nos referimos a la cuestión de las relaciones obrero-patronales.

Frente a esta cuestión -la más compleja, seguramente, de la sociedad moderna- hemos adoptado una política definida, franca. No temimos a la organización de los trabajadores y de los empresarios en sus sindicatos o asociaciones, sino que por lo contrario hemos estimulado la integración de las fuerzas productoras en sus organismos de defensa gremial. Las cifras son diáfanamente reveladoras de cómo es después de la Revolución de Octubre que el movimiento obrero organizado, y el correlativo de las fuerzas patronales, cobra en Venezuela vigoroso desarrollo. En nueve años, entre 1936-1945, fueron inscritas en el Ministerio del Trabajo apenas quinientas veintidós asociaciones de trabajadores y cinco asociaciones patronales. Del 18 de octubre del 45 al 31 de diciembre del 47, se inscribieron setecientas cuarenta asociaciones obreras y doce asociaciones patronales.

Este prodigioso desarrollo del movimiento sindical no ha conducido al abuso de la huelga. ''Aquí en Venezuela hasta el momento no se ha presentado un conflicto serio de trabajo", como bien dijera, en discurso pronunciado el veintiséis de enero reciente, el Presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Y en apoyo de esa tesis bastaría comparar las estadísticas de cualquier país americano con estas de Venezuela: de los cuatrocientos setenta y ocho conflictos colectivos obrero-patronales tramitados ante los Funcionarios del Trabajo en estos últimos dos años, si apenas ochenta y dos desembocaron en huelga.

En el mundo de post-guerra, convulsionado por violentos choques interclasistas, es excepcional esta situación. Pero a algo más hemos aspirado, y a través de reiteradas gestiones ante empresarios y trabajadores lo procuró siempre el Gobierno. Nos referimos a la conveniencia para la Nación de que en todas las ramas de la industria se firmen contratos colectivos con largos plazos de vigencia, porque esa es la única forma de estabilizar la producción. De igual modo, hemos mantenido el criterio de que el salario-petróleo, de razonable exigencia a una industria minera poderosamente organizada, no puede señalar niveles a los que hayan de pagar los productores nacionales o las empresas del Estado. También nos hemos pronunciado contra el ilusorio espejismo de los aumentos constantes de salarios, los cuales emprenden una carrera inacabable con los precios de las cosas y de los servicios, en la cual éstos terminan siempre por tomar la delantera. Y, por último, categóricos hemos sido al señalar como entrabadores por igual del avance progresivo de la Nación "al capitalista egoísta, sin sensibilidad social, que substraiga su dinero a la producción para esterilizarlo en negocios de usura" y "al obrero indisciplinado e irresponsable, que se atrinchere en las previsiones justicieras de la legislación del trabajo para exigir derechos sin aceptar deberes".

Estas ideas han encontrado eco favorable en los sectores liberales de las fuerzas productoras y en los comandos obreros responsables, que forman determinante mayoría en la recién creada Confederación Venezolana de Trabajadores. Y son numerosas las empresas, y hasta grupos enteros de ellas, que tienen asegurada la continuidad de su producción y el rendimiento de la misma a través de contratos colectivos con los trabajadores a su servicio.

Interesante ejemplo de lo que significa esta preconizada política de congelación de salarios y otras prestaciones, -elevados previamente a niveles justos es el reciente convenio suscrito entre una de las más importantes empresas petroleras operantes en el país y la Federación de Trabajadores de esa industria, y con la intervención conciliadora del Ministerio del Trabajo. Totalizan las prestaciones y alzas de salarios obtenidos por los trabajadores, alrededor de cuarenta millones de bolívares anuales, pero tendrá ese contrato de trabajo un plazo de vigencia de treinta y seis meses. Y no puede menos de destacarse el sentido de responsabilidad hacia Venezuela y de lealtad a los intereses de los propios trabajadores puestas de manifiesto en la actitud asumida por los dirigentes de esa Federación Obrera. De sus filas excluyeron resueltamente a quienes, por reprobable demagogia o atendiendo a consignas de típica filiación comunista, no conciben cómo pueda solucionarse un diferendo obrero-patronal, sin el uso, o abuso de la huelga previa. Pero con optimismo podemos valorar el auspicioso hecho de que solo un reducido sector laborante, disciplinado siempre a la consigna importada, se manifiesto reacio (sic) a enfocar el problema de las relaciones obrero-patronales con un criterio de responsabilidad nacional.

Particular referencia debo hacer a la posición y conducta de las Fuerzas Armadas de la Nación durante estos dos años de Gobierno. Terminado el hecho de armas, la acción violenta del 18 de octubre, el Ejército regresó a sus cuarteles. Desde allí y desde las dependencias del Ministerio de Defensa, se ha dedicado la oficialidad venezolana a entrenar y organizar una Institución Armada al servicio de Venezuela, de su soberanía, de sus leyes democráticas. Nos complace consignarlo así ante el país y ratificar aquí cómo es un motivo más de orgullo nacionalista para nosotros que haya sido un Gobierno con mayoría de hombres civiles en sus cuadros el iniciador de un acelerado proceso de transformación modernizadora en las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, y en las Fuerzas de Cooperación.

Responsable, por ponderada y discreta, ha sido la manera de comportarse este Gobierno que toca a su fin ante la tensa y compleja situación internacional. Evidente es que dos bloques de poderosos imperios están dirimiendo una interminable disputa diplomática, acaso anticipo de una tercera guerra mundial. Ante esa perspectiva ha creído el Gobierno que nuestro pequeño pero decoroso país no debe apresurarse a definir actitudes que puedan ser confundidas con el simple desplante. Sabido nos tenemos todos los venezolanos cómo por razones económicas y geográficas estamos ubicados en el llamado frente del Oeste, y que ningún nexo material o de simpatía ideológica nos acerca al llamado bloque Oriental. Estas consideraciones realistas las concilió el Gobierno con su propósito de mantener a Venezuela discretamente al margen de las agrias disputas de las grandes potencias. En la sagaz política del Libertador ante las Naciones más poderosas de su tiempo hemos abrevado estímulo para actuar en política externa con serena firmeza y con patriótico celo por los fueros de la soberanía nacional. Y satisfactorio es para nosotros poder afirmarle con todo énfasis al Congreso de la República cómo son hoy particularmente cordiales y sólidas las relaciones de amistad y comercio de Venezuela con los demás países, de manera especial con los del Continente.

De igual manera debo destacar como las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se han mantenido en un plano de mutua comprensión.

Ciudadanos Congresantes:

Hemos cumplido con una obligación legal al comparecer ante vosotros, personeros de la soberana voluntad del pueblo. Pero no seríamos totalmente sinceros si ocultáramos como nos ha plenado el pecho la satisfacción y el orgullo, por lo hecho y por la honesta intención conque se hizo, en esta hora de someter nuestras actuaciones de gobernantes al libre análisis del primer Congreso Nacional legítimo que haya tenido la República durante muchos años.

Y permitidme que particularmente diga como ha sido momento impar en mi existencia éste de hoy, cuando por última vez en ejercicio de la Presidencia del Poder Ejecutivo, yantes de reintegrarme al pueblo y a sus luchas, he disfrutado del insigne honor de dialogar sobre Venezuela y su destino con el soberano Congreso de la República.

Caracas, 12 de febrero de 1948

ROMULO A. BETANCOURT