DISCURSO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA, ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Rómulo A. Betancourt
[20 de Enero de 1947]
Ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente:
Ciudadanos Miembros de la Asamblea Nacional Constituyente:
En respetuoso acatamiento a un mandato de esta Soberana Asamblea, expresión cabal de la voluntad del pueblo venezolano, viene hoy la Junta Revolucionaria de Gobierno a rendir cuenta de la labor cumplida a través de quince meses de gestión de la cosa pública.
Llegamos al Gobierno el 19 de octubre de 1945. En esa fecha fue suscrita en Miraflores el acta constitutiva de la Junta y se hizo del conocimiento público un "primer comunicado del Gobierno Provisional a la Nación", escueta y apretada síntesis de nuestros propósitos políticos y administrativos.
Lo realizado desde entonces hasta hoy, con su balance de aciertos y de errores, logros dignos de ser proyectados en el tiempo y de equivocaciones ya rectificadas o en trance de sedo, está expuesto exhaustivamente en las Memorias y Cuentas de los Despachos Ejecutivos, que en esta misma ocasión presentan los ciudadanos Encargados de los diversos Ministerios. Pero el análisis de esa gestión política y administrativa resultaría incompleto si no se hiciera en función del momento histórico en que le correspondió gobernar al equipo que está rigiendo actualmente los destinos de la República.
La desaparición de la dictadura de Gómez, en 1935, no significó rectificación a fondo de sus prácticas y sistemas. El personalismo autocrático, la inmoralidad administrativa y el escamoteo a la Nación de su derecho inmanente e irrenunciable a darse sus propios gobernantes, continuaron campeando por sus fueros. El llamado "régimen bolivariano", para escarnio de un nombre sagrado a los venezolanos, significó la pervivencia de lo fundamental del "gomecismo" hasta una década después de la muerte del dictador. Con altibajos, en que lo represivo alternó con lo liberal, se concedieron al pueblo, como fruto de sus ardorosas luchas, algunas garantías. Pero no las esenciales de ver en la Presidencia de la República a un Jefe de Estado y no a un cacique de tribu, ávida e intolerante; y de apreciar en los altos funcionarios gubernamentales la voluntad de servir decorosamente a la República, sin confundir el tesoro público con su peculio privado; y de escoger directamente, libremente, en comicios democráticos, a los personeros legítimos de la voluntad nacional.
En lo económico y social, esta supervivencia de la dictadura después de la muerte del dictador le impidió al país recobrar el tiempo perdido en los largos años del oprobio. No era el supremo interés nacional, sino mezquinos señuelos personalistas, lo normativo en la conducta de los gobernantes. Actuaban de espaldas a lo que ansiaba y necesitaba Venezuela. La satisfacción de los apetitos subalternos de un grupo alzado contra el país suplantaba al supremo interés de la Nación.
Parecía tener hondas raigambres indestructibles este absurdo orden de cosas. Las apariencias indicaban que era inamovible un régimen que se presumía apoyado por las Fuerzas Armadas y provisto en todo momento, gracias al fluir ininterrumpido de la riqueza petrolera, de recursos fiscales poderosos.
Y ello explica la paradoja de que estando acordes todas las clases sociales en repudiar al régimen, sólo un sector civil, políticamente activo, lo combatiera con ánimo resuelto, desde todas las tribunas. Algunas individualidades, políticamente independientes y desde señeras posiciones, se enfrentaban también al caos con apariencia de orden. El resto del país, apenas disimulando su descontento con la situación imperante, parecía amoldado a ella, desesperando de que hubiera una salida para la encrucijada en que se debatía la República.
Los escépticos, y los avenidos fatalistamente a ese doloroso orden de cosas, olvidaban que en las sociedades existían reservas dinámicas, impulsos de transformación y mejoramiento, soterrados en la conciencia colectiva. Por debajo de la superficie indecorosa corría una vigorosa onda renovadora, que sacudía los más profundos estratos sociales de la Nación. El pueblo venezolano, la inmensa mayoría de la población urbana y rural del país era ya incompatible con el régimen.
Este sentimiento de repulsa contra lo existente y de anhelo de un nuevo estilo de Estado penetró a los cuarteles, por entre los intersticios de las pétreas murallas con que el régimen se empeñó siempre en aislar de la Nación a las Fuerzas Armadas. También el Ejército era una víctima del régimen, porque su desarrollo profesional lo entrababa la vigencia en su conducción de las prácticas del empirismo, personalismo y desbarajuste en el manejo de los dineros fiscales característicos de toda la Administración. Los hombres conscientes de las Fuerzas Armadas sentían, además, cómo gravitaba sobre ellos la tácita acusación colectiva de ser los sustentadores casi únicos de una semi-dictadura de aparentes perfiles militaristas, cuando en realidad sólo había un régimen autocrático jefaturado por Generales-Presidentes, en exclusivo beneficio suyo y de las camarillas de intelectuales y de traficantes que les formaban séquito.
Este complejo de causas incubó la Junta Patriótica Militar. La formaron inicialmente algunos oficiales surgidos de las aulas castrenses, militares formados profesionalmente en escuelas técnicas de Venezuela y del Exterior. Pronto el grupo extendió su ramificación clandestina a todos los cuarteles de las más importantes guarniciones de la República: la de Caracas y la de Maracay, y a las de muchas dispersas en el vasto ámbito venezolano. La cuantía y calidad de los oficiales que se juramentaron para ese movimiento revela, al observador desapasionado, cómo era de extenso y de intenso el sentimiento de repulsa alimentado en los pechos jóvenes de los militares venezolanos contra el régimen y sus prácticas.
Esos insurgentes venían resueltos a rectificar el clásico esquema de los pronunciamientos venezolanos. No querían la substitución de un autócrata por un régimen militarista. Los animaba un sincero y desinteresado empeño de civilidad. Y por eso buscaron contacto con el Partido Acción Democrática, única fuerza políticamente organizada que a diario libraba lucha sin desmayos y sin pausas contra cuanto significaba, en lo político y en lo administrativo, vergüenza para la República.
Y porque estas páginas se escriben para contribuir a esclarecer un trozo de intensa historia venezolana, será necesario detenerse en este punto para recordar la actitud asumida, ante el reclamo de cooperación que le solicitó la Unión Patriótica Militar, por los dirigentes de esa agrupación política.
Como toda colectividad políticamente organizada y con vocación de Poder, Acción Democrática deseaba gobernar. Sus hombres y mujeres no eran iconoclastas de inclinaciones anárquicas, sólo empeñados en destruir lo que conceptuaban perjudicial a Venezuela. Querían contribuir, con manos y espíritu, a la edificación de un orden nuevo, basamentado en la democracia efectiva, en el nacionalismo económico y en la justicia social. Por tales circunstancias, resultaba particularmente tentadora para ellos la proposición formulada por la Unión Patriótica Militar, después de demostrar con datos verídicos y convincentes que en sus manos estaba el control de las palancas decisivas de comando de las fuerzas armadas de tierra, mar y aire.
Sin embargo, no revelaron los dirigentes de Acción Democrática inclinación al aventurerismo político, ni desenfrenada ansia de mando. En cordial discusión con la oficialidad coaligada en sus patrióticos fines, se llegó a la unánime conclusión de que debía buscarse una salida evolutiva para la situación existente. Fue entonces cuando parlamentaron dirigentes de ese Partido con el doctor Diógenes Escalante, para entonces Embajador de Venezuela en Washington, prometiéndole no combatir su candidatura si le daba a la Nación prendas concretas en fianza de sus promesas de garantizar libertad de sufragio, honestidad en el manejo de la cosa pública y renovación modernizadora de las instituciones nacionales, entre ellas el Ejército de la República.
Eliminada esa candidatura, por la dolorosa circunstancia de todos conocida, se arbitró otra fórmula política, en el casi angustioso empeño de eludir el golpe de Estado. Se propuso, acordados los dirigentes accióndemocratistas con los dirigentes de la Unión Patriótica Militar, que en vez del doctor Angel Biaggini, candidato de imposición escogido ya por el gran elector de Miraflores, se eligiera un Presidente Provisional, producto de entendimiento entre las fuerzas políticas actuantes y los sectores económicos influyentes en la vida nacional, y el cual convocaría al país a elecciones directas para la escogencia de un Jefe de Estado en el curso de un año de Gobierno. Los militares proyectaban hacer llegar hasta los hombres que estaban en Miraflores su simpatía por esa fórmula, mientras que al sector civil nos correspondió la tarea de popularizarla en la calle y de sembrarla en la conciencia colectiva.
Apenas se iniciaba el debate público en torno de esa proposición transac¬cional, ridiculizada y escarnecida desde el primer momento por la prensa oficiosa del régimen, cuando el Gobierno de Medina Angarita comenzó a detener a oficiales comprometidos en el movimiento. La insurgencia del 18 de octubre fue la respuesta de la Unión Patriótica Militar a una ofensiva represiva desatada contra sus miembros y encaminada a ahogar las ansias que animaban a los auténticos personeros del Ejército Nacional de servir lealmente a Venezuela y a la institución armada. Resulta así aquel Gobierno no sólo el responsable mediato de la Revolución de Octubre, por su impermeabilidad ante los reclamos y anhelos populares, sino también la causa determinante de su estallido.
Triunfante la Revolución, quedó integrada la Junta que asumía el Poder por representantes de los factores que la habían incubado, que juntos habían afrontado el riesgo de realizarla y que estaban identificados, a través de largos y esclarecedores intercambios de opiniones sobre los problemas fundamentales del país, en la manera de comportarse para afrontar su solución.
No se efectuó en ese momento una mecánica amalgama de hombres con ideologías dispares, sino la soldadura de voluntades ya identificadas en torno a un programa concreto, macerado a través de largos meses de esclarecedor análisis de la realidad económica, política y social del país. No fue nuestra culpa si en el momento de integrar la Junta no existía, además de Acción Democrática, ninguna otra organización política en beligerante posición de lucha contra el régimen depuesto por las armas el 18 de octubre.
Pero de inmediato dio revelación la Junta de que no deseaba que se gobernase hegemónicamente a la República, bajo el signo del exclusivismo sectario, tal como lo había hecho el régimen depuesto. Siete de las Carteras Ministeriales integrando la mayoría del Gabinete Ejecutivo, fueron puestas bajo la responsabilidad de distinguidos ciudadanos de filiación política independiente, incluyendo entre ellos a los dos miembros de la Institución Armada que entraron a compartir las directas responsabilidades del Gobierno. A ninguno de esos titulares de los Despachos Ejecutivos se les exigió, como condición para ser incorporados a delicadas tareas políticas y administrativas, que se sometieran a las consignas y directrices del Partido político que con ellos asumía las ásperas obligaciones del Poder. Se les pidió, eso sí -y es de justicia consignar que siempre supieron hacer honor a la palabra comprometida-lealtad a los principios de moralidad administrativa y de superación democrática de la Nación, normativos de la Revolución de Octubre. Otros cargos públicos de fundamental importancia, tales como la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación, las Gerencias de los Bancos Obreros y Agrícolas y Pecuario, las Presidencias del Instituto Nacional de Obras Sanitarias y de la Comisión Nacional de Abastecimiento, la Dirección del Instituto de Inmigración y Colonización y la Administración de Bienes Restituídos, han venido siendo desempeñados por ciudadanos sin vinculaciones de partido con los accióndemocratistas en funciones de Gobierno.
Entre los riesgos previsibles del golpe de Estado, uno, el fundamental, pudo ser eludido. No se encendió en el país la guerra civil. El saldo de vidas sacrificadas en el generoso empeño fue particularmente doloroso por la calidad humana de la mayor parte de los caídos, pero en número relativamente pequeño. El caudaloso respaldo de todas las clases sociales productoras al movimiento de octubre hizo posible que el régimen se derrumbase sin pena ni gloria, como castillo de naipes que abate el viento. El humanitario y venezolano empeño nuestro de proteger celosamente las personas de los vencidos y de dominar con recia energía los conatos de bochornosos saqueos y de inútiles violencias iniciados por gentes políticamente incontroladas, contribuyó a que un movimiento social de tamaña envergadura se realizase con un mínimum de perjuicios para la economía nacional y para la tranquilidad de la sociedad venezolana. Admirable demostración dio el pueblo en esa dramática coyuntura de su capacidad de disciplina. Fue el aliado insuperable de las Fuerzas Armadas y de Cooperación, en el empeño de restablecer el orden público y de garantizar la tranquilidad social. La circunstancia de ser el Partido copartícipe del Gobierno una organización en escala nacional, con comando idóneo y militancia numerosa en todas las regiones del país, fue otro factor imponderable para el restablecimiento de la normalidad. Así pudo lograrse que setenta y dos horas después de haber triunfado la Revolución ya hubiese nuevo Gobierno constituido en todas las Entidades de la Unión y seguridad para las operaciones comerciales o industriales y pacífica dedicación de toda la ciudadanía, urbana y rural, a sus trabajos habituales. Esta impresionante capacidad que dieron pueblo y gobierno de su deseo de crear a toda prisa un orden constructivo sobre los escombros del desorden legalizado, así como la diáfana definición de los objetivos civilistas de la Revolución, explican, en buena parte, la rapidez con que restablecieron los Gobiernos del mundo sus relaciones diplomáticas con el de Venezuela. Apenas doce días después de instalado en Miraflores el Gobierno Revolucionario ya la casi totalidad de los Gobiernos constituidos le habían otorgado su reconocimiento como personero legítimo del Estado Venezolano.
Tramontada la peripecia insurreccional, estabilizado el orden público y reconocido el nuevo Gobierno, se procedió a formular, en forma más amplia, el programa de la Revolución. Me correspondió, hablando como vocero del Ejecutivo colegiado que había asumido por el Decreto N° 1 "los plenos poderes de la soberanía nacional", hacerlo del conocimiento de los venezolanos, en exposición radiada el 30 de noviembre de 1945.
Ese documento oficial se caracteriza, fundamentalmente, por su sinceridad.
Comprendíamos, y así lo expresábamos sin ambajes, que no nos sería posible abordar la solución de los problemas básicos de la Nación en el perentorio lapso de gestión de la cosa pública abarcado por el gobierno de facto. Y definíamos, sin la empenachada grandilocuencia que ha caracterizado los manifiestos- proclamas de anteriores revoluciones venezolanas, los objetivos esenciales de la acción a emprender. Trataremos de sintetizarlos, contrastando la promesa de entonces con el hecho cumplido.
Nos pronunciamos contra el personalismo desorbitado y ambicioso que había frustrado las otras empresas políticas con programas de superación nacional que en la Venezuela republicana también nacieron rodeadas del fervor colectivo. Dijimos que veníamos a negar, en los hechos, la tesis de que los pueblos sólo se salvan por la acción providencial de hombres insustituibles. Y para dar demostración objetiva de consecuencia con ese criterio y afianzar ante el país una actuación deslastrada de la obcecada pasión del mando, promulgamos el Decreto mediante el cual quedaban inhabilitados los miembros de la Junta para postular sus nombres como aspirantes a la Presidencia de la República en el próximo período constitucional. Algunos han calificado esta conducta como desplante romántico. Nosotros creemos, por lo contrario, haber procedido con patriótico realismo. Comprendimos que Venezuela estaba urgida, para recobrar su ya vacilante fe en los hombres públicos, de una impresionante lección de honestidad y desprendimiento ciudadanos. Por animarnos esa íntima e irrenunciable convicción es por lo que venimos hoya decir a este soberano Cuerpo, con el acatamiento y respeto que nos merece, que si hay algún decreto de la Junta en cuya expresa ratificación legislativa estamos resueltamente interesados, es ése que nos incapacita para lanzar nuestros nombres a la palestra del público debate, cuando vayan a postular los venezolanos las candidaturas para Jefe del Estado durante el período de plena constitucionalidad.
Prometimos solemnemente al país erradicar de Venezuela los vicios del peculado, del enriquecimiento ilícito al amparo del Poder, de la dudosa confusión entre el patrimonio colectivo y los bienes propios. Con señeras y contadas excepciones, la historia de todos los gobiernos de la República era la del saqueo de las arcas fiscales, y la de la proliferación de negociados indecorosos efectua¬dos por funcionarios públicos, prevalidos de su posición influyente. Habíase perdido, en ese vórtice de la concupiscencia administrativa, toda noción de que servir con austero desinterés material a la República es la mejor ejecutoria que pueda exhibir un gobernante para afrontar el veredicto de la historia.
Fue relativamente fácil la primera etapa en el cumplimiento de ese propósito. Se trataba de ajustarnos nosotros mismos a una norma cuya violación habíamos criticado acerbamente a los hombres del régimen. Y sin afirmar que en un año hemos extirpado radicalmente vicios con un siglo de vigencia, por lo menos proclamamos con énfasis la eliminación de toda traza de peculado o prevaricación en los altos comandos del Estado.
"Yendo más lejos en la pedagógica tarea de demostrar como se puede gobernar sin prevaricar y como se puede administrar el erario público sin confundirlo con el peculio privado", la Junta impuso, por Decreto, a todos los miembros del escalafón burocrático que manejan dineros fiscales la obligación de hacer declaración jurada de sus bienes particulares ante un Juez de la República. Ahora, y después de salir del gobierno, admitimos y más que eso: solicitamos, que se nos someta a una especie de juicio de residencia, similar al exigido de sus funcionarios de ultramar por la Corona española, en los días de la Colonia. Y es por eso que en forma tan respetuosa como categórica invitamos a los señores representantes de la mayoría parlamentaria, defensora del actual Gobierno pero de probada devoción a los principios, así como a quienes están ejerciendo en este recinto el legítimo derecho a la oposición, indiscutiblemente beneficiosa para la República, sea cual fuese su tono y grado de temperancia, a que señalen un solo caso en que algún miembro de la Junta o del Gabinete Ejecutivo haya comerciado con su gestión, aprovechándose de ella para fines pecuniarios, ilícitos o siquiera inelegantes.
Dijimos también que era nuestra intención la de no ejercer represalias rencorosas contra los personeros del régimen depuesto, cuyo estado mayor había sido detenido en los días de la Revolución, pero sí someter sus actos, como gestores de la administración pública, al examen de un tribunal.
Leales a esos compromisos desoímos las voces de la opinión pública, que reclamaba procesos punitivos y cárcel prolongada para los detenidos. Escasas semanas después de haberse instalado el nuevo Gobierno, un grupo de dirigentes civiles y militares del régimen fue extrañado del territorio nacional, sin habérseles inferido en ningún momento maltrato físico o humillación moral. El procedimiento utilizado con quienes difícilmente hubieran podido librarse en el país de sanciones populares, a menos de brindárseles la dura protección de un muro carcelario, no fue distinto del que siempre se utilizó, en América y en el mundo, por movimientos revolucionarios triunfantes, cuando procedían humanitariamente y no querían mancharse las manos con la sangre de los vencidos. Inclusive introdujimos la insólita innovación en la accidentada vida política del país de continuar pagándole las pensiones de retiro, a la cual eran legalmente acreedores, a los militares que, incluidos en esa medida de seguridad pública, se avinieron a aceptarlas.
Y consecuentes también con el ofrecimiento de juzgar a quienes habían manejado desaprensivamente los dineros públicos, fue creado el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa. No era innovación la idea de sancionar el peculado, porque tenía antecedentes históricos. En los días de la primera República, Simón Bolívar propició la pena de muerte contra los prevaricadores. Cuando triunfó la llamada Revolución de Marzo, en 1858, el ilustre repúblico Fermín Toro redactó un decreto, que fue legalmente promulgado, estableciendo severas penas contra los "abusos, fraudes y latrocinios" realizados en los predios de la Administración Pública. Pero esos propósitos de moralización se frustraron, cuando al Libertador se le extrañó de la Patria y cuando la revolución contra la oligarquía de los Monagas naufragó en el cieno de los mismos vicios que justificaron su realización. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder cumplir lo prometido. El Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa, actuando bajo su sola norma de conciencia y sin apremio alguno de la Junta, dictó sentencias, absolutorias o condenatorias, para un grupo de ciudadanos, que en una forma u otra habían intervenido, en las últimas décadas, en la Administración Pública. La ejecución de esos fallos puede ser objeto de medidas de equidad que ordene la Asamblea Nacional Constituyente, y que seguramente cumpliría el Gobierno Provisional. Lo falible de la justicia humana, aun cuando la mejor buena fé anime a quienes la ejerzan, expone a errores, cuya rectificación en el modus operandi de la ejecución de dichas sentencias no sería debilidad, sino acto de serena justicia. Esta tesis no es sino reiteración de la que en diversas ocasiones hemos exteriorizado hombres de la Junta, y no implica inconsecuencia, sino reafirmación de lo que tuvo oportunidad de expresar en una concentración pública de Maracaibo, quien tiene hoy el insigne honor de hablaros: "No vamos a arriar -se dijo en esa oportunidad-la bandera más limpia de la Revolución de Octubre, la bandera de la recuperación moral de la República, la bandera del saneamiento y de la profilaxia administrativa, la bandera de la erradicación definitiva del concepto de que ser hombre público no es la oportunidad de servir con decoro a su país, sino la de enriquecerse a costa del país".
Oportuna es la ocasión para ratificar la opinión de la Junta de que los bienes que ingresen al patrimonio nacional por concepto de ejecución de esas sentencias no constituyan una nueva fuente de enriquecimiento para el Poder Federal. Conceptuamos que deben ser aplicados a finalidades sociales útiles y a compensaciones para los Estados y Territorios donde ejercieron mal gobierno algunos de los enjuiciados. Fiel a esa norma, el Gobierno autorizó a la Administración de Bienes Restituidos para que efectuase varios préstamos, con destino a la realización de obras de utilidad general, a algunas de las tesorerías regionales, tomándolos del producido de las rentas de inmuebles y propiedades entregados a su custodia por imperio del Decreto que creó el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa. Colegios, escuelas y otros institutos de similar beneficio colectivo funcionan en algunas de esas propiedades; la administración y renta de otras han sido puestas en manos del Patronato Nacional de Alfabetización, para aumentar sus disponibilidades, y de esos mismos fondos fueron donados seiscientos mil bolívares, en la forma de cuotas mensuales de cincuenta mil bolívares, a la Cruz Roja Venezolana, meritoria institución que los ha destinado al ensanche de sus servicios hospitalarios y a iniciar la construcción de una nueva Escuela de Enfermeras en la capital de la República.
Dijimos que íbamos a devolver al pueblo su soberanía usurpada. La forma limpia como hemos cumplido esta histórica promesa constituye el mejor aporte de la Revolución de Octubre a la dignificación de la República. Sea cual fuere, adverso o favorable, el juicio de la posteridad ante este movimiento político, nadie podrá regatearle el honor de haber propiciado y presidido los primeros sufragios auténticamente democráticos de toda la historia venezolana. Sin vanidad, pero con hondo orgullo, afirmamos haber sido consecuentes el 27 de octubre de 1946 con el compromiso esencial asumido por nosotros apenas llegados al Gobierno y que fue oficialmente ratificado el 5 de julio del mismo año. Después de realizados esos comicios, reunida como está y entregada a afanosas tareas la Asamblea Nacional Constituyente de aquéllos nacida, ni una palabra queremos quitar ni añadir a lo que afirmáramos, a nombre del Gobierno, el día inicial de las inscripciones electorales:
"Por primera vez será trajinada la vía democrática del sufragio libre, en toda su amplitud, por el pueblo venezolano. El ejercicio del derecho del voto, esencial en toda democracia responsable, se le regateó siempre. O fue el voto restringido, aristocratizante, censatario, de la república goda, sólo concedido a los privilegiados por la alcurnia o el dinero; o fue el voto enturbiado por el fraude, la componenda y la imposición oficialista concedido por la oligarquía liberal, utilizando métodos cuya vigencia se puso de nuevo a la orden del día a partir de 1936".
"Este ejercicio del derecho del voto podrá cumplirlo el pueblo venezolano, en los comicios que hoy se inician, como en la más avanzada república democrática de cualquier latitud. Nadie interferirá desde las alturas del Poder la libre inscripción del ciudadano en los registros comiciales y la libre emisión del voto en las urnas electorales. Alfabetos y analfabetos, hombres y mujeres incultos y letrados, todos los venezolanos mayores de 18 años -venezolanos todos con pleno, innegable derecho a orientar el rumbo definitivo de la República- podrán escoger su Asamblea Constituyente soberana, hoy; su Presidente de la República, mañana. Y de este proceso será Juez imparcial, sin caer jamás en la tentación intervencionista, marginada lealmente a la pugna inter-partidaria, la Junta Revolucionaria de Gobierno".
Los comicios de Octubre, por decisión del Gobierno, fueron garantizados con la presencia austera, en los sitios de votación, de los oficiales y soldados de la República, para asegurarle a todas las corrientes políticas en juego libertad plena en la emisión del sufragio. Y su resultado significa la definitiva derrota de la teoría pseudo-sociológica, forjada por intelectuales al servicio de las autocracias, que conceptuaba al pueblo venezolano como inapto para ejercitar el derecho esencial del ciudadano libre en toda democracia: el de elegir. Casi millón y medio de personas concurrieron, pacífica y devotamente a las urnas; y la supuesta incógnita de la forma como la mujer y el analfabeto iban a colorear el panorama político del país al ser llamado el pueblo a una consulta por el sistema de sufragio universal y directo, quedó definitivamente descifrada: lo colorearon de democracia venezolana, intransferible y auténticamente venezolana.
Nuestra actitud ante el ejercicio de las libertades públicas quedó definida en el primer Comunicado de la Junta a la Nación, suscrito en Miraflores cuando todavía quedaban sin reducir algunos focos de resistencia armada en la propia capital de la República. Dijimos entonces: "Garantizaremos el orden público, sin apelar a violencias coercitivas. Habrá garantía para el libre desarrollo de las actividades de todas las clases sociales".
Parecía temerario ese compromiso, ya que se formulaba cuando apenas se iniciaba el Gobierno Revolucionario, rodeado de peligros y de acechanzas. Pero no pasó mucho tiempo sin que se apreciara la sinceridad del propósito. Las medidas represivas contra los hombres del régimen que continuaron en el país fueron reducidas al mínimun, y si algún funcionario subalterno se excedió en ellas fue respondiendo a personal vocación de mandonería. Con discreción fueron usados los plenos poderes de la Junta y la suspensión de las garantías constitucionales que rigió por algún tiempo. Restablecidas esas garantías, al ser promulgados conjuntamente el Estatuto Electoral y el decreto que restauraba la vigencia de aquéllas, sólo quedaron en pie las medidas de extrañamiento tomadas contra algunos ciudadanos. Rápidamente fueron legalizados hasta trece partidos políticos en la capital de la República y en los Estados de la Unión. Las libertades de reunión y asociación, política y sindical, se respetaron a plenitud. Y la prensa comenzó a disfrutar de libertad cabal, que consiste no sólo en asegurar a los periodistas contra el riesgo del carcelazo, sino fundamentalmente en no inferirles la ofensa de insinuarles que arrienden su talento y su pluma a un Gobierno que, como los otros de la Venezuela de los últimos años, dispone de cuantiosos recursos económicos para mercar conciencias y de poderosos medios para ejercer presión sobre las empresas dueñas de diarios o revistas.
Decir que no se cometieron errores, y hasta injusticias, en las relaciones entre ciudadanía y gobierno, sería de parte nuestra una mentira. Las revoluciones tienen su propia dinámica, y en las horas álgidas de su nacimiento, el afán de defenderlas y de estabilizarlas conduce a extralimitaciones inevitables. No se cambia tampoco de la noche a la mañana, por decreto, el que ha sido tradicional estilo de gobierno de un país, ni se eliminan por resolución ejecutiva los resabios ancestrales acumulados en la psicología de su gente; y por eso, no es hecho insólito que aquí o allá puedan ser señalados desplantes de arbitrariedad en la conducta de algunos funcionarios de la Revolución. Pero lo que sí afirmamos, con énfasis, es que cada vez que se hizo presente una manifestación de ese tipo, la Junta acudió rápidamente a exigir, y hasta a imponer, su rectificación. Por eso confiarnos en que la historia, al hacer el balance de nuestra actuación, sabrá distinguir en ella lo esporádico y circunstancial de lo que es determinante y permanente línea de conducta del Gobierno. Su sincera vocación democrática, su ausencia de encono frente a quienes le eran hostiles, su repudio vehemente a la inveterada práctica de utilizar el Poder como oportunidad para ejercer represalias o venganzas personales, son actitudes escritas con hechos y difíciles de borrar de la memoria de los venezolanos.
Esta manera de proceder del Gobierno fue interpretada, por muchos de los desplazados en Octubre de las ventajas del mando incontrolado, como signo de incapacidad del equipo en el poder para garantizar el orden público y las conquistas populares; y la errónea creencia los indujo a trajinar los vericuetos de la conspiración. A aquellos se sumaron algunos de los sentenciados por el Tribunal Civil y Administrativo y aventureros políticos a caza de posiciones o notoriedad, formando todos esa heterogénea fauna humana, aglutinada por el denominador común de los apetitos inconfesables, que podríamos clasificar como el sector complotista de la oposición. Gente sin programa, sin bandera, sin ideales nobles y sin propósitos altos, restos zozobrantes de la vieja política que se fue definitivamente a pique y condenados irremisibles a ser aventados por la evolución nacional a los más sombríos rincones de la historia.
Esos enemigos de la normal y pacífica transformación cívica del país explotaron, en tres ocasiones, un rezago peligroso que dejan siempre los golpes de Estado, cuando devienen movimientos sociales de superación colectiva: el descontento de algunos de sus autores, por no habérseles satisfecho plenamente sus ambiciones personalistas; y el de otros al ver como no se trataba de solo cambiar hombres para dejar en pie sistemas, sino de trazar rumbos distintos, hacia el encuentro con el pueblo y su raíz, a la vida nacional. Y el balance de la campaña artera que dentro de los cuarteles realizaron esos conspiradores fueron a la (sic) frustrada conspiración de enero de 1946, el motín sangriento del ''Ambrosio Plaza" y la descabellada aventura insurreccional del 11 de diciembre próximo pasado.
Las circunstancias de que el alevoso asesinato de dos oficiales en el regimiento de caballería tuviese lugar un mes antes de efectuarse las elecciones y de que estallase la cuartelada más reciente apenas seis días antes de inaugurar sus sesiones esta Asamblea, denuncian a las claras la intención de sus autores y de sus instigadores de entrabar el proceso de democratización institucional del país.
La forma como fueron debelados esos brotes sediciosos ponen (sic) de resalto dos hechos: Su debilidad intrínseca, porque carecían de apoyo de opinión y porque a ellos se sumaron, en todas las ocasiones, sectores muy reducidos y militarmente desdeñables, de las Fuerzas Armadas; y la decisión de la Junta para dominar rápidamente esas conspiraciones, demostrando cómo son compatibles la tolerancia democrática con el firme propósito de garantizar la paz de la Nación. Otra lección que emerge de esas intentonas fallidas es la de la imposibilidad de derrocar a un Gobierno resuelto a no rendírsele a los enemigos del pueblo y de la libertad, sino a ofrecerles combate.
Las oscuras fuerzas reaccionarias, vencidas en tantas escaramuzas pero aún no derrotadas definitivamente, apelaron entonces a lo que en el reciente conflicto bélico mundial fue clasificada como "guerra psicológica'. Pusieron a circular en todo el país falaces rumores alarmistas, llevando expectativa y desasosiego a la población nacional. Y fue como réplica a esas mentiras regimentadas que las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, y las Fuerzas de Cooperación, dieron a Venezuela y a América el histórico ejemplo de un Ejército que concurre al recinto augusto donde deliberan los depositarios de la soberanía nacional, a manifestarle su acatamiento y respeto.
El documento suscrito por los Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación expresa también lealtad a la Junta que ejerce por delegación de esta Asamblea, el Poder Legislativo; insinúa la conveniencia de que se dote al Estado de un instrumento legal flexible y enérgico, garantizador de la seguridad pública y con sanciones previstas para quienes instigan intelectualmente las asonadas, eludiendo luego responsabilidades al escaparse de ellas por entre las mallas complacientes de las leyes penales ordinarias; y notifica a los posibles subvertores del orden público interno y a los empresarios de invasiones desde el exterior, de su decisión de rechazar como un solo hombre cualquier intentona contra-revolucionaria.
Ha parecido a algunos exagerado el celo de la oficialidad del Ejército, la Armada, la Aviación y las Fuerzas de Cooperación al concurrir a esta Asamblea, a depositar sus armas al pie de la soberanía nacional, encarnada en la Constituyente. Rectificarán ese parecer al enterarse de que precisamente es la suplantación de la voluntad de la Constituyente soberana por la del Ejército lo propiciado y sugerido por enconados enemigos de la vigencia de normas democráticas en el país. Concretamente estamos en condiciones de informarle a la Nación de la actitud que al respecto ha asumido el ex-Presidente General Eleazar López Contreras, caracterizado personero reaccionario y contumaz predicador de la guerra civil. Al cumplir este compromiso de sinceridad con el país, no acompañaremos al ex-Presidente en su descomedido lenguaje para expresarse de la actual situación política de Venezuela, por respeto a nosotros mismos y por el que dispensamos a quien ejerció alguna vez la Primera Magistratura de la Nación, aun cuando fuese tan viciado el origen de su mandato.
Ese ex- Presidente ha pretendido que se presione a esta Asamblea, para que acepte sus particulares puntos de vista y de paso se evite una presunta guerra civil. Ha llegado más lejos aún: a inducir a que se proceda violentamente contra la Constituyente, si no se pliega a esa presión. Lo cual equivale a auspiciar, ciudadanos representantes, la repetición de aquella trágica peripecia del 24 de enero de 1848, cuando fue ametrallada en este mismo recinto la representación parlamentaria; o el gesto de Oliverio Cronwell colocando el ya clásico rótulo:
"Se alquila este local", en el frontispicio del salón de sesiones del Parlamento británico, previamente desalojado por la fuerza.
¿Cuáles imputaciones formula ese ex-Presidente al Gobierno actual de Venezuela, para justificar la presunta guerra civil de la cual se manifiesta implícito organizador? Son dos: un fantástico plan maquiavélico del Gobierno Nacional para substituir al Ejército organizado por milicias irregulares; y una supuesta hostilidad del mismo contra los Estados de occidente -Zulia y los Andes- que en su concepto explica la existencia de un fermento separatista en esos Estados de la Unión.
El primer cargo no valdría la pena de ser rebatido. No se concibe cómo un Gobierno responsable pueda traicionar a la Patria, y minar las propias bases de su estabilidad, debilitando a la Institución que salvaguarda la soberanía nacional y garantiza el orden público. Empero, vamos a demostrar con cifras y hechos elocuentes cómo tuvieron toda la razón los dos miembros militares de la Junta, Comandante Carlos Delgado Chalbaud y Mayor Mario R. Vargas, cuando en carta pública al propio ex-Presidente López Contreras, de fecha 3 de julio de 1946, afirmaron lo siguiente: "Tan monstruosa eventualidad de una lucha fratricida no ha de presentarse en Venezuela, porque quienes lo pretendan habrán de enfrentarse a nuestras Fuerzas Armadas, nunca como hoy cohesionadas y fuertes, ya que en ocho meses solamente la Revolución ha hecho más por ellas que el Gobierno de usted en el que tantas esperanzas ciframos para nuestras Instituciones Armadas, esperanzas que a la postre resultaron fallidas".
En efecto, los problemas internos del Ejército cuando inició su gestión el Gobierno Revolucionario "revestían magnitud alarmante", para utilizar una frase del Encargado del Ministerio de la Defensa Nacional en la introducción de la Memoria y Cuenta presentada a esta Asamblea. Un subteniente devengaba sueldo menor que el de cualquier obrero calificado y eran igualmente incompatibles con la dignidad de sus cargos los sueldos de los oficiales situados en rangos más altos de la jerarquía militar; estaba vacía la Intendencia de vestuarios y de equipos; las raciones alimenticias y monetarias para el personal de tropas eran de ridícula cuantía, y la mayor parte de los soldados dormían tirados sobre baldosas, sin camas ni frazadas; agotados los recursos de la Caja de Previsión, no recibían prestaciones sociales, en caso de enfermedad suya o de sus familiares, los oficiales a quienes reglamentariamente se obligaba a la periódica cotización. Y al lado de todo esto, el depresivo sentimiento que abrumaba a la oficialidad al apreciar el descenso progresivo del nivel técnico y profesional de la institución, porque no eran la antigüedad y el mérito las vías para alcanzar ascensos y posiciones de comando, sino los vínculos de adhesión personalista con el jefe del régimen.
El Gobierno Revolucionario le dio un vuelco a la situación dentro de los cuarteles. Aumentó en un 37% los sueldos de los oficiales, en un 57% las raciones de las tropas y en un 50% lo destinado a la alimentación de las mismas. Los suministros en productos de farmacia para la Sanidad Militar fueron aumentados en un 250%. Se destinaron cuatro millones de bolívares como aporte del Estado para fortalecer la Caja de Previsión de las Fuerzas Armadas, la cual sólo había recibido desde su fundación el aporte único de un millón de bolívares. Se prestó especial atención al desarrollo de la marina de guerra y de la aviación militar; y en material flotante y aéreo, así como en moderno material bélico, se adquirieron o contrataron cantidades superiores a las correspondientes al decenio 1935-1945. El alumnado de la Escuela Militar, de la Escuela Naval y de la Escuela de la Guardia Nacional, fue aumentado en proporciones que oscilan entre el 100% y el 200%, preparándose así en lo técnico y moral a la oficialidad que se requerirá para un Ejército posiblemente con mayores efectivos, pero reformándose la Ley de Servicio Militar a fin de que se reduzca a un año el lapso de permanencia en sus filas. Por primera vez en la historia venezolana se ha cumplido con el mandato de la Ley de que funcione el Consejo de la Defensa Nacional, integrado por la Junta de Gobierno y por calificados representantes de las diversas armas. Y ya no es el veleidoso capricho personal de un gobernante, sino las pautas estrictas de la Ley, lo que regula el régimen de los ascensos. Así ha procedido el Gobierno, porque conceptúa que todo Estado moderno y democrático necesita afianzar su seguridad interna y externa en Instituciones Armadas técnicamente idóneas. Entonces, ¿dónde asoma el supuesto propósito gubernamental de substituir a las fuerzas armadas regulares por advenedizos cuadros de condotieros?
La segunda imputación del ex-Presidente rebasa los límites de lo absurdo para adentrarse en el terreno de lo monstruoso. Nadie en el país, ni los más enconados opositores del Gobierno, habían sido capaz de insinuar siquiera que los pueblos zuliano y cordillerano fueran víctimas de una suerte de ojeriza oficial. De igual manera nadie se había atrevido a inferirle a esas nobles colectividades laboriosas, tan extrañablemente (sic) venezolanas, la ofensa de imaginarlas alimentando impulsos desintegradores de la unidad nacional.
Al tenor de lo dicho se aprecia que dos serían las banderas justificadoras de la contienda fratricida con la cual amenazan el ex-Presidente y sus amigos: evitarle al Ejército el supuesto riesgo de ser "disuelto" por decreto ejecutivo, o por mandato de esta Asamblea; e impedir que el Zulia y los Estados andinos se segreguen de la comunidad nacional.
Imperativa obligación moral hemos cumplido al informar a esta Asamblea, y al país con ella, de tales planes antipatrióticos. Que si llegaren a cuajar en hecho cumplido ya se encargarían el Ejército y el pueblo venezolanos de desbaratarlos con enérgica decisión. La fulminante derrota de los facciosos de Trujillo, revela cómo en Venezuela las campanas están doblando a difuntos, con melancólica y fúnebre vibración, por el caudillismo primitivo y cerril.
Extensos hemos sido, ciudadanos Representantes, al enfocar el panorama político de la Nación y los factores que lo determinan. Era necesario incidir hasta en aspectos de apariencia anecdótica porque sólo así podíamos cumplir cabalmente el propósito que nos hiciéramos de clarificar a fondo, aprovechando esta ocasión impar, el origen y el sentido histórico de la Revolución de Octubre, así como la verdadera situación política del país. Realizado este confeso propósito, pasaremos al sumario análisis de la gestión administrativa realizada por la Junta, a través de los varios Despachos Ejecutivos.
De la anterior exposición se evidencia que 1946 fue para los miembros de la Junta y del Gabinete Ejecutivo un año de tensas expectativas. Mientras se consolida un orden de cosas político nacido en cuna de violencia, la faena administrativa experimenta alti-bajos, oscilando -en nuestro concreto caso- entre la afiebrada actividad que se despliega en los meses de normalidad y las pausas impuestas por las situaciones de alerta.
Pero lo importante no es el ritmo conque se trabaje en un determinado momento para solucionarle los problemas a una Nación, sino el rumbo y el sentido que tenga ese trabajo.
Ya este respecto, difícilmente podría ser señalado otro Gobierno venezolano con mayor fidelidad que el actual para cumplir lo que prometió en materia administrativa. No hicimos de arbitristas, prometiendo remodelar al país en doce meses. Afirmamos con cautela que en tan perentorio lapso de gestión gubernativa apenas podrían procurársele solución a las necesidades más premiosas y peor atendidas de la colectividad y trazar las ambiciosas directrices programáticas de un plan transformador del país a cumplirse en el curso de decenios. Todo lo que no hubiera sido hablar con esta diáfana franqueza se nos pudiera enrostrar hoy, cuando venimos ante la fiel expresión del país a decirle paladinamente como ninguno de los problemas básicos de Venezuela han sido resueltos favorablemente para la Nación, y ni humana, ni técnica, ni socialmente hubiese sido ello posible en este año de Gobierno de la Junta Revolucionaria. Estos doce meses se han dedicado, para decirlo con palabras que entenderá tan bien algún campesino radioescucha, perdido en cualquier recodo de esta inmensa Venezuela, a "cogerle las goteras" a la casa, en trance de desplomarse; y también a preparar los instrumentos, las herramientas, requeridas para que pueda ser remodelada, modernizada, humanizada, por los gobernantes y gobernados que sucedan a los de hoy. Este sentido de la continuidad histórica, esta convicción filosófica de que las Patrias se amasan con materiales eternos y quedan cuando sus hijos pasan, nos ha dado aliento para cumplir animosamente la oscura tarea de zapadores en una obra cuyos resultados sólo cuajarán en el futuro.
La gente, sobre todo cuando es suspicaz, se pregunta en qué ha gastado el Gobierno tanto dinero, porque no se ven las obras de granito y cemento por ningún lado. Así también reflexionaba, seguramente, la gente en Babilonia, y por eso los sátrapas construían espectaculares jardines colgantes; así pensaba también la gente de Egipto y por eso los faraones dejaban pirámides como testimonio de su paso por el Poder. Aquí, ya lo sabernos, se abusó siempre de la política del cemento y del hormigón. ''Administrar es construir", es frase estampada en la fachada de algún edificio capitalino, como impronta reveladora de su mentalidad que allí quiso dejar el régimen.
La Junta Revolucionaria no pretendió engañar a nadie acerca del nuevo rumbo que iba a imprimírsele a la Administración. Íbamos a interesarnos más por las gentes que por las cosas, y agregamos: "No edificaremos ostentosos rascacielos, pero los hombres, las mujeres y los niños venezolanos, comerán más, se vestirán más barato, pagarán menos alquileres, tendrán mejores servicios públicos, cantarán con más escuelas y con más comedores escolares". De cómo hemos cumplido ese propósito de humanizar la función del Estado daremos cuenta de seguidas, esquemáticamente. El dato esclarecedor, la gráfica y la estadística decidoras, podréis encontrarlos, ciudadanos Representantes, en los textos de las diversas Memorias. Apenas trazaremos aquí un esbozo, a grandes rasgos, objetivo y sin interés de eludir nuestros errores, de cuanto hemos hecho para la defensa y vitalización del potencial humano del país, centro y eje de toda política realmente ambiciosa y creadora.
Encontramos al llegar al Gobierno que había escasez y altos precios de los artículos de primera necesidad; servicios públicos deficientes; angustioso problema inquilinario para las clases media y obrera; sesenta y cinco niños de cada cien, en edad escolar, sin haber frecuentado jamás un local docente; ríos navegables que no se trafican sino que anualmente se desbordan, arrasando con poblaciones y sembradíos; casi un millón de campesinos sin tierra, ni productores ni consumidores, suerte de ilotas en su propia Patria. Y coexistiendo con esta problemática compleja, una industria minera poderosamente desarrollada y un Estado cabeceando su despreocupado sueño sobre los mágicos millones de bolívares del superávit fiscal y sobre los áureos lingotes, amontonados en el subterráneo del Banco Central.
Reacios a actuar en forma incoordinada, se convocó una Convención de Presidentes de Estados y Gobernadores de los Territorios. Celebramos el primer cumplemés de la Revolución de Octubre con su sesión inaugural. Y de los debates en torno a las necesidades de la Venezuela provinciana -que son las más lacerantes necesidades de este país- surgió nítido el camino. Las soluciones de largo alcance, las soluciones realmente capaces de rehacer sobre bases distintas y mejores a Venezuela, debían ser planificadas por organismos técnicos y conforme a planes técnicos. Los paliativos a las urgencias más apremiantes para la colectividad debían arbitrarse de inmediato, utilizándose hasta métodos empíricos y fórmulas de emergencia. Y comenzarnos a actuar.
Frente al problema de la escasez de artículos de primera necesidad y lo imposible que resultaba producirlos de inmediato en el país, se procedió a importarlos con recursos estatales. Maíz, arroz, manteca, azúcar, fueron adquiridos en grandes cantidades en el Exterior. Ciento quince millones de bolívares invirtió el Estado, de octubre de 1945 a esta fecha, en importaciones de productos alimenticios, destinados a cubrir parcialmente el déficit nacional. A ese mismo fin destinó el Banco, en años anteriores, cantidades que nunca excedieron de los cinco millones de bolívares anuales.
Esta política importadora sería condenable si en ella se hubiese detenido el Estado. Pero no: los créditos para agricultores y criadores distribuidos a través de los canales del M.A.C. y los institutos autónomos que le son conexos alcanzan, en lo que va corrido de Gobierno revolucionario, a sesenta millones de bolívares. Se ha seguido una política definida de fijación de precios mínimos estimuladora para el productor. Pero no basta con ello, si el agricultor no tiene donde almacenar el remanente de sus cosechas. Y por eso, mientras la industria norteamericana esté en capacidad de fabricar silos más técnicamente adecuados, el B.A.P. adquirió y está instalando en zonas productoras de frutos menores ciento cincuenta depósitos con capacidad cada uno para mil doscientas toneladas. También está instalando ese Instituto un Frigorífico conservador de carne y frutos en la ciudad de Barquisimeto y otros tres más serán montados en Maracaibo, San Cristóbal y Valera. El mismo Instituto bancario absorberá una pérdida de más de ocho millones de bolívares, al vender la manteca y el maíz importados, para favorecer al consumidor, a precio más bajo que el facturado en el exterior; y está pagando un subsidio a los ganaderos que alcanzará a diez millones de bolívares y evitándose el alza de los precios a que se detalla la carne a la población. El B.A.P. ha podido realizar esta política, en beneficio del consumidor y de estímulo para el productor, porque el Gobierno Revolucionario le ha aportado, en diversas partidas y con finalidad determinadas, la cantidad de ochenta y cinco millones de bolívares. Las disponibilidades de su Caja, cuando arribamos al Poder, era de apenas cinco millones de bolívares.
Sin embargo, de estas medidas proteccionistas, no cometeremos la ingenuidad de proclamar que han sido frenados los precios de los artículos de primera necesidad. Estamos dentro de un proceso inflacionista mundial, que repercute con particular agudeza en países como el nuestro, tributarios de la importación. Producir más y más barato, sustituir la economía de escasez por la economía de abundancia, es la solución mediata del problema. El correctivo de emergencia es el estímulo a la importación y la sanción legal contra los violadores de las regulaciones de precios, que no podrá ser eficaz mientras no resulte de la vigilancia popular organizada. En un país de comercio atomizado hasta el infinito, el más vasto aparato burocrático de fiscalización resulta insuficiente para cubrir todos los sitios en donde se vende y donde se compra.
Pero estos controles de precios, como todos los arbitrios artificiales en economía, carecen de real eficacia. Por eso, no será a través de la Comisión Nacional de Abastecimiento -con todo y el fervor que para servir ponen algunos de sus hombres- sino de la obra del Consejo de Economía Nacional y de la Corporación Venezolana de Fomento de donde vendrán las grandes soluciones para los grandes problemas de la producción nacional.
El Consejo de Economía estaba previsto en la Constitución, desde 1936. Se esquematizaba en la Ley como un cuerpo consultivo, con representación equilibrada de los varios factores de la producción. Su papel es el de llevar hasta el Gobierno la opinión, adversativa o favorable, que emerja de la calle frente a sus planes económicos o fiscales. Junto con el Consejo de Economía, organismo consultivo, organizó la Junta Revolucionaria la Corporación Venezolana de Fomento, vehículo ejecutor de una política creadora en materia de producción. En su obra potencial tiene fincada el país la mejor de sus esperanzas. Los productores han sentido renacer su fe al ponerse en contacto con un organismo totalmente autónomo, en cuanto a su función crediticia y administradora, de las interferencias políticas; que se orienta en sus actuaciones por los consejos de asesores técnicos y por la experiencia inapreciable de los hombres de empresa que lo comandan. Noventa y cinco millones de bolívares, aportados por el Estado, inyectará ese Instituto a la economía realmente nuestra en el curso de este año.
Estos millones que invertirá la Corporación, unidos a los que constituyen los fondos movilizables del Banco Agrícola y Pecuario, suman 177 millones de bolívares. El Gobierno Revolucionario, en un solo año de existencia, duplicó las cuotas de dinero fiscal destinables a vitalizar la agricultura, la cría y la industria. Así hemos entendido la siembra del petróleo y la realización de una política proyectada hacia el futuro, ambiciosamente. Otra manera de sembrar el petróleo es transformando una cuota apreciable del producido que deja al fisco en posibilidad de albergue suyo para obreros y gente de clase media, víctimas del dramático problema de la vivienda. La Junta Revolucionaria, al llegar al Poder, aumentó violentamente el capital del Banco Obrero, creado el año 28 y desde entonces sobrellevando una lánguida existencia, de 20 a 70 millones de bolívares. Se le ordenó construir cuatro mil casas, hacerse de reservas de terrenos urbanizables, realizar préstamos en condiciones liberales a personas de la clase media para que pudiesen adquirir domicilio propio. En toda la existencia anterior del Banco, había construido habitaciones para alojar apenas a 14.000 personas. Cuando terminen de construirse, en el primer trimestre de este año, las 4.000 casas incluidas en el plan de 1946, podrán ser alojadas 34.000 personas. 5 millones de bolívares en Caracas y 5 millones en el interior del país han sido prestados a personas de escasos recursos, para que construyan o adquieran casa suya. 60 millones de bolívares será la inversión del Banco Obrero para las realizaciones de 1947, segundo año de su plan, orientado ambiciosamente hacia la construcción en el curso de un quinquenio de las 40.000 nuevas casas requeridas para domiciliarse higiénicamente, por la población urbana del país. En otras obras y servicios, todos de evidente utilidad común, ha venido invirtiendo dinero el Gobierno, sin tímidas cicaterías pero con la cautelosa prudencia de quien maneja hacienda ajena. 5 millones de bolívares le aportó a la Aeropostal, con el balance de que ya no son 11, como el 18 de octubre de 1945, sino 31 los aviones de esa Línea; y su capacidad de transporte se ha elevado de los 96 pasajeros y 14.000 kilogramos diariamente, a su actual capacidad para el transporte diario de 600 pasajeros y de 60.000 kilogramos. 4 motonaves nuevas, de las cuales dos ya están prestando servicio activo en el comercio de cabotaje, con precio unitario de dos millones de coronas suecas, pudo adquirir la Compañía Venezolana de Navegación, gracias al crédito de diez millones de bolívares votado para desarrollo de la marina mercante, de promisoras perspectivas en un país con tradición marinera y dueño de tres mil millas de costa. Y fue también pensando en esto último, y recordando como desde hace muchos años paga tarifa diferenciales el comercio importador y exportador del país, que el Gobierno Revolucionario lanzó la iniciativa de creación de una Marina Mercante Gran Colombiana, destinada a la navegación de altura. Aportó el Estado el 400/0 de los veinte millones de pesos colombianos que constituyen su capital social. Ya están adquiridos 8 vapores de cinco mil toneladas cada uno. De Venezuela salió ya el primer grupo de tripulantes que se encargará de una de las naves. En el tope de su palo más alto ondeará pronto nuestra bandera y tendremos el orgullo nacionalista de que una buena parte de las 900.000 toneladas que importamos anualmente y de las 80.000 que exportamos, naveguen en las bodegas de barcos cubiertos con nuestro tricolor. Ya funciona en el litoral guaireño la Escuela Náutica donde se adiestran los futuros tripulantes de esas naves mercantes.
Y ha sido también otra manera, la mejor, de sembrar el petróleo, la decidida política revolucionaria de defensa de la salud de la gente venezolana, especialmente del niño venezolano. En 26 millones de bolívares fue aumentado, en 1946-47, el Presupuesto del S.A.S., en comparación con el del año precedente a la Revolución. Violentos aumentos de las inversiones invisibles, porque escapan a la mirada calculadoramente miope de los extrañados de "no ver la obra del Gobierno", se han hecho por este capítulo presupuestario. En vez de los 6 millones de bolívares gastados hace un año en Asistencia Social se gastan ahora 15 millones, pero ya no hay Hospital de la República donde se someta al paciente al rigor del hambre y de la desatención terapéutica por destinarse para su sostenimiento apenas Bs. 3 por cama-día. En ingeniería sanitaria, en sembrar el campo de letrinas y los minúsculos caseríos rurales de abastecimientos de agua, se gastan ahora 5 millones de bolívares, y antes se invertían solo 500 mil bolívares. Antes de la Revolución, 11 comedores escolares del Estado atendían, en 7 poblaciones, a 2.500 niños. En la actualidad, 68 comedores escolares en igual número de poblaciones suministran diaria ración balanceada a 14.000 niños. De 200.000 bolívares anuales pasó a ser de 1.200.000 bolívares el Presupuesto del Consejo Venezolano del Niño, el cual ha recibido autorización oficial para instalar cuantas casas cunas y jardines de infancia le permita su dotación de personal especializado. 4.000.000 de bolívares es el primer aporte del Estado para el recién creado Instituto autónomo de la alimentación. Cubrirá al país de una planificada red de comedores donde a precio bajo adquiera el pueblo alimentación sana, abundante.
Deliberadamente hemos dejado para lo último la síntesis de lo realizado en materia educacional. El año de triunfo de la Revolución es el de mayor intensidad y extensión de las labores pedagógicas que recuerde la República. 65 millones de bolívares se le asignaron al M.E.N. en el Presupuesto en ejercicio; pero alcanza a ciento cinco millones de bolívares el efectivo presupuesto de educación, incluidas las partidas que se destinan en el capítulo de Obras Públicas, para edificaciones escolares y para la continuación de la Ciudad Universitaria. Estimaciones todavía sujetas a confirmación permiten anunciar que la inscripción del alumnado en las escuelas en el actual año escolar alcanzó al número de 400.000. Jamás había sobrepasado de los 300.000 niños el número de los inscritos. El violento aumento experimentado se comprende sin dificultad. Los Estados, ambos Territorios y el Distrito Federal han creado y puesto a funcionar más de un mil escuelas en los últimos meses. El M.E.N. ha puesto a funcionar 10 grupos escolares, para completar 28 en todo el país: 174 escuelas graduadas más y 140 escuelas unitarias más. El personal docente de educación primaria -ahora remunerado decorosamente- ha sido aumentado en 1.325 plazas. De una sola vez, con la erogación de 6 millones de bolívares, fue aumentado en cerca del 300% las existencias de pupitres, sobrepasándose las compras hechas desde 1900 hasta hoy. En materia de educación rural, básica en un país de tan ancha base campesina, sólo estaban funcionando en Venezuela, hasta setiembre del 45, 18 escuelas rurales incompletas y 5 completas. En la actualidad, hay 69 escuelas rurales, incluidas entre ellas 16 unitarias, y el M.O.P. adelanta la construcción de 145 escuelas rurales en 13 Estados de la Unión. En un 81 % fue aumentado, del 45 al 46, el número de alumnos de los institutos federales de segunda enseñanza. 8 millones de bolívares se asignaron a educación superior y especial, se dotó a las Universidades de un estatuto orgánico de autonomía, que no implica absoluta desvinculación de esos centros de alta cultura del Estado que ordena y coordina todo el proceso de la educación pública, y en el Zulia fue reabierta la Universidad. En un 300% se aumentaron las disponibilidades presupuestales para la educación manual y técnica. Escuelas artesanales e industriales están funcionando y otras más funcionarán luego. Rectificar el rumbo intelectualista de la escuela venezolana y facilitar el reencuentro delhombre can su tierra, y con los problemas de su tierra, es utilísima labor que apenas ahora comienza.
Además de las erogaciones ordinarias del Presupuesto hubo de hacerse fuertes drenajes al tesoro nacional, apenas nos encargamos del Gobierno. Y ello debido a la situación desesperada en que encontramos las cajas de varios Institutos autónomos. El Banco Obrero recibió 1 ° millones de bolívares y 30 millones de bolívares el I.N.O.S. para la continuación de la obra del acueducto de Caracas y 4 millones de bolívares el Seguro Social Obligatorio. Estos egresos extraordinarios, sumados a los que presupuestariamente vienen saliendo de la Tesorería Nacional, no han afectado de manera sensible las reservas fiscales. Por lo contrario, la existencia en Caja para el15 de enero era de Bs. 191.079.544,01.
Ha sido posible gastar en la atención de necesidades colectivas sin que violentamente desciendan esas reservas por la política tributaria de la Revolución. El año pasado, mediante el impuesto extraordinario sobre exceso de utilidades; y en éste, gracias a la reforma de tipo permanente en la Ley de Impuesto sobre la Renta, ingresaron e ingresarán cerca de 100 millones adicionales a las arcas públicas.
En materia petrolera ha tenido el Gobierno una política realista y previsora.
Los hidrocarburos no los hemos clasificado como material utilizable políticamente, sino como riqueza nacional en la cual tiene legítimo derecho la Nación a alcanzar una participación adecuada. De ahí la intervención del Gobierno, a través del Despacho del Trabajo, para lograr la suscripción del contrato colectivo entre obreros y empresas petroleras, que para los primeros significa un aumento anual de ingresos de alrededor de 40 millones de bolívares. De ahí también como haya manejado con las Compañías la cuestión de los impuestos, sin pretender utilizar esos arbitrios impositivos, razonables y justos, como vehículos de propaganda política. Más explícitamente está definida la política oficial, en lo que a hidrocarburos se retiere, en la Memoria respectiva. Allí, con cifras, se demuestra cómo ha derivado más beneficios la Nación de las nuevas normas impositivas establecidas por el Gobierno Revolucionario, que con la tan llevada como traída reforma del año 42.
En materia de realizaciones agrarias, mediocre es el balance que podemos exhibir. La parcelación y entrega en arrendamiento de cincuenta mil hectáreas a varios miles de agricultores, no es tarea para satisfacer a quienes admiten y reconocen la necesidad de que se realice en Venezuela una reforma agraria, sincera, eficaz, divorciada de lo meramente demagógico. Extenso en extremo resultaría este mensaje si se desmenuzaran en él las mil complejas facetas de cada una de las grandes cuestiones nacionales. Por eso, nos limitaremos a ratificar nuestro propósito de darle orientación y contenido mejor delineados y más dinámicos a los empeños ya iniciados para reformar el agro nacional.
Empeñados estamos en que se realice una política inmigratoria ambiciosa.
Recursos económicos para adelantarla no faltarían en un país con la potencialidad fiscal del nuestro. Pero su comienzo de realización en grande está condicionado a la solución de un problema hasta ahora vigente: las agudas dificultades de transporte entre Europa y América. El Gobierno está en condiciones de garantizarle al país que no desaprovechará esta coyuntura de migraciones masivas de europeos hacia nuestro suelo.
Las relaciones entre obreros y patronos han tendido a buscar su cauce de normalidad. Ha contribuido a ello la suscripción de contratos colectivos, con alzas de salarios y otras ventajas para los trabajadores. Este clima de comprensión obrero-patronal que se acentúa cada día mejor, nos satisface, porque empeñosamente trabajamos en su logro. Comprendemos bien como quebranta y lesiona la apenas larvada economía de Venezuela cualquier estado de pugnacidad agresiva entre empresarios y trabajadores.
Ha adelantado conversaciones el Gobierno con varias empresas constructoras, de solvencia técnica y moral, para encomendarle la construcción de obras de gran utilidad colectiva y ser pagadas a largos plazos. Entre esas obras señalaremos la construcción en 7 años de toda la red de Hospitales que necesita el país, la terminación del Puerto de La Guaira, el ensanche del Puerto de Maracaibo, el Dragado de las Bocas del Orinoco y la Canalización de la Barra. Ya han sido designadas las comisiones técnicas, de las cuales forman parte ingenieros al servicio del gobierno estadounidense, que dirán definitivamente al Gobierno y a la Nación acerca de la viabilidad de realización de la obra que permita a los trasatlánticos navegar las aguas de nuestro Lago más importante y de nuestra primera arteria fluvial.
Y, por último, rápida, someramente, aludiremos a nuestra línea de conducta en política exterior. Hemos mantenido relaciones muy cordiales con casi todos los Gobiernos, especialmente con los de América. En la O.N.D. ratificó nuestra delegación la actitud que tiene asumida el Gobierno frente a la anómala y repudiable situación en España. En todo evento internacional en donde nos ha correspondido participar hemos sentado criterios que no les causan precisamente agrado, a los dictadores del continente.
Ciudadanos Representantes:
Antes de concluir queremos formular algunas observaciones, dictadas por la experiencia que ya hemos adquirido en la gestión de los negocios públicos y nacidas de lo hondo de nuestra conciencia ciudadana. Incidirán sobre dos tópicos que actualmente apasionan a la opinión nacional y acerca de los cuales sería inadmisible que guardase cauteloso, calculador silencio el grupo de hombres que asumió la tremenda responsabilidad de conducir los destinos del país en tan azarosos tiempos. Aludimos al contenido de la Constitución Nacional en proyecto y a la forma como habrá de integrarse el Gobierno Provisional que desempeñará el Poder Ejecutivo mientras sea elegido el Presidente Constitucional.
El país espera ansioso, como el mejor fruto logrado de vuestras deliberaciones, una moderna Carta Política, ajustada en un todo al querer democrático de la Nación. Esa Ley Fundamental y las que sean su imprescindible complemento, tal como la Ley Electoral que regule el proceso para la elección presidencial, debieran elaborarse y debatirse, en opinión de la Junta, dentro del menor plazo posible. No se trata de insinuar, ciudadanos Representantes, que se festine el estudio de esas materias básicas, por cuanto serán esa Leyes los cimientos sobre los cuales habrá de insertarse el Estado moderno que necesita Venezuela, para imprimirle ritmo más acelerado y más audaz a su marcha hacia el futuro. Sólo pensamos que sería dañoso para el país, y para la propia causa de la democracia -siempre acechada por enemigos arteros y poderosos-la bifurcación del interés de la Asamblea hacia temas, si importantes, susceptibles de ser debatidos por los próximos Congresos ordinarios, en detrimento y perjuicio de la tarea fundamental de la Constituyente: dotar a la Nación de una Nueva Carta Política.
Ella debe recoger, según nuestra respetuosa opinión, lo esencial de los anhelos del pueblo venezolano, en esta hora de su historia. Entre las normas que a nuestro criterio debieran incorporarse a la Ley Fundamental, cabría señalar la consagración del principio de elección del Presidente de la República y del Congreso Nacional, así como de los demás organismos parlamentarios del Poder Público, por sistema de sufragio directo, universal y secreto; una suerte de Carta de Trabajo, donde se señalen y definan las conquistas sociales más sentidas y más justas que reclama ese denso y laborioso sector humano, constituido por el proletariado de las ciudades y por el campesinado irredento; normas generales que aseguren al campesino la realización de la reforma agraria, pero sin dejar margen en ellas para que pueda ser evadido el ya inaplazable compromiso del Estado venezolano de dotar de tierra suya y de modernos medios de producción al paria rural de nuestro país; enunciación de normas que comprometan al Estado a ser el dinamo que impulse la industrialización de Venezuela, que agencie el progresivo rescate de sus fuentes fundamentales de riqueza y que contribuya, con terca perseverancia, a la diversificación y desarrollo de una economía propia, agrícola, pastoril y minera; pautas que obliguen al Estado a garantizar el incesante progreso técnico, material y moral de las Fuerzas Armadas; fórmulas que aseguren la defensa de la salud pública, la salvaguarda de la riqueza humana del país y la valorización cultural del pueblo venezolano, mejorando la escuela y dignificando al maestro; determinación de ventajas y de posibilidades para el inmigrante, a fin de que afluyan sin recelo, hacia nuestra vasta tierra despoblada, los hombres de otras razas y de otras lenguas; enunciación de la tabla de derechos del niño y de la mujer, porque el primero es promisor almácigo de futuro y la segunda el más valioso sector humano de esta tierra, ganando la República en sentido de humanidad y en decoro ciudadano en la medida en que ella sea incorporada más activamente a la vida política, administrativa y social de la Nación; consagración del moralizador principio de la incompatibilidad entre las funciones ejecutiva y legislativa, para que ya no pueda ser escenificada jamás en este país, por organismos deliberantes, la bochornosa comedia de miembros de la Administración Pública, dictaminando acerca de su propia gestión; imperativas, rigurosas disposiciones acerca de la responsabilidad de los funcionarios públicos y enumeración de las más amplias facultades fiscalizadoras para la Contraloría General de la Nación; bases que posibiliten y anticipen la realización de una gran política del mañana, capaz de conducir algún día a la confederación de los pueblos emancipados por el genio de Bolívar, depositario de un patrimonio histórico común y con perspectivas futuras de ineludible coincidencia; y por último, aun cuando en estricta escala jerárquica debió ocupar esta sugerencia sitio de prioridad, concretas indicaciones de la forma como haya de encauzarse un justiciero proceso de descentralización económica y administrativa del país, coordinado técnicamente por el Estado y en favor de la Provincia empobrecida, con sus Tesorerías Generales asistidas a medias por los periódicos aportes del Situado Constitucional y con sus rentas municipales paupérrimas. La empresa, sin margen ya para la espera, de rescatar y de salvar a la Provincia, será realizada con mayor eficacia por la vía realista del aumento de su activo económico que por la ilusoria de una teórica autonomía política, acaso propicia a la proliferación de los caudillismos lugareños y al anárquico desmigajamiento de un país como el nuestro, de tan extenso territorio y tan desasistido de la presencia activa y creadora de núcleos densos de población.
Ensayar fórmulas de trasplante, ir a Europa o a otros países de América de estructura social y evolución histórica diferentes de las nuestras en solicitud de trajes constitucionales de lance, para tratar de superponerlos a lo intransferible nacional, sería una aventura poco recomendable. Y es por tener justificada fe en vuestro equilibrio de pensamiento y en vuestro realismo venezolanista, que adelantamos el auspicioso augurio de que la Venezuela de mañana no habrá de aplicar a esta Asamblea aquella incisiva frase del Libertador, en su siempre actual Manifiesto de Cartagena: Tuvimos ideólogos por legisladores. Enjuiciaba con ella, como vosotros lo sabéis, a los sinceros pero ingenuos parlamentarios de la Primera República, empeñados en cerrar los ojos frente a la aleccionadora realidad que los rodeaba, para ir a buscar en los visionarios de la Enciclopedia, y en Locke y en Sieyés (sic), las fórmulas mágicas para organizar, por el solo influjo de códigos y leyes, una sociedad paradisíaca y perfecta.
El problema de la aprobación de la Carta Política que os corresponderá elaborar en un plazo que no se prolongue en exceso, tiene una extraordinaria importancia nacional. Porque en la medida en que se apresure o retarde su promulgación se acortará o no el lapso que separa al país del acceso a la plena constitucionalidad, mediante la elección de un Presidente de la República.
No ha escapado nunca a nuestra preocupación la idea de que no son favorables a ninguna nación, ya Venezuela no habría por qué exceptuarla, los prolongados lapsos de interinidad de sus poderes públicos. Fue esa convicción la que nos indujo, al dictar el Decreto N° 52 de fecha 17 de noviembre de 1945, a comisionar a un grupo de ilustrados profesionales del Derecho para que procediese "al estudio y redacción de un Proyecto de Estatuto Electoral conforme al cual puedan elegirse los Representantes a la próxima Asamblea Nacional Constituyente y el Presidente de la República. Era evidente nuestra intención de que se realizacen (síc), simultáneamente, la elección de esta Soberana Asamblea y la del Presidente Constitucional.
Está en la memoria de todos la reacción que suscitó ese punto de vista, en sectores de la prensa y en determinados círculos de la oposición. Se hizo la objeción -además de algunas de carácter doctrinario- de que carecían para ese momento de organización las fuerzas políticas potencialmente avocadas a competir en las lides comiciales con el Partido que compartía responsabilidades de Gobierno. Y fue en atención de ese argumento que la Junta hizo caso omiso de su propósito inicial.
Hoy no resultaría admisible que se desechara la oportunidad de dotar rápidamente al país de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo ordinarios, en nombre de una reflexión similar. Ya todas las fuerzas políticas nacionales, de los más diversos matices ideológicos, están estructuradas y en ejercicio de activa militancia.
Y es en función misma de la inminencia de la elección presidencial y de lo limitado del tiempo de mandato a ejercer por el Gobierno Provisional, que deseo exteriorizar una opinión acerca de la forma como entiendo la posible organización de ese Ejecutivo de transición.
Habréis observado, Ciudadanos Representantes, que por primera vez he abandonado en este ya extenso Mensaje el tono impersonal de quien ha venido hablando a nombre y representación de un Ejecutivo colegiado. Es que sugerí a mis compañeros de Junta la conveniencia de que fuese analizado este problema desde el ángulo de la apreciación individual, dada la circunstancia de estar mi personalidad de hombre público muy vinculada a la cuestión del Gobierno Provisional.
En efecto, la organización política en donde milito y la cual obtuvo en los comicios del 27 de octubre un número determinante de bancas parlamentarias, auspició durante su campaña electoral la tesis de la Presidencia Provisional. Fui designado por mis compañeros de lucha y de ideales como su candidato para ejercer ese honrosísimo cargo, el más esclarecido que la República puede ofrecer a uno de sus hijos. Y ninguna razón política, o de cualquier otro orden, podría ser enfrentada válidamente a un pronunciamiento de la mayoría parlamentaria a favor de la fórmula de la Presidencia Provisional, así como ante la designación para ejercerla del ciudadano previamente postulado por la organización política a la cual pertenece ese bloque mayoritario de Representantes. Las prácticas políticas internacionales, en los países de estructura liberal, coinciden con las doctrinas democráticas del derecho público en proclamar la facultad de decidir como atributo inherente a las mayorías.
Pero cabe formular esta pregunta: ¿derivará Venezuela particular beneficio de la elección de un Presidente Provisional para un lapso de apenas cuatro o cinco meses, cuando ya existe y gobierna una Junta que ha dado al país el magnífico ejemplo anti-personalista de conservar, a través de quince meses de gestión política y administrativa, su unidad interna y su solidaridad en la acción, ante todos los avatares y frente a todas las contingencias? La respuesta que toda persona de criterio político sensato dará seguramente a esa interrogación es la de que, frente a tales circunstancias, el mantenimiento de la Junta resulta lo más adecuado.
Comparto sinceramente esa opinión, Ciudadanos Representantes; y quienes en este recinto son mis compañeros de Partido saben cómo he defendido tal criterio dentro de la Organización. Pero no deseo abandonar el tema sin salirle al paso, en defensa de la verdad histórica, a la maliciosa interpretación que ya ha sido forjada en torno de un razonamiento tan lógico como el que acabo de formular, al trascender hasta la calle el punto de vista que profeso acerca de la cuestión del Gobierno Provisional.
Los analizadores superficiales y simplistas de las actitudes de los gobernantes han relacionado ese punto de vista con una supuesta coacción sobre mi voluntad ejercida por personeros del Ejército. El país, que nunca me vio mentir, puede estar seguro de que en ésta, ni en ninguna otra oportunidad, han pretendido los Jefes de las Fuerzas Armadas imponerme coactivamente determinados criterios en cuestiones políticas o administrativas. Tampoco lo hubiera admitido. Desde que asumí la Presidencia de la Junta he demostrado cómo puede un ciudadano de extracción civil aceptar el mayor lote de responsabilidad dentro del Gobierno de la República sin enajenar su voluntad y su criterio a quienes tienen en sus manos la jefatura de los cuarteles. No me ha sido difícil mantener una inalterable fidelidad a esa línea de conducta, por cuanto la mutua estimación y el mutuo respeto ha regido en todo momento las relaciones entre los miembros civiles del Gobierno y los Jefes de las Fuerzas Armadas, en especial con los dos miembros de la Junta y del Gabinete Ejecutivo. De no haber sido así, antes que esperar el trance de Vargas frente a Carujo o de Gual frente a Echezuría, hubiera apelado a la Nación, hablándole con la meridiana franqueza que es la más definida característica en mi modesta personalidad de hombre público.
En vuestras manos, Ciudadanos Representantes, queda la decisión final acerca de la fisonomía y características que ha de tener el Gobierno Provisional. Pero sea un Presidente de transición, o la propia Junta actual, quien vaya a ejercer el Poder Ejecutivo en los próximos meses, lo alentador para Venezuela consiste en que confrontará condiciones más favorables para gobernar que las vigentes hasta ahora. La seguridad y confianza en la estabilidad del Gobierno ha llevado sosiego a los espíritus. Se aprecia sin dificultad un ambiente ciudadano propicio a la conciliadora eliminación de violentas pugnacidades. Y signos diversos revelan cómo el sincero deseo del Gobierno de aprovechar toda capacidad útil para ponerla al servicio de la Patria, coincide con el buen propósito de ciudadanos hasta ahora marginados a los ajetreos administrativos, o con experiencia en ellos, de no regatear la colaboración que se les solicite. Ello le permitirá al Gobierno, sea cual fuere su denominación y el contenido del estatuto regulador de sus actos, incorporar a los cuadros de la Administración a ciudadanos de valiosas ejecutorias y animados de la voluntad de servir decorosamente a la Nación.
Ciudadanos Representantes:
En nombre de la Junta Revolucionaria de Gobierno formulo los más sinceros votos porque sea pródiga en bienes para la República la obra que realice esta Asamblea, depositaria no sólo de la soberana voluntad del pueblo sino también de sus más fervorosas esperanzas.
Miraflores, 20 de enero de 1947
ROMULO A. BETANCOURT
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